Huelgas y manifestaciones bloquean el país mientras los militares incrementan la represión
En noviembre de 2020, la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido liderado por la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, arrasó en las elecciones con un 80 % de los votos y 396 de un total de 476 escaños. La segunda formación en liza, el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), creado por los herederos políticos del régimen militar, obtuvo un ridículo 5,9% y 26 escaños. El rechazo popular a los militares fue contundente, pero después de décadas de gobernar el país con puño de hierro su reacción no se hizo esperar.
El pasado 1 de febrero pusieron en marcha un nuevo golpe de Estado alegando un inexistente fraude electoral. La junta militar encabezada por el jefe del Ejército, el general Min Aung Hlaing, procedió al arresto de Aung San y numerosos ministros del Gobierno, declaró la ley marcial en varias ciudades, impuso un toque de queda entre las ocho de la tarde y las cuatro de la mañana, y prohibió las reuniones de más de cinco personas.
Estas medidas han sido desafiadas desde el primer momento por las masas birmanas. Los actos de desobediencia civil de los primeros días se convirtieron en manifestaciones masivas el fin de semana y el lunes 8 de febrero una gran huelga general paralizaba el país. A pesar de las medidas represivas adoptadas por los militares, las movilizaciones han continuado extendiéndose e incorporando a nuevos sectores.
Los golpistas han respondido por el momento con una represión selectiva: desplegar vehículos armados en las calles, atacar duramente las manifestaciones con material antidisturbios, suspender Internet y las redes sociales y amedrentar a los activistas. Desde el golpe, más de 384 personas han sido detenidas, sobre todo durante la noche, según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos.
Pero de esta forma no han logrado su objetivo y las movilizaciones continúan extendiéndose por todo el país. No está descartado que la junta militar intente un baño de sangre, una opción que en lo inmediato podría frenar el levantamiento, pero que tendría consecuencias revolucionarias a medio plazo. La oposición popular es muy fuerte y el descontento con los militares y con la crisis social y económica muy profundo.
Una historia de golpes y dominio militar
La historia de Myanmar es la historia de constantes golpes y dictaduras militares. El ejército, que dirigió el país con una dictadura de cincuenta años hasta 2011, ha reprimido a sangre y fuego cualquier movimiento que amenazase su firme dominio.
Así lo hizo en 2007 contra las masivas movilizaciones desatadas por la decisión de la Junta Militar de subir un 500% el precio de la gasolina. Tras este levantamiento, el primero en 20 años, el régimen intentó limpiar su imagen estableciendo una “hoja de ruta hacia la democracia” custodiada y pilotada por los militares.
En 2008 aprobaron la actual Constitución totalmente antidemocrática. Esta reserva al ejército el 25% de los escaños en el Parlamento, los Ministerios de Interior, Defensa y Fronteras y mantiene fuera del control parlamentario su dominio de la economía nacional.
En 2011, coincidiendo con una profunda crisis económica y el impacto de la primavera árabe, el Tatmadaw (el ejército birmano) llevó a cabo de unas elecciones farsa, de las que salió un fraudulento Gobierno “civil” de exmilitares reconvertidos en políticos organizados en el partido “Unión, Solidaridad y Desarrollo”.
Ya en 2015, en un contexto de crisis y bajo la tutela militar, se celebraron las primeras elecciones en las que se permitió la participación de la oposición política y la LND, obtuvo una clara victoria.
No era la primera vez; en 1990 Aung San había ganado los comicios, pero el ejército los anuló con otro golpe y mantuvo a San en arresto domiciliario durante quince años.
Durante ese periodo la fama internacional de Suu Kyi, que en 1991 fue galardonada con el premio Noble de la Paz, fue creciendo potenciada por los Gobiernos imperialistas de Occidente que vieron en esta oposición “democrática” una vía para ampliar su influencia en este país clave del sudeste asiático.
Las raíces del golpe
Myanmar, con un ejército de más de medio millón de efectivos, es un país militarizado. La cúpula militar controla la política, la economía y todos los aspectos de la vida social. Posee cientos de licencias de explotación, entre ellas las de las minas de rubíes y jade (cuyo valor supone casi la mitad del PIB nacional), así como bancos, cerveceras y cadenas de hoteles.
A través de dos conglomerados militares, Myanmar Economic Holdking Limited (MEHL) y Myanmar Economic Corporation (MEC), dominan más de un centenar de empresas que tienen lazos con otras 44 empresas extranjeras, y cuyo valor se estima en varios miles de millones de dólares.
Min Aung Hlaing, cabeza del golpe y jefe de las fuerzas supervisa personalmente estos negocios que han enriquecido obscenamente a su familia.
La LND, lejos de enfrentarse a esta situación ha sido cómplice de este expolio de la riqueza nacional y la corrupción. También del maltrato al pueblo birmano, con especial saña hacia las 135 minorías étnicas que pueblan el país, y ha buscado constantemente llegar a acuerdos y pactos con los militares.
Desde 2015 han convivido armoniosamente en el Parlamento manteniendo intacto el poder de los generales. La propia Suu Kyi respaldó de forma decidida al ejército ante las denuncias de numerosas organizaciones humanitarias internacionales del genocidio perpetrado por este contra el pueblo Rohingya, la minoría musulmana. Debido a esto Amnistía Internacional, el Museo del Holocausto de Estados Unidos y hasta la UE, le han retirado las distinciones que por su “labor humanitaria” le habían otorgado.
A pesar de esta total connivencia por parte de Suu Kyi y el LND, el temor del contagio de los levantamientos en las vecinas Tailandia e Indonesia, la profunda crisis económica que atraviesa el país, y el ascenso huelguístico de los últimos años de la joven y poderosa clase obrera birmana han encendido todas las alarmas en la cúpula del ejército que ha optado por el golpe de Estado.
La situación de las masas birmanas y el ascenso del movimiento obrero
Myanmar tiene una de las rentas per cápita más bajas del mundo a pesar sus extraordinarios recursos naturales; jade, gemas, rubíes, madera de teca, petróleo y gas natural entre otros.
Los bajos costes laborales se han convertido en el gran atractivo para las inversiones extranjeras que han alumbrado una creciente clase obrera en un país que hasta hace poco era eminentemente agrícola.
La industria y los servicios suponen ya más del 70% del PIB y la población urbana no para de crecer. En Yangón, el escenario principal de las protestas, se concentran más de cinco millones y medio de habitantes y parte importante de las cientos de grandes fábricas textiles (se estiman unas 400 en total) que con salarios de 3 euros al día producen para la estadounidense GAP o las europeas Primark, H&M, Adidas, Mango o Inditex.
Se estima que actualmente hay 500.000 trabajadores en el sector, un 90% mujeres, que en los últimos años han protagonizado duras huelgas y se están formado sindicatos independientes.
En un intento de cortar este proceso, la patronal ha utilizado la excusa de la pandemia para reprimir salvajemente. Así lo reflejaba la carta que trabajadoras de dos factorías de Myanmar que trabajan para Inditex, Huabo y Rui-Ning, dirigieron el pasado junio a Amancio Ortega: “Saber que su avión privado de 45 millones podría pagar 41.000 veces nuestros salarios anuales es tranquilizador. Seguramente un hombre con tales riquezas no necesita beneficiarse de la pandemia global aplastando a nuestros sindicatos… La administración ha justificado sus acciones utilizando el coronavirus y sus repercusiones económicas como una excusa, pero ¿cómo puede eso traducirse en despedir solo a miembros del sindicato y al mismo tiempo hacer que los trabajadores no sindicados sigan en sus puestos”.
Las huelgas han continuado y en plena campaña electoral Suu Kyi se reunía con representantes de las trabajadoras comprometiéndose a la mejora de las condiciones laborales y los salarios. Esta misma clase obrera es la que ha entrado en escena liderando las huelgas y manifestaciones contra el golpe militar.
Los intereses y maniobras del imperialismo en la zona
Las distintas potencias imperialistas con intereses en la zona maniobran para rentabilizar esta situación en beneficio propio. El sudeste asiático es otro de los escenarios de la pugna entre EEUU y China por la hegemonía mundial.
La búsqueda de una mayor influencia en la zona está detrás de las hipócritas condenas al golpe y amenazas de sanciones económicas de Biden y la UE.
Por su parte China, primer socio comercial del país con el que comparte una frontera de 2.000 Km, mantiene una vigilante actitud de “no injerencia”.
El gigante asiático ha hecho grandes negocios con civiles y militares. Con de la Junta Militar firmó en su día importantes acuerdos comerciales en el marco del plan “nuevas rutas de la seda”. Con Suu Kyi en el Gobierno los negocios continuaron a través de megaproyectos como la creación de un corredor económico China-Myanmar para lograr un acceso directo al océano índico, líneas ferroviarias, centrales eléctricas, un puerto de aguas profundas y un proyecto de desarrollo urbano para la gran ciudad Yangón.
Si bien desde el año 2011 se ha registrado una caída de adjudicaciones a empresas chinas en favor de empresas europeas y estadounidenses en campos como la energía o las telecomunicaciones, el imperialismo occidental sigue lejos de los sectores de las materias primas y recursos naturales controlados por el ejército, por lo que su capacidad de presión a través de sanciones económicas es bastante limitado, en contraste con la posición privilegiada de China.
Solo la independencia de clase puede acabar con siglos de opresión
Mientras la dirección de la LND hace llamamientos abstractos a la protesta y al respeto de la ley sin organizar absolutamente nada, es la acción independiente de las masas la que mantiene la consolidación del golpe en entredicho.
La entrada en escena de la clase obrera ha unificado el movimiento por encima de las divisiones sectarias azuzadas durante décadas conscientemente por los militares.
Los y las trabajadores de la confección convocaron y dirigieron las protestas del sábado 6 de febrero movilizando a miles de trabajadores desde las zonas industriales de Yangón. Esa misma clase obrera protagonizó el lunes una gran huelga general que paralizó el país.
En las calles se grita, ¡Abajo la dictadura!, ¡Abajo la constitución!, ¡Fuera los militares!
La clase obrera marca el camino. La experiencia ha demostrado claramente que el LND no es ninguna alternativa. Durante todos estos años se ha revelado como un fiel colaborador y cómplice del criminal dominio político y económico de la cúpula militar.
Los acontecimientos se están desarrollando con gran rapidez y su resultado no está, ni mucho menos decidido. El golpe puede ser derrotado. La masiva respuesta de la clase obrera y la juventud birmanas a la asonada militar, no entraba en los cálculos de los militares y ante la fuerza y decisión de las movilizaciones todavía no se han decidido a intentar cortarlas de raíz reprimiéndolas a sangre y fuego.
La oposición al golpe está adquiriendo una importante fuerza y extensión. La tarea de los oprimidos y oprimidas de Myanmar es clara: para acabar con el dominio militar y con la tiranía es necesario acabar con el sistema que los sustenta y alimenta, el capitalismo. Solo la clase obrera birmana armada con el programa de la revolución socialista podrá poner fin a décadas de represión y explotación y conseguir una democracia plena.
