La primera huelga general contra la motosierra de ataques, despidos y recortes del gobierno que preside el fascista Javier Milei ha sido una enorme demostración de fuerza de la clase obrera. Pasando por encima del protocolo fascistoide para impedir protestas y manifestaciones, y desafiando las provocaciones policiales, más de un millón y medio de trabajadores y trabajadoras tomaron las calles el 24 de enero y paralizaron el país.
Empezando por Buenos Aires, donde una multitud de 600.000 personas colapsó las principales avenidas, y siguiendo por todas las ciudades del país, el éxito de la huelga general cobra mayor relevancia por el contexto en que se produce.
Después del shock que representó la victoria de este ultraderechista, con una hiperinflación del 200% que condena a amplios sectores de la clase trabajadora al empobrecimiento y la precariedad crónica, y tras años de políticas de pacto social y desmovilización de la burocracia sindical, el movimiento obrero ha descargado un golpe demoledor. ¡Este es el camino para derrotar los planes reaccionarios de este esbirro del capital!
La actitud de la clase obrera ha dejado las cosas en su sitio, a pesar de que la burocracia sindical se ha resistido con uñas y dientes a convocar esta huelga, ha hecho todo lo posible por limitarla y sigue intentando que el enorme descontento y popular no tenga continuidad y pueda desbordarles.
Tanto los dirigentes de la CGT como de las dos CTA se han negado a organizar asambleas y comités de huelga e impulsar piquetes para paralizar los centros de trabajo de sectores con altísimas tasas de informalidad y sin organización sindical como el comercio, la hostelería y muchas pequeñas empresas. Más escandaloso todavía: en un sector clave y con fuerte organización sindical como el transporte limitaron el paro a unas pocas horas con la excusa de facilitar la asistencia a las manifestaciones. Pese a todos estos obstáculos, el seguimiento y las movilizaciones fueron multitudinarias.
La fuerza de la huelga provoca tensiones en el Gobierno
Un golpe que ya está teniendo consecuencias, provocando tensiones en la clase dominante. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha suspendido la reforma laboral incluida en el DNU aprobado del Gobierno, aunque su contenido fundamental se mantiene dentro de la Ley Ómnibus que se debate en el Parlamento. Milei ha cesado al ministro de Infraestructuras y retirado de esa ley la privatización de la petrolera estatal YPF, la reforma del sistema que regula los aumentos de las jubilaciones y la subida de impuestos a algunas exportaciones regionales. También ha reducido su solicitud de tener poderes especiales de dos años prorrogables a cuatro, a uno prorrogable a dos.
De esta forma intenta rebajar la presión en la calle y facilitar la aprobación de las medidas esenciales de su plan de ataque: poderes especiales, más represión policial y el 90% de las medidas privatizadoras y contra los derechos laborales y sociales.
Los discursos de Moyano y Daer, dirigentes de la CGT, tras el éxito incontestable de la huelga, no dejan lugar a dudas. ¡Ninguna convocatoria ni propuesta de continuar la lucha! Confianza ciega en que serán los jueces y no la movilización social lo que frenará los decretos más autoritarios del gobierno. Y ¡cómo no! llamamientos desesperados a los diputados de la Unión por la Patria (UP) peronista, a la derecha que ellos llaman moderada e incluso a sectores del partido fascista de Milei a negociar una suavización de la “ley ómnibus” en el Parlamento.
Pero lo único que se está negociando es el reparto de papeles y prebendas y cómo garantizar la aprobación de las líneas fundamentales de un plan que busca poner de rodillas al movimiento obrero y aplicar las medidas que la clase dominante argentina considera estratégicas y no quiere aplazar más.
La mayoría de diputados ya ha aprobado que la tramitación de la ley siga adelante, incluidas (por supuesto “con reservas y enmiendas” pero apoyándola) el supuesto “centroderecha” de la UCR, los diputados de varios partidos regionales y la derecha peronista que en las presidenciales apoyó al reaccionario Schiaretti, y que los dirigentes de la UP consideran posibles aliados frente a Milei. Hasta un grupo de diputados de la UP ha anunciado su salida para apoyar al gobierno.
La oposición a la ley ómnibus de los dirigentes de la UP, aunque refleja la presión por abajo de las masas, no va acompañada de ningún plan ni medidas concretas para endurecer la movilización. ¿Quién puede sorprenderse? Son los mismos dirigentes que gobernaron los últimos 4 años y que con sus compromisos con el FMI, concesiones a los capitalistas y recortes sociales asfaltaron la victoria de Milei.
Dejar la lucha contra este fascista en sus manos, como plantean los dirigentes de la CGT, o en las de unos jueces que han suspendido la aplicación de algunos puntos de los decretos presidenciales por cuestiones de forma (intentando que eso pudiese desactivar algo la protesta social), solo puede llevar al desastre.
Levantar un plan de lucha que desborde a las maniobras dilatorias de la burocracia
Argentina enfrenta una lucha de clases sin cuartel cuyo desarrollo influirá sobre los procesos en otros muchos países. Los fascistas lo tienen clarísimo: la ultraderecha global, entusiasmada, hace la ola a Milei. Los sectores decisivos de la oligarquía financiera, industrial y agraria argentina y del gran capital internacional y el FMI también lo entienden y han cerrado filas apoyando sus medidas. Al igual que el imperialismo estadounidense, que en un contexto de retroceso frente a China en el continente, ve en el de Milei y otros gobiernos reaccionarios del continente puntos de apoyo para recuperar la iniciativa y pasar al ataque.
Centenares de miles de trabajadores y trabajadoras también entienden lo que está en juego y por eso, pese a la falta de un plan de lucha claro y al freno de la burocracia, se han echado a la calle desafiando las amenazas del gobierno, la policía y el aparato estatal.
Lo increíble es que todavía haya quienes declarándose marxistas, trotskistas y comunistas sustituyen una política revolucionaria consecuente para luchar contra esta amenaza reaccionaria, y con evidentes elementos fascistas, por una papilla intragable de abstracciones mientras insisten en el cuento de hadas de que los Milei, Trump, etc. no representan a la clase dominante y que ésta se encargará de frenarlos. Unas ideas que vienen de perlas a la política de la burocracia sindical y los reformistas de frenar la lucha en las calles.
Milei puede ser derrotado, y la forma de hacerlo la han mostrado centenares de miles de trabajadores y trabajadoras en Argentina este 24 de enero. El desafío de este fascista y su gobierno de representantes directos de la oligarquía no es palabrería.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunciaba recientemente que en 35 días de gobierno de Milei han sido asesinadas 32 personas por la policía, 12 de ellas víctimas de su gatillo fácil en los barrios obreros más golpeados por la crisis, 16 en cárceles y comisarías. Lo explicamos en artículos anteriores. Milei no necesita camisas negras haciendo el saludo hitleriano. Ya tiene su fuerza de choque uniformada en la policía y la oficialidad del ejército, plagadas de elementos fascistas.
La izquierda que se considera revolucionaria tiene la oportunidad (y la enorme responsabilidad) de plantear una política de frente único para ganar el apoyo de las bases peronistas de la CGT y las CTA, debe organizar asambleas en miles de centros de trabajo, en barrios y centros de estudio para imponer una nueva huelga general de 48 horas, debe impulsar comités de acción que organicen la autodefensa y la continuidad de la lucha desde abajo.
Un plan de acción de este tipo es la mejor herramienta para explicar que la crisis del capitalismo argentino no es un accidente, que no existe ningún margen para acabar con la hiperinflación, la pobreza y la precariedad respetando la lógica capitalista, que hay que organizar la inmensa fuerza demostrada en la huelga general para defender un programa socialista, por la nacionalización de la banca, la tierra y las grandes empresas bajo el control y la gestión democrática de los trabajadores.
