¡Todo el poder económico y político a los trabajadores y el pueblo! ¡Acabar con el capitalismo y la burocracia para salvar la revolución!

La convocatoria para el jueves 1 de septiembre de la denominada “Toma de Caracas” por parte de la MUD representa un nuevo intento de la contrarrevolución de movilizar a sus bases para hacer una demostración de fuerza y lanzar el asalto al poder. Tras el impacto que supuso para muchos de sus partidarios la advertencia por parte de Tibisay Lucena, presidenta del CNE, de que sería prácticamente imposible la celebración de un referéndum revocatorio este año, los medios de comunicación contrarrevolucionarios están planteando esta marcha como la clave para forzar un cambio en la situación.

El referéndum revocatorio, como siempre hemos explicado, no es más que una excusa, el envoltorio con el que intenta ocultar sus planes la contrarrevolución. Para cualquier revolucionario es fundamental comprender en qué contexto se produce esta convocatoria, los objetivos claramente contrarrevolucionarios detrás de la misma y mantenerse en primera línea de batalla en defensa del proceso revolucionario venezolano y el legado socialista del comandante Chávez, al mismo tiempo debemos explicar claramente que el único modo de derrotar la ofensiva contrarrevolucionaria es aplicando medidas genuinamente socialistas (y no capitalistas, como por desgracia se está haciendo).

Sólo acabando de una vez por todas con el capitalismo, pero también con la quinta columna burocrática que corrompe y sabotea desde dentro la revolución, es posible resolver los problemas que sufre el pueblo (inflación, desabastecimiento, corrupción…) recuperar la moral de las masas y salvar la revolución. Ello exige que todo el poder político y económico pase de manera inmediata a los trabajadores y el pueblo, haciendo la “revolución dentro de la revolución” que tantas veces propuso el comandante Chávez.

Los planes de la MUD significan una pesadilla para el pueblo

Las hipócritas denuncias de los dirigentes de la MUD respecto a la escasez de medicinas y alimentos, la corrupción y otros problemas que sufrimos diariamente los trabajadores no son más que una hoja de parra con la que pretenden ocultar sus verdaderas intenciones y su programa de gobierno. Si tuviesen éxito y llegasen a Miraflores aplicarían las mismas políticas de privatización, ajustes neoliberales contra los trabajadores y el pueblo, despidos y recortes masivos que llevaron al “caracazo”, que tenían en su agenda cuando dieron el golpe de estado el 11 de abril de 2002 o que están llevando a cabo gobiernos de derechas lacayos del imperialismo como los Macri o Temer en Argentina y Brasil.

Los contrarrevolucionarios nunca proclaman su verdadero objetivo. Aprovechan los problemas sociales que las políticas aplicadas por los reformistas no logran resolver para desprestigiar ante las masas las ideas de izquierda. En el caso de Venezuela, responsabilizan de problemas como la especulación con los precios y las divisas, el desabastecimiento o la corrupción a las medidas de intervención estatal decretadas por Chávez, al socialismo y la revolución, cuando los verdaderos responsables son el sabotaje de los propios empresarios, la burocracia y, por encima de todo, el mantenimiento de una economía y un estado que siguen siendo capitalistas.

Si la MUD ha podido avanzar electoralmente y conquistar la AN, y la burguesía y el imperialismo están en condiciones de lanzar la actual ofensiva contra la revolución, es porque millones de personas están cansados de oír discursos que denuncian la guerra económica, el burocratismo y la corrupción, sin que se tomen medidas concretas para acabar con estas lacras, y hastiados de declaraciones que se contradicen con su realidad cotidiana. Los capitalistas siguen haciendo grandes negocios con las divisas y los productos de primera necesidad, y muchos que se declaran socialistas y bolivarianos participan de esos negocios.

¿Qué políticas defienden la revolución y cuáles la debilitan?

Tras la derrota del 6D, entre las bases revolucionarias del chavismo había un clamor exigiendo un giro a la izquierda. Miles de trabajadores y activistas revolucionarios participaron en asambleas en centros de trabajo y barrios. Muchos acudieron cuando se les llamó a conformar el Congreso de la Patria o el parlamento comunal pensando que era un primer paso hacia una “revolución dentro de la revolución” que desarrollase el poder obrero y popular. En ese momento, los marxistas defendimos la necesidad de una Asamblea Nacional Obrera y Popular formada por delegados elegidos y revocables por los propios trabajadores y el pueblo en cada centro de trabajo y cada barrio que llevase adelante un programa socialista que acabase con la propiedad capitalista de los bancos, la tierra y las empresas fundamentales y pusiese el conjunto de la economía y el estado bajo la administración directa de la clase obrera y el conjunto de la población. Si esto se hubiese hecho sectores que habían empezado a caer bajo la influencia de la oposición habrían sido recuperados para la lucha revolucionaria.

Pero la línea que se ha seguido desde el gobierno ha sido la contraria: intentar gestionar la crisis del capitalismo venezolano y convencer a sectores de los empresarios y de la burguesía internacional que se sumasen a una “alianza productiva” para desarrollar el país, reforzando la toma de decisiones desde arriba y desoyendo a la clase obrera y los sectores populares más combativos y conscientes. Cada vez con más frecuencia, cualquier propuesta o crítica por la izquierda, es descalificada tachándola como “peligrosa”, “desleal”, etc.

Hay que decirlo claramente. Si la MUD, hasta el momento, no ha podido transformar el incremento de su influencia en una movilización en la calle suficiente para lograr sus objetivos contrarrevolucionarios no ha sido precisamente por los llamados a los empresarios para que inviertan, ni por las concesiones políticas y económicas por parte del gobierno (pago puntual de la deuda externa mientras se recortan gastos sociales, concesiones de más divisas y subidas de precios, aceptación de retrocesos para los trabajadores en industrias privadas y despidos en empresas públicas) La explicación hay que buscarla, por una parte, en la incapacidad de los propios dirigentes contrarrevolucionarios para sintonizar con los sectores más desmoralizados del pueblo y movilizar el malestar social existente. Por otro lado, pese a todos los sufrimientos que están padeciendo, y las políticas anti-obreras que están aplicando la inmensa mayoría de ministerios, gerencias y directivas de las empresas públicas, los sectores más conscientes de las masas obreras y populares siguen mostrando su voluntad de seguir defendiendo el legado del comandante Chávez y la revolución.

Resulta verdaderamente impresionante que trabajadores de empresas públicas como SIDOR, la Red de Abastos Bicentenario (RABSA), Corpoelec, Fama de América, Café Venezuela, Aceites Diana, las azucareras o las cementeras (que están sufriendo ataques a sus derechos y empleos) trabajadores despedidos de diferentes ministerios e instituciones públicas, obreros del sector privado que ven paralizados sus sindicatos por las Inspectorías de Trabajo o sufren las actuaciones constantes de la burocracia del Ministerio de Trabajo a favor de los empresarios, sigan negándose a escuchar los cantos de sirena de la MUD y mantengan su apoyo al proceso revolucionario. Un caso paradigmático es el de RABSA, donde -según denunciaban recientemente los propios trabajadores y una organización que apoya de manera inequívoca al gobierno bolivariano como el PCV- van ya más de 3800 despedidos -casi la mitad de la nómina,- pese a que el Presidente Maduro se comprometió públicamente a que la reestructuración de la empresa no afectaría a la estabilidad laboral.

Una situación como esta, en la que las masas obreras y populares que apoyan el proceso revolucionario sufren a diario despidos, colas interminables, falta de productos básicos, subidas de precios que se comen cualquier subida salarial y se ven sometidas a gerentes y juntas directivas que aplican políticas capitalistas, no puede prolongarse de manera indefinida. La burguesía y el imperialismo lo saben y por eso intentan aprovechar la inquietud y descontento entre sectores amplios de las masas para organizar una prueba de fuerza como la campaña por el revocatorio y la marcha del 1 de septiembre y, si ésta les resulta favorable, lanzar un nuevo asalto al poder.

Las alianzas con los empresarios llevan a la derrota de la revolución

Los sectores reformistas del movimiento bolivariano están convencidos de que pagando puntualmente la deuda externa, concediendo divisas y subidas de precios a los empresarios pueden cuadrar el círculo: convencer a un sector de la burguesía de que les permita gestionar la crisis del capitalismo en Venezuela y seguir en el gobierno, mientras esperan una recuperación de la economía mundial, o al menos de los precios del petróleo. Pero tienen dos grandes problemas. Por un lado, estas políticas chocan con las tendencias generales de la economía capitalista, en Venezuela y a nivel mundial. Por otro, la burguesía es una clase plenamente consciente de que su supervivencia y el mantenimiento de sus privilegios implican aplastar cualquier idea o esperanza de revolución entre los oprimidos. Dependiendo de si la correlación de fuerzas le es más o menos favorable, recurre a diferentes métodos: golpes de estado, sabotaje económico, desprestigio de las ideas del socialismo, corrupción de sectores dirigentes, negociaciones en las que imponer sus reivindicaciones, manifestaciones, “guarimbas”… Lo que varía es sólo la forma, el objetivo de fondo es siempre el mismo: estrangular la revolución.

Si consiguiesen una movilización este 1 de septiembre, y en los días posteriores, que le permita poner en jaque al gobierno, esos mismos capitalistas con los que algunos dirigentes creen posible llegar a un acuerdo serán los primeros en ampliar el sabotaje económico, financiar nuevas acciones contrarrevolucionarias en la calle (como hicieron con la “guarimba” de 2014) y forzar la caída del gobierno. Si la movilización contrarrevolucionaria no alcanza los niveles suficientes para activar el plan desestabilizador es posible que un sector de la burguesía llegue a la conclusión de que no les queda más remedio que calarse algún tiempo más al gobierno bolivariano, dejar que éste gestione un tiempo más la crisis del capitalismo (utilizando sus contradicciones para seguir minando el apoyo de las masas a la revolución) y aplazar su asalto a Miraflores. En ambos casos quien sale perdiendo es el pueblo.

El proceso revolucionario venezolano enfrenta, una vez más, una coyuntura decisiva. Esta nueva batalla se da en un contexto más difícil que todos los anteriores. Y no porque la correlación de fuerzas internacional sea desfavorable, el imperialismo sea fuerte, falte conciencia, etc. (como afirman los reformistas) sino porque las políticas de intentar gestionar el capitalismo están teniendo el efecto de minar la moral y la confianza entre sectores importantes de las masas.

¿Qué programa necesitamos?

El único modo de evitar el descarrilamiento y derrota de la revolución bolivariana es mediante la organización y movilización de las propias bases revolucionarias para hacer una verdadera “revolución dentro de la revolución” que recupere los métodos y medidas más a la izquierda aplicados por Chávez y complemente esto con medidas socialistas que entusiasmen a las masas y recuperen el apoyo a la revolución. Una de las primeras medidas debe ser elevar los salarios por encima de la inflación, impidiendo además que continúe la tendencia a subir la parte del salario representada por los cesta-tickets (que no contabiliza para el cómputo de las prestaciones sociales del trabajador) y garantizando así el poder adquisitivo presente y futuro de la clase obrera.

Al mismo tiempo hay que acabar con la posibilidad de que los empresarios trasladen esas subidas a los precios y sigan desorganizando la economía. Esto sólo será posible nacionalizando la banca, la tierra y las grandes empresas bajo administración directa de los trabajadores y el pueblo y creando un monopolio estatal del comercio exterior igualmente dirigido por la clase obrera y el conjunto de la población.

¡Ni un dólar más a los capitalistas! Las divisas deben ir a industrializar el país mediante empresas del estado cuyos dirigentes sean elegibles y revocables en todo momento por las asambleas de trabajadores, con rotación y rendición constante de cuentas ante éstas y donde ningún dirigente cobre más que un trabajador calificado. Un monopolio estatal del comercio exterior dirigido por los trabajadores y el pueblo permitiría que las divisas que genera el trabajo de la clase obrera venezolana y la explotación de los recursos naturales del país (petróleo, minerales, agricultura, etc.), que nos pertenece a todos, no vayan a los bolsillos de los empresarios especuladores (que prometen invertir y luego desvían los dólares) o de burócratas corruptos que se roban el dinero y acaban haciendo negocios con esos mismos empresarios y convirtiéndose ellos mismos en empresarios. También permitiría acabar con el desvío de productos al mercado paralelo mientras se desarrolla un plan estatal para industrializar el país, garantizando que los productos que sea necesario importar lleguen al pueblo y lo hagan a precios realmente justos y solidarios.

No se puede cargar el peso de la caída de los precios petroleros sobre los trabajadores y el pueblo. Hay que abrir los libros de cuentas e inventarios de las empresas a la inspección de la clase obrera y el pueblo para ver en qué se gasta cada bolívar y aprobar en asambleas obreras y populares qué partidas se mantienen y cuáles se recortan, empezando por reducir los ingresos de los altos cargos (ninguno debe cobrar más que un trabajadores calificado) y acabando con todos los gastos superfluos y el despilfarro y corruptelas.

Esto debe ser complementado con la creación de asambleas y comités donde todos los dirigentes sean elegibles y revocables por los propios trabajadores y vecinos que, además de inspeccionar los libros de cuentas e inventarios de empresas y negocios, para evitar el desvío y acaparamiento de mercancías, organicen el reparto de alimentos de primera necesidad y medicinas con transparencia y sin discriminación ni corrupción.

Todas estas medidas no se pueden aplicar manteniendo el actual aparato estatal burgués. La única manera de que funcionen es acabando de una vez por todas con el poder tanto de los capitalistas como de la quinta columna burocrática. Todo el poder político y económico debe estar en manos de los trabajadores y el pueblo. De ese modo, el apoyo a la revolución no sólo se incrementaría exponencialmente en Venezuela, también internacionalmente, posibilitando no únicamente derrotar los planes contrarrevolucionarios en marcha en todo el continente (ofensiva neoliberal en Argentina, golpe en Brasil, planes de desestabilización en Ecuador, Bolivia, etc.) sino generando condiciones muy favorables para la extensión de la revolución a esos y otros países latinoamericanos, así como al resto del mundo.