El pasado 10 de diciembre el derechista Mauricio Macri tomaba posesión como nuevo presidente argentino en medio de un tenso clima social, tras un decreto judicial que adelantaba el final del mandato de Cristina Fernández y con esta negándose a asistir al acto institucional. Ese día, la expresidenta organizó un acto de despedida multitudinario en la Plaza de Mayo. Los gritos constantes, masivos, coreando “vamos a volver”, dan cuenta del ambiente de combate que existe entre amplios sectores de la población y su disposición a enfrentarse al nuevo gobierno derechista.

Un gobierno de capitalistas y represores

La composición del nuevo gobierno muestra a las claras para quién va a gobernar. La mayor parte de los ministros son exdirectores ejecutivos de grandes multinacionales, como el caso del titular de Hacienda, Prat-Gay, exdirectivo del Banco JP-Morgan. Y el estrecho vínculo existente en Argentina entre los capitalistas y los militares golpistas se refleja en que en distintos niveles de responsabilidad del nuevo gobierno aparecen extorturadores o defensores de la dictadura, como Juan José Gómez Centurión, un excarapintada que ocupa la Dirección General de Aduanas, o Germán Garavano, actual ministro de Justicia, que forma parte de la organización FORES, que defiende la actuación de los militares en la dictadura. Que Macri tuviera que rectificar con alguno de estos nombramientos, después de la protesta generada, es un reflejo también de las dificultades que se va a encontrar para aplicar su programa. Por su parte, el aparato judicial —que ningún gobierno, incluidos los de los Kirchner, depuró tras la dictadura— no ha dudado en excarcelar a 10 torturadores nada más tomar posesión Macri.
En pocos días se aprobaron 40 decretos, incluyendo medidas que benefician a los latifundistas y empobrecerán a los trabajadores. El Gobierno propició la devaluación del peso, que cayó casi un 50%, acabando con el Cepo cambiario*. Esto facilita la venta de cereal y carne al extranjero. Y si se exporta más, la oferta para adentro es menor, lo que provoca aumento de precios, que es exactamente lo que ha ocurrido, empobreciendo a los sectores populares. Paralelamente a la devaluación, el gobierno decretó el fin de los impuestos a la exportación de cereal, perdonando a los latifundistas 84.000 millones de pesos que dejará de ingresar el estado, haciendo aún más atractiva la exportación y empujando todavía más al alza los precios de venta en el interior, para equiparar la tasa de ganancia a la de la venta exterior.

Subidas en luz y transporte y despidos de empleados públicos

Durante años los gobiernos kirchneristas mantuvieron relativamente bajos los precios de la luz y el transporte aunque a base de entregar ingentes cantidades de dinero (hasta el 4% del PIB) a los empresarios del sector, cuando lo que correspondía era expropiar a estas compañías, que usaban el dinero para lucrarse y no para garantizar un servicio de calidad. Ahora el gobierno Macri ha anunciado subidas en el recibo de la luz, de 150 pesos a 400, e incrementos del 30% en el transporte. Y todo esto en un contexto de subida general de los productos de primera necesidad.
Simultáneamente, el Gobierno ha comenzado su plan de ajuste en la administración, con el despido de miles de empleados públicos. Como siempre hace la derecha, el ejecutivo lleva semanas difamando a este sector acusándoles de “ñoquis” (trabajadores colocados a dedo que no aparecen por sus puestos). La realidad es que el grueso de los empleados públicos trabajan en condiciones precarias con sueldos que rara vez superan los 6.000 pesos (400 euros). De momento han sido despedidos casi 3.500 funcionarios del Estado, pero si añadimos los despidos en provincias (realizados mayoritariamente por la derecha pero también, en algunos casos por kirchneristas) la cifra supera los 15.000. Y Macri amenaza nada menos que a otros 60.000.

Respuesta en las calles

Tal y como explicamos en artículos anteriores, el nuevo gobierno se va a enfrentar a un formidable movimiento de oposición, que ya ha comenzado.
A la gigantesca despedida a Cristina Fernández el 10 de diciembre le siguió, tan solo tres días después una masiva manifestación de miles de personas en contra de la derogación de la Ley de Medios. Y el día 20, Axel Kicillof, exministro de Cristina, reunía a 10.000 personas en el Parque del Centenario para denunciar los planes de ajuste de Macri. Dos días después se celebró una manifestación contra el gobierno, de empresas en lucha y organizaciones de izquierda. Esta hubiese sido mucho mayor si a última hora no se hubiesen descolgado algunas organizaciones sindicales y kirchneristas, quienes decidieron desconvocar tras la concesión de un ínfimo aguinaldo de 25 euros por parte del Gobierno a las familias más desfavorecidas. Y junto a esto, los empleados públicos —encabezados por los despedidos del Centro Cultural Néstor Kirchner— están protagonizando ya protestas y paros contra los despidos. Todo esto cuando el gobierno lleva poco más de treinta días al frente de la Casa Rosada.

* Restricciones a la compra de dólares para mantener altas las reservas del Estado y evitar la depreciación del peso.