Una medida progresista pero insuficiente

El pasado 16 de abril la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley donde anunciaba la declaración de “interés público nacional  y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos”. A la espera de su aprobación en el Congreso (donde el kirchnerismo goza de mayoría), el gobierno ha intervenido la empresa para luego proceder a la “expropiación del 51% del patrimonio de YPF S.A.” afectando casi en su totalidad a las acciones que poseía la multinacional Repsol en la petrolera y que ahora pasarán a manos del Estado y las provincias. En las últimas semanas se ha desatado una reacción histérica por parte del gobierno Rajoy, la derecha y los empresarios en sus medios de comunicación. Por otro lado ha suscitado el apoyo entusiasta de la mayoría del pueblo argentino, de los trabajadores y los jóvenes que dieron un 54% de apoyo al gobierno kirchnerista en las pasadas elecciones.

En los medios de comunicación los directivos de Repsol han calificado la medida de “expolio” y señalaron que crea un clima de “inseguridad jurídica para las empresas españolas”. La patronal CEOE se despachó en la prensa burguesa: “el pueblo argentino se arrepentirá de esta medida”. “Es una decisión hostil contra España y el Gobierno de España" declaró el ministro Soria (Industria) mientras García-Maragallo (Exteriores) dijo que “la decisión rompe el clima de cordialidad y amistad”. Como era de esperar también PNV y CiU arremetieron contra la medida, dejando su “nacionalismo” en casa para defender a las multinacionales y los intereses imperialistas españoles en América Latina de los que son completamente partícipes.

Un “responsable” Rubalcaba ha reiterado que el PSOE “respaldará al Gobierno en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas”. CCOO y UGT “han expresado su rotundo rechazo a la expropiación…por considerarla contraria al derecho internacional y porque podría tener efectos negativos sobre los empleados de Repsol”. En su “realismo” los dirigentes socialdemócratas y sindicales hacen frente común con el gobierno derechista del PP y la patronal CEOE. Qué rápido se olvidan que Brufau y compañía son acérrimos partidarios e impulsores de la reforma laboral y de los salvajes recortes contra la sanidad y educación pública que el PP está poniendo en marcha en el Estado español. A estos extremos descabellados lleva la lógica de aceptar el capitalismo como única alternativa.

¿Quién expolia a quién?

El cinismo y la mentira de los directivos de Repsol no tienen límites. Intentan presentarse como pobrecitos que “invirtieron” por puro altruismo y ahora han sido “saqueados” por “bandidos peronistas” en el poder. Exigen ser “compensados” con… ¡8.000 millones de euros! Pero la realidad es bien diferente.

Entre 1999 y 2011 las ganancias netas de Repsol-YPF fueron de 16.450 millones de dólares, de los que repartió entre sus accionistas 13.246 millones, dejando una ínfima parte a “inversiones”. Antonio Brufau, presidente de Repsol, recibió una retribución por el desempeño de su cargo de 7,08 millones de euros en 2011. Pero la producción petrolera descendió desde 2001, de 46 millones de metros cúbicos a 34 millones en 2011, según el Instituto Argentino de Petróleo (IAP). Y la producción de gas también está en descenso desde 2006, de 52.000 millones de m3 a 46.000 millones en 2011. Se llega a la paradoja de que Argentina, con grandes reservas de petróleo, tuvo que importar combustible por valor de 9.300 millones de dólares en el año pasado y que este año se esperara gastar unos 12.000 millones de dólares.

A comienzos de este año la presidenta acusaba a Repsol-YPF de “acaparamiento de mercado” y “abusos en los precios”. “No podemos volver a tiempos del virreinato, donde se llevaban todo y no dejaban nada” dijo. Los gobernadores de varias provincias retiraron licencias de explotación a la petrolera y la emplazaron “aumentar las inversiones y la producción”. Los señoritos de Repsol saqueaban descaradamente los recursos naturales del país (la mayoría del petróleo era exportado), explotaban salvajemente a los trabajadores (pagando salarios miserables en pesos), mantenían un nivel alto de precios en el mercado interno (lo que redunda en el aumento de los precios de las demás mercancías) y se beneficiaban de una política de subsidios por parte del Estado argentino. ¿Quién es el ladrón entonces?

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue una empresa estatal creada en 1922. Tras un largo proceso de vaciamiento acentuado en la última dictadura militar de 1976-83, se transformó en Sociedad Anónima para luego ser privatizada bajo el gobierno neoliberal de Carlos Menem en 1992. Esta gran estafa se produjo a espaldas del pueblo argentino con métodos fraudulentos como la compra de votos a diputados tránsfugas. A partir de 1999 Repsol se hizo con el control de la empresa convirtiéndose en la octava petrolera del mundo. Hacia 2007 el capital de YPF S.A. queda controlado por Repsol en un 57,43%, el grupo argentino Petersen cercano al gobierno de Néstor Kirchner, que pasa a poseer el 25,46%, mientras que el 17,09% restante se encuentra en manos de inversores privados, flotando en bolsa, y un 0,02% en poder del Estado, que conserva la acción de oro.

Las masivas privatizaciones (petróleo, teléfonos, correos, aerolíneas, luz, agua, pensiones, ferrocarriles, etc.) de los años 90 impondrían un modelo económico y social basado en el saqueo por parte de las multinacionales de los recursos del país y como consecuencia la miseria y la sobreexplotación de las masas (muy similar a lo que se quiere imponer hoy día en Europa con la excusa de la crisis) que estallaría en 2001 con la insurrección popular del Argentinazo. Las empresas “españolas” como Repsol, Telefónica, Endesa, BBVA, Santander, etc. amasaron beneficios brutales en esos años y siguieron haciéndolo aún comenzada la crisis mundial. Sin embargo para la economía española estos beneficios eran mínimos ya que Repsol sólo declara en el Estado español el 25% de los beneficios que obtiene en todo el mundo. Y si las ganancias contables de la multinacional han crecido entre 1998 y 2011 un 11,97%, el salario de sus trabajadores sólo lo ha hecho un 1,7%. Los principales beneficiarios del saqueo de recursos en otros países y de la miseria de otros pueblos no han sido los trabajadores en el estado español sino que fueron a parar al bolsillo de un puñado de accionistas privados de los grandes grupos que controlan estas empresas. Ni siquiera se puede hablar de Repsol como empresa “española” ya que su capital está participado en más de un 50% por diferentes inversores privados extranjeros, entre ellos la petrolera mexicana Pemex (de ahí se entiende la reacción del gobierno derechista de Calderón).

Una medida que hay que completar

Para la burguesía internacional su “patria” son los beneficios millonarios y utiliza el nacionalismo según convenga a sus negocios buscando enfrentar a los trabajadores para seguir ganando más. Por tanto los trabajadores, independientemente de la nacionalidad, debemos unirnos contra nuestro enemigo común.

Los marxistas reconocemos el carácter tremendamente positivo de esta medida. Desde amplios sectores de la clase obrera y la juventud en Argentina es visto como un paso en la recuperación de los recursos estratégicos del país y ponerlos a disposición de las necesidades de la población. Pero es necesario advertir de los límites que ha puesto el propio gobierno a su acción y que se enmarca dentro de una política determinada del kirchnerismo.

La primera cuestión que se plantea es la “compra” de las acciones expropiadas a Repsol. El gobierno de Cristina Kirchner dice que aunque no va a pagar lo que reclama descaradamente la multinacional sí van a “compensarla” por la expropiación. ¿No está bastante claro que estos señores se llevaron demasiada riqueza de Argentina? ¿De dónde saldrá el dinero para pagar a estos buitres? Los trabajadores no podemos permitirnos que se utilice nuevamente dinero público para resarcir a estos ladrones por lo tanto defender una expropiación sin compensación es lo más legítimo.

Por otra parte, tras la nacionalización parcial, la empresa quedaría controlada en un 26,03% por el Estado, 24,99% por las provincias, 6,43% por Repsol, 25,46% por el Grupo Petersen y 17,09% por diferentes inversores privados. Se tratará de una empresa mixta donde el capital privado tendrá un peso nada despreciable. En la medida que el Estado argentino no posee en sus manos tantos recursos como para invertir en nuevos yacimientos (como el de Vaca Muerta) o en mejorar la tecnología, se volverá a depender del capital privado (en el proyecto de expropiación se habla de posibles alianzas estratégicas con el capital internacional). Además la financiación que necesita el Estado sólo podrá venir de los grandes bancos que también están en manos privadas. Con lo cual los criterios de funcionamiento de la empresa privada (rentabilidad, competitividad, beneficios privados) chocarán nuevamente con las necesidades de la población. Frente a este problema no queda otra solución que la expropiación total del sector de los hidrocarburos así como también de la gran banca privada bajo el control de los trabajadores que utilizarán eficazmente esos inmensos recursos en beneficio de la mayoría.

El kirchnerismo defiende que se puede mantener un capitalismo “bueno” en Argentina y conseguir resolver los problemas fundamentales a base de “reformas” parciales. Pero lo que demuestra la situación actual es que la única manera de “recuperar el país para la mayoría del pueblo” o de tener genuina “justicia social” es cuestionando abiertamente el poder económico de la burguesía ya sea argentina o transnacional (históricamente unidas para exprimir al pueblo trabajador), y esto sólo puede hacerse con un programa revolucionario que cuestione los pilares de la propiedad privada del capital, de las grandes palancas económicas y financieras, los bancos y las multinacionales. Un programa que deben adoptar los sectores a la izquierda dentro y fuera del kirchnerismo, que sirva a los trabajadores como herramienta para unir a los explotados en una lucha por cambiar la sociedad y organizarla sobre bases nuevas.