¡Organizar asambleas y comités de acción para unificar y extender las luchas! ¡Levantar una alternativa revolucionaria a las políticas capitalistas de la derecha y la burocracia!
El año 2023 ha empezado con una oleada de movilizaciones obreras en la mayoría de las regiones de Venezuela contra la devaluación de los salarios y en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras como no se veía desde hace mucho tiempo.
Empezaron las protestas de las y los educadores el 9 de enero y se han sumado otras organizaciones sindicales y colectivos de trabajadores que, al sentir la fuerte desmejora salarial, decidieron marchar en las calles para exigir un salario igual a la canasta básica, el cumplimiento de las convenciones colectivas y la discusión de nuevas convenciones alli donde estén vencidas.
Aumenta el descontento contra los acuerdos entre el gobierno y los capitalistas
Como parte de su estrategia de liquidar las conquistas sociales y derechos conquistados por el movimiento obrero durante los gobiernos de Hugo Chávez y estabilizar un régimen de capitalismo de estado, el gobierno de Nicolás Maduro está llegando a acuerdos con la nueva burguesía surgida de las filas de la propia burocracia gubernamental y estatal (la llamada “boliburguesía”), los imperialistas chinos y rusos y otros regímenes burgueses reaccionarios a los que considera aliados como el turco e iraní y también con sectores de la burguesía tradicional como la patronal Fedecámaras.
Esta organización empresarial, que desempeñó un papel clave en los golpes contra Chávez, al menos de momento ha apostado por negociar con el gobierno estableciendo la mesa de diálogo “por la paz y Unidad Nacional” en la que junto a ella y el gobierno también participan sectores de la oposición de derechas vinculada al imperialismo estadounidense.
Algunos resultados de ese “diálogo” han sido la aplicación por parte del gobierno de medidas que los capitalistas venían demandando como atacar la antigüedad, derechos y salarios de los empleados públicos y suspender aumentos salariales demandados por toda la clase trabajadora para responder a la escalada inflacionaria. Como parte de esas medidas el gobierno decidía pagar el bono vacacional de los docentes fraccionado en cuatro partes, lo que provocó gran indignación ya que con una inflación desbocada significaba dejar ese bono en nada.
La movilización de los docentes en agosto de 2022 obligó al gobierno a pagarlo íntegramente, convirtiéndose en ejemplo para otros sectores. Consciente del peligro que representaba ese ejemplo victorioso,el gobierno ha achacado falsamente al pago del bono de los educadores el nuevo repunte inflacionario producido durante el último trimestre de 2022, tras una primera mitad de año de relativa estabilización, y utiliza este argumento como excusa para sus políticas de contención y recorte salarial.
La realidad es que la nueva escalada inflacionaria es resultado de sus propias políticas pro-capitalistas. Tanto la dolarización de la economía como la inyección de dinero ofreciendo ayudas y concesiones a los capitalistas para “animarles a invertir” ha aumentado la masa monetaria sin incrementar la producción. Los capitalistas se hacen de oro especulando mientras los precios y las desigualdades sociales se disparan escandalosamente.
En noviembre el gobierno volvió al ataque imponiendo el pago del fin de año en varias partes. Esta medida, además de golpear los ya depauperados ingresos de la clase obrera, evidencia que no tiene ningún control para evitar la devaluación monetaria, que es la más elevada de todo el año. Los y las trabajadoras observan cómo se declara con bombos y platillos una recuperación económica que solo beneficia a los capitalistas y sectores de las capas medias mientras los salarios siguen siendo de hambre y aún se les exige cínicamente más sacrificios.
Esto ha hecho estallar la rabia acumulada, con movilizaciones y protestas masivas, superando las pequeñas acciones que grupos de dirigentes y activistas protagonizaban durante los años anteriores.
La burocracia sindical oficialista y de la derecha intentan frenar las luchas
El gobierno ataca estas luchas reivindicativas atribuyéndolas a la derecha, pero esto es absolutamente falso. La política del propio gobierno de imponer un control burocrático absoluto dentro de la central sindical oficialista CSBT y la negativa de los dirigentes de ésta a dar respuesta a las justas reivindicaciones de la clase obrera ha abierto una situación nueva en el movimiento sindical. El ambiente entre las bases es cada vez más crítico y se combina con la ausencia de una dirección con autoridad.
Intentando aprovechar ese vacío, algunas acciones reivindicativas han sido convocadas por sindicatos en cuya dirección participan dirigentes vinculados a partidos de la derecha pero estos han sido desbordados por los trabajadores. Algunos dirigentes de la oposición de derecha y ultraderecha vinculada al imperialismo estadounidense, buscando pescar en río revuelto, también han querido aprovechar la situación intentando intervenir en algunas protestas laborales y declarando hipócritamente a su favor. Pero la clase obrera ha respondido con abucheos y expulsiones de estos elementos reaccionarios cuyas políticas supondrían ataques aún más duros para el pueblo. Los pocos que se atreven asistir a las actividades son denunciados como responsables -al igual que la burocracia del gobierno- de la crisis económica, corrupción y retroceso brutal en las condiciones de vida.
Por otro lado, la Asamblea Nacional controlada por el PSUV -respondiendo a las exigencias de la vieja y nueva burguesía- pretende aprobar desesperadamente una ley de emergencia laboral que solo busca manipular la necesidad urgente de un salario digno para seguir permitiendo a los empresarios aumentar sus ganancias a costa de más explotación. Para ello plantean eliminar derechos como la discusión de las convenciones colectivas o las prestaciones sociales a cambio de bonos puntuales que no contabilizan para la antigüedad, pensiones, etc. Se trata de medidas clientelares y además totalmente insuficientes, cuyo objetivo es ir enterrando derechos conquistados por la clase obrera y recogidos en la Constitución y ley orgánica del trabajo aprobadas con Chávez
Los empresarios exigen al Gobierno aún más concesiones
La burguesía se muestra satisfecha con las políticas del gobierno. Después de haber logrado suspender el aumento salarial, pretenden que se deje a merced de su negociación con la burocracia el pago de las prestaciones sociales y la ya comentada sustitución de estas por bonos sin incidencia en el salario real. Además exigen más flexibilización laboral, ayudas y créditos. Nicolás Maduro ya ha anunciado que subirá estos un 30% en el presupuesto de 2023 pero los capitalistas quieren más y exigen también la reducción de los impuestos.
Uno de los voceros patronales, Ricardo Cusanno, ha señalado que el salario en “el sector publico depende de los ingresos petroleros” y el trabajador debe entender “que tiene que producir más”. Para este oligarca parásito la economía ha mejorado pero no lo suficiente y los trabajadores nos tenemos que seguir apretando el cinturón. Espoleados por las concesiones políticas y económicas del gobierno, los capitalistas vienen con todo contra la clase obrera.
¡Unificar y extender las luchas! ¡Organizar asambleas y comités de acción con un programa revolucionario!
Los trabajadores combativos y revolucionarios tenemos que denunciar esta ofensiva capitalista, desenmascarando y combatiendo tanto las maniobras de la derecha pro-estadounidense (incluidos los burócratas sindicales vinculados a ella que intentan frenan la organización y lucha obrera revolucionaria) como la política liquidadora de nuestras conquistas históricas del gobierno y que reprime a los sectores de la clase obrera combativos y genuinamente revolucionarios.
La actual crisis del capitalismo mundial está empujando a los trabajadores a la lucha en todo el mundo. La política del gobierno venezolano, por mucho que se siga llenando la boca hablando de “socialismo” y “revolución” es garantizar las inversiones extranjeras y el capital de la burguesía nacional con las Zonas Económicas Especiales (donde las leyes laborales progresistas alcanzadas bajo los gobiernos de Chávez son suspendidas), flexibilizando en los hechos la protección laboral y debilitando y reprimiendo la organización sindical.
Durante los últimos años la dispersión y la lucha por sobrevivir día a día en medio de un tremendo colapso económico, unido a la desmoralización política que produjo la liquidación del proceso revolucionario por los propios dirigentes del PSUV, les ha permitido contener el malestar social. Pero esta recuperación de las luchas obreras muestra que la situación está cambiando.
En las empresas básicas de Guayana, donde se concentra la industria pesada venezolana, como la siderúrgica SIDOR, la burocracia gubernamental lleva tiempo intentando calmar el descontento recurriendo a medidas como otorgar bonos por producción. Estos bonos, que las empresas incumplen periódicamente y tampoco tienen incidencia en el salario real, buscan desactivar la lucha y que los trabajadores olviden sus convenciones colectivas. Sin embargo, durante las últimas semanas vivimos una importante lucha en estas empresas básicas. Para frenarla, la burocracia gubernamental encarceló a varios de los dirigentes, militarizando por completo la zona y evitando que llegaran contingentes de solidaridad, agua y comida para los trabajadores en lucha. Todo ello para doblegarles y bajar la presión en la calle.
Esta lucha ha sido una nueva experiencia para la clase obrera que demuestra la necesidad de dotarse de organización y métodos (asambleas, comités de huelga elegibles y revocables, etc) para unificar y extender las luchas.
Un aspecto muy significativo es que algunos sectores de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) han reflejado la presión de las y los trabajadores por abajo. Los CPT son presentados por la burocracia como una continuación de los consejos de trabajadores que surgieron en muchas empresas durante los años de proceso revolucionario para luchar por el control obrero. Sin embargo, la burocracia estatal los ha convertido en un mecanismo burocrático para controlar a los trabajadores y luchar contra los sindicatos y sindicalistas de izquierdas independientes y combativos. En varios CPT ha habido sectores que han expresado las reivindicaciones salariales y las críticas de las asambleas de trabajadores, siendo atacados y reprimidos por ello.
Otra lucha que se ha convertido en una inspiración para el conjunto del movimiento obrero es ,como decíamos al inicio, la de las y los educadores. La izquierda combativa, anticapitalista y antiburocrática debe intervenir en esta lucha de manera decidida, diferenciándose tanto de la burocracia oficialista que intenta impedir las movilizaciones como de los burócratas vinculados a la derecha que quieren controlarlas, aprovecharse de ellas y en última instancia limitarlas y desviarlas de sus objetivos de clase.
Junto a la defensa de un salario igual o superior a la canasta básica con ajuste automático y la lucha contra la eliminación e incumplimiento de las convenciones colectivas, hay que exigir el restablecimiento de todos los demás derechos y conquistas sociales que están siendo atacados y combatir la brutal represión y amenazas del gobierno, empezando por exigir la liberación inmediata y sin cargos de todos los dirigentes sindicales encarcelados por luchar.
A todo ello debemos unir el fortalecimiento de la organización del movimiento desde la base convocando a educadores y educadoras, estudiantes, padres y madres a luchar conjuntamente, vinculando las reivindicaciones salariales y laborales de los docentes a la lucha por una enseñanza 100% pública y de calidad que incorpore los centros privados a la red pública y garantice condiciones dignas de trabajo y estudio. Para ello hay que organizar asambleas generales de docentes, estudiantes y representantes en cada centro de estudio que recojan y unifiquen todas las reivindicaciones.
Otro aspecto fundamental es extender la lucha de los docentes al resto de trabajadoras y trabajadores del sector público. Estos sufren los mismos ataques y tienen necesidades similares. Una lucha en la educación y el resto del sector público con estos métodos y reivindicaciones serviría de punto de referencia para los trabajadores y trabajadoras del sector privado.
Junto a las reivindicaciones inmediatas (salarios, derechos laborales, democráticos y sindicales,...) hay que plantear la confiscación y puesta en funcionamiento de todas las empresas paralizadas al igual que de los bancos y los latifundios, poniéndolos bajo gestión directa de la clase trabajadora. La clase obrera es la única que puede agrupar a todos los oprimidos y oprimidas para luchar por políticas que acaben con la catástrofe económica y social del sistema capitalista y transformar la sociedad.
