>Aumenta espectacularmente el rechazo a Bolsonaro

Cien días después de tomar posesión, el Gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro tiene los peores índices de popularidad obtenidos por cualquier Gobierno brasileño luego de tres meses de mandato, desde el final de la dictadura. Según la encuestadora Datafolha, un 30% considera mala o pésima su gestión, un 33% regular y solo el 32% la califica como buena.

Tres meses de corrupción, parálisis y crisis política

Varios familiares y altos cargos del partido de Bolsonaro (PSL) se han visto implicados en escándalos de corrupción y uno de sus hijos, Flavio Bolsonaro, exdiputado en la Asamblea Legislativa de  Río de Janeiro y actualmente senador federal, ha sido incluso acusado de vínculos con el crimen organizado.

El hijo mayor de Bolsonaro mantenía en nómina a la mujer e hija de Adriano Magalhaes de la Nóbrega. Este siniestro personaje, capitán de policía, se encuentra actualmente fugitivo de la justicia tras ser denunciado como uno de los jefes de la Oficina del Crimen, una organización criminal formada por policías corruptos y mafiosos vinculados a la extrema derecha. Entre otras actividades legales e ilegales, la Oficina del Crimen se dedica a la especulación inmobiliaria y sus actividades y las de otras organizaciones criminales fueron denunciadas por la activista social, dirigente feminista y concejala de la izquierda en al Ayuntamiento de Río de Janeiro, Marielle Franco del Partido Socialismo e Libertade (PSOL). Magalhaes y la Oficina del Crimen son investigados como posibles autores del brutal asesinato de Marielle.

Estos y otros escándalos, las declaraciones de Bolsonaro apoyando la sangrienta dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985, o diferentes comentarios de carácter racista y homófobo por parte de éste, han incrementado a lo largo de los últimos meses el rechazo a su Gobierno. Pero el principal factor que alimenta el descrédito de este es la profundidad de la crisis del capitalismo brasileño y la imposibilidad para la clase dominante de abordarla con medidas que no sean un ataque salvaje contra los derechos de los trabajadores y el pueblo.

Todas las promesas demagógicas realizadas por Bolsonaro durante su campaña ahora se han convertido en un boomerang que le pasa factura.  “La expansión del PIB fue pírrica —solo un 0,1% respecto a los tres meses inmediatamente anteriores— y no reflejó el optimismo del mercado y del sector privado tras la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro”, explica el diario El País.

La crisis del capitalismo brasileño pone en jaque a Bolsonaro

A comienzos de año el FMI volvió a rebajar la previsión de crecimiento para la economía brasileña para 2019 en cuatro décimas: del 2,5 al 2,1%. Aunque distintos expertos consideran que la reducción será mayor. La tasa oficial de desempleo pasó del 11,6% al 12,4% desde la toma de posesión del presidente de extrema derecha, con un incremento de 892.000 nuevos desempleados. Esto ha elevado el número total de parados a 13,1 millones. Sumando los trabajadores no contabilizados como parados que no encuentran empleo a tiempo completo, los subempleados o “población activa subutilizada” alcanzan la friolera de 27,5 millones de personas. Las desigualdades sociales y la pobreza también siguen creciendo.

Respecto a las tasas de criminalidad (uno de los aspectos que más explotó demagógicamente y prometió resolver Bolsonaro durante su campaña) tanto los robos como homicidios siguen en niveles récord, haciendo de Brasil uno de los países más violentos e inseguros del mundo.

Como consecuencia de todo lo comentado anteriormente, la polarización política y social que ya evidenciaron los resultados de las elecciones presidenciales sigue agudizándose, afectando a la base electoral de clase media y algunos sectores atrasados y desesperados de trabajadores y desempleados cuyo voto consiguió Bolsonaro en octubre de 2018. 

La Agencia EFE Edición América publicaba recientemente las respuestas a una miniencuesta realizada entre pequeños comerciantes del mercado de Sao Paulo, uno de los graneros electorales de Bolsonaro hace 7 meses. El artículo evidencia la decepción e impaciencia creciente con el Gobierno de buena parte de sus votantes. Mientras varios de los entrevistados responsabilizan al propio Bolsonaro y sus ministros de que su situación no haya mejorado nada en estos meses, otro sector cierra filas con Bolsonaro y su partido y culpa a los partidos burgueses tradicionales (y al PT) de bloquear la acción del nuevo Gobierno al no disponer el PSL de Bolsonaro de mayoría en el Parlamento.

Los mayores niveles de rechazo al Gobierno se dan entre trabajadores, campesinos y capas inferiores de la clase media. En los estados industriales del Sur, donde Bolsonaro consiguió un 68% de votos, es donde más ha caído su popularidad: por debajo del 39%. Por el contrario, el índice de aprobación de Bolsonaro es superior a la media (41%) “entre aquellas personas con estudios e ingresos entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales”.

La creciente polarización y este aumento tan rápido del rechazo al Gobierno empiezan a generar preocupación y divisiones dentro de la propia clase dominante. Una encuesta de la firma XP Inversores, preguntaba por la aprobación a la gestión del Gobierno de la ultraderecha durante estos tres primeros meses de mandato entre analistas, economistas y gestores de mercado. El resultado es que Bolsonaro suspende. La aprobación a su gestión ha pasado del 70% tras las primeras semanas  a un 28% actualmente. “El desempeño del presidente hasta la fecha ha sido decepcionante”, declaraba a la agencia  de noticias AFP Thomaz Favaro, de la consultora Control Risks. “Hubo una percepción errónea de que Bolsonaro venía con una base de apoyo muy fuerte y creo que ahora empezamos a ver que tal vez no lo sea tanto”.

Ofensiva contra los indígenas y el medio ambiente

Uno de los principales apoyos a la campaña de Bolsonaro fue el de los grandes terratenientes y ganaderos. La burguesía agraria impulsa desde hace años bandas paramilitares que asesinan impunemente a luchadores campesinos e indígenas y activistas en defensa del medio ambiente con el objetivo de invadir las mejores tierras y desplazar de ellas a sus habitantes.

Animados por la victoria ultraderechista, grupos empresariales mineros, madereros, agrarios y ganaderos han lanzado una ofensiva brutal para hacerse con reservas indígenas y bosques protegidos por su alto valor ecológico. En este momento, al menos 14 territorios indígenas están sufriendo ataques por parte del Gobierno y los latifundistas. El Gobierno ha anunciado varios megaproyectos de infraestructuras que beneficiarán a los grandes monopolios brasileños y multinacionales pero no han sido discutidos  con las poblaciones indígenas. No solo eso: estos proyectos pueden suponer la expulsión de sus tierras y destrucción de sus formas de vida y fuentes de riqueza para los pueblos originarios y graves daños ecológicos a una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.

Uno de estos proyectos, por ejemplo, es un tendido eléctrico de más de 100 kilómetros que afectará a las fuentes de riqueza de varias comunidades indígenas pero “no proporcionará  energía a las aldeas o asentamientos indígenas” por los que pasa. Otro es la destrucción de la reserva indígena de Raposa Serra do Sol. Se trata de 1,7 millones de hectáreas fronterizas con Venezuela y Guyana en las que viven 25.000 indígenas de la tribu macuxi, que Bolsonaro ha definido como “el área más rica del mundo” y ha planteado la necesidad de “explotarla racionalmente”.

Desde la victoria de Bolsonaro las invasiones de tierras por parte de latifundistas, empresa mineras o madereras, se han incrementado en un 150% (El País, Blog de Fiona Watson) En noviembre de 2018 -primer mes tras la victoria ultraderechista- la superficie de selva amazónica destruida también creció un  400%  respecto al mismo mes del año pasado. En diciembre aumentó un 37% interanual. (https://www.esglobal.org/el-desafio-de-bolsonaro-al-amazonas/)

Los pueblos indígenas y las organizaciones campesinas están respondiendo a esta situación con movilizaciones. En enero se planteó una primera oleada de protestas (“el enero rojo”) que contó con acompañamiento y solidaridad internacional. Están previstas nuevas movilizaciones y se prepara una marcha indígena hasta la capital: Brasilia.

Un ejemplo de que la movilización es lo único que puede derrotar los ataques del Gobierno lo proporciona la información divulgada por el blog de la periodista escocesa Fiona Watson, y reproducida por un medio tan poco sospechoso de animar la organización y lucha de los oprimidos como el diario español El País en su edición digital latinoamericana. Tras anunciar el Ministro de Salud de Bolsonaro la eliminación del sistema sanitario propio conquistado por los pueblos indígenas (SESAI), que les permite recibir atención médica en su propia lengua, con profesionales especializados y respeto a sus particularidades “De Paraná a Rondônia, de Pernambuco a Mato Grosso do Sul, grupos indígenas ocuparon edificios públicos y carreteras en apoyo al SESAI. El ministro se echó atrás y aseguró públicamente que el sistema de salud indígena no será abolido”.

Unificar a todos los sectores en lucha contra los ataques del Gobierno

Brasil es un ejemplo de como la lucha en defensa del medio ambiente solo puede avanzar si va unida en todo momento a la lucha de los campesinos, trabajadores agrícolas y pueblo indígenas por sus derechos, la denuncia de las políticas de expoliación y saqueo del capitalismo y los partidos y Gobiernos de derecha y extrema derecha y la defensa contundente de un programa socialista que plantee la expropiación de las grandes empresas, los bancos y los latifundios.

Una de las tareas centrales de la izquierda brasileña debe ser unir la lucha de los indígenas y campesinos a la lucha en defensa del medio ambiente y contra el cambio climático y todas las demás luchas que están protagonizando diferentes  colectivos y sectores sociales contra la políticas del Gobierno de ultraderecha.

Las condiciones para hacerlo existen. La movilización más masiva y combativa contra Bolsonaro durante la campaña electoral fue organizada por colectivos feministas, LGTBI y trans. Centenares de miles de personas, en su gran mayoría pertenecientes a la clase obrera y los sectores más pobres de la población, tomaron las calles.

Desde entonces el cuestionamiento a Bolsonaro ha aumentado claramente. El malestar en la sociedad brasileña es tan profundo,  el ambiente de desafío y cuestionamiento al Gobierno de Bolsonaro crece tan rápido, que hasta encontró expresión de manera espontánea en febrero en la fiesta más popular de Brasil. “El carnaval con tintes políticos se abre paso este año en las calles de Brasil con comparsas que reivindican la lucha de las mujeres por la igualdad y claman contra el ultraderechista Jair Bolsonaro” (www.eldiario.es).

Los estudiantes también han vuelto a protagonizar recientemente movilizaciones y ocupaciones en distintas escuelas y facultades contra el recorte del presupuesto educativo y varias medidas reaccionarias planteadas por el Ministerio de Educación. En este momento dentro de los sindicatos se discute la posible convocatoria de una huelga general contra la reforma de las pensiones que ha presentado el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, y que está siendo sometida a debate en el Parlamento.

Organizar una huelga general en defensa de las pensiones y demás derechos amenazados

El  plan presentado por Guedes es una declaración de guerra a la clase obrera: plantea aumentar la edad de jubilación a 65 años para los hombres y 62 para las mujeres y acabar con el sistema público de pensiones, sustituyéndolo por fondos privados siguiendo el modelo aplicado en Chile en 1981, bajo la dictadura de Pinochet. Este modelo ha reportado suculentos beneficios a los grandes bancos y convertido los últimos años de vida de millones de hombres y mujeres en un auténtico infierno.

Se trata de una reforma de las pensiones que la burguesía brasileña discute desde hace tiempo y el Gobierno de derechas de Temer no se atrevió a llevar adelante por temor a sus efectos sociales, tras la huelga general contra la reforma laboral de abril de 2017. Aunque el rechazo que sufre el Gobierno y la crisis política que han provocado las crecientes divisiones en el seno de la clase dominante acerca de qué camino tomar a corto plazo, han hecho que por el momento la reforma no haya sido aprobada, esta responde a necesidades estratégicas para la clase dominante y lo único que puede evitar que este y otros ataques contra los derechos de los trabajadores se lleven a cabo es la movilización masiva y generalizada de la clase obrera, y la vinculación de esta movilización con el resto de luchas y reivindicaciones que hemos explicado anteriormente.

El 22 de marzo se celebraba una primera jornada de movilización contra la reforma. En Sao Paulo  40.000 trabajadores marcharon por la Avenida Paulista. Varias decenas de miles más lo hicieron en el resto de ciudades importantes. Además, los trabajadores metalúrgicos de la Ford de Sao Bernardo, en lucha contra la amenaza de cierre de la planta, se movilizaron conjuntamente con los de Mercedes Benz.

Trabajadores metalúrgicos, químicos, profesores, empleados públicos, petroleros y otros muchos sectores celebraban asambleas y movilizaciones en sus centros de trabajo. En estas asambleas se apoyó la celebración de un 1 de mayo unitario contra la reforma de las pensiones y los demás ataques. Muchas asambleas y colectivos sindicales plantearon además la necesidad de que se organice  desde ya una huelga general.

Por un frente único de la izquierda con un programa socialista y revolucionario

Una tarea central de los activistas de la izquierda combativa  debe ser impulsar comités de acción en cada centro de trabajo que preparen esa huelga y luchen por vincularla a todas las demás movilizaciones en respuesta a los ataques del Gobierno. Hay que sacar conclusiones de la huelga general organizada en abril de 2017 contra la reforma laboral. Entonces la burocracia del PT y PCdoB al frente de la CUT y de otras centrales, frenaron la lucha, negándose a extender y dar continuidad a la huelga cuando era el momento de dar un paso adelante. El resultado fue paralizar y desmovilizar a la clase obrera. En el terreno político esto contribuyó a allanar el camino para el crecimiento electoral y la victoria de Bolsonaro al año siguiente.

Los compañeros y compañeras del PSOL, PSTU, PCB, sindicatos combativos, MST, MTST, deben organizar un frente único de la izquierda de lucha, incorporando a las organizaciones feministas revolucionarias, movimientos campesinos e indígenas, etc. y llamando a aquellos militantes de base del PT y la CUT dispuestos a luchar, a romper con los métodos y programa reformistas y burocráticos de la dirección petista y organizar una gran huelga general contra el Gobierno de Bolsonaro, como primer paso de una movilización continuada hasta derrotarle.

Este plan de lucha debe ir acompañado por un programa socialista que plantee la expropiación de los bancos, las grandes empresas y la tierra para que sean administradas por los trabajadores y el pueblo como único modo de planificar democráticamente la economía y satisfacer las necesidades sociales.