El pasado 1º de Mayo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciaba la convocatoria de una Asamblea Constituyente “para lograr la paz que necesita la República (...) derrotar el golpe fascista y (...) que sea el pueblo, con su soberanía, quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero” (Venezolana de Televisión, 1/5/17)

La declaración del Presidente Maduro se produce en un contexto de grave crisis económica y social, con una inflación que supera el 700% (3000% en el caso de los alimentos) y un claro retroceso en numerosas reformas y conquistas sociales conseguidas en los años anteriores por la lucha del pueblo, incluyendo el despido de miles de trabajadores. La pobreza, que se vio sensiblemente reducida bajo los gobiernos de Chávez, está creciendo de nuevo espectacularmente, provocando la extensión de todas las lacras que la acompañan: violencia urbana, inseguridad, marginalidad...

Frente a esta situación, la derecha venezolana (agrupada en la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática —MUD—) utiliza de forma hipócrita y oportunista esta situación crítica, intentando capitalizarla en su beneficio. Los parásitos burgueses de la MUD no pueden ofrecer ninguna alternativa a los trabajadores y el pueblo, su programa representa la misma pesadilla que estamos viendo bajo los gobiernos de Temer en Brasil o Macri en Argentina.

Sin embargo, la amenaza de un triunfo de la derecha contrarrevolucionaria en Venezuela es hoy una posibilidad muy real. La causa fundamental de ello es que el gobierno de Nicolás Maduro no está aplicando una política socialista, sino todo lo contrario: haciendo concesión tras concesión a los capitalistas nacionales e internacionales y llevando a cabo políticas de ajuste muy duras contra la propia base social que ha sostenido durante años el proceso revolucionario.

La clase trabajadora y el pueblo han hecho todo lo que está en sus manos para llevar a cabo la revolución socialista, basada en la democracia obrera, y derrotar a los contrarrevolucionarios. Pero el gobierno —aunque sigue hablando de socialismo y revolución— está aplicando políticas capitalistas que solo sirven para desmoralizar y desmovilizar a las masas.

La estrategia de la contrarrevolución y las contradicciones dentro del aparato del Estado

La burguesía internacional y la MUD han recibido la convocatoria de la Constituyente poniendo el grito en el cielo. Con el cinismo que les caracteriza, los mismos que organizaron el golpe de abril de 2002, que encarcelaron a Hugo Chávez (Presidente democráticamente elegido por el pueblo), disolvieron la Asamblea nacional y suspendieron la actual constitución (ratificada con un 87% de apoyo en referéndum), hablan ahora de “golpe de estado” y “dictadura”, derramando lágrimas de cocodrilo por “la amenaza a las libertades” en Venezuela.

La virulencia con la que la MUD y los voceros del imperialismo han rechazado la convocatoria de la Constituyente no es casual. Su objetivo es derribar lo antes posible a Maduro, llegar a Miraflores y aplicar planes salvajes de privatización, ataque contra los trabajadores y el pueblo y desmantelamiento de todas las medidas progresistas aplicadas bajo los gobiernos de Chávez, cumpliendo así con las exigencias planteadas por sus amos —el FMI y las multinacionales imperialistas—desde hace tiempo.

El actual parlamento (Asamblea Nacional), elegido en diciembre de 2015 y dominado por la MUD, es uno de los principales instrumentos para llevar a cabo esos planes. Aceptar la Constituyente significaría renunciar a ese instrumento fundamental. Además de conceder tiempo y margen de maniobra al gobierno de Maduro, aceptar la Constituyente también podría tener un efecto disgregador y desmoralizador entre las bases de la derecha contrarrevolucionaria, como ya ocurrió con la táctica que —bajo presión de la Casa Blanca— adoptaron después del 26 de Octubre de 2016. Entonces el imperialismo, tras fracasar el paro de 12 horas convocado por la MUD, llegó a la conclusión de que ésta carecía de la fuerza suficiente para lanzar un asalto a Miraflores con garantías de éxito. Por eso obligaron a sus dirigentes a aplazar los planes para intentar derrocar a Maduro y acudir a las negociaciones con el gobierno. El resultado fue desanimar y desmovilizar por varios meses a una parte de sus seguidores.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado 30 de Marzo, de asumir las funciones de la Asamblea Nacional controlada por la MUD, provocó un nuevo giro en los acontecimientos. Esta medida abrió divisiones en el gobierno y la cúpula del Estado que llevaron al Presidente Maduro a rectificar lo anunciado por el TSJ. La derecha, envalentonada por estas divisiones, volvió a lanzarse a la calle y ha conseguido organizar, especialmente en un primer momento, movilizaciones bastante importantes. No obstante, por el momento, siguen teniendo el mismo problema que hace ocho meses. Aunque el deterioro económico, unido al creciente descontento con muchas de las medidas económicas y políticas que ha tomado el gobierno durante el último año, ha erosionado de forma importante el apoyo a éste, los dirigentes de la MUD siguen sin ser capaces de conectar con las masas (especialmente con los sectores más pobres). Su origen e intereses de clase, y sus vínculos tan estrechos con la burguesía y el imperialismo, les dificulta hasta el momento conseguir un nivel de presión en la calle suficiente para provocar una ruptura abierta en la cúpula del Estado y del ejército.

Las convocatorias de paros realizadas por la MUD durante los últimos días no han contado (como ya es habitual desde 2002) con apoyo en ningún sector significativo de la clase obrera. No sólo eso. La actitud de los empresarios tampoco ha sido, precisamente, entusiasta. Muchos de ellos desconfían de que un paro patronal sirva realmente para provocar un cambio de gobierno. Además, temen secundar la convocatoria a paro y que eso les perjudique a la hora de recibir ayudas y dólares del gobierno, máxime cuando, además, éste no está aplicando actualmente medidas contra ellos.

Muchas de las acciones que la Patronal criticaba a Chávez, como las expropiaciones, los llamados al control y la movilización de los trabajadores, etc.; han sido abandonadas por el gobierno y una parte significativa de las políticas que venían exigiendo desde hace años los empresarios ha empezado a ser aplicada durante los últimos meses por Maduro: subidas de precios, flexibilización de controles, limitaciones a la participación de los trabajadores, freno a los intentos de los sectores más a la izquierda de crear sindicatos revolucionarios y luchar por el control obrero, pago puntual de la deuda externa, alianzas con sectores empresariales nacionales o extranjeros para impulsar las empresas mixtas y las zonas especiales, etc.

Con posibilidades limitadas de incrementar significativamente el nivel de movilización en la calle (y los comentados problemas para colapsar la economía mediante un paro), la mayoría de dirigentes de la MUD y un sector del imperialismo han girado en las últimas semanas hacia una táctica de recrudecimiento de la acción de las bandas fascistas, que los medios de comunicación internacionales presentan como jóvenes indignados en defensa de la democracia.

Estas bandas están organizando ataques a edificios públicos y enfrentamientos y tiroteos con la Guardia Nacional que en el momento de redactar estas líneas han causado ya 45 muertos. Quieren crear la matriz de opinión de que en Venezuela hay una situación de confrontación civil que exige una intervención decidida de los organismos imperialistas internacionales (OEA, ONU, etc.). Esperan que la presión diplomática y las sanciones internacionales puedan provocar ese cambio en la correlación de fuerzas dentro de la alta oficialidad del ejército que, hasta ahora, las movilizaciones callejeras y llamamientos a paro no han logrado.

Por el momento, el apoyo de la cúpula militar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del gobierno parece unánime. Al menos a juzgar por las declaraciones públicas. Uno de los primeros apoyos, y más explícitos, a la Constituyente fue el del Ministro de Defensa y Jefe del Ejército, Vladimir Padrino. La situación, sin embargo, es muy volátil y podría cambiar en un sentido u otro rápidamente, como ya vimos tras la decisión del TSJ de asumir las funciones de la AN. Que existen grietas y divisiones en el aparato del estado es algo evidente. La fiscal general del estado, Luisa Ortega Díaz, quien ya se opusiera a la decisión del TSJ, ha declarado que “la constitución de 1999 es inmejorable”. Ortega ha criticado la convocatoria de una Asamblea Constituyente en este momento e incluso ha llegado a justificar las acciones de algunos sectores de manifestantes opositores, responsabilizando al gobierno de determinadas situaciones de violencia.

Por el momento estas divisiones dentro del aparato estatal no han impedido que el decreto convocando la Constituyente haya sido firmado y publicado. Pero no es posible descartar, ni mucho menos, que en un determinado momento la presión de la MUD y los imperialistas pueda abrir nuevas brechas e incluso provocar una crisis abierta en el gobierno y en la dirección del Estado.

Si el gobierno bolivariano estuviese aplicando políticas genuinamente socialistas, permitiendo que la clase obrera y el pueblo tuviesen realmente la iniciativa y el poder en sus manos, acabando con la corrupción y sabotaje de los capitalistas y de la propia burocracia enquistada al frente del Estado, sería relativamente fácil derrotar los planes contrarrevolucionarios y salvar a la revolución bolivariana de la derrota o de la degeneración burocrática. Lamentablemente, las políticas que se están aplicando van en la dirección contraria.

Combatir a la contrarrevolución con medidas socialistas, no capitalistas

Tras la derrota electoral de diciembre de 2015, miles de activistas obreros y populares del chavismo reclamaron en asambleas espontáneas un giro a la izquierda y el desarrollo del poder popular y obrero. No sólo para luchar contra la Asamblea Nacional dirigida por la MUD, también para acabar con el poder de la quinta columna burocrática que habla de chavismo, socialismo y revolución pero está desmantelando las conquistas revolucionarias.

El gobierno convocó el Parlamento Comunal y el Congreso de la Patria, presentando ambas iniciativas como medidas para estimular el poder popular y la participación de las bases. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. El Parlamento Comunal fue cercenado y no pasó de ser utilizado para amenazar a la derecha. No se permitió su desarrollo en las líneas que esperaban y proponían los activistas que empezaron a impulsarlo en los barrios. En cuanto al Congreso de la Patria se convirtió en un gran mitin donde se habló hasta la saciedad de “poder popular” y “dirección de la revolución por la clase obrera” sin que se tomase ni una sola medida concreta que permitiese cualquiera de las dos cosas.

En cuanto sectores de las bases críticos con el accionar del gobierno intentaban alzar su voz y formular sus propuestas eran tildados de “radicales”, “ultraizquierdistas”, “tirapiedras” o peor: “escuálidos”. Mientras el discurso oficial hablaba de “dirección de las empresas por la clase obrera” se despedía a miles de trabajadores revolucionarios de la Red de Abastos Bicentenario (RABSA), se reducía el empleo por distintas vías en otras empresas públicas o se impedían las elecciones a la dirección de SUTISS (sindicato de SIDOR, la segunda empresa más importante del país) por miedo a que ganasen sectores críticos por la izquierda con la política del gobierno. Lo mismo ocurría con las elecciones a la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV).

Estas medidas han ido acompañadas de otras en el terreno económico como las subidas de precios, el recorte de la parte del salario que contabiliza para las prestaciones sociales y el incremento de la parte del salario bonificada (vulnerando las normas establecidas por Chávez, que impiden que esta última supere el 30% del salario). El gobierno también se ha mostrado tolerante con la política de no reconocimiento de sindicatos y parcialidad hacia los empresarios aplicada por las Inspectorías del Ministerio de Trabajo.

Otras expresiones de este giro a la derecha fueron pagar puntualmente la deuda externa a los banqueros mientras se recorta el dinero destinado a importar alimentos para el pueblo, la apertura de la Faja Petrolífera del Orinoco a las empresas mixtas y la creación de COMINPEG (consorcio que pone directamente en manos del Estado Mayor del ejército la explotación de diferentes recursos minerales y la posibilidad de llegar a acuerdos al margen del control de la Presidencia con empresas privadas); o el Arco Minero, que abre un 12% del territorio venezolano a la explotación de los recursos minerales del país por parte de las grandes multinacionales del sector, incluidas empresas como Gold Reserve, expulsada por Chávez de Venezuela. Más recientemente, hemos asistido a la Expo Potencia, donde se han vuelto a entregar millones de dólares a los empresarios y se ha cedido a varias de sus exigencias.

Esta búsqueda de acuerdos con la burguesía se extiende incluso al intento de conseguir el reconocimiento del imperialismo estadounidense. O al menos de un sector de éste. Recientemente, la web revolucionaria Aporrea publicaba evidencias de que la cadena de gasolineras CITGO (propiedad de PDVSA) realizó un donativo de 500.000 dólares a la campaña de Donald Trump (supuestamente con el objetivo de lograr un mejor trato del nuevo presidente estadounidense hacia Venezuela). (https://www.aporrea.org/tiburon/n307237.html) Hasta el momento dicha información no ha podido ser rebatida por los representantes del gobierno que han sido preguntados sobre este tema (https://www.aporrea.org/tiburon/n307354.html)

Todas estas políticas, contrarias a lo que las bases revolucionarias esperaban, no son desviaciones accidentales. En la práctica, el objetivo de construir un modelo socialista bajo la dirección de los trabajadores y el pueblo ha sido completamente abandonado y sustituido por el intento de desarrollar un modelo de capitalismo de Estado en alianza con los imperialistas chinos y rusos (a quienes se presenta como amigos del pueblo venezolano) y con sectores de las burguesías latinoamericanas.

¿Representa la convocatoria de la Constituyente un giro a la izquierda?

¿Significará la convocatoria de la Constituyente un cambio respecto a estas políticas? Entre algunos sectores de las bases del PSUV y del movimiento bolivariano, incluso algunas capas que se han mostrado críticas con el gobierno durante los últimos meses, hay un compás de espera y ciertas esperanzas en que así sea. Otra capa de activistas y militantes revolucionarios permanece muy crítica ante la medida e incluso desconfía de ella abiertamente.

Nicolás Maduro y varios dirigentes del PSUV han hablado de una asamblea constituyente de la clase obrera y el pueblo. “Convoco una Constituyente ciudadana, no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígena, pero sobre todo, hermanos, una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a los misiones (...)” (http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39774863)

Según declaraciones posteriores, al menos 250 de los 500 constituyentes serían electos por sectores y gremios. Se ha hablado de participantes en las misiones, trabajadores, pensionistas, consejos comunales, etc.; aunque todavía no está clara la forma concreta, qué sectores ni cuántos delegados corresponderían a cada uno. Paradójicamente, algunos críticos de extrema derecha de la revolución bolivariana han coincidido con organizaciones de izquierda acríticas con la política seguida últimamente por el gobierno venezolano, en comparar este procedimiento de elección con la democracia directa soviética. Pero ¿tiene realmente algo que ver la Constituyente planteada con los sóviets, es decir, los organismos elegibles y revocables democráticamente que permitieron a la clase obrera y los campesinos tomar el poder en Rusia y construir un Estado socialista y revolucionario hace ahora 100 años?

Si fuese así obviamente representaría un enorme paso adelante. Pero, lamentablemente, la respuesta a esta pregunta es negativa. La Constituyente no tiene nada que ver con el desarrollo de organismos de poder obrero. El desarrollo de la democracia obrera en forma de sóviets, o lo que es lo mismo, de consejos de trabajadores, campesinos y soldados que se establecen como los órganos del poder revolucionario en transición hacia el socialismo y vertebran al Estado Obrero, sólo puede ser producto de la acción consciente e independiente desde abajo de los propios trabajadores. Nunca de medidas decretadas por arriba, y menos por parte de un gobierno que al mismo tiempo busca acuerdos con la burguesía.

El desarrollo del poder de la clase obrera y el pueblo implica necesariamente la destrucción del Estado burgués con sus privilegios, leyes e instrumentos de represión (ministerios, gobernaciones, alcaldías, ejército y policía separados del pueblo), y su sustitución por el poder de la clase obrera controlando democráticamente el nuevo Estado socialista de transición, a través de consejos de delegados elegibles y revocables en todo momento, sometidos al control permanente de quienes les han elegido y donde cualquier representante electo o cargo público no cobre un salario superior al de un trabajador cualificado. Esto debe ir unido necesariamente a la expropiación de las principales fuentes de producción de riqueza, los medios de producción y el sector financiero (las fábricas, la tierra y los bancos,) para que puedan ser gestionados democráticamente y se planifique la economía en función de resolver las necesidades del pueblo.

La convocatoria de Asamblea constituyente por el gobierno bolivariano no representa ninguna medida revolucionaria. No incluye ninguno de los objetivos antes mencionados. No va unida a ningún plan para poner las fábricas, la tierra o los bancos bajo la administración directa y democrática de los trabajadores y el pueblo. Todo lo contrario. El objetivo de la Constituyente y las demás medidas políticas y económicas que ha presentado el gobierno es reforzar el aparato del Estado, que sigue siendo burgués, y los acuerdos ya mencionados con distintos sectores de la burguesía nacional e internacional. Esto es algo que debe ser rechazado por todos los que luchamos por acabar con el capitalismo y hacer realidad una sociedad socialista. En los nueve puntos citados por el Presidente Maduro como objetivos para la Constituyente, el socialismo ni siquiera se menciona, siendo sustituido por la promesa de un llamado “modelo económico post-petrolero”. Lo mismo ocurre con el poder popular, el control obrero o el llamado a movilizarse contra la burocracia. Lo que sí se menciona es el llamado a la alianza con los empresarios y a construir una Venezuela “para todos”. De hecho, hasta el momento el sector con el cual ha tenido más reuniones el gobierno para presentar la propuesta de Constituyente es el empresarial.

Organizar a los trabajadores y el pueblo para hacer la revolución dentro de la revolución y acabar con los capitalistas y los burócratas

Uno de los argumentos de los defensores de la Asamblea Constituyente es que, dada la ofensiva contrarrevolucionaria y la presión internacional, “no se podía hacer otra cosa”. Pero ¿es esto cierto? ¡Claro que no! Sí se puede, y se debe, hacer otra cosa. Se puede y se debe hacer lo que las bases vienen exigiendo desde hace tiempo y el propio Chávez llegó a plantear poco antes de su muerte: dar un golpe de timón a la izquierda y hacer una revolución dentro de la revolución que arranque el poder económico y político de las manos de quienes hoy lo tienen (y están llevando la economía al desastre), los capitalistas y burócratas, y ponerlo en manos de la clase obrera y el pueblo. Pero esto sólo lo pueden hacer los propios trabajadores y el conjunto de los explotados. ¿Cómo? Estableciendo una Asamblea Revolucionaria de delegados elegidos, y revocables, en las fábricas, el campo y los cuarteles, y adoptando un programa socialista para combatir a la burguesía y a la burocracia “bolivariana”, que se declara socialista, pero comparte negocios multimillonarios con los capitalistas, colabora en socavar las conquistas revolucionarias y, hoy por hoy, controla una parte considerable del aparato del Estado.

Si las elecciones a la Constituyente finalmente llegan a celebrarse y, como parece probable en este momento, sirven para que muchos de esos mismos dirigentes que han impedido el desarrollo del poder de la clase obrera sean una vez más designados “representantes del pueblo”; si siguen al frente quienes han utilizado el discurso socialista y la imagen de Chávez para auparse al poder y acumular privilegios mientras la población sigue sufriendo problemas como la inflación o el desabastecimiento, ninguno de los problemas que han llevado a la actual situación de desmoralización entre las masas y avance cada vez más peligroso de la contrarrevolución será solucionado.

Sólo hay un modo de evitar tanto la victoria de la contrarrevolución burguesa, que representan los planes de la MUD y el imperialismo, como la degeneración burocrática del proceso que liquide las conquistas revolucionarias y finalmente refuerce el poder de los capitalistas. Los trabajadores y el pueblo, que fuimos quienes hicimos avanzar la revolución y supimos defenderla de todos los ataques del imperialismo y los contrarrevolucionarios, tenemos que movilizarnos y organizarnos de manera independiente para luchar por nuestros derechos y reivindicaciones y defender las conquistas revolucionarias hoy amenazadas.

El 1 de mayo varias organizaciones de base chavistas pero críticas con las políticas que últimamente ha aplicado el gobierno discutían conformar un frente unitario y llamar a los sectores del PSUV que tampoco comparten la política de alianzas con la burguesía para luchar juntos por una política revolucionaria. Este debe ser el camino. Sólo el pueblo salva al pueblo. Sólo la unidad de los jóvenes, campesinos, trabajadores y soldados revolucionarios para luchar por un programa anticapitalista, socialista, internacionalista y antiburocrático que ponga todo el poder político y económico en manos de la clase obrera, puede evitar una derrota trágica de la revolución en Venezuela.