Cerca de 12.000 personas en doscientas embarcaciones llegaban a Lampedusa este mes de septiembre, la mayoría procedentes del puerto tunecino de Sfax, a menos de 200 kilómetros de la isla italiana. Las imágenes de la policía empleándose a fondo para alejar los “barcos” de la costa, de los “centros de acogida” completamente desbordados o las autoridades decretando cínicamente el estado de emergencia han vuelto a mostrar el trato inhumano que el Gobierno de la ultraderechista Georgia Meloni y las instituciones europeas les ofrece.
El viaje exprés de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la rueda de prensa posterior con Meloni, así lo demostraron. Un acto político que sirvió de altavoz al programa xenófobo y militarista de la primera ministra italiana, que clamó por “repatriar, no redistribuir a los migrantes”, y anunció la ampliación hasta 18 meses del periodo de internamiento en centros de detención de quienes esperan ser expulsados. Meloni también abogó por crear “una misión europea naval” que pueda “detener la salida de las barcazas” en origen, una propuesta que contó con el apoyo explícito de von der Leyen: “Nosotros decidiremos quién llega a Europa y en qué circunstancias. No los traficantes”.
Y toda esta vergüenza sucede mientras los veintisiete gobiernos de la Unión Europea negocian un nuevo Pacto Migratorio y de Asilo cuyo eje consiste en blindar aún más las fronteras, dificultar el asilo y perfeccionar los mecanismos de expulsión exprés de los migrantes.
Millones de vidas que no valen nada
Lampedusa no es más que el penúltimo capítulo del infernal día a día que viven centenares de miles de seres humanos. En febrero de este año más de 90 muertos al volcar una barcaza en Calabria; en junio, un naufragio frente a las costas del sur de Grecia terminó con la vida de más 80 personas y otras 600 desaparecieron; en agosto, tras un mes de agónica travesía intentando alcanzar Canarias, se rescataba en Cabo Verde un cayuco con cadáveres a bordo junto a varios supervivientes... Un macabro suma y sigue que nunca acaba.
Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sin contar las decenas de miles de desapariciones que no pueden documentar, desde 2014 han muerto 57.573 personas migrantes, 27.845 de ellas en el Mediterráneo (2.096 en lo que va de año). Esta masacre tiene una causa evidente: las políticas migratorias racistas de la UE, cuyo único objetivo es evitar la entrada al continente, al precio que sea, de quienes tratan de encontrar una vida y un futuro huyendo de la pesadilla de las guerras, la miseria y el caos que han provocado esas mismas potencias europeas que llevan décadas explotando y saqueando las riquezas de sus países, ya sea en África o en Asia.
En un escenario de despiadada disputa interimperialista, de crisis climática, de empobrecimiento general y degradación de las condiciones de vida, y de ascenso de regímenes autoritarios, los flujos migratorios son otra cara inevitable de la barbarie de este sistema. Lejos de frenarse, se intensificarán.
Según la agencia europea de fronteras y costas, Frontex, en los primeros siete meses de este año, se registró un 13% más de entradas irregulares a Europa (176.000) respecto al mismo periodo del año anterior, el número más alto desde 2017. Las peticiones de asilo también suben, un 28% más que el año pasado, superando en el primer semestre el medio millón. Unas cifras que se asemejan a las habidas en el pico de 2015 y 2016, durante la llamada “crisis de los refugiados”.
Los “acuerdos de la vergüenza” se multiplican
En aquel entonces se firmó el tristemente conocido como “Acuerdo de la Vergüenza”. El régimen de Erdogan recibió de la Unión Europea 6.000 millones de euros a cambio de sellar a cal y canto sus fronteras y retener en su territorio a los refugiados, principalmente sirios, que pretendían llegar a Europa a través de Grecia. Esa infame política de “subcontratar” el trabajo sucio con dictaduras como la turca, regándoles con generosos recursos económicos para que controlen las fronteras, repriman y esclavicen a seres humanos y se conviertan en los gendarmes de la “civilizada” Europa, no ha hecho más que ampliarse: Marruecos, Mauritania, Egipto, los señores de la guerra en Libia…
Este mismo verano, y en medio de la dramática escalada de muertes —entre otras cosas por la negativa a prestarles auxilio en el Mediterráneo—, la Unión Europea firmaba otro acuerdo “estratégico” para externalizar la vigilancia de sus fronteras, esta vez con Túnez.
Bruselas le entregará 105 millones de euros al régimen dictatorial del presidente tunecino, Kais Said, quien tras haber disuelto el Parlamento en 2021 gobierna a golpe de decreto y ha reprimido con saña la protesta social. El objetivo es claro: impedir el movimiento de personas migrantes hacia Europa y acelerar las repatriaciones financiando generosamente la formación de equipos de represión y vigilancia. Darán otros 150 millones en ayuda directa al presupuesto y la promesa de 900 más, si se firma un crédito con el FMI que, como ya sabemos, se devolverá a costa de empeorar la vida y las condiciones de trabajo de la mayoría de la población. Un negocio redondo para endurecer la porra del gendarme contra los más indefensos y seguir esquilmando el país.
En un flagrante y recurrente ejercicio de cinismo Von der Leyen —junto a Meloni y al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, responsables de la operación— reivindicaba el pacto como “una inversión en la prosperidad y estabilidad comunes, y en las generaciones futuras”, mientras el ministro del Interior del Estado español, Grande-Marlaska, ese gran “demócrata” defensor y corresponsable de la masacre policial que dejó un reguero de muertos en la valla de Melilla, se sumaba al coro para celebrar que se abordara el “desafío” de la migración “de una forma sostenible”.
¿De verdad? ¿Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Libia? Primero, la devastadora intervención militar del imperialismo europeo y estadounidense bajo el paraguas de la OTAN dejó un país en ruinas, dividido y gobernado por distintos señores de la guerra que son la voz de sus amos. Después, tras sembrar este caos, vuelven a imponer la máxima violencia a quienes huyen de él.
Este es el caldo de cultivo para el auge de las mafias y el tráfico de personas, un negocio al alza y muy lucrativo alimentado y patrocinado por las políticas migratorias de la UE. “La guardia costera libia y otras entidades estatales financiadas por la UE están profundamente implicadas en crímenes contra la humanidad (...) en el contrabando, el tráfico y la esclavitud. Mantienen detenidas a las personas. Las torturan para obligar a sus familiares a pagarles (…) y obtienen enormes beneficios del contrabando, son las entidades que suelen estar financiadas por la UE”. Así de claro lo denuncia una misión de investigación de la propia ONU en su informe de mayo de 2023.
Ni “prosperidad”, ni “sostenibilidad”, ni “responsabilidad colectiva”. Solo mentiras y simulación para ocultar la esencia de su política: perseguir, criminalizar y utilizar como chivo expiatorio de la crisis y barbarie que genera su sistema a los migrantes. Y estas son las políticas que dan alas a la extrema derecha y al neofascismo en todo el mundo, incluido Túnez.
Gracias al respaldo europeo, el déspota tunecino no se recata en utilizar un agresivo discurso racista contra los migrantes subsaharianos y de África occidental: habla de un “plan criminal” para sustituir a la población árabe por “hordas” de negros —reproduciendo las tesis de la extrema derecha europea del gran reemplazo— y ha azuzado una oleada de violencia y pogromos contra ellos, con la connivencia y apoyo de las fuerzas de seguridad. También ha amenazado con todo el peso de la justicia a quienes “alojen migrantes ilegales en sus casas, se las alquilen o les ofrezcan trabajo”. En julio, en plena firma del acuerdo con la UE, más de mil subsaharianos eran deportados y abandonados sin comida ni agua en el desierto fronterizo con Libia o con Argelia, y cientos de ellos murieron en circunstancias atroces.
Vemos aquí otra demoledora consecuencia de estas políticas para la población africana: como denunciaba el informe marco 2022 de CEAR, la UE está “instituyendo fronteras dentro de África”. Y es que no les basta para contener la miseria que han generado con los 2.048 kilómetros de vallas levantadas en Europa desde 2016.
“El jardín europeo” es una cárcel para miles de inmigrantes
La Unión Europea y sus distintos Gobiernos capitalistas, sean del signo que sean, no solo colaboran y miran para otro lado con lo que pasa fuera de sus fronteras por cruel que sea. La brutalidad de las medidas que aplican a quienes pese a todo consiguen entrar es cada vez mayor. Devoluciones en caliente, detenciones masivas, malos tratos, vejaciones, disparos, alambradas y vallas como la de Melilla, centros de internamiento y campos de refugiados similares a campos de concentración nazis…
Es el caso de Grecia, que cuenta ya con 42 macrocampamentos de refugiados, entre ellos el de Moria, donde llegaron a hacinarse 20.000 personas en un espacio para 3.500.
De Bulgaria, donde los solicitantes de asilo, tratados como auténticas bestias, son recluidos en jaulas construidas de tablones de madera, rejas oxidadas y llenas de basura. Human Rights Watch ha denunciado la brutalidad de la policía que no solo golpea, sino que roba, desnuda y azuza perros para atacar a los migrantes. Actuaciones similares a las de Hungría o Croacia, y que Amnistía Internacional denuncia como “sistemáticas”, donde las “torturas y el trato inhumano y degradante” es habitual.
Es el caso de Gran Bretaña y el reaccionario Gobierno de Sunak, que ostenta el despreciable honor de poner en marcha una “prisión flotante” amarrada a la costa, donde retener a los migrantes sin las mínimas condiciones de salubridad y masificados. Estos tories, clasistas y racistas, han lanzado la campaña Stop The Boats, en referencia a lo que califican de “invasión” desde el Canal de la Mancha, anunciando medidas punitivas para quien aloje o dé trabajo a inmigrantes ilegales y una dura ley migratoria que ampara la deportación exprés de los “irregulares”.
El Gobierno británico pretende también —al igual que el de los Países Bajos y el socialdemócrata de Dinamarca, que ya aprobó una ley permitiendo a las autoridades confiscar el dinero y objetos de valor a los inmigrantes— terminar en la práctica con el derecho al asilo, externalizando sus fronteras. Gran Bretaña tiene ya un acuerdo con Ruanda para expulsar y recluir allí a los inmigrantes “ilegales”, y la actual ministra del Interior, Suella Braverman, no se corta a la hora de expresar sus intenciones de agilizar las deportaciones: “Quisiera ver en la portada de The Telegraph un avión despegando hacia Ruanda, ese es mi sueño, mi obsesión”.
La complicidad de la socialdemocracia
Meloni, Orbán, Le Pen, Macron, Sunak, AfD, el PP o Vox, y toda la derecha y extrema derecha europea e internacional, dicen sin pelos en la lengua lo que realmente piensa la burguesía.
No nos sorprende que pidan y tomen medidas contra quienes se supone que nos “invade” y pone en peligro “nuestra cultura y valores”, ni que utilicen —en momentos de profunda crisis como el actual— la demagogia y propaganda neofascista para aglutinar a su base social, echar balones fuera de su responsabilidad y, sobre todo, para enfrentar y levantar un muro entre la clase trabajadora nativa y extranjera, que impida identificar y luchar conjuntamente contra el enemigo real: el capitalismo.
Pero todo esto, con otro envoltorio, con discursos pretendidamente más sensibles y humanitarios que solo buscan engañar a la opinión pública, es lo que hace la socialdemocracia allí donde gobierna, allanando el camino para el ascenso de la ultraderecha y el fascismo. ¿Acaso un discurso como el del alto representante de la UE y socialdemócrata de pro, Josep Borrell, alertando de que “Europa está en peligro”, comparándola con “un jardín” y al resto del mundo con una “jungla que podría invadir el jardín” no legítima a la reacción más extrema?
En nuestro país ocurre igual. El doble lenguaje y la doble moral es la norma de la gobernanza. Pedro Sánchez trata de erigirse, especialmente al calor de las últimas elecciones, en abanderado del combate contra la ultraderecha. Sin embargo, entre otras muchas cosas, le persigue la masacre de Melilla de 2022 —por la que a día de hoy nadie ha respondido—, y de la que llegó a decir que estuvo “bien resuelta” por parte de los policías españoles y de la dictadura de Mohamed VI. No olvidemos que el Estado español es pionero en llegar a acuerdos con estados que no respetan los más mínimos derechos humanos para impedir la entrada de inmigrantes. Marruecos es, desde 2019, el mayor beneficiario de las ayudas españolas.
Lo mismo ocurre en Alemania. En las últimas semanas, el presidente del país alertaba sobre el “punto de quiebra” en que se encuentra el país respecto a la inmigración, Los Verdes clamaban para que se “evite que siga llegando más y más gente” y el socialdemócrata Olaf Scholz se sumaba reivindicando el endurecimiento de los controles y vigilancia en la frontera, especialmente con Polonia y la República Checa. Cómo no va a crecer así la extrema derecha. Si AfD tiene una intención de voto de más del 20% es porque todos le compran el discurso y en la práctica actúan igual.
Bajo la presidencia del Estado español y antes de las elecciones europeas de 2024, la UE pretende aprobar un Pacto Migratorio y de Asilo. Son los postulados de la extrema derecha los que imponen la agenda.
Bajo eufemismos como “procedimientos de asilo y retorno más ágiles” y “cooperación con países terceros, para lo que España pondrá sobre la mesa su experiencia”, se ponen topes a las solicitudes de asilo y se amplían las posibilidades de expulsión a países diferentes del de origen, incentivando la firma de acuerdos de cooperación en materia de retorno y readmisión con terceros países. Se introduce, por increíble que parezca, la orwelliana “ficción de entrada”: se considerará que una persona no ha cruzado la frontera hasta que los funcionarios decidan tramitar su solicitud. Como denuncian los expertos, esto “inhibe la movilidad de los solicitantes de asilo, el acceso a sus derechos y aumenta el riesgo de devolución”.
También se establece la “solidaridad obligatoria pero flexible” de los Estados miembros con las zonas más afectadas para repartirse inmigrantes. Los países que rechacen la acogida deberán aportar 20.000 euros por cada “reubicación” no admitida, que irán a un fondo para seguir financiando las políticas de represión y expulsión de la UE. Además, se plantea que en situaciones de “crisis y fuerza mayor” cada Estado pueda saltarse las normas comunes y hacer lo que considere oportuno, incluso se podría derogar la propia ley de asilo europea.
Por un antifascismo revolucionario e internacionalista
No solo la socialdemocracia, también desde sectores supuestamente a su izquierda y al calor sobre todo de la gran recesión el 2008, han ido surgido voces que, con argumentos del tipo “antes de acoger a los de fuera hay que velar por el bienestar de los de dentro”, pretenden competir electoralmente con la misma demagogia racista y xenófoba a la que recurre la extrema derecha, revistiéndola de “progresismo” y “obrerismo” en defensa del “Estado del bienestar”. El caso más conocido es el de la dirigente alemana de Die Linke, Sahra Wagenknecht.
En lugar de combatir los prejuicios racistas, les dan un barniz supuestamente progresista facilitando que penetren todavía más entre la clase obrera. No solo renuncian a unir a los trabajadores —independientemente de su origen nacional y de su raza— con un programa de clase, sino que alimentan el chovinismo nacionalista y la división entre los oprimidos. Con la represión a los inmigrantes lo que se consigue es debilitar, ideológica y organizativamente, a la clase obrera en su conjunto frente a sus verdaderos enemigos, los capitalistas, facilitando su labor de acoso y derribo contra los derechos sociales y laborales de todos los oprimidos.
Es la desmovilización y el pacto social permanente, fruto de la política de colaboración de clases, lo que permite al gran capital y a las patronales en todo el planeta imponer condiciones salariales de miseria, extender su agenda de privatizaciones y austeridad, y amasar beneficios récord. Defender plenos derechos para los inmigrantes forma parte de un programa de clase que tiene que ir ligado a una ofensiva generalizada contra los capitalistas. Son nuestros aliados, no nuestros adversarios ni competidores, pero para dar sentido a esta unidad de clase hay que pasar a la acción y romper con la paz social.
El supuesto “realismo” de las tesis rojipardas solo sirve para extender una alfombra roja a la extrema derecha. Es una completa capitulación ideológica ante la reacción, y muestra lo lejos que han llegado estos dirigentes, y sus imitadores, en su degeneración política.
El arma más poderosa de la clase obrera frente a la rapacidad de la burguesía y la extrema derecha es su unidad, y la de todos los oprimidos, por encima de las fronteras y por encima de diferencias nacionales, de raza o de religión. Frente al racismo y los ataques a la inmigración: ¡unidad e internacionalismo contra nuestros verdaderos enemigos!
Ni los controles y los cierre de fronteras, ni los muros y concertinas, ni financiar a dictaduras criminales, ni las “devoluciones en caliente”, ni las leyes de extranjería, ni el endurecimiento de las políticas de asilo… van a terminar con las políticas de austeridad, con los recortes sociales ni los ataques a los derechos democráticos que estamos sufriendo.
El desmantelamiento del “Estado del bienestar”, la brutal devaluación salarial, la desigualdad social rampante… ya existían antes de la llamada crisis de los refugiados. Tampoco son los inmigrantes los responsables de la privatización de los servicios públicos, de los rescates a la banca y al capital financiero, mucho menos de las guerras imperialistas… Es la burguesía internacional y su sistema, basado en la obtención del máximo beneficio a costa de lo que sea, lo que está haciendo retroceder décadas el reloj de la historia.
Para la clase dominante, las formaciones populistas nacionalistas y de extrema derecha son una herramienta muy importante para la defensa de sus intereses. Como ocurrió en los años treinta, el Estado capitalista protege, financia y arma a estas organizaciones. Lo hacen de forma legal e ilegal. Pueden incrementar o limitar ese apoyo en función de las circunstancias, pero nunca van a prescindir de ellos.
Por eso es completamente erróneo dejar la lucha contra la extrema derecha en manos del Estado capitalista, de sus instituciones, de su policía o su poder judicial. Los trabajadores y la juventud, nativos y extranjeros, debemos basarnos en nuestras propias fuerzas. Hay que impulsar una amplia respuesta en las calles y crear comités antifascistas y antirracistas en cada centro de trabajo, barrio, escuela y universidad para responder con nuestra fuerza organizada a la violencia ultraderechista.
Frente a los llamamientos abstractos y vacíos que apelan a la “democracia”, los “valores europeos” y al “pacifismo”, hay que oponer un programa revolucionario de acción para combatir los planes de austeridad y los recortes sociales. Que defienda abierta y públicamente la nacionalización, bajo control democrático de la clase trabajadora, de la banca y de los grandes monopolios para resolver las necesidades sociales que nos acucian y asegurar una vida digna a todas y todos. Y, por supuesto, explicar que derogar todas las leyes bonapartistas y reaccionarias que cercenan los derechos democráticos es una cuestión de vida o muerte para el movimiento obrero.
La virulencia racista del sistema no se va a apaciguar. Al contrario. Por eso luchar contra la opresión racista es parte inseparable del combate por la revolución socialista.
