El imperialismo y la derecha arrecian la campaña de acoso y derribo contra el gobierno de Kirchner
El 18 de febrero una manifestación que congregó a decenas de miles de personas discurrió por las calles de Buenos Aires. La misma fue convocada por un grupo de fiscales en memoria de Alberto Carlos Nisman, fiscal especial del caso AMIA, que apareció muerto en su casa días antes, de un disparo en la cabeza. La llamada “marcha del silencio” tuvo una amplia cobertura mediática tanto dentro como fuera de Argentina y contó con el apoyo de amplios sectores de la derecha. La misma ha servido para relanzar la campaña del imperialismo y la reacción contra el gobierno argentino que se desarrolla desde hace años.
En esta nueva vuelta de tuerca, se pretende inculpar de la muerte de Nisman al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), que habría actuado, según esta campaña, en un intento desesperado de acallar las denuncias del fiscal, que acusaba al ejecutivo de tratar de paralizar la investigación sobre el atentado que sufrió la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) hace más de veinte años.
Atentado contra la AMIA
El atentado con coche bomba a la AMIA tuvo lugar el 18 de julio de 1994, y fue el más importante contra los judíos desde la Segunda Guerra Mundial, con 82 muertos y 300 personas heridas. Aunque se barajaron diferentes hipótesis sobre la autoría, el Estado argentino no avanzó nada en su esclarecimiento en todos estos años.
La llegada en 2003 del gobierno de Néstor Kirchner sobre la base de la situación revolucionaria originada tras el Argentinazo, supuso un cambio significativo en la resolución de las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar. La derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promulgadas bajo el gobierno de Alfonsín, abrió la puerta a la demanda histórica del procesamiento de la oficialidad que participó en el genocidio durante la dictadura. El gobierno de Kirchner impulsó también la investigación del atentado contra la AMIA, que había sido encubierto por los anteriores gobiernos debido a la implicación de sectores del aparato del Estado en el mismo. Kirchner nombró en 2011 a Nisman como fiscal especial del caso, otorgándole plenos poderes para la resolución del mismo, y adjuntándole a Jaime Stiusso, jefe de los servicios secretos argentinos. Las investigaciones, cuya principal fuente de información era Stiusso, apuntaban como autores del atentado a agentes iraníes ligados a Hezbolá.
Sin embargo, Nisman fue aumentando gradualmente su enfrentamiento con los Kirchner. Y en enero de 2015 llegó a imputar a CFK por obstaculizar la captura de los presuntos autores del atentado. El enfrentamiento de Nisman con el gobierno argentino estuvo marcado por la firma, en febrero de 2013, de un memorando con Irán, aprobado en el Congreso Nacional, que desde el punto de vista del gobierno suponía un avance en el juicio por el atentado: se acordaba la conformación de una comisión de la verdad y la visita a Irán de jueces y fiscales argentinos para tomar declaración a los presuntos culpables del atentado.
La muerte de Nisman
El fiscal Gerardo Pollicita tomó la causa dejada por Nisman e imputó a la presidenta, al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, y a otras personas ligadas al gobierno. El 26 de febrero el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia señalando que “la futura entrada en vigor del acuerdo (entre Argentina e Irán) de ninguna manera tenía que poner en riesgo (…) las órdenes de captura y que el único que lo podía hacer era el juez de la causa, esto además fue refrendado por (…) secretario general de Interpol, no una, sino por lo menos tres veces ante distintas consultas que se le hicieron públicas”. "En este caso”, seguía el juez, “estoy convencido de que (…) no hay absolutamente ninguna evidencia que revele que [el gobierno argentino] tenía alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la Justicia argentina, sino al contrario, que agotó todas las instancias para lograr que la causa de investigación por el atentado a la AMIA avance".
El Memorando con Irán fue mal visto por la comunidad judía del país, la más numerosa de América Latina y la quinta del mundo, y por los Estados Unidos, que no quieren que ninguna otra potencia imperialista, aunque sea de segundo nivel, meta las narices en su patio trasero. Y es evidente que ha habido presiones para evitar su aplicación.A través de los cables de Wikileaks se ha establecido la conexión de Nisman con la embajada norteamericana en Argentina. Nisman visitaba regularmente la sede diplomática, informaba previamente de los pasos que iba a dar y pedía consejo, no tomando ninguna decisión sin consultarla antes.[1]
Por su parte, Stiusso, exjefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en los últimos veinte años, es también un personaje turbio. Se le ha denunciado reiteradamente de estar ligado a los servicios de inteligencia de EEUU e Israel. Stiusso participó activamente en los grupos que durante la dictadura secuestraban y asesinaban a activistas de la izquierda. De hecho, el cineasta Pino Solanas lo denunció públicamente como miembro de los mismos. En diciembre de 2014 CFK decidió disolver el Servicio de Inteligencia, exSIDE, y despedir a Stiusso. Así que probablemente la presión de EEUU eIsrael, y del a propia burguesía argentina, junto a la venganza de Stiusso, a través de Nisman, podrían estar detrás de la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner.
Elementos fascistas siguen en el aparato del Estado argentino
Lo que es evidente e indiscutible es que la muerte de Nisman está beneficiando políticamente a la reacción. El caso Nisman se ha convertido en el eje central de la política argentina en pleno año electoral (en el mes de octubre se elige nuevo presidente y Cristina Fernández no se presenta).
La llegada de los Kirchner al poder sobre la base del movimiento de masas, al igual que en otros países de América Latina (como Venezuela, Bolivia o Ecuador), muestra el poder del movimiento de la clase obrera en todo el continente. Esta correlación de fuerzas favorable, junto a una época de auge del precio de las materias primas, ha permitido a estos gobiernos hacer toda una serie de reformas que les ha granjeado un apoyo de masas. Una burguesía debilitada se ha visto obligada a tener que tolerar durante un tiempo este tipo de gobiernos, que no responden a sus intereses ni a los del imperialismo. Eso no quiere decir que no sigan trabajando, por todos los medios, para derribarles y así asestar un golpe al movimiento de masas que los ha aupado.
El hecho de que los Kirchner llegaran a la jefatura del gobierno no cambia el carácter del estado capitalista argentino, reaccionario y podrido. La disolución de la ex-SIDE, que se había convertido en un Estado dentro del Estado de la mano de Stiusso, y el propio caso Nisman, son un capítulo más en la historia de la putrefacción del mismo. Tanto Néstor como Cristina Kirchner han intentado conciliarse con sectores del aparato estatal que, llegado el momento, se han vuelto contra ellos. Se ha visto en el caso de Stiusso. Otro ejemplo es el nombramiento de César Millani como jefe del ejército, el cual suscitó una gran polémica pues desde sectores de la izquierda se le acusa de participar en las desapariciones y asesinatos durante la dictadura. Igualmente escandaloso está siendo el conocido como Proyecto X, una base de datos policial creada en 2002 que, con la excusa de luchar contra la criminalidad, incluye a organizaciones y movimientos sociales y de la izquierda. Este tipo de concesiones encierran un peligro mortal para la clase obrera.
Desde el movimiento revolucionario se debe apoyar cualquier paso adelante en la depuración del aparato estatal siendo plenamente conscientes de que el actual aparato estatal burgués es completamente irreformable y que todas los avances en los derechos democráticos solo se pueden garantizar y completar plenamente construyendo en auténtico Estado revolucionario, sobre la base de que la clase obrera organizada tome todo el poder en sus manos. Es la única garantía de una democracia real en Argentina y en cualquier otro país.
