A un año de la elección de Lula da Silva y del intento de golpe de Estado bolsonarista, la polarización social, los ataques contra la clase trabajadora, los pueblos indígenas y los oprimidos no han desaparecido. La política de conciliación de clases del Gobierno Lula-Alckmin, lejos de ser un antídoto contra la extrema derecha bolsonarista y una garantía de estabilidad del régimen democrático, volverá a abrirle tarde o temprano las puertas.
Un Gobierno de unidad nacional con la derecha y los golpistas para salvar a la burguesía
Ya durante la campaña electoral, Lula da Silva mostró muy claramente que su camino sería el de la conciliación de clases. Presentó como su vicepresidente a Geraldo Alckmin, exgobernador de São Paulo, de derechas y conocido por reprimir duramente a la población más pobre y racializada. El intento de golpe profundizó aún más los pactos con la derecha, que aprovechó este hecho para aumentar aún más su influencia. La composición del Ejecutivo Lula-Alckmin comprende desde la izquierda reformista hasta la extrema derecha bolsonarista.
A ministras como Simone Tebet, candidata de la derecha neoliberal en las elecciones anteriores, o Marina Silva, conocida por su postura antiaborto, se suma José Múcio, amigo de Bolsonaro, como ministro de Defensa. Lula nos dice que lo hace en defensa de la unidad nacional y la democracia. Pero con representantes de la alta burguesía como estos en el Gobierno, sabemos bien para quién gobernará: para los intereses de la oligarquía financiera y los grandes monopolios. Y en la Asamblea Nacional y los parlamentos estatales, infestados de diputados de extrema derecha, la conciliación con los partidos del “centro” –en realidad partidos de derecha– es permanente.
El programa de gobierno Lula-Alckmin prevé la limitación del techo de gasto de los ministerios y supondrá un nuevo recorte en servicios públicos como Educación y Salud —el llamado “marco fiscal”—, el pago de la deuda, privatizaciones y la destrucción de servicios públicos tanto a nivel federal y como estatal. Y se mantendrán las contrarreformas laborales y de las pensiones aprobadas anteriormente por la derecha. El caso del Marco Temporal de las tierras indígenas es paradigmático en la forma en que desenmascara a Lula, que dio mucha importancia a los derechos de los pueblos originarios y de las minorías, pero su propio partido, el PT, llevó una nueva propuesta al Supremo Tribunal Federal para conseguir que se apruebe esta ley.
El primer año del Gobierno Lula-Alckmin fue de buenos resultados para la clase dominante y de alivio para los sectores más pobres de la población. Según el FMI, Brasil crecerá un 3,1% en 2023, impulsado por el sector agrícola y el aumento del consumo interno, impulsado por los programas asistenciales, la subida del salario mínimo y desgravaciones fiscales por parte del Gobierno. El desempleo disminuyó ligeramente: un millón más de empleados en comparación con el año anterior. Estas ganancias y la nueva política del Gobierno también se reflejaron en el Ibovespa, el principal índice bursátil brasileño, que registró el mayor aumento desde 2019 .
La recuperación de varios programas sociales financiados con dinero público y medidas como la fiscalidad de las sociedades offshore que ya han sido aprobadas reflejan la presión social que viene sufriendo el nuevo Ejecutivo. Por un lado, de la clase obrera y algunas capas intermedias, arrojadas a la miseria y la muerte por la gestión criminal de Bolsonaro, especialmente durante la pandemia –Brasil volvió al Mapa del Hambre de la ONU en 2022–, y por otro lado de sectores de la clase dominante. que, ante la contracción del mercado interno, la dificultad para conseguir mano de obra y la corrupción generalizada del Gobierno anterior, huyeron del país como nunca antes había ocurrido.
En los últimos meses, la caída generalizada de los precios de los alimentos y la apreciación del real frente al dólar también ayudan a explicar el balón de oxígeno que sintieron muchas familias trabajadoras que vieron aumentar sus ingresos reales durante este año.
Esta política de conciliación de clases permitió restablecer cierta paz social y estimular la economía, lo que significó grandes ganancias para el gran capital nacional e internacional.
Un giro significativo en las relaciones internacionales
La estrategia seguida por Lula fue la estabilización del régimen democrático burgués y el crecimiento económico con miras a recuperar la inversión extranjera y la credibilidad internacional.
En términos de exportaciones, 2023 fue el mejor año registrado. Brasil nunca ha exportado tanto, totalizando 310 mil millones de dólares, registrando una balanza comercial positiva de 90 mil millones de dólares. A ello volvió a contribuir el sector agrícola, destacándose cultivos como la soja y el maíz, pero también el petróleo y sus derivados . El principal destino de estas exportaciones es China, que representa el 30% de los productos vendidos en el exterior, más del doble del volumen de negocios realizado con EE.UU., que es el segundo socio comercial.
En el frente externo, Lula da Silva rompió decididamente con el Gobierno anterior. Su orientación hacia el bloque chino-ruso representa un cambio significativo en las relaciones internacionales y, teniendo en cuenta el peso de la economía brasileña, es un evento de importancia global.
Como decíamos, China es el principal socio comercial de Brasil y lidera la disputa por la hegemonía global contra Estados Unidos. China y el bloque que dirige parecen cada vez más fiables y estables frente a un Occidente en decadencia, fuente de inestabilidad y belicismo, como lo demuestran la guerra en Ucrania y el genocidio en Palestina.
Brasil, de la mano de Lula, se negó a suministrar armas a Ucrania, a imponer sanciones a Rusia y ha multiplicado las iniciativas internacionales para promover y ampliar los BRICS —cuyo banco está presidido por la expresidenta Dilma Rousseff, del mismo partido de Lula—, lanzando nuevas asociaciones comerciales contrarias a los intereses del imperialismo estadounidense e incluso defendiendo un sistema de pagos internacional alternativo al dólar.
La clase dominante es ante todo pragmática y la brasileña no es una excepción. Este año Lula participó en la Cumbre de los BRICS en Sudáfrica, visitó China —donde defendió la política de anexión de Taiwán—, pero también mantuvo varias reuniones con líderes europeos, entre ellos el canciller Olaf Scholz, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni y, por supuesto, con Joe Biden.
Aunque mantiene muchos y variados contactos, no hay duda de que la política internacional brasileña se está orientando hacia el ascendente imperialismo chino, lo que ha hecho saltar las alarmas en Washington, cuyos vínculos históricos con algunos sectores de la burguesía y las Fuerzas Armadas no deben ser ignorados. La estrategia del imperialismo estadounidense en este momento, a semejanza de lo ocurrido en Perú, no será chocar frontalmente con el Gobierno Lula-Alckmin sino esperar a que se desgaste antes de intentar algo.
La lucha de clases no ha cesado
A pesar de la ligera mejora socioeconómica ya explicada, las luchas de los trabajadores brasileños no cesaron. Ya en el primer semestre hubo huelgas de docentes y lucha de los estudiantes contra el modelo neoliberal en la enseñanza media y en el último periodo realizaron huelgas trabajadores de universidades, aeropuertos y de la empresa aeronáutica Embraer.
En el estado de São Paulo, el gobernador pro Bolsonaro y militar en la reserva, Tarcísio de Freitas, está llevando a cabo un brutal plan de privatización de los servicios públicos: metro, trenes, agua, saneamiento y enseñanza. Este plan está siendo combatido de manera decidida por la clase trabajadora, destacando los trabajadores del Metro, que fueron blanco de una campaña de difamación y los principales dirigentes huelguistas fueron despedidos. La unificación de estas luchas es un paso necesario para detener las privatizaciones y la reciente huelga en los distintos sectores muestra que hay voluntad de lucha entre los trabajadores y la población brasileños.
A nivel ambiental, a pesar de que la deforestación en la Amazonia ha disminuido un 30% este año, la agroindustria sigue teniendo carta blanca para explotar los vastos recursos ambientales de los bosques y humedales brasileños con graves consecuencias para los pueblos originarios y el medio ambiente. En el Pantanal , sólo este año se quemaron un millón de hectáreas, la cifra más alta en décadas, y en el sur del país las inundaciones mataron a 32 personas y dejaron a muchos miles sin hogar.
Pero el caso más gráfico de explotación desenfrenada del medio ambiente y total desprecio a la población fue el colapso de una mina de sal gema en Maceió (noreste), que provocó la evacuación forzosa de más de 60.000 personas. Parte de la ciudad donde estaba ubicada la mina se derrumbó y una laguna quedó contaminada con sal, con impactos devastadores para el ecosistema y la población local.
El bolsonarismo no fue derrotado
Hace un año escribíamos que “si algo está claro en este intento de golpe de Estado es que cuenta con el apoyo de sectores decisivos del poder financiero e industrial y del aparato estatal, empezando por el ejército y la policía”.
El informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 confirma absolutamente este análisis. Además del propio Jair Bolsonaro, están imputados cinco exministros y seis exasistentes. El informe también acusa a excomandantes de la Armada, del Ejército y a un nutrido grupo de directores de la Policía Militar del Distrito Federal, así como a numerosos empresarios que financiaron durante meses los campamentos bolsonaristas.
Además de ser acusado de acciones golpistas, Bolsonaro también fue condenado por delitos electorales, y está inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 8 años. Pero estos retrocesos no suponen su final y mucho menos el de su movimiento. Contrariamente a lo que el Gobierno de Lula afirmó hace un año - que el golpe sería los “últimos estertores del bolsonarismo” - una encuesta reciente del Instituto Datafolha en septiembre indicó que el 25% de los encuestados se consideraban “bolsonaristas radicales”, es decir, acérrimos partidarios del expresidente, mientras que según otra encuesta el 38% consideraba el Gobierno de Lula peor que el de Bolsonaro.
Las condenas y sanciones efectivas a los políticos que participaron y apoyaron el golpe no existieron o fueron insignificantes . El gobernador del Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB, derecha), inicialmente destituido de su cargo, ya fue reintegrado y Anderson Torres, exministro de Defensa, sólo estuvo preso 4 meses y no fue condenado. También las Fuerzas Armadas, implicadas en varios niveles hasta la médula y donde el apoyo a la extrema derecha sigue siendo mayoritario, no han sufrido prácticamente hasta ahora ninguna condena. La confianza ciega de los reformistas en el poder judicial o la política de conciliación con estos golpistas seguida por Lula sólo servirá para darles más fuerza en el futuro.
El ascenso de la extrema derecha en todo el mundo, pero particularmente en Estados Unidos y más recientemente en Argentina, y la continua polarización social alimentada por la crisis del capitalismo significan que el programa y el movimiento bolsonarista siguen teniendo un terreno fértil para desarrollarse. Contrariamente a la idea de que el régimen brasileño se reequilibrará con el actual Gobierno Lula-Alckmin, nosotros como marxistas sabemos que será exactamente lo contrario.
Las contradicciones que llevaron al surgimiento y triunfo de Bolsonaro y la extrema derecha continúan. Tampoco ha desaparecido su base social compuesta por terratenientes, mafias, ejército y policía, diversos sectores de la pequeña burguesía e incluso algunos de los trabajadores más desesperados. Sus partidarios siguen ocupando puestos de poder, controlando la mayoría de la Asamblea Nacional y varios estados, en particular el estado de São Paulo, el más rico y poblado del país. Los golpistas militares no fueron destituidos y permanecen en posiciones de jefatura e influencia.
Aunque temporalmente relegado a un segundo plano, el bolsonarismo sigue vivo y sólo espera el mejor momento para volver a pasar a la ofensiva.
Movilizar a la clase trabajadora con un programa socialista
El Gobierno Lula-Alckmin consiguió devolver cierta estabilidad temporal al régimen brasileño después del intento de golpe de Estado de hace un año. Pero como lo demuestran las últimas luchas, la burguesía brasileña pronto exigirá más ganancias y recortes a expensas de la clase trabajadora.
Enfrentar los planes de privatización y recortes requiere una política de frente único con un programa que una a los diversos movimientos sociales que han liderado en los últimos años las luchas contra Bolsonaro, en defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, al movimiento feminista y antirracista y al movimiento sindical. Este programa debe exigir la expropiación de los grandes terratenientes y capitalistas, y la nacionalización bajo control democrático de los sectores clave de la economía brasileña que garantizan las necesidades básicas de la población en materia de vivienda, alimentación, salud, educación y transporte.
Los trabajadores ya han comprendido que sólo su organización y la movilización más contundente podrán mejorar sus salarios, defender el medio ambiente o luchar contra la amenaza latente de la extrema derecha. La tarea de la izquierda combativa y de clase dentro de los sindicatos, en particular dentro de la CUT, y de los movimientos sociales es impulsar esta organización y movilización.
