El 19 de marzo había más de 244.000 casos diagnosticados de coronavirus y más de 10.000 muertes registradas en todo el mundo.
En toda Europa, los medios de comunicación burgueses propagan un discurso basado en la culpabilización individual, extienden el pánico y presentan esta gigantesca crisis sanitaria como una catástrofe natural, impredecible e inevitable. Cada una de las burguesías nacionales hace todo lo posible para ocultar las causas reales de la colosal crisis sanitaria que estamos viviendo: las políticas de recortes y privatizaciones en salud y en todos los servicios públicos que se han seguido en las últimas décadas, y con especial agresividad después de 2008. Y bajo la cortina de humo de los medios, los gobiernos toman medidas para proteger, no las vidas en riesgo, sino los beneficios del capital.
Sin embargo, la crisis del coronavirus revela la catástrofe social del capitalismo de una manera imposible de disfrazar. El mundo estaba al borde de la recesión mundial antes de esta pandemia. Ahora, la recesión no solo ha estallado, es infinitamente más violenta. Todas las contradicciones en el sistema están llegando a su máxima tensión, y eso es lo que realmente preocupa a las burguesías y sus gobiernos: la perspectiva de grandes movimientos de masas y crisis revolucionarias.
En Portugal esto es exactamente lo que vemos cada día que pasa. La prioridad del presidente y del Gobierno son las ganancias del gran capital, y es en base a esa prioridad que se han tomado medidas y se ha decretado el estado de emergencia.
Las consecuencias para la salud de los recortes y las privatizaciones
Según los datos del INE, en 2017 había más hospitales privados que públicos en Portugal: 114 hospitales privados frente a 111 públicos, 4 de los cuales eran “asociaciones público-privadas”. Sin embargo, fue el sector público el que garantizó más del 80% de la atención de emergencia, más del 70% de las hospitalizaciones y cirugías, más del 65% de las consultas. El número de camas para hospitalización inmediata fue de 35.000 en todo el país: 24.000 en el sector público y 11.000 en hospitales privados. En los últimos 3 años, el sector privado ha crecido aún más, pero la situación sigue siendo esencialmente la misma: los hospitales privados atienden a los clientes con suficiente dinero como para pagar sus servicios, mientras tanto, los públicos, cada vez más degradados por una falta de inversión crónica, atienden a la abrumadora mayoría de la población. A todo esto, es importante añadir que Portugal es uno de los países de Europa con menos ventiladores respiratorios, los dispositivos médicos que son indispensables para el tratamiento de casos graves de coronavirus. Según el primer ministro Antonio Costa, son 1.142 en total, y en un país donde la neumonía común mata en promedio a 16 personas al día, estos ventiladores “no están todos disponibles”.
A todo esto se suma la falta de profesionales, la falta de equipos, y las condiciones de trabajo extenuantes y peligrosas para trabajadores y pacientes. En 2019, los médicos del Servicio Nacional de Salud (SNS) realizaron un total de 6 millones de horas extra. Según el presidente de la Asociación Médica Portuguesa, es necesario contratar a más de 5.000 médicos. En el caso de los enfermeros, el colegio de enfermería estima que faltan 30.000. Así está el SNS después de años de recortes salvajes y privatizaciones. Hoy, es incapaz de hacer frente a las necesidades de la mayoría de la población, incluso durante períodos normales.
Todo esto, por supuesto, era necesario para alimentar a la banca y la sanidad privada, que chupa dinero público con todo tipo de artimañas promovidas por los sucesivos gobiernos. Por ejemplo, fijando precios y recibiendo pagos del Estado para hacer diagnósticos o cirugías que el SNS no puede hacer, recibiendo pagos de ADSE (organismo sanitario del Estado para empleados públicos) para dar atención a funcionarios públicos que podría dar el SNS, etc.
Cada año, más del 50% de los gastos de los hospitales privados son pagados por el Estado. En resumen, en la última década, la sanidad en Portugal se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos para los mayores grupos económicos, como CUF o Grupo Mello, con empresas privadas que viven a expensas del SNS y que brindan servicios de salud a quién pueda pagarlos.
Ahora, y después de cuatro años de un Gobierno del Partido Socialista (PS), con el apoyo del Partido Comunista (PCP) y el Bloque de Izquierdas (BE), que reprimió y calumnió a los trabajadores de hospitales ante cada huelga y protesta que hicieron en defensa del SNS, llega una pandemia que muestra de la manera más explícita el resultado criminal de las políticas seguidas por los sucesivos gobiernos y la propia “geringonça” (denominación que recibe el pacto de los partidos de izquierdas para sostener al PS en el Gobierno). El SNS está saturado y está a punto de ser golpeado por un auténtico tsunami de pacientes. La presión que se ejercerá sobre los trabajadores de hospitales es indescriptible, y los efectos sobre la salud de estos profesionales –quienes protegen la salud de toda la clase trabajadora– son otra faceta de esta catástrofe social.
Queda claro que las empresas privadas funcionan únicamente para generar ganancias, sin importar si toman la forma de hospitales o sombrererías. Y, de hecho, para hacer frente a una crisis sanitaria de esta escala, los “vendedores de salud” están demostrando ser igual de “útiles” que los vendedores de sombreros. Tras haberse negado a tratar a cualquier paciente con coronavirus, ahora los hospitales privados se muestran disponibles no se sabe para qué ni en qué términos. Todo lo que podemos esperar de estos capitalistas es que absorban más dinero público a cambio de cualquier atención que brinden. Es más evidente que nunca que, para la defensa de su salud, la clase trabajadora cuenta únicamente con aquello que logró conquistar en la Revolución del 74 y con toda su lucha organizada: el SNS.
El Gobierno descarga el peso de la crisis sobre los trabajadores
En el momento de escribir este artículo, Portugal tiene 785 casos confirmados de coronavirus y cuatro muertes ya declaradas. Estas fueron aproximadamente las cifras de Italia, el país más gravemente afectado, hace poco menos de tres semanas. En el momento de escribir este artículo, Italia tiene 41.035 casos confirmados y más muertes que China. Los números son atroces y no hay absolutamente nada que indique que la situación portuguesa evolucionará de manera diferente si se mantienen las políticas que hemos visto hasta ahora. De hecho, la evolución puede ser incluso peor, como ya lo está siendo en el Estado español.
No se ha tomado ni una sola medida seria para detener esta pandemia en Portugal como, por ejemplo, cerrar las empresas no fundamentales o medidas significativas para reforzar el SNS.
Sin lugar a dudas, la incompetencia y la estrechez de miras de los representantes políticos de la burguesía jugó su papel en el desastre que se está desarrollando. Sin ir más lejos, el 16 de marzo en una entrevista a SIC Notícias, el primer ministro portugués todavía afirmaba que el virus no se propagaba por el aire. Pero, ni siquiera ese es el factor decisivo. Lo que determina la política de este Gobierno es su carácter de clase. Porque, si en relación con los trabajadores no se tomaron medidas de protección, en relación con los empresarios las medidas fueron rápidas y decisivas. En total, el Gobierno ya ha asegurado 9.200 millones de euros de apoyo al capital, incluida la apertura de crédito por valor de 3.000 millones de euros. Y se esperan inyecciones aún más robustas de apoyo al capital muy pronto, al tiempo que el Sistema Nacional de Salud continúa degradándose.
El Gobierno se ha humillado de la manera más patética ante los grandes capitalistas. Las atroces contradicciones y la obvia estupidez de las medidas tomadas solo son superadas por los discursos que nos obligan a escuchar. Marta Temido, ministra de Salud –imaginándose a sí misma como Winston Churchill– fue tan lejos como para exigir “disciplina” de los “portugueses”, es decir, docilidad de los trabajadores, recordándonos cómo (¡y citamos!) “Cuando Inglaterra sufrió ataques aéreos en la Segunda Guerra Mundial, los británicos siguieron trabajando. ¡Incluso durante los bombardeos los ingleses siguieron trabajando!”.
Esta ha sido la única preocupación del Gobierno: mantener a los trabajadores produciendo, lo que significa mantener la pandemia en crecimiento. En el transporte público, en los centros comerciales y en un sinnúmero de empresas y centros de trabajo completamente irrelevantes para combatir la pandemia, se mantienen focos de contagio. A la clase trabajadora se le exige que continúe enriqueciendo a los capitalistas durante este bombardeo viral, ignorando el peligro mortal de la enfermedad para las miles y miles de personas que conforman los grupos de riesgo: ancianos, diabéticos, pacientes cardiovasculares, asmáticos, etc.
Pero bajo el temor al contagio y la terrible ansiedad que causa cada día de trabajo, crece una gran ira social. La nueva generación de trabajadores puede ver, como nunca, el desprecio total de la burguesía por la vida de los explotados, y en algunos lugares y momentos esta ira profunda y creciente ha emergido ya a la superficie. En los centros comerciales se han repetido pequeñas protestas, al principio espontáneas y después más organizadas, desde el domingo 15 de marzo. Sin ninguna garantía de que el Gobierno fuera a intervenir, los empresarios de la automoción dejaron de producir por temor a la respuesta de los trabajadores si continuaba la actividad. En los call-centers llueven las reclamaciones y las quejas. En todo el territorio, los trabajadores hablan, discuten, se enfrentan de manera cada vez más colectiva a toda la jerarquía de supervisores, coordinadores, administradores, en resumen, capataces al servicio del capital. Y la gran burguesía entiende esto perfectamente. Por eso, y en modo alguno por razones de salud, se declaró el estado de emergencia.
El Estado de Emergencia es la guerra contra los trabajadores
El 18 de marzo, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República y el más alto mayordomo de la burguesía, decretó el estado de emergencia en un discurso de exaltación nacional después de la reunión del Consejo de Estado.
Que este paso haya recibido, en la Asamblea de la República, el voto favorable del BE y la abstención del PCP solo confirma la colaboración completa que se estableció entre las direcciones burocráticas de estos partidos y el Gobierno de los capitalistas. Del mismo modo, la dirección de la CGTP (el principal sindicato, vinculado al Partido Comunista) ha reproducido el discurso de los “intereses nacionales” solicitado por la burguesía, dejando a sus bases sin una orientación de lucha y abandonando a los trabajadores a su suerte. La cobardía de este Gobierno, que se autodenomina de “izquierdas”, y la capitulación de las actuales direcciones políticas y sindicales de la clase trabajadora son totales. No hay ninguna acción frente a los despidos masivos que ya están teniendo lugar, a los ERTEs, a los permisos sin salario o con reducción salarial, al trabajo bajo amenaza de despido, incluso en el caso de trabajadores que forman parte de un grupo de riesgo, ante el uso de días de vacaciones para la cuarentena y todas las formas de abuso y acoso que se han multiplicado bajo esta crisis sanitaria con total connivencia gubernamental.
Pero la crisis sanitaria del coronavirus ha hecho estallar la crisis capitalista y hará estallar, más tarde o más temprano, una crisis política sin precedentes. La política de conciliación de clases en estas circunstancias es fatal. Los últimos años ya evidenciaban un refuerzo de las medidas represivas del Estado, con proliferación de requerimientos civiles (el último, el día 17, contra los estibadores del puerto de Lisboa), la represión de huelgas y protestas, el desahucio de miles de familias pobres, la contratación de más policías y la colaboración de todo el aparato del Estado en el encubrimiento de agresiones racistas.
La pandemia de coronavirus prepara una situación de explosión social y de pérdida de control por parte del Estado burgués, y por esta razón la burguesía deja caer su máscara democrática y muestra cómo este sistema es una dictadura de clase. El estado de emergencia es un paso más en la preparación de una gran ofensiva contra la clase trabajadora. El aspecto fundamental es la supresión de los derechos democráticos, aunque disfrazados de necesidad de salud pública. Esto es más evidente aún cuando el decreto se centra en obligar a trabajar a la clase obrera y obligar a las empresas a cerrar. Los despidos y cierres patronales no se prohíben, pero las huelgas y el derecho a la resistencia, sí.
Este decreto no contribuirá de ninguna manera a detener la expansión de la pandemia. Todo lo contrario, permitiendo que las empresas siguen en funcionamiento, garantiza la continuación del contagio. Es una sentencia de muerte para miles de personas. En palabras del propio presidente, lo que les importa es evitar “la muerte de la economía” y, como sabemos, “economía” es el nombre que estos señores dan a sus ganancias.
¡Un programa en defensa de las familias trabajadoras!
¡Esta situación es inaceptable! No es la clase trabajadora la que tiene que pagar esta crisis. Los que tienen que pagar son sus responsables, los que se lucraron con los recortes y las privatizaciones en la sanidad, los que se hicieron ricos a costa de destruir todos los servicios públicos, a costa de las políticas de austeridad, de los bajos salarios y de nuestras condiciones de miseria. ¡Que los capitalistas paguen la crisis!
El PCP, el BE y la CGTP deben romper inmediatamente con su política de servilismo y conciliación de clase. Su complicidad con las medidas del Gobierno para ofrecer dinero público a los capitalistas, incluido el apoyo que han dado al estado de emergencia nos está llevando a una catástrofe completamente evitable. Hay que pasar a la ofensiva y exigir un plan en defensa del SNS, de los trabajadores y la población en riesgo.
Es necesario proceder de inmediato con estas medidas:
1. ¡Abajo el estado de emergencia! Ninguna restricción a la libertad de huelga, manifestación y organización. Formación de comités de profesionales de la salud, usuarios y delegados sindicales en centros hospitalarios para controlar la calidad de la atención médica y poder reclamar los medios necesarios.
2. Nacionalización, sin indemnización, de todos los hospitales y clínicas privadas, así como de todo el sector farmacéutico, manteniendo los recursos humanos y técnicos. ¡Basta de tratar la salud como un negocio! Es necesario tratar de forma gratuita todos los casos de coronavirus garantizando todos los exámenes clínicos y los medios para su hospitalización y tratamiento.
3. ¡Inversión masiva en el SNS! Contratación inmediata de miles de profesionales de la salud que faltan en el SNS (médicos, enfermeras, investigadores, técnicos, asistentes, etc.). Refuerzo y ampliación de los cuidados intensivos y compra del material médico y quirúrgico necesario. Coordinación de recursos a nivel nacional con un plan centralizado. Asegurar el descanso necesario para que los profesionales de la salud puedan llevar a cabo sus tareas en condiciones dignas y seguras. Garantizar que las cirugías programadas y otras especialidades son también reforzadas con más inversión y mejores condiciones.
4. Un plan de emergencia para garantizar las cirugías programadas y continuar atendiendo a la población enferma y en riesgo. Hay que poner fin a las listas de espera y garantizar la continuación del funcionamiento del SNS para todos los pacientes.
5. Paralización inmediata de toda actividad productiva que no sea esencial para combatir la pandemia. El Gobierno del PS debe garantizar por ley que todas las trabajadoras y trabajadores de fábricas y empresas que no son esenciales estén en casa y con el 100% de sus salarios, que todos sus puestos estén garantizados y que no se pierden más derechos laborales. Para los trabajadores de empresas clave, el Gobierno debe proporcionar todos los medios de protección sanitaria necesarios, imponiendo castigos severos a los empresarios que no cumplan con estas medidas.
6. Los ERTEs, las reducciones de jornada o la flexibilización laboral no resuelven nada y cargan las consecuencias de esta crisis sobre la clase trabajadora, implicando reducciones salariales brutales. Todos los trabajadores y trabajadoras deben tener el 100% de su salario garantizado.
7. Ningún despido, ERTE o permiso no retribuido con el pretexto del coronavirus. ¡Ninguna reducción salarial, ni un derecho menos! Que el Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social establezca un servicio gratuito de asistencia legal para todos y cada uno de los trabajadores, a fin de evitar la total indefensión –que ya se está dando– ante las decisiones de los empresarios y sus grandes bufetes de abogados. ¡Que los empresarios contribuyan con las ganancias acumuladas en los últimos años! ¡Que se devuelva el dinero de los rescates financieros!
8. Control de los precios de los productos esenciales para la vida diaria de las familias trabajadoras y sanciones severas para todos los especuladores. ¡Es inaceptable que las grandes superficies comerciales y multinacionales del sector alimentario se enriquezcan con la crisis!
9. Anulación por ley de todos los desahucios y garantía de suspensión del pago de alquileres, electricidad, agua y servicios de telecomunicaciones para las familias trabajadoras. Movilización de recursos públicos para garantizar alimentos y una vida digna para toda la población en riesgo: comedores públicos gratuitos, aumento drástico del material y del número de trabajadores de los servicios sociales.
10. Nacionalización inmediata de todo la banca para poner los gigantescos recursos del sector financiero al servicio de las necesidades sociales y de salud de toda la población. Esta es la única forma efectiva de combatir el desempleo y la pobreza a la que nos están empujando el capitalismo y los gobiernos a su servicio.
Debemos prepararnos para impulsar acciones de masas de los trabajadores, jóvenes, pacientes y sus familias, para defender las reivindicaciones que pueden hacer frente a esta crisis. A lo que los trabajadores y los jóvenes estamos a punto de enfrentarnos en Portugal, en el Estado español, en Italia y en toda Europa es a una catástrofe social de enormes proporciones que apenas comienza y no terminará con el final de esta pandemia. Los medios burgueses a escala internacional ya hablan de la “economía post-covid”, y los líderes de las instituciones más importantes del capitalismo admiten que este sistema se encuentra en una situación peor que en 2008. La solución de la clase dominante a esta crisis será la misma: despidos masivos, recortes en los servicios públicos, salarios más bajos, ataques a los derechos laborales y sociales, acompañados de una ofensiva ideológica chovinista, sexista, racista y homófoba.
La burguesía se prepara y, como ya demostró su actuación en esta pandemia, tiene un desprecio absoluto por nuestras vidas. No dudará en ir hasta las últimas consecuencias para salvar su sistema. Nuestra clase debe responder con la misma claridad y determinación. ¡No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nos entregan a la barbarie! Es necesario organizar la respuesta y la movilización de masas lo antes posible, construir una izquierda revolucionaria combativa que no ceda un milímetro a las presiones de la clase enemiga, de esta minoría de multimillonarios que piensan que son dueños del mundo.
