¡Levantar una alternativa revolucionaria para combatir a la burocracia y los capitalistas! ¡Luchar por un genuino programa socialista!
El 31 de Agosto la oposición de derecha y ultraderecha anunciaba su decisión unánime de participar en la megaelección de alcaldes, gobernadores, diputados regionales y concejales del próximo 21 de noviembre. Esta decisión supone reconocer el fracaso evidente de la estrategia golpista asumida desde enero de 2019 por estos dirigentes y el imperialismo estadounidense. A corto plazo, también significa un fortalecimiento del gobierno de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, los resultados de las primarias celebradas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el pasado 8 de agosto han vuelto a poner de manifiesto el rechazo creciente entre las masas a las políticas capitalistas de recortes y ataques a sus derechos que esta aplicando el gobierno.
Unas primarias nada democráticas y que reflejan el malestar con la burocracia
Las elecciones fueron planeadas por la burocracia con el objetivo de transmitir un imagen de fuerza y frenar la caída de votos que viene acumulando el partido desde 2018. Para incrementar la participación, la convocatoria era abierta a todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, militantes o no del PSUV. Además, instalaron menos centros de votación y máquinas para ejercer el voto que otras ocasiones, intentando crear el efecto mediático de una fuerte movilización.
Pero el desastre ha sido de tal magnitud que la participación reconocida oficialmente fue de 3 millones y medio de votantes, apenas el 17,6% del electorado: 800.000 votos menos que la votación del PSUV en las legislativas de diciembre de 2020, cuando ganó con uno de sus peores resultados históricos y una abstención récord.
Millones de jóvenes y trabajadores que apoyaban a Chávez - con votaciones superiores a los 7 millones de votos - se muestran cada vez más escépticos y alejados de un partido que identifican con la burocratización, la corrupción y la liquidación de los avances conseguidos durante el proceso revolucionario. Pero estas elecciones han mostrado que el malestar también aumenta entre los trabajadores y sectores populares que siguen votando e incluso militando en el PSUV. Esto se reflejó en la presentación de candidaturas alternativas por algunos sectores críticos aunque ,sobre todo, en duros enfrentamientos entre distintas candidaturas burocráticas, lanzándose todo tipo de acusaciones para intentar sintonizar con el ambiente crítico de las bases.
Aunque la comisión electoral del partido declaró que se respetaría la decisión de la militancia, e incluso señaló que el ventajismo sería sancionado descalificando a los infractores, como era de esperar todo quedó en puro discurso. Las bases terminaron molestas y chocando con las políticas clientelares y represivas de la burocracia.
El llamado a la unidad de la dirección terminó en enfrentamientos físicos, amenazas y denuncias de corrupción. Los resultados de los candidatos a 12 gobernaciones fueron considerados amañados y en 8 regiones restantes la dirección impuso candidatos que no participaron en la contienda. Lo mismo pasó en la gran mayoría de las candidaturas a las 335 alcaldías, los 253 candidatos a diputados regionales y más de 2400 a concejales. En estos dos últimos casos se suspendió el proceso, al parecer para evitar el surgimiento de liderazgos críticos y considerados incontrolables por la dirección, provocando más rabia y decepción.
Este malestar, y su reflejo incluso en sectores de la burocracia, es producto del tremendo retroceso en las condiciones de vida del pueblo que está suponiendo la agenda capitalista del gobierno. De la mano de los imperialistas chinos y rusos, Maduro ha dado pasos importantes en la consolidación de un régimen bonapartista burgués basado en la burocracia estatal y del partido, la cúpula militar y la llamada “boliburguesía”, surgida de las filas de ambas. Aunque el gobierno habla de “legado de Chávez”, “socialismo” y “revolución” toda su política busca estabilizar el capitalismo y demostrar a los diferentes sectores de la burguesía que pueden gestionar la crisis del sistema y aplicar las políticas que necesitan.
Beneficios récord para los ricos, más sufrimiento para el pueblo trabajador
Estas políticas están agudizando todas las contradicciones y desequilibrios que ya acumulaba la economía venezolana producto del parasitismo y corrupción de capitalistas y burócratas y las criminales sanciones y bloqueo del imperialismo estadounidense. La producción petrolera (clave para las finanzas estatales) ha seguido desplomándose, representando un 45% menos que antes de las sanciones. La inflación sigue aumentando y la dolarización de la economía solo está beneficiando a los capitalistas y burócratas. Mientras, todos los avances conseguidos por la clase obrera y el pueblo con su organización y movilización durante el proceso revolucionario liderado por Hugo Chávez están siendo desmantelados.
Según datos del Banco Central de Venezuela, de 2014 a 2017 el capital privado pasó de apropiarse del 31% del PIB al 50%. Mientras, los trabajadores pasamos del 36% al 18%. Desde 2017, también según el BCV, la explotación de los trabajadores venezolanos por los empresarios aumentó un 247%. Por cada bolívar de salario recibido, los empresarios ganan 30. De 2018 a la fecha el salario real ha caído un 99%.
El gobierno está profundizando aún más esa agenda asistiendo a los actos de Fedecámaras, invitándoles a incorporarse en los planes económicos que está llevando adelante, en los que, por cierto, ya viene participando la “boliburguesía”: exoneraciones de impuestos y aranceles a las importaciones para amplios sectores empresariales en el país, la ley orgánica de las “zonas económicas especiales”, la llamada “ley anti-bloqueo” (que le permite establecer acuerdos con empresas nacionales y multinacionales sin control alguno) más otras leyes aprobadas en la Asamblea Nacional Constituyente. Tanto voceros gubernamentales como de las cámaras empresariales han llegado a plantear que una recuperación de la economía necesitará 40 años. La realidad es que los empresarios están obteniendo estupendas ganancias y quieren más.
Estas condiciones económicas que promueve el gobierno para la burguesía alimentan la lucha entre distintos grupos burocráticos que quieren colocarse al frente de las negociaciones y de la administración regional de esos acuerdos con los empresarios para manejarlos en su propio beneficio.
La liberación de fascistas y reaccionarios que promovieron violencia contra el pueblo durante las diferentes ofensivas golpistas y la retirada de la inhabilitación política a muchos de ellos, como parte de la negociación, forma parte de esa política de buscar acuerdos con la burguesía y representa una burla para quienes luchamos en la calle contra el imperialismo y el fascismo. Hemos visto la liberación de dirigentes de la extrema derecha, como Freddy Guevara, y la llegada de otros al país haciendo campaña y aspirando a ser candidato el 21N, a pesar de estar involucrados en la promoción y organización de peligrosas bandas delictivas en los barrios, asesinatos de líderes sociales chavistas y golpes de estado.
Las perspectivas electorales y las tareas de los revolucionarios
Aunque existen divisiones importantes en su seno y se encuentran con unas bases desmovilizadas y desgastadas, la derecha ve el rechazo social que también existe al PSUV ,y que tiende a agudizarse con la disposición del gobierno a llevar adelante medidas económicas antipopulares, y esperan que se les presente un ambiente adecuado para recuperar fuerzas y pasar nuevamente a la ofensiva.
Para ello, sus principales partidos (el G4) se la están jugando con la tarjeta de la MUD, la cual fue habilitada como parte de los acuerdos. De no lograrlo, la crisis y desmoralización en sus filas se vería aún más reforzada. Por otro lado, el oficialismo intentará recuperar como mínimo la movilización de un 25% de sus bases, utilizando todos los recursos del estado y las prebendas necesarias para conseguirlo. No obstante, dado el ambiente crítico entre los votantes de unos y otros, no está claro que ninguno consiga plenamente sus objetivos.
Según algunas encuestadoras, un 60% de la población muestra intención de participar en las elecciones del 21N. Estas también plantean que un 84% desea un cambio de gobierno, pero hay un fuerte rechazo hacia los candidatos opositores y oficialistas. Incluso un 28% estaría dispuesto a votar por candidatos independientes.
Las sanciones imperialistas y la corrupción de la burocracia han generado una enorme decepción en las masas, que buscan con desesperación salir de este colapso. Pero la profundidad del colapso económico ha creado un ambiente de dispersión, desmoralización y lucha por sobrevivir entre las masas y debilitado al movimiento obrero y popular. Este debilitamiento se ve agudizado por las políticas represivas del gobierno.
La respuesta de Maduro y los dirigentes del PSUV al creciente descontento por la izquierda con sus políticas está siendo aumentar la represión y criminalizar la protesta social. Durante los últimos meses hemos visto el encarcelamiento de varios dirigentes sindicales y líderes sociales cuyo “delito” es luchar por defender las conquistas logradas por los trabajadores y el pueblo antes y durante los gobiernos de Hugo Chávez. Hemos visto numerosas agresiones políticas e institucionales contra campesinos y obreros en lucha, amenazas, censuras mediáticas, expulsión arbitraria de militantes de base críticos con los dirigentes del PSUV,...
A todo eso se une el temor al contagio de la COVID-19 por la extensión y agudización de la pandemia, a pesar de los anuncios oficiales de vacunación, supuestas bajas cifras de contagiados y fallecimientos, etc. Todos estos factores son muy reales y dificultan objetivamente el desarrollo de la movilización obrera y popular y la construcción de una izquierda revolucionaria de masas. Precisamente por eso, el único modo de hacerle frente es levantar una alternativa revolucionaria con un programa y un plan de lucha que los reconozca claramente, explique sus causas y plantee cómo superarlos.
¡Únete a IR! !Fortalezcamos la APR con el programa y métodos del marxismo revolucionario!
El surgimiento de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), formada por diferentes fuerzas políticas de izquierda que rechazamos las políticas capitalistas del gobierno y al mismo tiempo denunciamos y combatimos a la oposición de derechas y al imperialismo, fue vista por miles de activistas como un paso muy importante.
Como parte de las políticas represivas del gobierno denunciadas anteriormente, éste está recurriendo a todo tipo de maniobras antidemocráticas para impedir el desarrollo de la APR.Tras utilizar su control del poder judicial para destituir de manera autoritaria a dirigentes de varios de los partidos que la crearon e impedirles utilizar su tarjeta electoral en las legislativas de diciembre de 2020, ahora han inhabilitado de forma injustificada y totalmente escandalosa el candidato de la APR a la alcaldía de Caracas: el ex ministro de Chávez Eduardo Samán, temiendo el apoyo que podía recibir en la capital.
Desde Izquierda Revolucionaria defendemos la necesidad de fortalecer la APR como herramienta de lucha y organización en los barrios obreros y populares, centros de trabajo y de estudio para combatir esta ofensiva burocrática y represiva. Para ello la APR debe organizarse no como un enlace por arriba y meramente electoral entre cúpulas partidarias (tal como están planteando algunos dirigentes de partidos que la integran) sino como un frente único de lucha, impulsando comités y asambleas de jóvenes, trabajadores, campesinos en los centros de trabajo y los barrios que tomen todas las decisiones y planteando un programa y un plan de acción que haga confluir todas las reivindicaciones obreras y populares. Todos los dirigentes y candidatos de la APR deben ser elegidos y revocables por las bases y estar sometidos a su control en todo momento. Sólo así evitaremos las desviaciones, burocratización y corrupción que hemos visto desarrollarse en el PSUV y otras organizaciones de izquierda.
La tarea clave del momento es defender esas ideas en las comunidades, centros de trabajo y estudios, dentro de la APR, en los sindicatos y en el conjunto del movimiento obrero y popular, luchando por un programa que plantee de manera clara y decidida la confiscación de la banca, las grandes empresas y la tierra para arrancarlas de las manos de los capitalistas y burócratas y ponerlas bajo gestión directa de los trabajadores y el pueblo, planificando democráticamente la economía. Solo así es podremos resolver los problemas que sufrimos.
Este programa permitiría agrupar a miles de activistas que, pese a la desmoralización que generan el colapso económico y las políticas clientelares y represivas de la burocracia, están buscando un camino para transformar la sociedad. ¡Si estás de acuerdo con estas ideas, únete a Izquierda Revolucionaria!
