La propuesta del gobierno para el Presupuesto del Estado 2022 (OE2022) se votará mañana, 27 de octubre. En el momento de escribir este artículo, no se sabe si será aprobada. El BE (Bloco de Esquerdas) y el PCP (Partido Comunista de Portugal) ya anunciaron su voto en contra.
Los medios de comunicación están frenéticos. Se anuncia una “crisis política”, Costa hace una serie de concesiones para intentar restaurar la geringonça[1]. La derecha, que vota en contra, declara que la izquierda se suicidará si también vota en contra. Marcelo [Rebelo de Sousa, presidente de Portugal], pidió “sentido común” a los partidos de izquierda y ya anunció que disolverá el Parlamento y convocará elecciones generales si no se aprueban estos Presupuestos. Así, el capital financiero ejerce presión sobre la izquierda por todos los medios, para forzar la aprobación de un nuevo presupuesto que defiende celosamente sus ganancias.
La desintegración de la ‘geringonça’
Al inicio de la “solución de gobierno” de la izquierda, en 2015, las direcciones del BE y del PCP no pudieron ocultar su optimismo y sus ambiciones de incrementar su presencia parlamentaria, y hasta de formar un gobierno de coalición con el PS en una próxima legislatura. Hoy, después de seis años de apoyo incondicional al programa de la socialdemocracia en todas las cuestiones fundamentales, los resultados de esa política están a la vista de todos: ambos partidos se encuentran sumidos en una profunda crisis. No podía ser de otra forma.
Fueron años del cretinismo parlamentario más vergonzoso, de discursos vacíos, de maniobras y traiciones, todo en nombre de alejar un gobierno de la derecha (que no era ninguna amenaza real) y de hacer “lo posible”, mejorando paulatinamente las condiciones de vida de los trabajadores. Las direcciones del BE y del PCP defendieron el flanco izquierdo del gobierno a cada paso. Junto con la burocracia sindical de la CGTP, no sólo miraron impávidos, sino que incluso llegaron a insinuar su apoyo a la aplicación de peticiones civiles para prohibir huelgas importantes, saboteando y desarticulando sistemáticamente las luchas de varios sectores, en lugar de concentrarlas en un gran movimiento unificado para arrancar concesiones de un gobierno que estaba en una situación de fragilidad mientras la derecha estaba auténticamente arruinada. ¿Qué conquistó el reformismo con tanta táctica y negociación?
La precariedad se mantiene, con las principales contrarreformas del gobierno PSD-CDS y la troika intactas en la legislación laboral, y los pequeños aumentos anuales del salario mínimo, realizados con gran alarde, ni siquiera llegan para devolver a la clase trabajadora las modestas condiciones de vida que tenía en 2008, cuando estalló la Gran Recesión. La juventud se encuentra hoy en condiciones dramáticas y los últimos datos apuntan a 2 millones de personas en riesgo de pobreza, en un país de 10,3 millones. La degradación del Servicio Nacional de Salud, la educación pública y el transporte empeoró visiblemente. La liberalización del mercado inmobiliario ha disparado los alquileres, los desahucios y la expulsión de familias trabajadoras de las principales ciudades, creando la mayor crisis de vivienda desde la dictadura. Finalmente, la crisis pandémica se manejó escandalosamente a favor de la sanidad privada, la banca y el gran capital, con un paquete de ayudas multimillonario que acabó casi en su totalidad en los bolsillos de los capitalistas.
Las pequeñas medidas para paliar el costo de la vida durante estos años, siempre anunciadas con pompa y boato, y tomadas con mucho cuidado para no tocar las ganancias del capital —como fueron los pases de transporte más baratos y los libros de texto escolares gratuitos (subvencionados por el Estado)—, disminuyen ante la degradación general de las condiciones de vida. Peor aún, hoy, por primera vez desde las legislativas de 2015, un gobierno de derechas sí es una amenaza real. Por tanto, los resultados fueron exactamente los contrarios de los prometidos.
Este rotundo fracaso de la política de conciliación de clases y de unidad nacional explica la erosión de las bases electorales del BE y del PCP desde 2015, y también las primeras señales de que esa erosión se está extendiendo a las bases del Partido Socialista (PS).
Las elecciones municipales pusieron de manifiesto los límites de la política de conciliación de clases de la geringonça no sólo en términos de avances reales para la clase obrera y la juventud, sino también, y consecuentemente, en el campo electoral, que sigue siendo el foco de la actividad y las preocupaciones de las burocracias de los partidos de izquierdas.
Las direcciones reformistas sienten una enorme presión desde abajo, tanto de la base militante que permanece en sus estructuras partidistas como de la gran mayoría de la clase obrera y la juventud, que muestran su descontento de la forma que pueden. Debido a esta presión, las burocracias intentan crear una distinción artificial entre sus programas políticos y el programa del PS, con la esperanza de recuperar alguna base electoral.
Pero las contradicciones se multiplican. Por un lado, las direcciones de la izquierda sienten la necesidad de distinguirse del PS. Y por otro, se niegan a seguir una política de movilización de los trabajadores y la juventud fuera de las instituciones burguesas, temiendo sobre todo que comprometa sus ambiciones dentro de esas instituciones. Además, ninguna tiene claro que las elecciones anticipadas vayan a mejorar sus posiciones parlamentarias. Al contrario, lo cierto es que ni los líderes del BE ni los del PCP tienen interés en ser puestos a prueba en las urnas en este momento porque todo indica que tendrían peores resultados o, en el mejor de los casos, iguales a los de 2019.
En esto, Costa busca desesperadamente alguna concesión que el BE o el PCP puedan presentar a su decreciente electorado como una gran victoria de las negociaciones. Varias se presentaron el sábado, entre ellas el aumento del SMI a 705 euros en enero y 850 en 2025, un plan gradual para hacer gratuitas las guarderías en 2024, una reforma del IRPF que eximiría a más de 170.000 personas y un aumento de 10 euros en las pensiones. En verdad, cualquiera de estas medidas se celebraría como una victoria decisiva hace unos meses, como tantas otras medidas de la misma naturaleza a lo largo de los últimos 6 años. Ahora, sin embargo, todas son consideradas “insuficientes” o incapaces de resolver los “problemas estructurales”.
Costa tiene cada vez más difícil el equilibrismo político. Lo único que, hasta ahora, ha logrado su intento de seducir a la izquierda es enfurecer a los pequeños propietarios y al sector más decadente de la burguesía nacional, representados sobre todo por las confederaciones empresariales que abandonaron el diálogo social como protesta contra las medidas. No estamos hablando, por supuesto, del gran capital financiero, las empresas del PSI-20 o el capital de las potencias imperialistas. Son los industriales del calzado, el textil, la construcción, la limpieza industrial, la agricultura, la hostelería, el turismo, etc., quienes ven insoportable un aumento de 40 euros del salario mínimo. Estas protestas y algunos discursos incendiarios son la forma que tienen estas capas sociales de intentar presionar al gobierno después de media década de paz social con fructíferos acuerdos en la concertación social para los empresarios nacionales y hasta una pandemia en la que se sintieron con total libertad para pisotear a los trabajadores.
Aunque las encuestas apuntan a una victoria del PS en unas posibles elecciones anticipadas, Costa sabe, sobre todo después de la inesperada derrota de Medina [en la alcaldía de Lisboa], que su base electoral está desmoralizada y que las encuestas pueden cambiar muy rápidamente o, como ocurrió en Lisboa, esconder una amarga sorpresa... y una tragedia para la clase trabajadora.
El bonapartismo de Marcelo y la reorganización de la derecha
Marcelo es el representante más astuto de la burguesía y su baza fundamental en esta coyuntura. Su actuación demuestra de la forma más transparente qué quiere la burguesía: que se aprueben los Presupuestos 2022 y seguir desgastando a la izquierda en un año más de crisis.
Con cada declaración pública, Marcelo aumenta la presión sobre la izquierda para que los apruebe: la culpa de la crisis política, amenaza con disolver el Parlamento inmediatamente si no los aprueba y cuidadosamente da consejos y envía señales a la derecha. El papel bonapartista de su presidencia se acentúa en la misma medida que el reformismo se ve incapaz de conciliar las clases. Se acentuará cada vez más con el agravamiento de la crisis capitalista; la ligereza con que Marcelo habla de la “bomba atómica” (como llama a la disolución del Parlamento) es una prueba de ello.
La derecha, a su vez, se prepara para el peor escenario. A la clase dominante le gustaría tener un año más de PS apoyado por la izquierda, pero como esto no depende de ella, necesita tener a la derecha organizada. Si finalmente hay elecciones anticipadas, tanto Paulo Rangel como Rui Rio le piden a Marcelo que se celebren lo más tarde posible. Esta es la gran preocupación de la derecha: tener tiempo para preparar un gobierno de derechas capaz de obtener la mayoría absoluta y gobernar con solidez durante cuatro años, atacando salvajemente a la clase obrera como hizo el gobierno PSD-CDS de Passos Coelho y Paulo Portas.
Rangel, contando con una victoria sobre Rio en las elecciones internas del PSD, previstas para el 4 de diciembre, ya está de campaña electoral. Presentó su candidatura después de que Passos Coelho se echase a un lado y cuenta con el apoyo de Montenegro y el ala más reaccionaria del PSD. Sin embargo, la táctica de Rangel ha sido distanciarse públicamente de [la extrema derecha de] Chega, quien ya se ha establecido como un aliado inevitable para que el PSD forme gobierno. ¿Cómo se explica esto?
Está muy claro que la derecha tiene difícil crecer en este momento. La polarización social fijó un límite férreo a sus votos. Una victoria del PSD en las generales, si es que ocurre, tendrá que darse en los mismos términos que su victoria en las municipales lisboetas: no mediante la captación de nuevos votantes, sino mediante la desmovilización electoral de la izquierda, es decir, de los trabajadores y la juventud. Si Rangel anunciara una coalición con Chega o revelara cualquier afinidad con la extrema derecha, electrizaría a toda la juventud y a amplias capas del proletariado, que se levantarían para votar contra la extrema derecha. Esta es la verdadera razón de sus declaraciones de tono “democrático” sobre un PSD que va “del centro-izquierda al centro-derecha”. Para poder formar gobierno, el PSD tiene que encontrar el tono perfecto para movilizar a su base social sin movilizar a la base social de la izquierda. No es tarea fácil en una campaña electoral que puede polarizarse en extremo.
¡La salida es romper con las políticas capitalistas y retomar la lucha en las calles!
Asumir, como hacen el BE y el PCP, que el juego parlamentario y la habilidad negociadora bastan para cambiar las cosas no sólo es un error, sino también una declaración de abandono de la lucha de clases y de cualquier perspectiva seria de transformación social. La cuestión fundamental aquí es que los partidos a la izquierda del PS den un giro de 180º, sacando todas las lecciones de los últimos años y presentando un programa alternativo para solucionar los problemas acuciantes de la clase obrera, junto con un plan de lucha audaz y combativo, la única forma de lograr conquistas sociales significativas.
Las exigencias que se le plantean al PS hoy no implican, en ningún caso, una política fundamentalmente diferente. De hecho, ignoran incluso las necesidades más inmediatas de la clase trabajadora, como la nacionalización de todo el sector energético para hacer frente a la subida de los precios de la electricidad, el gas y los combustibles, que hará que, con la llegada del invierno, haya aún más miles de familias trabajadoras sin calefacción. Es muy ilustrativo que, ante esto, el BE y el PCP se limiten a pedir una reducción de los impuestos sobre la electricidad, el gas y los combustibles en los presupuestos 2022; en sus discursos mencionan el control de los precios o incluso la nacionalización, pero sin realmente organizar una lucha consecuente por estos objetivos. Evidentemente, un alivio en la carga fiscal no bajará los precios, sólo permitirá un avance en la especulación y un aumento en el margen de beneficio de estas empresas. ¡Son palabras vacías!
De igual manera, la nacionalización de la banca, la sanidad, la educación, los servicios postales, el agua, el transporte..., todo queda relegado a algunos documentos meramente decorativos y a frases bonitas los días de fiesta. Estas maniobras institucionales y las negociaciones en gabinetes a puerta cerrada —incluso cuando se hacen en un tono muy radical— no logran nada para la clase trabajadora. El hecho es que los reformistas se han metido en un callejón sin salida: no tienen respuesta a los problemas de la gran mayoría de la población y ahora se dedican a un lamentable teatro de atribución de culpas que los trabajadores ven inútil y totalmente desconectado de los problemas de la vida real.
Basta. La clase obrera no gana nada con gestos. Es necesario abandonar el cretinismo parlamentario, las maniobras institucionales y, sobre todo, la utopía reaccionaria de una gestión justa del capitalismo. No sólo los presupuestos 2022, toda la política de la socialdemocracia —la política que nos trajo hasta este punto con el apoyo del BE y del PCP— debe ser criticada en sus líneas esenciales, por su carácter de clase, y no con una serie de medidas aisladas y desarticuladas, sino con una alternativa política real que debe construirse con organización y lucha.
El único camino para los trabajadores y la juventud es un programa realmente socialista, que rompa con el capitalismo y se imponga a través de la fuerza y los métodos de la clase obrera: la movilización de masas, las ocupaciones, las huelgas, la huelga general y todas las demás formas de lucha que la situación pueda demandar. Esto se organiza con trabajo militante, fuera del Parlamento. ¡Nuestra política se hace en las calles, los centros de trabajo, los centros de enseñanza y los barrios!
[1] Calificativo que la derecha dio al gobierno PS con apoyo parlamentario del PCP y el BE. Una gerigonça es algo que no funciona bien.
