Durante los últimos años el pueblo de Catalunya ha protagonizado un movimiento sin precedentes por el derecho a la autodeterminación y la república. La sucesión ininterrumpida desde septiembre de 2017 de manifestaciones multitudinarias, huelgas generales masivas, brutal represión del aparato estatal… que culminaron el pasado mes de octubre de 2019 en un levantamiento popular contra la escandalosa sentencia del Tribunal Supremo, representa la mayor crisis política a la que se ha enfrentado el régimen del 78.
Para los marxistas la batalla por la liberación nacional y social está estrechamente ligada. La intensa lucha de clases en torno a la cuestión catalana, que ha obligado a todos los actores políticos a situarse en uno de los lados de la barricada, concentra aspectos programáticos, tácticos y estratégicos de primer orden para entender las tareas de la revolución socialista en el Estado español.
Opresión nacional y crisis capitalista
Resulta difícil encontrar en la historia reciente de Europa un movimiento capaz de movilizar continuadamente tanto apoyo en las urnas y en la calle. Millones han ocupado las principales ciudades catalanas una y otra vez, en una acción solo comparable a la de los años treinta del siglo pasado, en pleno ascenso de la Revolución española. A pesar de todos los obstáculos que se han levantado para derrotarlas, la determinación de las masas sigue sorteando los encarcelamientos, los juicios, el exilio y la represión policial. No pocos en la izquierda reformista han calificado estos acontecimientos como una maniobra de las élites catalanas. Pero nada más lejos de la realidad. Quienes acusan al pueblo catalán de emprender una lucha reaccionaria mienten descaradamente para justificar su renuncia a intervenir en el movimiento y su posicionamiento al lado del nacionalismo españolista y las instituciones del 78.
Estamos ante el mayor desafío al régimen capitalista español y a las instituciones que lo sustentan de los últimos 40 años. De hecho, aunque los dirigentes de JxCat y ERC están haciendo todo lo posible para desactivar la movilización y restablecer la normalidad, han fracasado hasta el momento. La razón es simple: los factores que están detrás de esta crisis revolucionaria en Catalunya persisten y se siguen agudizando.
El combustible que alimenta estos acontecimientos tiene dos ingredientes fundamentales: la represión de los derechos democrático-nacionales y la crisis económica del capitalismo que ha incrementado espectacularmente las desigualdades sociales, los índices de desempleo, la precariedad laboral y la pobreza.
La opresión nacional ha sido consustancial a la conformación del Estado español y todo su desarrollo histórico. Aunque tanto el pueblo catalán como el vasco y el gallego tienen una lengua, cultura e historia propias nunca se les ha permitido decidir si quieren formar parte de la “nación” española. En cada momento de ascenso de la lucha de clases en los últimos doscientos años, el deseo profundo de cambio social de los trabajadores, los campesinos y las capas oprimidas de la sociedad se ha entrelazado con las aspiraciones democrático-nacionales sistemáticamente reprimidas.
La configuración de la sociedad burguesa española no fue el resultado de una revolución triunfante contra los vestigios del feudalismo. Por el contrario, fue el fruto de un pacto entre las viejas clases aristocráticas, representadas por la monarquía borbónica, los terratenientes, el Ejército y la Iglesia, con una burguesía extremadamente débil e incapaz de llevar a cabo sus tareas históricas. Todos los intentos por acometer reformas revolucionarias siguiendo el modelo de Inglaterra o Francia fueron desechados en beneficio de un acuerdo que fusionó a la clase dominante sobre la base de un régimen político autoritario —en el cual la casta militar siempre tuvo un papel preponderante—, la consagración de los privilegios feudales de la nobleza, la Iglesia y los grandes propietarios de la tierra, y un desarrollo industrial y financiero manifiestamente lento y dependiente del capital extranjero. Esta suma de elementos impidió que la cuestión nacional fuese resuelta democráticamente y se afrontara constantemente mediante la represión militar, policial y judicial.
La liquidación de la Revolución española en 1939 y la instauración de la dictadura franquista significaron el aplastamiento de cualquier derecho democrático, y una vuelta a la concepción más oscurantista y reaccionaria de la “nación” española. En los años setenta, la lucha revolucionaria contra el franquismo implicó también una explosión del movimiento de las masas en defensa de los derechos democráticos de las nacionalidades oprimidas, pero el nuevo régimen nacido del pacto de la Transición tampoco resolvió la cuestión nacional. Tan solo la enmascaró con la Constitución y el llamado Estado de las autonomías, una salida política que permitió descarrilar las aspiraciones de un cambio radical y socialista de la sociedad, confirmar la monarquía de Juan Carlos I que había impuesto el general Franco y dejar intacto el poder de la oligarquía económica.
En esta transacción, las direcciones reformistas de la izquierda (PSOE, PCE, ERC…) pactaron con los políticos del franquismo la impunidad de los crímenes de la dictadura, aceptaron no depurar el aparato del Estado de fascistas y abandonaron el derecho de autodeterminación. La Constitución del 78 designó al Ejército como garante de la “unidad sagrada de la patria”. Aunque la clase dominante vende la idea de que el régimen del 78 es producto del consenso democrático, la realidad es que, para frenar el cambio revolucionario de la sociedad, la burguesía cambió la fachada de su régimen manteniendo intacto lo fundamental: la propiedad de los bancos, la tierra, las grandes empresas y la maquinaria estatal.
Los acontecimientos de la última década confirman que la burguesía española no ha variado un ápice sus métodos represivos y su carácter centralista. Antes de que estallara la actual crisis tras el referéndum de octubre de 2017, el pueblo de Catalunya se ha visto obligado a manifestarse una y otra vez para defender sus derechos democráticos de los ataques y amenazas del Estado: supresión de parte del Estatut d’autonomia por el PP y el Tribunal Constitucional, pese a ser aprobado en un referéndum aceptado por el Estado con el 74% de los votos; denuncias histéricas de los jueces franquistas contra el catalán y el modelo de inmersión lingüística, una conquista alcanzada por la lucha unida de la clase obrera de origen catalán e inmigrante; amenazas de numerosos mandos militares en activo y en la reserva de recurrir al uso de la fuerza para aplastar el movimiento por la independencia y la república, por no hablar de la campaña nauseabunda de catalanofobia extendida a todas horas por los políticos del régimen y los medios de comunicación del sistema, que ha revivido el nacionalismo españolista a una escala desconocida en décadas.
La indignación ante esta ofensiva reaccionaria confluyó con el malestar social generado por el estallido de la crisis capitalista mundial, que golpeó duramente a una economía tan industrializada como la catalana.
De 2008 a 2012 la producción industrial cayó un 16,3%, destruyendo el 28% del empleo del sector. Según la patronal PIMEC, el total de trabajadores ocupados pasó de 3.581.300 en 2008 a 2.969.600 en 2013, 611.700 empleos menos. Entre los trabajadores menores de 35 años el 38,5% perdió su puesto de trabajo. A comienzos de 2019 apenas se había recuperado un tercio del total de empleos destruidos, pero el número de EREs y anuncios de despidos volvía a ser el más alto desde 2008. En 2016 Barcelona era la ciudad con más desahucios y cortes de luz por impago. El índice de pobreza en Catalunya alcanzó en 2019 su nivel récord en los últimos 15 años: el 21,3%.
La acción de las masas derrota la represión del Estado
Ambos elementos, la indignación por la represión del derecho a decidir y los recortes sociales, se agudizaron hasta confluir en el estallido social de los días 1 y 3 de octubre de 2017.
Mediante la acción directa el pueblo de Catalunya derrotó la represión estatal votando masivamente por la república catalana. Como explicaba Marx: “Cuando una idea se apodera de la mente de las masas se transforma en una fuerza material”. La necesidad de romper con el régimen del 78 y construir una república que sirva para cambiar las condiciones de vida se ha abierto paso en la mente de millones de jóvenes, trabajadores y amplios sectores de las capas medias empobrecidas y, como está comprobando la clase dominante, no será nada fácil borrarla.
En la histórica noche de la huelga general del 3-O, que paralizó Catalunya sacando más de dos millones de personas a la calle, Felipe VI se dirigió a “todos los españoles” en actitud desencajada y amenazante lanzando la señal para un endurecimiento de la escalada represiva. Inmediatamente se activó el mecanismo para aplicar el artículo 155 y suspender la autonomía catalana, mientras la judicatura abría una causa general contra el independentismo similar a las que organizaba el Tribunal de Orden Público franquista.
Empezaba así la caza de brujas que ha convertido en presos políticos o exiliados a numerosos dirigentes independentistas y mantiene procesadas, pendientes de juicio o sometidas a investigación a más de 2.500 personas hasta el momento. Esta ofensiva culminaba con la farsa judicial organizada entre el 12 de febrero y el 12 de junio de 2019 en el Tribunal Supremo, y la sentencia condenatoria del 14 de octubre que provocó un nuevo levantamiento de masas.
Los capitalistas (españoles y catalanes) comprenden lo que muchos dirigentes de la izquierda reformista estatal y catalana niegan: el carácter revolucionario de los acontecimientos en Catalunya y el peligro que representa para su dominación de clase el ejemplo de miles de jóvenes, trabajadores y amplios sectores de las capas medias movilizándose, mostrando su fuerza y pudiendo contagiarla a los oprimidos del resto del Estado. Por eso intentan sepultar esta lucha ejemplar bajo una montaña de calumnias, prejuicios españolistas y criminalización, intentando levantar un muro entre el pueblo de Catalunya y el resto de los territorios del Estado.
La derecha catalanista
En la batalla contra la república la burguesía catalana ha desempeñado un papel clave. Inmediatamente después de las jornadas del 1 y 3 de octubre de 2017, 2.000 empresas anunciaban su salida de Catalunya. Cuando la movilización de las masas obligó a Puigdemont a renunciar a sus planes de trabar un acuerdo con el Estado y declaró efímeramente la república en el Parlament, los capitalistas catalanes continuaron presionando al Govern para que no hubiese ningún plan concreto para hacerla realidad. En la práctica, los políticos nacionalistas burgueses del PDeCAT y Junts per Catalunya han hecho todo lo posible por escabullirse y contener el movimiento a través de constantes maniobras, al igual que hicieron en su momento cuando se declararon independentistas con el fin de desviar la atención de su política de recortes sociales, privatizaciones y de los escándalos de corrupción que les salpicaban.
La derecha nacionalista nunca ha apostado por la independencia, menos aún por una república catalana resultado de la movilización de las masas. Como representantes tradicionales de la burguesía catalana siempre han sido un pilar de la estabilidad del capitalismo español. CiU y Jordi Pujol sostuvieron los Gobiernos de Felipe González y Aznar y su agenda de ataques: reconversiones industriales, reformas laborales, privatizaciones de empresas públicas, recortes y agresiones a las libertades democráticas. En pago, el Estado consintió que Convergència se financiara fraudulentamente, como hacían PP y PSOE. Muchos dirigentes convergentes, Pujol el primero, hicieron grandes fortunas saqueando el patrimonio público.
En el movimiento de liberación nacional catalán siempre ha existido un ala derecha y un ala izquierda. Mientras millones de jóvenes, trabajadores y los estratos inferiores de las capas medias hemos demostrado nuestra disposición a luchar hasta el final por una república catalana que transforme radicalmente la sociedad, los dirigentes de JxCat y ERC se dedican a echar jarros de agua fría apelando a una “correlación de fuerzas desfavorable”; en la práctica intentan recuperar la vía del autonomismo y la “negociación” con la burguesía española.
Esta contradicción se ha hecho cada vez más evidente para amplios sectores del movimiento durante los dos últimos años, emergiendo de forma clara en la segunda mitad de 2018 y a lo largo de 2019. Se expresó en la pitada a Torra, Roger Torrent y al conseller d’Interior Miquel Buch en la manifestación del primer aniversario del 1-O, en diferentes protestas contra la represión de los Mossos d’Esquadra a las acciones antifascistas de los CDR, en movilizaciones contra los recortes y las políticas privatizadoras del Govern —como la huelga y manifestaciones protagonizadas por médicos, profesores y funcionarios en noviembre de 2018— y más recientemente contra la brutal actuación de la policía nacional y los Mossos en las movilizaciones multitudinarias tras la sentencia del Supremo, que acabaron con la exigencia masiva de destitución del citado conseller d’Interior.
Reflejando la presión de sus bases, los dirigentes de Òmnium y, sobre todo, de ANC se han mostrado cada vez más críticos con las direcciones de PDeCAT, JxCAT y ERC, llegando incluso a desmarcarse públicamente del president Torra. En la Diada de 2019 impusieron que los dirigentes de estos partidos no encabezasen la manifestación como protesta por la ausencia de un plan para hacer realidad la república.
El Gobierno del PSOE continuó la línea represiva del PP
La caída de Rajoy en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez fue celebrada por millones de personas en todo el Estado, y especialmente en Catalunya. Los responsables de la represión del 1-O, de la aplicación del 155, de la brutal campaña de catalanofobia eran desalojados de La Moncloa. Ante el tremendo desgaste social y el descrédito de un PP enfangado por la corrupción, el Gobierno de Rajoy no pudo sostenerse más. Pero el factor fundamental para su salida fue la lucha de masas: las impresionantes huelgas generales feministas del 8M, la marea pensionista y las enormes movilizaciones por la república catalana, entre otras, desempeñaron un papel crucial.
Sin embargo, el Gobierno del PSOE pronto mostró su falta de voluntad para enfrentarse a la clase dominante. Mantuvo los recortes sociales, la LOMCE, la reforma laboral o la Ley Mordaza, y se negó a asumir las reivindicaciones del movimiento feminista y de los pensionistas. Sobre la cuestión catalana, tras llenarse la boca prometiendo diálogo, cedió todas las posiciones ante la derecha españolista y los sectores más reaccionarios del aparato estatal y del poder judicial.
El resultado es conocido: mantener encarcelados a los presos políticos y la persecución de los exiliados, cerrarse en banda a hablar del derecho de autodeterminación y amparar la celebración del juicio farsa contra el 1-O, en el que tanto la Fiscalía General como la Abogacía del Estado, dependientes del Ministerio de Justicia, asumieron las penas y cargos fabricados por los fiscales del PP.
Tras la condena del Supremo y el estallido del movimiento de masas en Catalunya, Pedro Sánchez compitió con Casado y Rivera por el papel de campeón de la represión y guardián de la “legalidad” del 78. Amenazó con un nuevo 155, prometió considerar como delito en el Código Penal la organización de referéndums no autorizados por el Estado (que eliminó Zapatero y reclaman PP, Vox y Ciudadanos), apoyó la decisión judicial de cerrar las webs de la plataforma Tsunami Democràtic tachándolas de “terrorismo” y promovió el “decretazo digital”, un ataque frontal a la libertad de expresión que podrá ser utilizado contra cualquier colectivo que la burguesía, su aparato estatal y sus jueces consideren que amenaza sus intereses. Agitando el españolismo y mintiendo descaradamente sobre lo que ocurre realmente en Catalunya, los dirigentes del PSOE asfaltaron el camino al discurso de Vox en las elecciones generales del 10-N.
La posición de Unidas Podemos
El movimiento de masas catalán ofrecía a los dirigentes de Podemos e IU una oportunidad histórica de convertirse en la alternativa a la derecha y al PSOE. Habían ganado las generales en 2015 y 2016 en Catalunya y controlaban una posición clave como la alcaldía de Barcelona. Apoyando la batalla por la república catalana y vinculándola a un programa de reivindicaciones sociales y ruptura con el orden capitalista se hubieran convertido en un referente para movilizar a la poderosa clase obrera catalana y extender la lucha por la república al resto del Estado.
Pero estos dirigentes han abandonado cualquier punto de vista de clase en la cuestión nacional. Asustados de que la campaña del miedo de la burguesía pudiera restarles votos, han mostrado su bancarrota política renunciando no únicamente al programa anticapitalista que exigen sus bases, sino a defender derechos democráticos elementales como la autodeterminación, dando la espalda al movimiento por la república más importante desde los años treinta del siglo pasado.
Tanto ellos como los dirigentes de CCOO y UGT han llegado a tachar esta rebelión de millones de jóvenes, trabajadores y sectores populares como una maniobra reaccionaria dirigida por las élites, facilitando así la campaña de mentiras y represión de la burguesía española. Ahora, decididos a entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez como sea, están supeditándose en todo a los dirigentes del PSOE, renunciando no solo de facto, sino también de palabra, al derecho de autodeterminación y cualquier otra reivindicación democrática o social que disguste a sus “socios” de Gobierno y pueda cuestionar el régimen del 78 que ahora defienden públicamente.
Explosión social contra la sentencia del Supremo
En la crónica de las rebeliones sociales e insurrecciones que han sacudido el mundo en 2019, los acontecimientos de octubre en Catalunya ocupan un lugar destacado. La toma del aeropuerto de El Prat, las imponentes Marxes per la Llibertat organizadas por ANC, la huelga estudiantil de 72 horas convocada por el Sindicat d’Estudiants —con más de 200.000 jóvenes ocupando masiva y pacíficamente las calles—, la huelga general del 18-O impulsada por Intersindical-CSC e IAC que paralizó Catalunya con más de dos millones de personas en las manifestaciones, la movilización por la amnistía del 26 de octubre —en la que participó otro millón de personas en Barcelona— y las decenas de acciones multitudinarias que se organizaron desde el día que se conoció la sentencia, reflejan la envergadura histórica que ha tenido el levantamiento popular contra la sentencia del Supremo.
Es imposible no establecer una comparación entre estos hechos y los grandes combates revolucionarios y antifascistas protagonizados por la clase obrera catalana y del resto del Estado en los años 30 o 70 del siglo XX. Por eso la burguesía ha hecho todo lo posible por intentar ocultar el carácter de este movimiento con sus mentiras y con una campaña nauseabunda de criminalización contra la juventud que, sin duda, es la punta de lanza de esta lucha.
Los medios de comunicación pusieron la foto fija de los contenedores quemados para acusar al pueblo y a la juventud catalana de ejercer una “violencia” compulsiva. Se cuidaban mucho de explicar que la mayoría de las imágenes de violencia las provocaban las cargas brutales de la policía nacional, los Mossos d’Esquadra y la acción de infiltrados. Pero no se puede tapar el sol con un dedo.
No es la primera vez en la historia que se produce este tipo de maniobras. El objetivo del régimen del 78, del Gobierno del PSOE rendido ante él, de Ciudadanos y el PP, no es otro que intentar aislar la lucha del pueblo de Catalunya del resto del Estado introduciendo la máxima confusión. Tienen que hacerlo para ocultar la evidencia de que son ellos los que haciendo uso de lo que llaman “violencia legítima” impiden la democracia, encarcelan a quienes organizan un referéndum condenándolos a penas increíbles, y dan alas a la actuación de los fascistas.
En aquellas jornadas históricas, el pueblo catalán, y la juventud a la vanguardia, dio una lección a todos. A los que clamaban por más represión policial y exigían la adopción del Estado de excepción. A la derecha catalanista que instalada en el Govern se llenó la boca de “desobediencia” pero al mismo tiempo mandaba a los Mossos para golpearnos. Y, también, a esa izquierda española que se pone de perfil, se lava las manos como Poncio Pilato y lanza sermones para que seamos sumisos y aceptemos el “orden constitucional” de las porras, las pelotas de goma, los botes de humo y la sentencia del Supremo.
La derecha españolista sufre una severa derrota en las urnas
Las pasadas elecciones generales del 10-N en Catalunya, a pesar de todas las distorsiones del terreno electoral, reflejaron la intensa escalada de la lucha de clases. La derecha españolista sufrió una derrota histórica, confirmando la voluntad de millones de personas de seguir combatiendo al régimen y hacer realidad una república catalana de los trabajadores y el pueblo.
El bloque reaccionario (PP, Ciudadanos y Vox) sumó menos del 15%, perdió un escaño y 87.000 votos. El colapso de Cs fue sonado: un 60% de votos menos que en las elecciones de abril, 216.373 frente a 479.374. Comparado con el más de millón de votos conseguido en las elecciones catalanas de diciembre de 2017, el partido de Rivera y Arrimadas vio esfumarse más del 80% de su base electoral. PP y Vox se beneficiaron de ese hundimiento, pero recogieron solo 179.723 votos de los 263.001 perdidos por Cs, obteniendo 4 escaños de los 48 que se elegían en Catalunya. Un completo fracaso.
Como castigo por su apoyo a la represión, el PSC, aun repitiendo los 12 escaños de abril, perdió 171.675 votos. Catalunya en Comú también mantuvo escaños pero se dejó 68.932 papeletas. Al obtener la candidatura patrocinada por Errejón únicamente 40.000 de los 240.000 votos perdidos por ambas formaciones, resulta evidente que decenas de miles de jóvenes y trabajadores que apoyaban a Podemos votaron a ERC y la CUP.
Con una participación 4 puntos menor y en un contexto de represión contra el independentismo, solo el bloque de ERC, JxCat y CUP aumentó su apoyo, siendo ERC el partido más votado, como ya pasó en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y en las municipales. Pero este respaldo en las urnas no fue ningún cheque en blanco para meter en el congelador la lucha por la república ni aplicar nuevos recortes y políticas privatizadoras desde el Govern como están haciendo sus dirigentes. De hecho, la crítica por la izquierda se reflejó en que, por primera vez en los últimos años, Esquerra perdió 160.458 votos que fueron a parar fundamentalmente a la CUP. Con 2 escaños en el Parlamento estatal, la CUP dobló su votación en las generales de noviembre respecto a las municipales de mayo (244.754 frente a 121.274).
Este importante avance en las urnas confirma el potencial para levantar una alternativa revolucionaria y pone ante una gran responsabilidad a los dirigentes de la CUP. Los militantes de la CUP han luchado en primera línea por la república e impulsando los CDR. Esto los ha convertido en blanco de la represión estatal, y de las amenazas y ataques fascistas. Pero muchos de estos montajes policiales infumables se están desinflando, como ha ocurrido ya con la puesta en libertad de los miembros de los CDR acusados de “terrorismo”.
No obstante, la política de los dirigentes de la CUP, insistiendo en conseguir la independencia atándose a la estrategia del PDeCAT y ERC —que les ha llevado a sostener muchas de sus políticas antisociales en el Parlament y actuar como elementos auxiliares de las maniobras de Puigdemont— y dejar para un futuro indeterminado la lucha por el socialismo, ha hecho que desaprovechasen la oportunidad que les otorgaba la crisis revolucionaria y la gigantesca movilización de masas para conquistar la dirección del movimiento.
Para derrotar la represión estatal es necesario un programa de independencia de clase y un plan de lucha que sea capaz de unificar a la clase obrera y la juventud de toda Catalunya, dejando muy claro que la república que queremos no tiene nada que ver con mantener en el poder a los políticos burgueses que se envuelven en la estelada pero aplican las mismas recetas de recortes y austeridad que el resto de los Gobiernos de Europa.
Sánchez, las elecciones del 10-N y el avance de Vox
Los resultados de las elecciones generales echaron por tierra los planes de Pedro Sánchez para urdir un Gobierno estable con el apoyo de Ciudadanos. La hecatombe sufrida por Rivera y el hecho de que el PP y Vox no pudieran recuperar la totalidad de los votos perdidos por Cs han creado un escenario muy diferente. Finalmente, y después de perder más de 700.000 votos, tres escaños y la mayoría absoluta en el Senado, Sánchez se ha inclinado por el mismo Gobierno de coalición que en abril rechazaba. Pero todo esto no debe ocultar que durante la campaña electoral se enfundó en la bandera rojigualda para atacar por todos los flancos la lucha del pueblo catalán, dando munición a la extrema derecha.
En las elecciones de abril de 2019, Ciudadanos se colocó 200.000 votos por debajo del Partido Popular (4.136.600 frente a 4.356.023) y a solo 9 escaños (57 frente a 66). Hoy, con Rivera dimitido y fuera de la política, con Cs desaparecido de numerosas comunidades autónomas y con unos datos extremadamente negativos en Catalunya, una de las apuestas estratégicas más importantes de la clase dominante se descompone. En un contexto de polarización tan fuerte, la base social y electoral de la derecha —movilizada con una sobredosis de veneno anticatalán y un enorme deseo de venganza contra la clase obrera y la juventud por las luchas de estos años— se ha agrupado en torno a las formaciones que mejor lo garantizaban.
PP, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma recibieron en las elecciones de abril un total de 11.276.920 votos, equivalente al 43,2%, y 149 diputados. El 10-N reunieron 10.395.920; es decir, 881.000 menos, un 43,1% y 152 diputados, en un contexto de crecimiento de la abstención: 6 puntos más que en abril (10,5 millones). No seremos los marxistas quienes minimicemos la trascendencia del aumento electoral de la extrema derecha, pero exagerarlo y ocultar la auténtica correlación de fuerzas entre las clases y la capacidad que poseen los trabajadores para batir a esta morralla política sería igual de erróneo.
La extrema derecha de Vox no es algo nuevo: es la misma que existía agazapada en el seno del Partido Popular pero que hoy se muestra a cara descubierta y envalentonada. Su desarrollo, desde sus inicios inciertos en diciembre de 2013, está ligado a los acontecimientos excepcionales de la lucha de clases y a los cambios que se han producido en el campo de la izquierda.
La irrupción de Podemos expresó en las urnas el movimiento de masas más importante desde los años de la Transición, y el profundo giro a la izquierda entre millones de trabajadores, jóvenes y sectores empobrecidos de las capas medias. Poco tiempo después, en Catalunya se desataba una movilización popular sin precedentes, y las jornadas del 1 y 3 de octubre de 2017 abrían una crisis revolucionaria de largo alcance que todavía no se ha podido liquidar.
La cuestión es que Vox, jaleando el nacionalismo españolista más rabioso, ha llevado hasta las últimas consecuencias la política de criminalización del pueblo catalán que también han esgrimido el resto de las formaciones del régimen, incluido el PSOE.
La pequeña burguesía enfurecida y nostálgica del franquismo, “pequeños empresarios” que no son más que escoria explotadora, miles de funcionarios del Estado y de las fuerzas represivas de la policía, la Guardia Civil y el Ejército…, todo ese polvo social movilizado en torno a la propaganda en defensa de la “unidad sagrada de la patria”, el racismo y la homofobia ha visto una bandera de lucha en Vox.
La extrema derecha se nutre de la crisis social del capitalismo y de la impotencia de la democracia parlamentaria y sus representantes tradicionales para sacar a la sociedad del impasse. Vox constituye una gran amenaza para el movimiento obrero, para sus conquistas económicas y políticas, y para los derechos democráticos. Precisamente por ello, solo con una política que rompa definitivamente con las lacras de este sistema y movilice la fuerza de millones de trabajadores y jóvenes se podrá combatir con éxito a Vox.
El avance de la extrema derecha hay que abordarlo con un sentido de la proporción. Es cierto que respecto a las elecciones de abril Vox pasa de 2.677.173 a 3.640.063 votos, del 10,26% al 15,09%, y más que duplican sus diputados, de 24 a 52. Pero estos resultados señalan sobre todo una nueva redistribución interna de un bloque reaccionario que vuelve a fracasar en su intento de hacerse con el Gobierno. Vox y PP avanzan juntos 1,6 millones de votos respecto al mes de abril, pero Cs pierde 2,5 millones.
La otra consecuencia de este avance de Vox es que mete mucha presión sobre Pablo Casado. Cosechando su segundo peor resultado de la historia, el PP se tiene que conformar con una remontada modesta: pasa de 4.356.023 votos, el 16,7% y 66 diputados en abril, a 5.019.869, el 20,82% y 88 diputados en noviembre. En las elecciones de 2016, con Rajoy a la cabeza, obtuvieron 7,9 millones de votos, el 33% y 137 diputados, y en 2011 fueron 10,8 millones, el 44,6% y 186 diputados (mayoría absoluta).
Gobierno de coalición Unidas Podemos
Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno con sólo dos votos afirmativos de diferencia. Un resultado que refleja un proceso social profundo de polarización política y lo que será una legislatura al rojo vivo.
Pero lo ocurrido en el debate del 4, 5 y 7 de enero ha sido muy significativo y sólo puede compararse con las sesiones parlamentarias de la Segunda República cuando resonaban las estruendosas diatribas golpistas de Gil Robles y Calvo Sotelo. Los mismos calificativos de “traidores”, “terroristas”, “comunistas”, “asesinos”, “separatistas, “Gobierno ilegítimo”, la misma caverna reaccionaria que protagonizó el levantamiento fascista del 18 de julio de 1936 y sumió a nuestro país en una sangrienta dictadura.
La furia manifestada por los máximos dirigentes del PP, Vox y Cs desde la tribuna fue acompañada de todo tipo de maniobras para sabotear la investidura. Desde el llamamiento al transfuguismo de Inés Arrimadas y las presiones al único diputado de “Teruel Existe”, pasando por la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Quim Torra como president de la Generalitat de Catalunya e impedir ejercer como eurodiputado a Junqueras, ignorando así al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sentenciaba el pasado 19 de diciembre a favor de su inmunidad.
Si algo ha quedado claro es que el aparato del Estado del régimen del 78, y la derecha españolista, no va a ceder ni un ápice. Su determinación en negar al pueblo catalán su derecho a decidir y enfrentar el movimiento de masas a favor de la república con todos los medios a su alcance, utilizando las medidas represivas más duras o destituyendo a un presidente de la Generalitat electo por millones de votos, confirma lo lejos que están dispuestos a llegar.
Propuestas programáticas
Cuando el pasado 30 de diciembre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez comparecían en el Congreso de los Diputados para presentar su programa de Gobierno “progresista”, destacó la gran sintonía de ambos dirigentes. Iglesias, con una cara iluminada por una gran sonrisa, consideró que el nuevo Ejecutivo combinará la “experiencia” de los socialistas con la “frescura” de Unidas Podemos.
Sin duda, la “experiencia” del PSOE en La Moncloa como pilar esencial del régimen del 78 es sobradamente conocida por el movimiento obrero y la juventud, por los activistas sociales o por el pueblo catalán y vasco después del duro enfrentamiento que hemos mantenido contra sus políticas de recortes, contrarreformas, ataques a los derechos democráticos y cesiones vergonzantes al nacionalismo españolista. ¿Cambiará de rumbo la socialdemocracia con la ayuda de los ministros y las ministras de Unidas Podemos? La prueba de la práctica resolverá esta cuestión, aunque la experiencia pasada deja poco lugar a la duda.
No obstante, sería un error no entender que la formación de esta coalición gubernamental de la izquierda reformista es, a su vez, el resultado de la gran movilización de masas que ha sacudido el Estado español desde 2011 y que ha quebrado el sistema bipartidista heredado de la Transición.
Este gran tsunami de luchas, desde la explosión del 15-M y las huelgas generales de 2012, las mareas en defensa de la educación y la sanidad públicas, pasando por las Marchas de la Dignidad, Gamonal, las huelgas estudiantiles contra la LOMCE y el cambio climático, las movilizaciones masivas de los pensionistas y las huelgas feministas del 8-M y, por derecho propio, el movimiento del pueblo de Catalunya por la autodeterminación y la república…, ha determinado el vuelco del tablero político y la formación de un Gobierno de esta naturaleza.
En este periodo también hemos contado con otras experiencias que deben ser valoradas. La retórica de Pablo Iglesias sobre la “frescura” de Unidas Podemos no puede ocultar que desde hace años han reemplazado la movilización social por la mera participación institucional como escuderos de la socialdemocracia, y cuando han ocupado posiciones políticas importantes han frustrado las expectativas generadas.
El programa del Gobierno de coalición ha sido presentado como una ruptura con las políticas anteriores. Pero, como siempre, detrás de esta imagen hay más humo y palabras que hechos y medidas efectivas.
En el terreno educativo se propone la derogación de la LOMCE y su sustitución por la “ley Celaá”, pero asuntos claves como la promesa de financiación de la enseñanza pública, la recuperación de miles de profesores despedidos, el acceso gratuito a la escuela infantil, a la universidad y a la FP superior para las familias trabajadoras solo se mencionan englobadas en la promesa de inversión del 5% del PIB para 2025. También se señala que la religión dejará de ser una asignatura evaluable, pero lo más significativo es que seguirá estando presente en la escuela pública mientras se deja intacto el enorme poder de la educación privada concertada —en su mayoría bajo control de la Iglesia Católica— y las decenas de miles de millones de euros que recibe del presupuesto público.
El acuerdo también se compromete a eliminar los aspectos más “lesivos” de la reforma laboral de 2012, como los despidos por baja médica. Sin embargo, otros como la rebaja del coste del despido, la eliminación de los salarios de tramitación por los despidos improcedentes, la supresión de autorización administrativa para poder hacer efectivos los EREs, o el descuelgue del convenio por parte de las empresas, que ha servido para atacar los salarios y modificar las condiciones de trabajo a peor, no se tocan. También se mantendrá la reforma aprobada por el Gobierno Zapatero que fue clave para aumentar la temporalidad y la pérdida de derechos en beneficio de la patronal.
El IRPF subirá dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros, lo que queda muy por debajo de lo que exigía Unidas Podemos, pero no se concreta ninguna medida sustanciosa contra el fraude fiscal de las grandes empresas. El acuerdo también alude al incremento del SMI a lo largo de la legislatura, a la “sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones” en el marco del Pacto de Toledo, pero sin derogar las contrarreformas anteriores, y a diversas medidas encaminadas a “frenar el alza de precios del alquiler”, sin concretar la mayoría de ellas ni ninguna fórmula de financiación.
La Ley de extranjería se queda como está, se continuará con la política de reclusión de los inmigrantes en los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE), y se respetarán los pactos de “inmigración” con Marruecos, los alcanzados entre la UE con Turquía o Libia —que han supuesto un incremento exponencial de las muertes en el Mediterráneo y del tráfico esclavo en el norte de África— además de toda la legislación racista y xenófoba que la UE ha aprobado contra los refugiados.
Si bien se propone la “recuperación inmediata” para patrimonio público del Pazo de Meirás —actualmente en manos de la familia Franco— y una auditoría de “bienes expoliados por el franquismo para devolverlo a sus legítimos titulares”, nada se dice sobre el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo ni la reparación política y económica a sus víctimas, ni tampoco sobre la depuración del aparato del Estado de fascistas.
Una vez más se hacen propuestas genéricas contra la violencia machista y las agencias de “vientres de alquiler”, en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Se propone también una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la “ley Mordaza” y cuya letra pequeña está por ver.
En materia económica se cumplirá con “los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas” o lo que es lo mismo, se acepta la política impuesta por la Unión Europea de recortes y austeridad.
Nada más lejos de nuestra intención presentar estas consideraciones como un ejercicio gratuito o sectario de descalificación, pero en política hay que ser rigurosos. Si dices A, inevitablemente acabarás diciendo B, C, D y el resto del abecedario.
El “nuevo lenguaje” del PSOE y la estrategia de ERC
La votación parlamentaria de Pedro Sánchez como presidente y la conformación del nuevo Gobierno no habrían sido posibles sin el apoyo de Esquerra Republicana que durante más de un mes y medio ha negociado en secreto los términos del mismo.
Después de que la estrategia del PSOE y Pedro Sánchez en las elecciones del pasado 10-N fracasara, y de que Ciudadanos fuese barrido de la escena, tuvieron que desdecirse por un Gobierno de coalición buscando el apoyo de ERC. Apostar por otra opción, como llegar a acuerdos con un PP cuyos talones pisa la extrema derecha, los habría conducido al suicidio político dejando el camino abierto para un mayor avance de Vox.
Otros factores han influido. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) introdujo más presión al cuestionar la farsa judicial seguida por el Supremo contra el referéndum del 1-O y que ha llevado a la cárcel y al exilio a Oriol Junqueras, los Jordis o Puigdemont entre otros. Además, Puigdemont y Toni Comín ya han conseguido su inmunidad como parlamentarios europeos y la justicia belga ha suspendido las euroórdenes contra ellos.
Esta reprimenda de la justicia europea a una decisión judicial que respondía a la estrategia represiva de la burguesía española, lejos de ser aprovechada por la dirección de ERC para dar un salto adelante en la movilización y hacer efectivo el mandato popular por la república del 1 de octubre, está siendo utilizada como coartada para presentar el pacto con Pedro Sánchez como un triunfo de sus tesis conciliadoras.
La decisión del Consell Nacional de ERC dando vía libre a la abstención en la investidura, intenta restablecer los puentes con el Estado y lograr, en una mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat, una salida a la crisis catalana mediante nuevas maniobras y la vuelta al autonomismo.
Escuchando a los portavoces del PSOE el cambio semántico puede aparecer llamativo, pero no hay que engañarse. El contenido del pacto, que sólo propone un “diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas” respetando “los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”, busca un fin no declarado pero que es obvio: la desmovilización popular y ganar tiempo en el marasmo de una discusión institucional que dará la espalda a las aspiraciones del pueblo catalán.
Lo más sonado del acuerdo entre ERC y el PSOE es que incluye una “validación democrática” en forma de consulta o referéndum, de los resultados de la mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat que se formará en un plazo de quince días tras la constitución del nuevo Ejecutivo. Y este es el quid de la cuestión. ¿En qué línea van a ir dichos acuerdos? Es más que evidente que la actual dirección del PSOE jamás aceptará la república catalana ni el derecho de autodeterminación. No lo hará por los lazos que le atan al régimen del 78, al aparato del Estado y a la burguesía.
La estrategia de retirada de ERC va mucho más allá de un apoyo puntual a la investidura de Sánchez para no ser acusada de propiciar una tercera convocatoria electoral y un posible Gobierno de la derecha españolista. Se trata de un completo repliegue que choca frontalmente con los sectores más avanzados del movimiento de liberación nacional, y será puesto en cuestión cuando se vea que no sirve para hacer efectiva la república, sino todo lo contrario.
La dirección de ERC considera que este pacto, sumado a la salida de Oriol Junqueras de la cárcel para recibir el acta de eurodiputado —alentada de una u otra forma por el escrito de la Abogacía del Estado dirigido al Supremo— y el posible acceso a una situación de semilibertad del resto de los presos políticos a medio plazo, puede calmar los ánimos.
Pero esos planes chocan con la reacción brutal de la judicatura franquista y los órganos electorales—indignados por la sentencia europea y dispuestos a inhabilitar al actual president Torra—, y la furiosa campaña que la derecha y la ultraderecha ya están desatando acusando a Sánchez de “traidor” por capitular ante los independentistas. También infravalora el nivel que ha alcanzado la movilización popular en Catalunya y el avance en la conciencia de cientos de miles de jóvenes y trabajadores que no están dispuestos a conformarse con humo.
¡Continuar la movilización de masas! ¡Por la república socialista catalana!
Los sondeos siguen mostrando que entre 70 y 80% de la población catalana apoya al derecho de autodeterminación. Una encuesta publicada el 19 de junio de 2019 por El Confidencial, medio nada sospechoso de republicanismo, señalaba que solo un 50,8% de los españoles apoya la monarquía, mientras el 46,1% se declara republicano, cifra que sube al 74% entre los menores de 25 años. Y eso con una izquierda parlamentaria estatal abjurando de la república. En Catalunya, los defensores de la monarquía representan el 21%, un 75% quiere una república, al igual que un 70% de los vascos.
Estos datos reflejan el creciente cuestionamiento al régimen del 78, incluso entre millones de votantes del PSOE y el PSC y, por supuesto, de Unidas Podemos, así como el enorme potencial para ganar a muchos de ellos a la lucha por una república socialista.
Sin embargo, en poco tiempo Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón ocuparán la vicepresidencia y sendas carteras ministeriales, compartirán secretos de Estado y decisiones trascendentales con Pedro Sánchez. La idea de luchar por la república, la autodeterminación o el socialismo quedará aplazada sine die.
Los dirigentes de Unidas Podemos han asumido las reglas del juego. Ninguno de ellos cuestiona el papel de Nadia Calviño, que desde el Ministerio de Economía blindará la continuidad de las políticas que más beneficien al Ibex 35, a la banca y a la UE. En cambio, para defender su nueva posición gubernamental intentarán garantizar la paz social, y ya han empezado la tarea oponiéndose a la huelga general del 30 de enero en Euskal Herria y aprobando los presupuestos antisociales del PNV en el parlamento vasco. También mantendrán la complicidad con las decisiones en materia de política exterior de Pedro Sánchez, como ya ha ocurrido con el respaldo al Gobierno asesino de Piñera en Chile y los negocios militares con Arabia Saudí y otras dictaduras semejantes.
En los próximos meses muchas contradicciones asaltarán al nuevo Gobierno cuando trate de cuadrar el círculo y entre en conflicto con su base social. Pero los trabajadores y la juventud pasaremos por esta escuela con un bagaje muy diferente al de otras épocas. La ingenuidad y la confianza ciega han dejado lugar a otra actitud más crítica y consciente, por lo menos entre capas importantes de la nueva generación de luchadores. Y aunque muchos intentarán justificar lo injustificable, agarrándose a la amenaza del “avance de la extrema derecha” —una amenaza muy real pero que solo se puede combatir con la movilización de masas y la defensa de un programa socialista—, la experiencia de estos últimos diez años no ha pasado en balde.
El mundo también ha cambiado mucho y 2019 ha sido un buen ejemplo de ello. Las rebeliones en Chile, Ecuador, Colombia, Argelia, Líbano, Iraq…, o la huelga general de la clase obrera francesa contra la reforma de las pensiones que en numerosos sectores se mantiene, muestran que existe la fuerza y la determinación para enfrentar no solo a la extrema derecha y a las políticas neoliberales, también para transformar la sociedad.
Pablo Iglesias afirmó durante la presentación del programa de Gobierno que se abre una etapa histórica, y aseguró que “el reto fundamental es convertir el sí se puede en políticas activas de Gobierno”. Le tomamos la palabra. Somos conscientes de que, al igual que ocurrió en los años treinta tras la proclamación de la Segunda República, los trabajadores pasaremos por la escuela de un Gobierno de la izquierda reformista en el contexto de una lucha de clases salvaje. La derecha, la patronal, los grandes poderes capitalistas no van a dar tregua e intentarán no solo sabotear cualquier medida progresista, también exigirán que se cumplan al dictado todas sus exigencias confiando para ello en el papel que siempre ha jugado la socialdemocracia.
En este contexto, la lucha por la república no se va a detener. Es imposible detallar las formas y el ritmo en que se expresará nuevamente el desafío del pueblo catalán, pero una cosa está clara: cuando los días 1 y 3 de octubre de 2017 cientos de miles de jóvenes, activistas, trabajadores y ciudadanos en general nos enfrentamos a la represión, votamos en un referéndum histórico y paralizamos Catalunya, se dio un paso decisivo para transformar la sociedad. Este potencial ha vuelto a demostrarse en el levantamiento popular del pasado mes de octubre, y en una movilización que no se detiene pese a todos los obstáculos.
El movimiento de liberación nacional en Catalunya se encuentra en una encrucijada. En nuestra opinión, solo podrá triunfar si adopta un programa que funda la lucha por la república con la transformación socialista de la sociedad. Y, en el combate dentro de sus propias filas —que los hechos están convirtiendo en algo insoslayable— es necesario que los sectores más avanzados y consecuentes tomen la iniciativa para sacudirse el peso muerto de aquellas fuerzas políticas y dirigentes que aceptan el capitalismo como único sistema posible. Para superar este obstáculo la voluntad de pelear es indispensable pero insuficiente: debe ir acompañada de una actuación consciente para construir un partido con un programa genuinamente revolucionario.
Desde Esquerra Revolucionària hemos intervenido desde el primer día en la lucha con estos métodos e ideas. En unión de nuestros compañeros y compañeras del Sindicat d’Estudiants impulsamos huelgas y manifestaciones en las que han participado cientos de miles de estudiantes. Hemos levantado la bandera de una república catalana socialista que nacionalice las palancas fundamentales de la economía, la banca y los grandes monopolios para acabar con la pesadilla de los recortes, la falta de vivienda pública y asequible, la precariedad y los salarios miserables, la violencia patriarcal y la destrucción del medio ambiente. Una república que barra toda la legislación represiva del régimen del 78, la monarquía y el aparato estatal heredado del franquismo, y garantice la auténtica libertad a todos los pueblos y naciones que integran el Estado español.
Sabemos que los únicos aliados en quienes podemos confiar son los jóvenes, los trabajadores y todos los que sufrimos la opresión capitalista ya sea en Madrid, Andalucía, Euskal Herria, Galiza…, en Europa y en el mundo. Las batallas que se avecinan serán duras y encarnizadas, pero crearán un terreno fértil para que sectores más amplios, y no solo una pequeña vanguardia, se sumen a la tarea de construir un partido con el programa del marxismo revolucionario y del internacionalismo. No hay tiempo que perder.
Únete a Esquerra Revolucionària/Izquierda Revolucionaria para luchar por la república catalana de los trabajadores, la juventud y el pueblo
