El 22 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaba que cualquier posible referéndum revocatorio (RR) contra Nicolás Maduro deberá celebrarse después del 10 de enero de 2017. Según las normas que rigen este tipo de referéndum, eso significa que —incluso si lograsen la revocación— el Presidente sería sustituido por el vicepresidente y no habría nuevas elecciones hasta 2019.
La derecha contrarrevolucionaria agrupada en la MUD ha llamado a sus partidarios a reunir el 20% de las firmas del censo electoral necesarias para exigir el referéndum, y tomar las calles el 12 de Octubre para “obligar” a que se celebre este año. En el caso de que impusiesen su agenda y ganaran en 2016 el revocatorio, sí podrían convocarse elecciones presidenciales inmediatamente. Como ya intentaron el pasado 1 de Septiembre con la llamada “toma de Caracas”, buscan generar un nivel de presión que haga ceder al gobierno en la negociación. Si éste no cede, el 12-O les servirá para medir su fuerza de cara a lanzar una campaña de desestabilización en la calle que, combinada con la ofensiva diplomática del imperialismo, pudiese abrir brechas dentro del aparato estatal y forzar una intervención a su favor de sectores del ejército. El referéndum, como siempre hemos explicado, es la excusa. El objetivo de la burguesía es poner un gobierno en Miraflores que aplique las mismas políticas que Macri en Argentina o Temer en Brasil y, en última instancia, acabar con la revolución en Venezuela.
Su problema es que, hasta el momento, no han conseguido traducir el incremento de su apoyo electoral en un salto cuantitativo y cualitativo en sus movilizaciones que permita asaltar el poder con garantías de éxito. Pese a las mentiras de los medios de comunicación burgueses, hablando de “millones de manifestantes tomando las calles de Venezuela”, el 1S la MUD igualaron algunas de sus marchas más concurridas, pero quedaron muy lejos de sus expectativas. Volvieron a movilizar a amplios sectores de las capas medias pero no lograron una participación significativa de sectores populares (menos aún de la clase obrera). Uno de sus dirigentes, Freddy Guevara, tuvo que reconocerlo ante las cámaras cuando partidarios exaltados exigían incendiar las calles: “No hay gente suficiente”.
Como explicamos tras el 6D, el avance electoral de la derecha en zonas obreras y populares representaba una gravísima amenaza pero se trataba de un voto de descontento que, con políticas genuinamente socialistas y revolucionarias, podría ser recuperado. El origen, programa e intereses de clase de los partidos de derecha y extrema derecha que integran la MUD son tan reaccionarios, sus dirigentes están tan vinculados al imperialismo y la burguesía, que hasta el momento les ha sido muy difícil conectar con sectores descontentos de la clase obrera y el pueblo.
Sin embargo, sería un error pensar que eso va a seguir siendo así siempre y cerrar los ojos ante los síntomas evidentes de decepción y malestar existentes entre sectores crecientes de las masas frente a las políticas que está aplicando el gobierno. La marcha convocada el 1S en apoyo al gobierno movilizó mucha más gente que el cierre de campaña de las legislativas de diciembre, pero la participación sigue estando lejísimos de otros momentos decisivos del proceso revolucionario. No sólo del tsunami rojo que derrotó el golpe de abril de 2002 o el RR de 2004; los cierres de campaña de Chávez en 2006 y 2012, e incluso el de Maduro en 2013 (antes de derrotar a Capriles), fueron mucho más masivos e incomparablemente más entusiastas. ¡Y ello cuando enfrentamos la peor ofensiva contrarrevolucionaria de los últimos 18 años!
La causa no es el “retroceso en la conciencia”, como plantean cínicamente muchos burócratas para justificar el abandono de las medidas más a la izquierda que propuso Chávez, sino la política de buscar una alianza con los empresarios y las medidas capitalistas que, como consecuencia de ello, se están aplicando.
¡No a la alianza con los empresarios! Todo el poder a los trabajadores y el pueblo
Tras el 6D, miles de activistas esperaban un giro a la izquierda pero se han encontrado con subidas constantes de precios (acordadas entre distintas organizaciones empresariales y el gobierno), el pago puntual de la deuda externa (mientras empeoran las condiciones del pueblo) o planes como el Arco Minero, que abre una superficie equivalente al 12% del territorio venezolano a la explotación de las multinacionales imperialistas, con graves consecuencias para el futuro económico del país y el medioambiente.
Como parte de este giro a la derecha, se nombró Ministro de Industria y Vicepresidente económico al líder de los “empresarios bolivarianos” Miguel Pérez Abad y la presidencia de PDVSA y el Ministerio de Energía Petróleo recayeron en Eulogio del Pino, muy bien relacionado con la burguesía internacional y las multinacionales petroleras. Ambos han defendido acelerar las concesiones a los empresarios, levantar lo antes posible los controles de precios y cambios, devolver empresas expropiadas a sus antiguos propietarios y privatizar otras e incluso subir los precios (hasta ahora congelados) de servicios básicos. Un ejemplo fue la decisión —finalmente rectificada bajo la presión popular— de incrementar un 1.000% las tarifas de Internet y del teléfono.
Nada de esto ha servido para aumentar la inversión y la producción pero si ha desmoralizado más a las masas, incrementando la corrupción, el sabotaje, los retrocesos en derechos laborales y sociales de los trabajadores, tanto en el sector privado y en el público, además de propiciar despidos masivos, como los 4.000 que según el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que apoya inequívocamente al Gobierno, se han producido en la Red de Abastos Bicentenario…
El deterioro en las condiciones de vida del pueblo hizo que, por primera vez, se produjesen saqueos o intentos de saqueo reprimidos por el ejército y existiese un peligro real de generalización de estos. Para evitarlo el gobierno respondió con medidas parciales como los CLAP, organismos designados a dedo por el gobierno y no elegidos por las bases, ni sometidos a asambleas, tal como reclamaban los sectores más a la izquierda, que reparten bolsas de comida a sectores de la población considerados prioritarios por el gobierno. También se paralizó la mencionada subida de tarifas telefónicas y fueron aplazadas otras medidas exigidas por los empresarios que Pérez Abad, Del Pino y otros ministros tenían en cartera. El propio Pérez Abad ha sido sustituido recientemente y nombrado Presidente de un banco público.
Estas rectificaciones parciales no han significado, sin embargo, ningún cambio decisivo en línea estratégica de los sectores que actualmente dominan en el gobierno. Esta sigue buscando la alianza con los empresarios pero aplicando las medidas capitalistas que estos demandan a un ritmo más lento, e intentando mitigar algunos de sus efectos. A juzgar por las declaraciones de varios ministros, confían en convencer al imperialismo (o al menos a un sector de éste) de que ellos pueden gestionar la crisis del capitalismo venezolano mejor que la MUD y ganar tiempo, esperando que la economía mundial y los precios del petróleo se recuperen.
El problema es que las tendencias de la economía mundial van en dirección contraria y la burguesía no se detendrá hasta acabar con la revolución. Si las movilizaciones organizadas por la MUD y la presión diplomática no fuesen suficientes para imponer el referéndum revocatorio este año, no se puede descartar que un sector de la burguesía venezolana e internacional decida aceptar algún tiempo más al gobierno bolivariano (mientras aprovechan para seguir haciendo negocios, especulando y saboteando). Esto sólo beneficiaría a la contrarrevolución, que aprovechará para seguir minando la moral de las masas y preparar nuevos asaltos a Miraflores. Sólo hay un modo de salvar la revolución: que las bases obreras y populares del chavismo hagamos una verdadera revolución dentro de la revolución que expropie a los capitalistas, acabe con la burocracia y ponga todo el poder político y económico en manos de los trabajadores y el pueblo.
