¡Acabar con los capitalistas y echar a los burócratas! ¡Todo el poder político y económico a los trabajadores!
El pasado 20 de agosto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decretaba el cierre de la frontera colombo-venezolana en el estado Táchira. Esta decisión se planteaba como respuesta a un ataque de paramilitares colombianos contra efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y para luchar contra el contrabando masivo de productos regulados por el estado venezolano con destino a Colombia.
Con su cinismo habitual, la oligarquía colombiana –representada tanto por el gobierno derechista de Santos como por la oposición ultraderechista liderada por Uribe— ha lanzado una virulenta campaña intentando achacar toda la responsabilidad del conflicto, así como el empeoramiento en las condiciones de vida de las masas colombianas en las zonas limítrofes con Venezuela, a esta decisión del gobierno venezolano. También pretenden ocultar su responsabilidad en la extensión del contrabando a través de la frontera. El gobierno colombiano no sólo hace la vista gorda respecto a esta realidad, ha aprobado además medidas que, en la práctica, facilitan la labor de las mafias del contrabando.
Las causas del contrabando
En Venezuela, desde 2003, existe control de cambios y precios. El Estado impone un precio máximo a toda una serie de productos básicos y un cambio fijo oficial respecto al dólar con el objetivo de impedir la fuga de divisas y garantizar el acceso de la población a toda una serie de productos indispensables a precios razonables. Los capitalistas intentan achacar los problemas de la economía venezolana a estos controles y a la intervención del gobierno en la economía, cuando el problema es precisamente el contrario. En la medida en que todavía no se han culminado todas las tareas de la revolución y los capitalistas siguen manteniendo la propiedad de la gran mayoría de bancos, empresas y tierras, es decir, palancas fundamentales de la economía siguen en manos de la contrarrevolución, la burguesía puede burlar los controles, especular con las divisas y los precios y realizar todo tipo de sabotajes económicos.
Uno de los principales negocios de la parásita burguesía venezolana es vender más caro en el mercado paralelo buena parte de los dólares que les otorga el Estado a precio preferente para, supuestamente, realizar importaciones. Otro consiste en acaparar los productos regulados para especular con ellos. Durante el último año, la inflación y el diferencial entre el dólar oficial y el paralelo se han descontrolado tanto que la especulación con las divisas y el contrabando de alimentos y otros productos regulados han multiplicado su rentabilidad (que ya era grande).
Mercancías conseguidas a precio regulado son revendidas en la propia Venezuela a dos o tres veces ese precio. Al otro lado de la frontera pueden ser vendidas incluso a precios que representan un 500 o 600% de ganancia. En el caso de la gasolina venezolana (la más barata del mundo) la ganancia que proporciona su venta ilegal en Colombia llega a superar en algún caso la del tráfico de drogas. En un contexto de empeoramiento de la situación económica en ambos países, y con estas rentabilidades, el contrabando atrae a sectores crecientes de la población más desmoralizada y desesperada a ambos lados de la frontera.
Para abordar este problema es imprescindible comprender que su causa no es el “egoísmo” o “falta de conciencia” de los sectores que participan en el contrabando a pequeña escala (como plantea un sector de la burocracia reformista dentro del propio gobierno venezolano) sino el agravamiento de todos los problemas y lacras que genera el capitalismo: especulación, escasez, inflación, etc. La inmensa mayoría de detenidos o deportados por esta actividad pertenece a los sectores más empobrecidos de la población. Sin embargo, el contrabando mueve toneladas de mercancías, en grandes camiones, barcos e incluso aviones, y no sólo en la frontera colombiana, también en Bogotá y otras grandes ciudades; así como en otras fronteras. Ello sólo es posible porque detrás están empresarios con los medios económicos necesarios (capital, transportes, etc.) y los contactos en la burocracia estatal (incluidos el ejército y la policía) a ambos lados de la frontera.
La burguesía venezolana presenta en sus medios a los indocumentados procedentes de Colombia como los principales responsables del contrabando. Lamentablemente, algunos sectores burocráticos aceptan acríticamente esta idea reaccionaria, y muy peligrosa. Con ello los capitalistas (colombianos y venezolanos), además de ocultar su responsabilidad, pretenden utilizar la indignación popular contra el contrabando en Venezuela –y el malestar que produce el cierre de la frontera en Colombia— para enfrentar a ambos pueblos, así como para desacreditar a la revolución venezolana, identificando colas, escasez y subidas de precios con “socialismo”.
Completar y extender la revolución
La extensión del paramilitarismo, la miseria y violencia a que condena la burguesía colombiana a los jóvenes, campesinos y trabajadores del país hermano hace que millones de ellos emigren legal e ilegalmente a Venezuela desde hace décadas. Actualmente en Venezuela (cuya población ronda los 30 millones de habitantes) hay entre 5 y 6 millones de colombianos. Desde el inicio de la revolución Chávez defendió la hermandad entre ambos pueblos, diferenciando entre la asesina oligarquía que domina Colombia y el pueblo colombiano. Una conquista de la revolución ha sido la regularización y dignificación de millones de jóvenes y trabajadores colombianos indocumentados, concediéndoles la nacionalidad y empleos y condiciones de vida dignos. Mientras la economía venezolana crecía, los planes sociales del Gobierno estaban en su apogeo y la revolución en ascenso, tanto los jóvenes y trabajadores venezolanos como la población inmigrante (colombiana y de otros países) mejoró significativamente sus condiciones. Entonces también había controles de precios, la frontera estaba abierta, y no se desarrolló el contrabando masivo de alimentos.
El cierre de la frontera no resuelve el problema del contrabando ni otros que padecemos, pero sí puede ser utilizado para desacreditar a la revolución venezolana entre los trabajadores de Colombia y de otros países. La solución al contrabando, inflación y acaparamiento es acabar con la propiedad capitalista de los bancos y las empresas y que la economía y el estado de Venezuela pasen a estar bajo gestión directa de los trabajadores y el pueblo. Sólo así se podrá dar satisfacción a las necesidades sociales, ofrecer empleos alternativos al contrabando, erradicar a las mafias corruptas y especuladoras formadas por capitalistas y burócratas y resolver los graves problemas económicos que actúan como caldo de cultivo para el desarrollo de ésta y otras lacras. Esa es también la única manera de derrotar los planes capitalistas para aislar y desviar de sus objetivos socialistas a la revolución venezolana y que ésta pueda extenderse a Colombia e internacionalmente.
