Las primarias (PASO)[1] celebradas el pasado 12 de septiembre han provocado un auténtico terremoto político, y pueden ser un anticipo de lo que ocurra el 14 de noviembre, cuando se celebren las elecciones legislativas[2]. La posibilidad de que la derecha sea la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados y recorte diferencias, o incluso se convierta en la fuerza dominante en el Senado, ha ganado muchos enteros.
Los resultados
El Frente de Todos, la coalición peronista del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha sufrido una contundente derrota. Con el 31% de los votos, ha obtenido su peor resultado desde 1946. Respecto a 2019, cuando ganó las primarias con el 47,79% de los sufragios y las legislativas con el 48,10%, el varapalo ha sido inapelable. El peronismo pierde casi 5 millones de papeletas en relación a las legislativas de hace dos años y 18 de las 24 jurisdicciones del país, incluida la provincia de Buenos Aires, donde retrocede 15 puntos.
Las políticas procapitalistas practicadas por el Gobierno han resultado en un hundimiento mayor de las condiciones de vida de las masas, pasándole una dura factura en el frente electoral.
El principal beneficiario ha sido la derecha. Menos de dos años después de haber sufrido un severo descalabro frente al peronismo en las legislativas y en las presidenciales, Juntos por el Cambio, la plataforma electoral del expresidente Macri, se ha impuesto con algo más del 40% de los votos. Sin embargo, el desgaste de esta coalición también se ha hecho notar: ha perdido más de 1,5 millones en relación a las legislativas de 2019.
La caída de la participación (del 67,78%, casi 9 puntos menos que en 2019), en el contexto de una profunda crisis social y política instalada hace mucho en la sociedad argentina, muestra, esta vez en el frente electoral, el enorme descrédito que sufre entre las masas la política oficial.
Por otro lado, Avanza Libertad, coalición electoral ultraderechista creada en julio de este año y liderada por Javier Mieli, el “Bolsonaro argentino”, ha irrumpido con estruendo en el panorama político argentino. Esta formación, con presencia principalmente en la provincia de Buenos Aires, ha obtenido a nivel nacional el 6,5% de los votos (1,5 millones, recogiendo gran parte de lo perdido por Juntos por el Cambio) y el 13,6% en Buenos Aires, capital federal, reflejando la profundización del giro a la derecha de sectores de las capas medias. De mantener estos resultados en las legislativas de noviembre, podría obtener 4 escaños en el Parlamento.
Por su parte, el FIT-Unidad[3] ha conseguido los mejores resultados desde que concurre a las elecciones, reflejando la radicalización a la izquierda de amplios sectores de los trabajadores y jóvenes más comprometidos con la lucha. Con el 7,6% de los sufragios (1,6 millones) se sitúa como la tercera fuerza a nivel nacional, destacando el 23,6% alcanzado en la provincia de Jujuy, al noroeste del país.
Las organizaciones que constituyen esta coalición han estado en primera línea participando e impulsando multitud de luchas contra la carestía de la vida, los recortes sociales, por subidas salariales dignas, etc. Miles de activistas, ante el descrédito del peronismo gobernante, han optado por apoyar en las urnas a los candidatos del FIT-U, con los que han estado hombro con hombro en la movilización. El potencial para que una alternativa revolucionaria, que luche decididamente por la transformación socialista de la sociedad, pueda desarrollarse decisivamente es claro.
Para ello es necesario arrancar a la clase obrera de la influencia de las organizaciones que hoy predominan en el movimiento obrero. Esto solo se puede lograr mediante una crítica seria y rigurosa de la política de estas organizaciones y sus líderes y proponiendo a los sectores más combativos del peronismo un frente único de lucha por las reivindicaciones inmediatas que afectan a la vida de las masas.
Las promesas y gestos del Gobierno se estrellan con la miseria de las masas
En octubre de 2019, tras más de 4 años de presidencia de Mauricio Macri, millones de trabajadores argentinos votaron por el Frente de Todos, considerando esta opción como la más viable para deshacerse de Macri y sus políticas reaccionarias que habían destruido cientos de miles de puestos de trabajo, impuesto brutales recortes sociales y sumido en la pobreza a amplios sectores de la población.
Hoy, 21 meses después de que Alberto Fernández fuese investido presidente, la situación de las masas argentinas es todavía más desesperada. La pobreza alcanza a casi la mitad de la población, en torno a 22 millones de personas. Según un informe de la Universidad Católica Argentina, el 20,5% de los asalariados con empleo a tiempo completo se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La cifra alcanza el 27,3% entre los que tienen trabajos precarios. El 50% de los trabajadores recibe un salario un 17% menor de lo requerido para cubrir las necesidades básicas de una familia de 4 miembros.
La inflación, del 51,8% interanual actualmente, se come inmediatamente las tímidas subidas salariales. Según datos oficiales, el poder adquisitivo de los salarios ha caído un 20% desde 2018, aunque en realidad el retroceso es, sin duda, bastante mayor. En este contexto, un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso argentino determinó que el gasto en programas sociales se redujo en 2021 un 40,8% respecto al primer semestre de 2020.
A esta dramática situación social se suma una desastrosa gestión de la pandemia, que ha provocado ya 115.000 muertos. Y a pesar de que el promedio de nuevos casos diarios está en 1.595 y que tan solo el 47% de la población tiene la pauta completa de la vacuna, el Gobierno va a relajar todas las restricciones sanitarias en los próximos días.
Durante todo este tiempo, el Gobierno peronista ha contado con el inestimable apoyo de los dirigentes de los principales sindicatos argentinos. Estos han colaborado a fondo, firmando incrementos salariales por debajo de la inflación y poniendo toda la carne en el asador para frenar y boicotear cualquier lucha que amenazara la paz social. Este muro sindical ha sido un importante obstáculo con el que muchos trabajadores han chocado a la hora de emprender la lucha contra la pérdida de poder adquisitivo y contra el deterioro de las condiciones laborales.
Sin embargo, ni siquiera esto ha impedido que se hayan producido movilizaciones muy importantes, como la inmensa Marea Verde alzada en defensa de la legalización del derecho al aborto. También ha habido luchas obreras emblemáticas, entre las que cabe destacar la de los trabajadores de la salud en Neuquén, quienes han peleado duramente por conseguir una subida salarial real desafiando el boicot del sindicato del sector, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).
Mostrando que la temperatura social está alcanzando un punto límite, el 18 de agosto y el 16 de septiembre se organizaron dos marchas por el movimiento piquetero con manifestaciones en más de 20 provincias y cientos de miles de participantes.
Enfrentamientos dentro del peronismo y crisis en el Gobierno
La derrota electoral ha supuesto un torpedo en la línea de flotación del frágil pacto alcanzado por las distintas familias del peronismo dentro del Frente de Todos. Desde la investidura de Alberto Fernández como presidente las fricciones entre el kirchnerismo y el ala considerada más liberal del Gobierno, en la que se encuadra el presidente, han sido constantes.
Los desacuerdos de la vicepresidenta Cristina de Kirchner con el ministro de Economía Martín Guzmán, máximo valedor de la política económica del Gobierno y el hombre que mayor confianza inspira al FMI, han estado presentes en todo momento, trascendiendo a la opinión pública periódicamente. Así, mientras Guzmán ha defendido un rígido equilibrio fiscal, Cristina ha presionado para ser más flexible en este punto; respecto a la subida de tarifas de los servicios públicos, cuando desde el Ministerio de Economía se planteaba que fuera del 20%, los kirchneristas exigían el 10%[4]; frente a las negociaciones con el FMI, la vicepresidenta ha defendido exigir a este organismo ampliar el margen e incrementar a 20 años el plazo para pagar la deuda contraída, etc.
Lo cierto es que, a pesar de estos roces, la crítica de los kirchneristas no ha cuestionado el carácter de fondo de la política económica del Gobierno. Esta ha mantenido un rumbo claro: ajustes presupuestarios, topes salariales, contención y recortes del gasto social para hacer frente a la deuda contraída con el FMI bajo el Gobierno de Macri.
Sin embargo, el desastre electoral ha hecho que rápidamente los enfrentamientos entre estos dos sectores del peronismo se hayan recrudecido, alcanzado un punto crítico.
Cristina Fernández reclamó una inmediata remodelación del Gobierno, exigiendo la salida de algunos de los ministros y altos cargos más desprestigiados entre las masas y la adopción de medidas para aumentar el gasto social con el objetivo de intentar recuperar apoyo electoral de cara a los comicios de noviembre. En contraste, Alberto Fernández pretendía esperar al resultado de las elecciones legislativas para abordar la remodelación del Gobierno y mantener la política de ajustes.
El kirchnerismo aumentó la presión. Para romper la resistencia del presidente, cinco ministros del ala kirchnerista pusieron su cargo a disposición de Alberto Fernández. Tras un intenso toma y daca, el presidente argentino ha tenido que adoptar algunas medidas, sacrificando a su jefe de Gabinete y hombre de confianza Santiago Cafiero, cuyo cargo ha pasado a ocuparlo el peronista Juan Manzur, hoy aliado circunstancial de Cristina.
También ha cesado de su responsabilidad a Juan Pablo Biondi, que ocupaba el puesto de secretario de comunicación y prensa de la presidencia. Ambos, Cafiero y Biondi, habían protagonizado duros enfrentamientos con Cristina Fernández. Además, se han incorporado nuevos ministros kirchneristas y los ministros “dimisionarios” siguen en sus puestos. Ahora bien, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se mantiene en su puesto. De hecho, Kirchner le llamó para comunicarle que entre sus reclamos para cambiar el Ejecutivo no se encontraba el exigir su dimisión.
En todo caso, estos cambios incrementan la influencia kirchnerista y le da más margen para imponer sus criterios en el Gobierno.
El Ejecutivo argentino ya ha prometido que volverá a activar los planes de ayuda familiar vigentes durante los primeros meses de la pandemia, ha elevado el mínimo a partir del cual se debe pagar el impuesto de la renta, ha subido el salario mínimo a 31.000 pesos (300 dólares) y también ha anunciado el mantenimiento de los subsidios a la electricidad y el gas.
En este contexto es inevitable que las tensiones en el seno del Gobierno se intensifiquen. Mientras la miseria y la pobreza que sufren millones de argentinos continúe profundizándose, las dramáticas condiciones de vida de la clase obrera argentina y sus familias no van a solucionarse con medidas paliativas, ni paños calientes. El capitalismo argentino está al borde del colapso y no hay ninguna salida para las masas en el marco de este sistema caduco, especialmente enfermo en el país austral.
Todos los elementos para una gran explosión social están presentes
El Gobierno de Alberto Fernández —no sin grandes dificultades— ha conseguido una precaria estabilidad política y, con el apoyo inestimable de los grandes sindicatos, poner límite a la lucha social, a la vez que en lo fundamental ha aplicado las recetas exigidas por el FMI. Pero el descontento, la rabia y la frustración entre la clase obrera y los sectores más desfavorecidos ha ido en aumento. El resultado de las PASO ha revelado que este factor se encuentra muy cerca del punto de ruptura.
El capitalismo argentino tiene que afrontar en los próximos meses retos muy importantes. Y lo tiene que hacer con un Gobierno —y la coalición electoral que lo sustenta— dividido y una oposición, con el expresidente Macri a la cabeza, muy desacreditada y odiada por las masas.
En un contexto de profunda crisis económica y social, Argentina tiene de plazo hasta marzo de 2022 para negociar con el FMI el pago de la deuda multimillonaria contraída con este organismo[5]. Al borde de la suspensión de pagos desde hace años, y con las arcas públicas vacías tendrá que hacer frente al pago de 19.020 millones de dólares en 2022, otros 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024. Es inevitable recordar el corralito y el posterior Argentinazo de 2001.
Las condiciones objetivas están dadas para una nueva y masiva oleada de movilizaciones, con la capacidad de la burguesía y sus representantes políticos para contenerla, muy debilitada. En Argentina se están gestando grandes acontecimientos revolucionarios en los que cada vez sectores más amplios de la clase obrera aspirarán a acabar con el capitalismo y sus terribles lacras.
Habrá grandes oportunidades para levantar una alternativa socialista e internacionalista que tendrá un efecto eléctrico en toda Latinoamérica y el resto del mundo. Esa es la tarea.
Notas.
[1] Elecciones primarias de participación obligatoria, en las que se confirman los partidos que al recibir más de 1,5% de los votos pueden presentarse a las elecciones nacionales; también se definen las listas de candidatos de cada uno de esos partidos y coaliciones.
[2] La Cámara de Diputados renovará 127 de sus 257 diputados y el Senado 24 de sus 72 escaños.
[3] Coalición electoral de la izquierda combativa integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
[4] Finalmente, la subida fue del 10%.
[5] El dinero “prestado” fueron 44.200 millones de dólares, pero con la aplicación de intereses y variaciones en el tipo de cambio la deuda asciende ahora a 45.455 millones.
