Contrarreformas y polarización social
Los dos últimos años, tras la renuncia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a responder con la movilización frente al fraude electoral de 2012 que impuso a Peña Nieto (PRI) en el poder, y después de la claudicante firma del Pacto Por México por el PRD, el régimen consiguió la confianza necesaria para imponer parte de sus contrarreformas más estratégicas: la laboral (noviembre de 2012), la educativa (febrero 2013), y la energética (diciembre 2013). Frente a esta ofensiva de la burguesía, la oposición del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del resto de sindicalismo independiente, ha sido más que tibia. En definitiva, los primeros 10 meses de 2014 han estado marcados por la negativa a luchar de parte de las principales organizaciones de masas.
No obstante, durante ese mismo periodo algunos sectores rebasaron por la izquierda a los dirigentes reformistas, poniendo en entredicho su política de paz social y desmovilización. Fue el caso del heroico movimiento de autodefensas de Michoacán (febrero de 2013), el de los médicos (junio 2014) y el movimiento de masas en Puebla (agosto-septiembre 2014) contra la política represiva del gobernador Moreno Valle. Estas expresiones del profundo descontento social que se estaba acumulando en la base de la sociedad, eran un anticipo del estallido en el mes de septiembre-octubre, en el que un movimiento juvenil como no se conoce en México en muchas décadas, y la movilización de masas contra la horrible matanza de 43 estudiantes en Guerrero, han colocado al régimen priista contra las cuerdas.
Crisis del Régimen
Primero fue la extraordinaria lucha de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) contra la imposición de un nuevo y reaccionario reglamento interno, e inmediatamente después el gran movimiento de protesta por los hechos sangrientos contra los normalistas de Ayotzinpa. La visualización del Estado actuando conjuntamente con el Narco para agredir a la lucha social, añadió un ingrediente especialmente inflamable.
El tráfico de droga desde México a los EEUU reporta al Narco, y a sus colaboradores en todas las estructuras del Estado mexicano, aproximadamente 29.000 millones de dólares, cantidad de la cual el 50% termina en la banca nacional. Por otro lado, de 2006 a 2013 se contabilizan aproximadamente 100.000 muertos y casi 30.000 desapariciones forzadas por la actividad de los 88 carteles de la droga que operan en México y la hipócrita “guerra” del Estado contra el Narco. Esa masacre se desarrolla ahora en medio de la lucha de clases más importante desde 2006, consecuentemente para las organizaciones de los trabajadores el camino es la lucha frontal contra el capitalismo, expropiando los bienes del Narco y de los grandes empresarios vinculados por miles de lazos políticos y económicos con él.
Hay que subrayar que la intensidad con que se ha expresado la lucha de clases en las últimas semanas ha dejado traslucir la seria debilidad del Estado, derivando ello en resultados pocas veces vistos en años: los estudiantes del IPN no sólo repelieron el ataque del nuevo reglamento interno, sino que además lograron revertirlo arrancando una serie de demandas, entre ellas la renuncia de la directora general de dicho centro de estudios, Yoloxóchitl Bustamante. Otro caso es la incapacidad del Estado para reprimir la furia con que se han manifestado normalistas y maestros en Guerrero, que además de prender fuego al Palacio de Gobierno del estado han ocupado una veintena de ayuntamientos guerrerenses junto a la población. En muchas localidades de Guerrero las respectivas asambleas populares han tomado prácticamente el control político de las localidades y el Estado no lo ha podido impedir.
También la caída el pasado 23 de octubre del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, es un estupendo termómetro del momento actual de la lucha de clases, pues a diferencia de Oaxaca, entidad en la que el gobernador Ulises Ruiz logró mantenerse en el poder hasta terminar su mandato a pesar de la abierta insurrección revolucionaria de 2006, en esta ocasión las cosas han transcurrido de otro modo.
La presión del movimiento de masas, especialmente de la juventud estudiantil que ha protagonizado manifestaciones de decenas de miles en el DF (como la del 22 de octubre) y en numerosas ciudades de todo México, paralizando las clases del IPN y arrastrando a la huelga a decenas de facultades de la UNAM, la UAM, y numerosas escuelas preparatorias, se ha dejado sentir en las cúpulas de las organizaciones de la izquierda y de los sindicatos, en los llamados de los dirigentes de la UNT y de AMLO. Sin embargo AMLO y MORENA siguen sin reaccionar adecuadamente: ante una Plaza del Zócalo repleta (26 de octubre) AMLO no hizo ningún planteamiento para lanzar la movilización con fuerza, subordinando todo a las elecciones intermedias del 2015; y ahora, tras ser rechazada por la Suprema Corte su petición de consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre las contrarreformas aprobadas por Peña Nieto, la acción anunciada a tomar es interponer una demanda ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¡Esta estrategia es más de lo mismo, más de un planteamiento que ha fracasado y que no sirve para derrotar PRI!
El movimiento estudiantil
Hoy en día el homicidio es la principal causa de muerte entre la juventud. ¡El capitalismo ha trasformado a México en un infierno para los jóvenes!
En ese panorama sólo faltaba el estímulo adecuado para que las tensiones acumuladas entre la juventud, salieran a flote. Peña Nieto, mirando la escasa respuesta de los dirigentes de masas frente a los ataque previos, subestimó a los estudiantes e intento imponer la versión para el IPN de su contrarreforma educativa. La respuesta fue meteórica pues el paro estudiantil que inició en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, en cuestión de días se extendió a toda la institución, que alberga a aproximadamente 160.00 alumnos. Inmediatamente la solidaridad de otras universidades se hizo sentir con fuerza: el 30 de septiembre se movilizaron en el DF miles de estudiantes del IPN, de la UNAM, de la UAM, de la UACM, etcétera, e incluso de algunas universidades privadas. Lo mismo se repetiría en la tradicional movilización del 2 de octubre, que recuerda la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en 1968. Finalmente, un día después, el 3 de octubre, el Estado anunciaría la anulación del nuevo reglamento interno del IPN.
A estas alturas ya eran visibles las muestras de apoyo en varias universidades de otros puntos de México, dando como resultado lo que sin duda alguna puede ser caracterizado como el estallido juvenil más intenso y profundo de al menos la última década y media. Pero el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa harían que las acciones del movimiento estudiantil se intensificarán aún más, con nuevas huelgas masivas el 14, 15, 22 y 23 de octubre y con una gran extensión en decenas de universidades de diferentes puntos del país. En estos momentos ya se impulsa un nuevo paro para el 5 de noviembre.
En todo este gran movimiento juvenil, el Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública (CEDEP) ha jugado un papel especialmente destacado en Ciudad Universitaria (UNAM), en la FES Aragón, en la UAM-I, en la BUAP, en la UPN de Toluca, en la Escuela Superior de Música del IMBA y otras instituciones de enseñanza media y superior. En dichos cetros de estudios y en los actos de masas, el CEDEP ha agitado en torno a la necesidad de unificar al movimiento estudiantil, dotarlo de un programa claro, vincularlo con el movimiento obrero, entre otras ideas, que han sido bien recibidas por el movimiento, entre ellas la de impulsar la jornada nacional de lucha del próximo 5 de noviembre.
Maniobras del Estado
Por su parte, Peña Nieto está tratando de ganar tiempo en las investigaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos hasta poder ofrecer una cabeza en sacrificio (la detención del alcalde prófugo de Igual, José Luís Abarca, e incluso del propio Aguirre o de allegados) y esperar a que la tensión social se enfríe, pues en las condiciones desarrolladas en las últimas semanas una noticia oficial sobre un trágico final para los estudiantes secuestrados, podría provocar que la lucha contra el Régimen adquiera bríos mayores a los ya vistos.
Desafortunadamente la táctica dilatoria del Estado se puede ver favorecida si MORENA y la UNT no asumen una postura verdaderamente firme de lucha. Los estudiantes y otros sectores populares están haciendo su mayor esfuerzo para sacar adelante las dos principales demandas del movimiento de masas: apoyar la lucha del IPN y conseguir la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa. Pero dar un impulso mayor a una lucha que ya cuenta con varios paros generales y movilizaciones de masas, requiere lograr la participación del movimiento obrero.
Lamentablemente las direcciones de estas organizaciones siguen empeñadas en tratar de amortiguar el descontento social para reconducirlo hacia el frente electoral. Una estrategia que choca con las aspiraciones del movimiento en estos momentos que demanda acciones masivas, contundentes y unificadas a escala de todo el país. AMLO ha insistido en las últimas semanas sobre la necesidad de que Peña Nieto dimita antes del 1 de diciembre próximo y que se convoque a elecciones anticipadas; si esa demanda fuera acompañada de un plan de acción concreto con paros escalonados y movilizaciones en todo el país, que desembocaran en una huelga general, se podría luchar por ese objetivo y por la derrota del PRI. Con ese método las cosas darían un vuelco significativo, pues la convocatoria sería tomada con las dos manos por millones de jóvenes y trabajadores. En cualquier caso, todavía no está dicha la última palabra, pues los sectores que han entrado a la batalla en estas últimas semanas han demostrado mucha independencia para actuar. La lucha sigue ¡Hasta la victoria!
