La multinacional Mitsubishi no satisfecha con el despido autorizado por el Ministerio del Trabajo ahora, obviando cualquier averiguación por la fiscalía, ha metido una querella privada ante el Tribunal Penal del Estado Anzoátegui para acusar a siete trabajadores: tres dirigentes sindicales, un delegado de prevención y tres trabajadores.
Los camaradas están en la búsqueda de la solidaridad de un abogado penalista que verdaderamente defienda sus derechos y no se arrodille ante las pretensiones de la multinacional, y demostrar al resto de trabajadores que lo hecho por el sindicato Singetram: atreverse a desarrollar la democracia obrera, enseñarle a los trabajadores a luchar por sus derechos y demostrar qué era realmente el capitalismo y su lógica, se lo están haciendo pagar con sangre —recordemos el asesinato de los dos trabajadores en la fábrica el 29 de enero de 2009— y ahora con la prisión.
Mitsubishi quiere dejar una huella imborrable para que no se vuelva a repetir más nunca esta osadía del movimiento obrero. En caso de salir una sentencia condenatoria podrían pedirles hasta tres años de prisión. Para poder defenderse de la querella los camaradas necesitan de la solidaridad económica del movimiento obrero.
Esta es otra agresión imperialista que apoyándose en los vendepatrias que se disfrazan de rojo y utilizan un discurso obrerista y revolucionario, pero que en la práctica están desesperados por terminar con esta lucha clasista, que se ha convertido en un punto de referencia de lo que debe ser una organización sindical para el movimiento obrero venezolano.
Desde Singetram no nos cansaremos en hacer un llamado al comandante Chávez, a las bases del PSUV, sindicatos, dirigentes y trabajadores afiliados a la UNETE-Nacional, en definitiva, a las bases de la revolución para que se solidaricen con esta lucha y frenar la acción patronal. Los trabajadores creen que se debe realizar una gran movilización contra Mitsubishi.
La juez desestima la nulidad de los despidos
El 26 de mayo la decisión de la juez María Auxiliadora Chávez sobre el recurso de nulidad que hizo la junta directiva de Singetram y el grupo de trabajadores despedidos ilegalmente, fue a favor de la empresa. A pesar de que demostramos con pruebas la extralimitación de la Inspectoría del Trabajo, que nunca especifica que toda la junta directiva es responsable de la paralización que se hizo en detrimento de la salud y seguridad de los trabajadores, esta juez decide en contra de los trabajadores.
Esto es una atentado contra la clase trabajadora y la revolución, y una muestra clara de que el estado capitalista heredado de la IV República sigue golpeando a la clase trabajadora y a los pobres, situándose del lado de los capitalistas extranjeros y su testaferros nacionales. Este tipo de sentencias dan a los empresarios de Anzoátegui, de Venezuela y, en especial, del sector automotriz impunidad para poder hostigar y despedir a todo trabajador que proteste contra las malas condiciones laborales y por la mejora de sus derechos. Ante esta situación Singetram va a apelar a instancias jurídicas superiores e intentar que el juicio vaya a Caracas, donde los tentáculos de la multinacional y de la burocracia en el Estado Anzoátegui tendrán más difícil manipular. Esperamos una reacción solidaria de todo el movimiento obrero venezolano, con movilizaciones que coloquen a los administradores de justicia en posiciones revolucionarias de verdad.
