El pasado jueves 30 de agosto las calles de Buenos Aires se llenaron de docentes y estudiantes de las universidades públicas del país, en una Gran Marcha Educativa contra los planes de recortes del presidente Macri.
Él éxito de la movilización ha sido arrollador: Tras 4 semanas de huelga, los estudiantes y profesores desbordaron la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Además de la paralización de las clases en las 57 universidades públicas nacionales, los estudiantes y trabajadores han protagonizado tomas de instituciones educativas a lo largo de todo el país. El paro, que en principio se había ratificado hasta el 1 de septiembre, finalmente se ha ampliado una semana más ante la decisión del Gobierno de aplazar la mesa de negociación al siguiente lunes.
Un Gobierno al servicio de los ricos y especuladores
Mauricio Macri llegó a la presidencia de argentina en 2015 con el objetivo de garantizar que la delicada situación económica no afectara a los beneficios de la élite económica a la que representa. Para ello, desde el primer momento, empezó a aplicar toda una serie de medidas para descargar el peso de la crisis del capitalismo argentino sobre las espaldas de los trabajadores. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, a pesar del sufrimiento que estas medidas suponen para la mayoría de la población, lejos de haber estabilizado la situación económica, ha sido necesario un rescate del FMI por más de 50.000 millones de dólares, acompañado de una nueva batería de ajustes en un contexto de profunda contestación social contra la política del Gobierno.
La desestabilización de la economía argentina está alcanzando niveles críticos. La inflación se ha colocado entre las más altas del mundo, estando en estos momentos en torno al 30%, siendo los precios de alimentación y bebida los que más suben. Las propias previsiones del Gobierno auguran que el desastre económico seguirá profundizándose; la inflación según el Ejecutivo argentino acabará el año en un 42% y el PIB se contraerá un 2.4%.
Como consecuencia de todas estas políticas la educación pública en Argentina se encuentra al borde del abismo. En 2018 la universidad afronta un recorte presupuestario por valor de 26.4 millones de dólares, de un presupuesto total de 2600, ya de por si insuficiente. Esto conduce entre otras cosas a la falta de fondos para prácticas y tareas de investigación, a que más de 20 casas de estudio corran el riesgo de no poder afrontar sus deudas en lo que queda de año y a una pauperización dramática de las condiciones de vida de los trabajadores de universidad, al quedar sus salarios consumidos por la inflación.
Las masas argentinas están a la ofensiva contra Macri
La comunidad universitaria está respondiendo a estos ataques con la movilización masiva. Las principales reivindicaciones son una subida generalizada de salarios del 30% y una cláusula que garantice automáticamente un incremento superior que compense la inflación en caso de que esta supere este umbral.
Estas movilizaciones se están sucediendo en la estela de la explosión de los jubilados, la huelga general que tuvo lugar el pasado junio y la histórica movilización feminista que han librado las mujeres en Argentina en contra de los asesinatos machistas y en favor del derecho al aborto libre y gratuito.
La movilización está yendo mucho más allá del ámbito educativo; los profesores y los estudiantes están cuestionando la política de Macri en un momento en el que su compromiso con la reducción del déficit amenaza con continuar profundizando los recortes en educación.
En este contexto, la fuerza desplegada por el sector educativo ha sido tan grande, que el Gobierno de Macri, que durante meses negó inflexiblemente una subida salarial a los docentes superior al 15%, reconocía unos días antes de la marcha educativa, que esto era insuficiente y anunciaba subidas que equivalían a un 21%. Nadie duda de que esta oferta, además de ser completamente insuficiente, ya que ofreciendo sumas fijas, puede quedarse en nada con el aumento galopante de la inflación, solo busca apaciguar una movilización que ha contribuido profundamente a desestabilizar a un Gobierno que se encuentra en medio de la aplicación de unos planes salvajes de austeridad y con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Los docentes argentinos se han negado rotundamente a aceptar la oferta de Macri y no han caído en la celada tendida por el Gobierno.
La situación general en Argentina es tal, que las centrales sindicales, cuya política se caracteriza por la defensa de la paz social, se han visto obligadas a anunciar, inmediatamente después de la Gran Marcha Nacional Educativa, una huelga general para el próximo 25 de septiembre.
Cada vez es más intensa la crítica hacia las direcciones sindicales que avanza a trompicones ante el empuje de la movilización, y hacía los políticos del kirchnerismo y el peronismo que continúan pactando acuerdos con Macri para avanzar por la senda de los ajustes comprometidos con el FMI.
En estos momentos los acontecimientos en Argentina están adquiriendo una velocidad vertiginosa, con la economía al borde del abismo, el Gobierno embarcado en una política de ataques brutales contra las condiciones de vida de las masas y con los trabajadores, pensionistas y jóvenes dispuestos a plantar cara a un Ejecutivo siervo del FMI y los grandes capitalistas.
