Al igual que en 1988 y en 2006 nuevamente pretende ser impuesta la voluntad de la burguesía sobre la de los trabajadores a través del frade electoral desarrollado en la pasada contienda del 1° de julio. Con esa medida la clase dominante pretende mantener intacto el sistema político que durante décadas ha sido su principal herramienta de dominación y opresión sobre el proletariado para su explotación. El Estado capitalista no es neutro y actúa a favor de los intereses de los empresarios y banqueros, mismos que están totalmente dispuestos a evitar a toda costa que esa realidad no cambie ni en un solo milímetro, incluso recurriendo al fraude en cada elección que así lo crean conveniente.

El fraude electoral de 1988

A lo largo de la historia contemporánea de México han sido varios los intentos de la clase trabajadora y de sus hijos por encontrar más y mejores cauces democráticos para luchar por mejores condiciones de trabajo, de estudio y de vida; los estudiantes en 1968 escenificarían uno de los más valerosos episodios en esa lucha. Dos décadas después nuevamente veríamos a las masas oprimidas lanzándose con todo ímpetu contra el cerco priísta que impedía una mayor vida democrática para la clase trabajadora – no olvidemos la formidable y poderosa maquinaria de control social que durante años significaron la CTM y el Congreso del Trabajo, por ejemplo – esta vez organizadas en torno al candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en quien un multitudinario sector de trabajadores de la ciudad y del campo veía como una opción electoral para derrotar al PRI y a su candidato, Carlos Salinas de Gortari, en las elecciones del 6 de julio de 1988.

Cárdenas junto con figuras como Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, entre otros, crearían a finales de 1996 la Corriente Democrática (CD), haciendo de esta manera una cuestión pública y más que evidente el malestar de un significativo sector del priísmo por el nuevo rumbo adquirido por el Régimen en ese entonces encabezado por Miguel de la Madrid Hurtado en la presidencia de la República y en el que la prioridad era desmantelar el viejo Estado de bienestar y nacionalista para subordinar a México a las severas condiciones impuestas por el FMI y el Banco Mundial con tal de obtener de estas últimas el auxilio necesario para enfrentar la severa crisis de la deuda externa. En ese marco arrancaría un proceso continuado por todos los gobiernos posteriores hasta el día de hoy de privatizaciones, de recortes al gasto social, de incremento de impuestos, de reducciones severas a los apoyos públicos al campo, de despidos masivos en el sector público y desempleo generalizado, de topes salariales, etcétera.

El surgimiento de la CD y su posterior ruptura con el PRI tras la designación en 1987 de Salinas de Gortari como candidato de dicho partido, logró atraer la atención de un importante número de trabajadores y campesinos, así como de integrantes de las capas medias de la sociedad, transformándolo con relativa prontitud en el referente de masas de oposición más importante del país. La crítica hacia la política anti popular y antinacionalista por la que ya había optado el PRI y Miguel de la Madrid, además encabezada por el hijo del artífice de la expropiación petrolera de 1938, el General Cárdenas, conectaron con el sentir de las masas empobrecidas que vieron en la CD una alternativa para luchar en defensa de sus intereses.

El anterior resultado y el ambiente especialmente convulsivo de aquella época crearon las condiciones favorables para un movimiento de masas que forzó la candidatura de Cárdenas para las elecciones del 6 de julio de 1998 y la unidad de un significativo número de partidos de oposición para disputarle la presidencia de la República al priísmo. El Frente Democrático Nacional (FDN) nacería en enero del 2008 integrado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (quien postularía a Cárdenas en octubre de 1987), el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Popular Socialista; un mes antes de las elecciones se sumaría al FDN la principal fuerza política de oposición de aquellos años, el Partido Mexicano Socialista, proporcionando una enorme vitalidad y fortaleza al movimiento. Además de dichos partidos también le dieron vida a FDN un número incuantificable de organizaciones políticas, entre ellas la Coalición de Izquierda, el Movimiento de Acción Popular, la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, la Unión de Colonias Populares, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata y la Central Campesina Cardenista.

En ese marco de organización y de polarización social el PRI enfrentaría por primera vez en las historia a un contrincante con amplias posibilidades de arrebatarle las silla presidencial tras la contienda del 6 de julio. La jornada electoral se desarrolló plagada de delitos e irregularidades; incluso estallaron confrontaciones violentas en cientos de casillas entre los seguidores del FDN defendiendo las urnas y los priístas tratando de aplicar sus clásicas triquiñuelas. Lo anterior sin dejar de recordar que cuatro días antes de las elecciones sería asesinado Román Gil Heráldez, secretario de Francisco Javier Ovando, quien correría la misma suerte dos días después. Javier Ovando colaborador de Cárdenas y encargado de recoger el resultado de las elecciones en todo el país, objetivo para el que creó una red para obtener información inmediata y veraz sobre la evolución del voto durante y al finalizar la contienda del 6 de julio. Con su asesinato el PRI y De la Madrid pretendían evitar que la oposición conociera de forma oportuna los resultados y los difundiera con celeridad a la opinión pública.

Ya finalizada las jornada del 6 de julio, y tras el arranque del conteo de los votos, la Comisión Federal Electoral, encabezada por Manuel Bartlett, se encontró que la votación no favorecía al PRI y que la distancia favorable para el FDN ponía a éste último en una tendencia irreversible; la presidencia de la República reacciona rápidamente mandando la orden de que el conteo de votos se suspendiera y que no se hiciera pública ninguna afirmación hasta que se hicieran los ajustes técnicos para modificar las cifras; siendo así ese día a las 8:30 pm aproximadamente se cayó el sistema de computo de la Comisión Federal Electoral justo en el momento en que el conteo ya le daba al FDN una preferencia del 40.16% contra la del PRI en segundo lugar con el 26.76% de los votos y el 26.61% para el PAN en tercer lugar. Después, cuando el sistema se normalizó, las tendencias mágicamente favorecían al PRI. Al final los resultados oficiales le dieron a Salinas el 50.7% de los votos contra el 31% de Cárdenas.

Ante el robo la respuesta fue masiva por parte de los trabajadores y del campesinado pobre abarrotando literalmente en repetidas ocasiones las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México con movilizaciones y mítines defendiendo el triunfo del FDN; el contexto era en verdad favorable para derrotar el fraude a condición de que Cárdenas tomara las medidas adecuadas confiando en la clase trabajadora, apelando a los sindicatos independientes y a la efervescencia contra los charros sindicales al interior de la CTM. Por su parte el campesinado pobre también ya había dado muestras de sobra sobre su disposición de ir hasta las últimas consecuencias. Sin embargo ese llamado no llego y en cambio Cárdenas confió en el PAN, partido que supuestamente votaría en la Cámara de Diputados Federal en contra de la Calificación del proceso electoral. Pero sucedió todo lo contrario: el 27 de agosto de 1988 la dirigencia panista y su candidato, Manuel J. Clouthier, se entrevistarían con Salinas para pactar la calificación del proceso. El acuerdo fue que el PAN no votaría en contra y se abstendría, dejándole el terreno libre a la bancada priista para que ellos solos y su mayoría calificaran positivamente el proceso electoral fraudulento que a la postre llevaría a Salinas al poder.

Tras ese hecho y dado que Cárdenas no confió en la clase obrera para impulsar una resistencia tenaz y a altura de las circunstancias, el movimiento se desgastó yéndose de las manos la oportunidad para derrotar al PRI y al fraude electoral en 1988.

El fraude electoral del 2006

De cara a las elecciones del 2006, Fox y la burguesía conscientes del enorme malestar social acumulado por aquellas fechas y de que éste estaba encontrando un importante cauce de expresión a través del apoyo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en casi todos los rincones del país, factor que ponía en peligro la reproducción en el poder de la derecha y por consecuencia de sus políticas antiobreras, optaron por anticiparse a la contienda electoral tratando de impedir la participación en las mismas del entonces Jefe de Gobierno del DF. Por medio de subterfugios legales Fox trató de quitar el fuero constitucional a AMLO para ser juzgado y sentenciado penalmente para que perdiera sus derechos políticos, incluido el derecho a participar como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2 de julio de 2006.

El proceso contra AMLO se extendió de 2004 a 2005, periodo en el que la respuesta de las masas para defender a quien ya consideraban desde entonces su candidato para el 2006, fue de menos a más. Y tras la consumación del desafuero el 7 de abril de 2005 la movilizaciones en defensa de AMLO alcanzaron cuando menos al millón de seres humanos en el DF. En ese momento para la burguesía el mensaje era claro: o daba marcha atrás en el desafuero o las cosas podrían salirse de control yendo más lejos. En ese contexto Fox sería obligado a morder el polvo y su desafuero fue derrotado.

Ese éxito político de las masas oprimidas y desheredadas se tradujo en un ambiente que creo mayores posibilidades de triunfo para AMLO de cara a las futuras elecciones, viéndose obligados Fox y la burguesía en redoblar sus esfuerzos para impedir un resultado favorable para la izquierda. Cerrando filas los empresarios y los banqueros junto con sus partidos, el PRI y el PAN, organizaron una multimillonaria campaña de desprestigio contra AMLO sin parangón alguno en la historia de México y pusieron al servicio del candidato del PAN todos los recursos tanto de gobierno federal como los de las administraciones estatales para fraguar un fraude que asegurara una lección favorable a la derecha; además las piezas claves para la legitimación del fraude, el IFE y la justicia electoral con titulares a modo, habían sido perfectamente aceitadas para fallar el favor del candidato de los empresarios.

Así se llegó al 2 de julio, y ese día, ya en el primer conteo preliminar AMLO tenía una ventaja sobre Calderón de 500 mil votos. Esa misma noche Luis Carlos Ugalde, entonces consejero presidente del IFE, saldría en cadena nacional declarando que en esos momentos no había ninguna tendencia clara como para definir a un ganador de las elecciones. Con esa maniobra la maquinaria cibernética del fraude ganaría tiempo suficiente para ponerse a trabajar a todo vapor, obteniendo como resultado que al día siguiente, el lunes 3 de julio, desaparecieran 3 millones de votos, creando con ello el margen apropiado para que, basados en la magia de los algoritmos, al concluirse las sesiones en los consejos distritales el 6 de julio, el candidato panista resultara con una ventaja del 0.58 sobre AMLO.

Un día después la consigna del recuento de “voto por voto, casilla por casilla” sería adoptada por la multitudes y el sábado 8 de julio, respondiendo al llamado de AMLO para dar información a sus seguidores, cuando menos medio millón de personas se concentrarían en el Zócalo capitalino. De esa forma arrancaría la lucha contra el fraude electoral y la imposición del espurio Calderón en poder. El domingo 16 las masas nuevamente mostrarían toda su rabia contra el fraude, esta vez con una nueva concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, pero esta vez alcanzando un asistencia del millón y medio. Y la dosis sería repetida el domingo 30 con un acto de masas participando aproximadamente 3 millones de trabajadores de la ciudad y del campo, de acuerdo al reporte de La Jornada en aquellas fechas.

Para ese momento al igual que lo hicieron en 1988, las multitudes obreras y campesinas ya habían expresado toda su voluntad para tomar acciones de gran calado para enfrentar el fraude electoral de la burguesía. Paralelo a ello no hay que olvidar que al mismo tiempo se desarrollaba una formidable insurrección revolucionaria en Oaxaca y que el sindicato minero se encontraba inmerso en una fuerte y combativa oleada huelguística. Además, en marzo de ese año, la respuesta a la ofensiva de Fox de pretender desaparecer al sindicato minero, arrojó como saldo la conformación del Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical, integrado por el Frente Sindical Mexicano, la Unión Nacional de Trabajadores y la Coalición de Sindicatos Nacionales y Confederaciones del Congreso del Trabajo, agrupación que lanzó por aquellas épocas formidables movilizaciones obreras en las principales ciudades del país, especialmente en el DF.

En realidad el ambiente de efervescencia era más que adecuado para la lucha decidida y en ese marco un llamado serio a la huelga general habría creado una ambiente de mayor combatividad, atrayendo a un número mayor de gente a la lucha y en particular a la clase trabajadora organizada a través de sus sindicatos, sacando de la indefinición a sus dirigentes; esa táctica habría puesto a temblar a Fox y a la burguesía con fuertes posibilidades de obligarlos a replegarse. Sin embargo ese 30 de julio AMLO no llamó a la huelga y si al plantón en la plancha del Zócalo, mismo que se extendió a lo largo de la Avenida Reforma, manteniéndose esa medida por aproximadamente 45 días a la par que se apelaba a la justicia electoral para que se limpiaran las elecciones.

No obstante las limitaciones del plantón, el serio temor a la iniciativa de la base de apoyo de AMLO a lo largo y ancho del país semiparalizó al Régimen, viéndose éste obligado a tolerar un movimiento amenazador que de un momento a otro, y teniendo como ejemplo la lucha en las calles y en las barricadas por parte del heroico pueblo  oaxaqueño, podría sobrepasar las acciones propuestas por los dirigentes. Un caso que por sí mismo ilustra la maravillosa fortaleza de la lucha contra el fraude en 2006 y sus alcances es la negativa de los generales ante la exigencia de Calderón como presidente electo para sacar al ejército a las calles; ya antes, en el marco de la lucha contra el desafuero, el alto mando de las fuerzas armadas había rechazado la orden de Fox de lanzar a las tropas contra el pueblo trabajador. Los sectores más inteligentes de la burguesía comprendían que la polarización social estaba en un punto límite y que el sacar al ejército en las calles se podría trasformar en el detonante para un estallido social sobre el cual los dirigentes reformistas ya no pudieran hacer gran cosa para controlarlo, extendiéndose las barricadas de Oaxaca a la Ciudad de México y al resto del país.

Es por ello que los estrategas de la derecha mejor optaron por resistir a piedra y lodo, atrincherándose en sus reservas de combate (el IFE, los tribunales electorales, el parlamento, etcétera)  y confiando en que los dirigentes de izquierda no llamarían a ninguna acción más enérgica por encima del plantón de Reforma para que el cansancio y el desgaste, acompañados de una salvaje campaña mediática de desprestigio contra la lucha, hicieran mella en el movimiento hasta debilitar significativamente su capacidad de respuesta. El sábado 5 de agosto el TEPJF rechaza por unanimidad la exigencia de AMLO de realizar un nuevo conteo de las 130 mil 477 casillas instaladas el 2 de julio, ordenando solo abrir 11 mil 839 paquetes electorales correspondientes al 9 por ciento del total. Finalmente esa misma institución el 5 de julio determina avalar legalmente las elecciones fraudulentas.

Así, tras varias semanas de feroz combate, las diferentes oportunidades para derrotar el fraude electoral del 2006 se desperdiciarían, siendo jurado como presidente de la República el espurio Calderón el 1° de diciembre de ese año.

2012: no permitamos que la historia se repita

La burguesía y sus partidos llegan a las elecciones del 2012 convencidos de que por ningún motivo se podría poner en riesgo su estancia en el poder en un momento decisivo para el capitalismo dado la crisis económica que sacude al planeta desde el verano del 2007. La actual crisis mundial del capitalismo provocó una seria desaceleración en nuestro país durante 2008, derivando esa situación un año después  en el peor colapso económico de los últimos 70 años de historia en México. Todo ello se ha traducido en despidos masivos y la caída generalizada de los niveles de vida para todos nosotros, pero también en el cierre y quiebra de miles de empresas. Y a pesar de la relativa recuperación que México experimentó durante 2010 y parte de 2011, ya para la segunda mitad de ese último año y a lo largo de 2012 nuevamente la economía nacional arroja importantes signos de deterioro, alimentando de forma gradual pero firme una nueva recesión.

Siendo ello así, para salvaguardar sus privilegios en ese contexto de desaceleración económico y ante una eventual nueva recesión, fenómenos que provocan la caída de los beneficios empresariales, la clase dominante sabe que es necesario no sólo mantener el rumbo respecto a sus políticas implementadas a través del Estado sino que se requiere profundizarlos; los barones del dinero temen de un gobierno de izquierda con las masas proletarias detrás de éste presionando para que sus demandas sean satisfechas.

Lo anterior dado que para proteger sus intereses en medio del torbellino de la crisis mundial de la economía, la burguesía necesita disciplina y lealtad total de parte del Estado para incrementar la explotación de los trabajadores y el saqueo de la riqueza nacional. Lo que la mafia en el poder necesita es privatizar al 100% el sector energético –Pemex y CFE-, desmantelar al IMSS y al ISSSTE, profundizar la privatización de la educación, imponerle IVA a alimentos y medicamentos, así como imponer la contrarreforma laboral, entre otros ataques. Eso es lo que necesita el capital y no reformas que por modestas es insuficientes que sean para solucionar algunos de los problemas de los más pobres, signifiquen algún costo para la burguesía o que entorpezcan el que los recursos del Estado sean puestos a su disposición tal como sucede, por ejemplo, con el multimillonario rescate bancario impuesto por el PRI en el sexenio de Zedillo y que hasta la fecha continúa desangrando las finanzas públicas.

Si en 2006 el fraude electoral fue necesario para los intereses de los banqueros y empresarios, en este marco mundial de crisis económica la imposición fraudulenta de Enrique Peña Nieto (EPN) en el Poder les resulta a estos señores doblemente indispensable. Por eso fraguaron un fraude no sólo monstruoso, sino además extremadamente cínico, es decir a la luz del día, pues los priístas y Calderón no tuvieron el menor empacho en cuidar las formas y ocultar algo.

Proyectos como “Promueve 2012” (financiado por diferentes organizaciones, entre ellas la Fundación Jumex y Cáritas de la diócesis de Ecatepec, para garantizar 4 millones de votos para el PRI en el Edomex), la “Operación maletas” (diseñado para triangular fondos de todos los gobiernos priístas de las diferentes entidades del país hacia la campaña de EPN), el “Operativo Ágora” (diseñado por el SNTE y Elba Esther Gordillo y con un costo mayor a los 151 millones de pesos para movilizar a las urnas 3.5 millones de votos cautivos para el PRI y a 6 millones de “ciudadanos contactados”) el caso de Banca Monex (por medio del cual se pusieron al servicio de la logística de la campaña y para el pago de todo un auténtico ejército de operadores políticos del PRI 159.4 millones de pesos) o el de la tienda departamental Soriana (distribución de 5.2 millones de dólares por medio de cientos de miles de monederos electrónicos para la compra del voto. Tan sólo en el Edomex se distribuyeron 1.8 millones de esa clase de tarjetas), fueron casos ampliamente documentados por la prensa y a la fecha continúan impunes.

Lo anterior sin olvidar la multimillonaria campaña televisiva a favor de EPN y denunciada por el diario británico The Guardian tres semanas antes de las elecciones, ni los tres millones de boletas electorales apócrifas decomisadas por el FBI en Texas, EU, o las 2.5 millones de boletas duplicadas e impresas por la empresa Talleres Gráficos de México por ordenes del IFE y que fueron enviadas a Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Guerrero, Tlaxcala, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, Yucatán, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Colima y el Distrito Federal.

La lista de todas las triquiñuelas es más larga aún, pero otro caso a destacar por su dramatismo como un recurso más del fraude y que demuestra hasta donde son capaces de llegar los priístas y los empresarios con tal de imponer su voluntad, es el asesinato de los compañeros Tomas Betancurt, coordinador de Morena en Nuevo León, y de Luis Antonio Contreras, representante del PRD ante el Instituto Electoral de Valle de Santiago, Guanajuato. Ambos fueron ejecutados por pistoleros a sueldo horas antes de las elecciones del 1° de julio.

Ante la más descarada evidencia del fraude, AMLO no tiene que reconocer los resultados que tras las conclusión del cómputo de los votos, el viernes 6, le dan el 38.21% a EPN contra el 31.59% al candidato de la izquierda. En sus diferentes declaraciones a lo largo de la primera semana AMLO ha insistido en la vía legal para impugnar los resultados y no ha convocado a ningún acto de masas para luchar en las calles; a pregunta expresa de que si convocaría a movilizaciones durante la conferencia de prensa del día 5, el máximo dirigente de izquierdas respondió de la siguiente manera: “Están nerviosos [refiriéndose a la derecha] porque pensaron que íbamos a actuar de otra manera (…) vamos a seguir el proceso legal…”

En esencia esa es la actitud que ha mantenido AMLO tras una semana de las elecciones y está claro que ese camino sólo le facilitará las cosas a la mafia en el poder para conculcar el fraude, prueba de ello es el recurso de impugnación interpuesto por Ricardo Monreal, coordinador de campaña de AMLO, solicitando el recuento del 100% de las casillas electorales y frente al cual el IFE ha reaccionado aplicando dicha medida únicamente al 54% del total de los sufragios.

El fraude avanza y hay que frenarlo en seco, ello no quiere decir que sea necesario renunciar a la lucha en los tribunales electorales, pero sí significa el que esta tenga que ser acompañada de un poderoso movimiento de masas en las calles, como en 2006, pero esta vez reforzado por medidas que demuestren en realidad quién tiene la fuerza en esta sociedad. Y dicha fuerza radica en la clase trabajadora y su participación en la producción, es decir, por consecuencia, en su capacidad para frenar la crisis económica por medio de una huelga general que golpee el corazón mismo del capitalismo y los intereses de los barones del dinero.

Las movilizaciones y el plantón del 2006 contra el fraude y la imposición de Calderón fueron magníficas, pero a la postre resultaron insuficientes. Debemos sacar las lecciones necesarias de la experiencia anterior para concluir que esta vez necesitamos ir más lejos, las circunstancias exigen. Las condiciones son magníficas para luchar: los estudiantes de aproximadamente 150 universidades de todo el país se están movilizando, la UNT y el Frente Sindical Mexicano –mismo este último conformado por el SME, entre otros- se agruparon en mayo pasado en Morena Laboral; el 23 de junio 600 organizaciones de todo tipo, entre ellas sindicales, lanzan el Manifiesto Por la Paz y la Legalidad Electoral en el que expresan su decisión de salir a las calles contra un nuevo fraude electoral, y el día 25 del mismo mes 12 organizaciones campesinas de masas formaron un frente anti Peña Nieto. Ello sin dejar de lado a los 4 millones de afiliados a Morena y los otros cientos de miles de militantes del resto de los partidos de izquierda y la voluntad de lucha demostrada por las masas oprimidas y explotadas por el capitalismo a través de la concentración de 1.4 millones de seres humanos provenientes de todo el país para el cierre de campaña de AMLO el 27 de junio. Con esa respuesta los trabajadores le estaban mandando una señal muy clara al candidato de izquierda sobre su disposición a atender un llamado a acciones de fondo para derrotar al PRI y al resto de la derecha.

En todos los factores expuestos en el anterior párrafo son en los que AMLO tiene que confiar para actuar de manera decidida. En el pasado el triunfo del fraude que llevó a Salinas al poder tuvo un costo más que elevado para la clase trabajadora, el campesinado pobre y sus familias; también esos años fueron negros para la izquierda, pues otra factura por el triunfo de Salinas fue el asesinato sistemático de militantes del PRD, aproximadamente 650 compañeros. También el triunfo del fraude en 2006 ha tenido una trascendencia terriblemente negativa para las condiciones de vida y de trabajo para los desheredados; además el baño de sangre bajo el gobierno de Calderón con más de 60 mil víctimas fatales es el más dramático en décadas de historia de nuestro país. Si nuevamente triunfa el fraude y Peña Nieto es impuesto ya veremos cómo el costo por no actuar a la altura del reto impuesto por la burguesía arrojará saldos similares o incluso más graves que los de la actual administración panista.

Nuestro único camino es pasar a la acción por medio de la huelga general, impulsando un Frente Único de sindicatos, Morena, partidos de izquierda, el Movimiento #YoSoy132, centrales campesinas, además de la conformación de comités de acción y lucha en todas los centros de trabajo, comunidades campesinas, escuelas, barrios obreros, etcétera, con el objetivo de unificar la lucha en todo México. Al mismo tiempo tenemos que pugnar por un programa de lucha que asegure la derrota definitiva de la derecha por medio de la expropiación de los barones del dinero y de toda la clase dominante bajo el control democrático de la clase trabajadora.

Es posible derrotar al fraude electoral y lo que se necesita es determinación, pues las condiciones son las necesarias, es por ello que AMLO debe convocar a una lucha decidida y a una huelga general.