En sólo cinco meses Mauricio Macri ha conseguido sumir a Argentina en una enorme crisis económica y social que está hundiendo de forma brutal las condiciones de vida de los trabajadores argentinos. La respuesta no se ha hecho esperar y desde hace varias semanas multitud de movilizaciones obreras sacuden el país, incluyendo la histórica manifestación del 29 abril en Buenos Aires con cientos de miles de personas protestando en la calle contra los despidos.
El gobierno de Macri está constituido por un compendio de millonarios y altos directivos de empresa cuyo objetivo real es defender los intereses de su clase, es decir, la gran burguesía tanto Argentina como foránea. Al tiempo que están permitiendo a los capitalistas amasar grandes beneficios, no consiguen sacar al país de la grave crisis en la que se encuentra, tirando además al cubo de la basura, una tras otra, todas las promesas que el “macrismo” realizó durante la campaña electoral.
Economía en caída libre
La inflación —que Macri prometió contener— se encuentra completamente desbocada, alcanzando en abril, tras una subida del 7%, prácticamente el objetivo del 25% marcado para todo el año. Este incremento vertiginoso tiene mucho que ver con las prácticas especulativas que los grandes empresarios realizan subiendo de forma artificial los precios para aumentar sus ganancias. Las prometidas inversiones extranjeras —que crearían prosperidad y empleo— no acaban de llegar, y los propios capitalistas argentinos prefieren dedicarse a especular con los títulos de deuda que emiten el Tesoro y el Banco Central, que les producen suntuosos beneficios, antes que invertir su dinero en un sistema productivo que no les garantiza ni de lejos esos resultados. Además, el gobierno está iniciando un nuevo ciclo de endeudamiento que incluye la mayor venta de deuda en una sola tanda que realiza un país emergente en 20 años: 16.500 millones de dólares, de los que 9.300 se utilizarán para realizar pagos a fondos buitres.
La salida de esta situación pretende cargarse sobre las espaldas de la clase trabajadora, a través de varias vías. Despidos masivos tanto en el sector público como en el privado que alcanzan ya a 140.000 trabajadores. Para los que mantienen su puesto de trabajo habrá reducción de sueldo para mantener los incrementos salariales por debajo de la inflación. Todo esto va en paralelo a subidas en las tarifas de servicios como gas, luz, agua y transporte, con alzas que van de un 100% hasta un 700%. Una situación que da como resultado 1,4 millones de nuevos pobres en los tres primeros meses de 2016, alcanzando los 13 millones de personas que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, el 34,5% del total de los argentinos.
Mientras se incrementa el sufrimiento y la explotación de la mayoría, la última ocurrencia de Macri ha sido lanzar una amnistía fiscal antes de fin de año con el objetivo de repatriar los miles de millones de dólares que los capitalistas argentinos han evadido y mantienen ocultos en el extranjero. Una medida de la que el propio presidente podrá sin duda beneficiarse, si atendemos a la reciente aparición de él y su familia en los Papeles de Panamá como propietarios de varias sociedades off-shore en el extranjero. Práctica habitual, por otra parte, de la parasitaria y corrupta burguesía argentina.
Los trabajadores toman la calle
A pesar de los durísimos ataques que están llevando a cabo el Gobierno y las patronales, la burocracia sindical, en sus diversas facciones de la CGT y la CTA, mantuvo en los primeros meses de la legislatura una posición conciliadora con Macri, planteando la negociación y la paz social y priorizando, como siempre, sus privilegios sobre las necesidades de los trabajadores. A pesar de la actitud de sus dirigentes la clase obrera argentina no se ha quedado parada. Ha habido movilizaciones y huelgas en prácticamente todos los sectores: educación, sanidad, industria, servicios,… Una presión en la calle que ha acabado por desbordar a las direcciones sindicales, que se vieron obligadas a cambiar el paso e impulsar la gran movilización nacional del 29 de abril en Buenos Aires. Pero la lucha no cesa, así el 6 de mayo un paro de 12 horas paralizó la ciudad de Comodoro Rivadavia, principal centro petrolífero del país, en protesta por el despido de 2.000 trabajadores de la industria del petróleo. El sector educativo también está en pie de guerra, como demuestra la multitudinaria manifestación que el 12 mayo agrupó a decenas de miles de personas en defensa de la universidad pública y que, por primera vez en 15 años, consiguió agrupar a todos los sindicatos docentes y federaciones estudiantiles.
La posición de Macri es cada vez más precaria. La posibilidad de una mejora consistente de la situación económica es muy escasa y más teniendo en cuenta la crisis mundial, el descenso del precio de las materias primas y la grave crisis económica de Brasil, principal socio comercial de Argentina. El propio gobierno está dividido sobre qué medidas tomar para afrontar esta situación, una división que se extiende al conjunto de la burguesía. En este escenario se hace cada vez más necesaria la organización y convocatoria de una huelga general con le objetivo de revertir todas las políticas antisociales de Macri y tumbar su gobierno. Hasta ahora las distintas burocracias sindicales han negado esta posibilidad, pero su crédito se agota y la presión desde la calle se incrementa. Las direcciones de la izquierda sindical y política deben ponerse a la altura de unos trabajadores que, una vez tras otra, han demostrado su disposición a la lucha. Esa es la premisa necesaria con la que el odiado gobierno Macri tendría sus días contados.
