En medio de una profunda crisis económica y con una situación social que se degrada día a día, Portugal celebró el pasado 5 de junio elecciones legislativas que, marcadas por la elevada abstención, permitirán que se conforme un nuevo gobierno de derechas y que han supuesto, un duro varapalo tanto para el Partido Socialista (PS), hasta ahora en el poder, que obtiene el 28,05% de los votos, perdiendo más de 500.000 votos respecto a las elecciones de 2009; y también para el Bloco de Esquerdas (BE), la que había sido la segunda fuerza más votada en las legislativas del 2009 dentro de la izquierda portuguesa.

Después de tres Programas de Estabilidad y Crecimiento (PEC), planes de ajuste forzados por la presión de los mercados financieros, el primer ministro ahora saliente, José Sócrates,  vio como el intento de un cuarto PEC era rechazado el 23 de marzo por el parlamento portugués, al oponerse a él, no sólo el BE y el Partido Comunista Portugués (PCP), sino también el derechista Partido Social Demócrata (PSD). El PSD, segunda fuerza política del anterior parlamento, que había apoyado los anteriores PECs –bien a través de su voto a favor o bien absteniéndose— decidió oponerse en esta ocasión no porque estuviese en desacuerdo con los recortes que se planteaban, sino como parte de una maniobra política tendente a forzar al gobierno del PSP a convocar elecciones anticipadas.

Como no podía ser de otra manera esta estrategia tuvo éxito. Con un gobierno inestable, forzado a captar 11.500 millones de euros de deuda tan sólo de marzo a junio, una economía en recesión (se prevé este año una caída del PIB del 2,2%) y una deuda pública del 94,2% del PIB, Portugal era la víctima perfecta para los ataques especulativos de los mercados financieros. Estos se plasmaron en un nuevo incremento de los intereses sobre su captación de deuda (en torno al 9% en sus bonos a 3, 5 y 10 años, auténtica usura) y por la rebaja por parte de las agencias de calificación de la nota tanto de la deuda portuguesa como de los principales bancos del país. En este contexto, el 31 de marzo se convocan nuevas elecciones generales y el 6 de abril el gobierno en funciones se vio obligado a solicitar a la Unión Europea la activación de un rescate financiero.

Ajuste salvaje

Portugal vive una situación social desesperada: 12,4% de paro (las centrales sindicales lo elevan al 13,5%), 20% de población en la pobreza (dos millones de personas), un 85% de los pensionistas (millón y medio de personas) viven con menos de 360 euros al mes, unido a la generalización de la precariedad (tercer país en Europa con más trabajadores temporales) y de los salarios miseria. Con este escenario cabría pensar ingenuamente que los grandes partidos políticos debían de centrar el eje de sus propuestas electorales y sus planes de gobierno en mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero las cosas no funcionan así en el sistema capitalista, a cambio de conceder un rescate financiero de 78.000 millones de euros, la UE y el FMI impusieron su chantaje en forma de un plan de ajuste todavía más duro que el rechazado por el parlamento portugués. Para que la ayuda se concretase los dos principales partidos, PSP y PSD, se vieron obligados a aceptar en pleno periodo pre-electoral las condiciones de la UE y el FMI (también las aceptó el otro partido con representación parlamentaria de la derecha, el Centro Democrático Social) comprometiéndose a que si cualquiera de ellos llegaba a formar gobierno cumplirían punto por punto todos los aspectos del plan.

Los requerimientos del plan de ajuste suponen, de facto, un auténtico programa de gobierno, estructurado en 84 medidas a desarrollar hasta finales de 2011. Afectan a la política económica, a los servicios públicos, a la política social, energética, de transporte, a las administraciones... Por señalar algunas de las medidas tenemos, por ejemplo, la reducción de las cotizaciones sociales de las empresas, de las prestaciones por desempleo y las pensiones, la congelación del sueldo de los funcionarios hasta el 2013, la reducción de los empleados municipales, la paralización de las grandes obras de infraestructuras y la privatización de empresas públicas. En definitiva, un ataque en toda regla a las condiciones de vida de los trabajadores, los pensionistas y los jóvenes, pero no así para los bancos, a los que se destinarán 12.000 millones de euros para reforzar el fondo de solvencia bancaria, que sirve para que la banca pueda conseguir avales para sus operaciones de financiación. Esto último es todavía más sangrante si se tiene en cuenta que los cuatro principales bancos privados repartieron 4.500 millones de euros en dividendos entre sus accionistas en los últimos cuatro años.

Con el programa de gobierno diseñado en Bruselas y las manos atadas, tanto la derecha como el PS plantearon una campaña electoral procurando esquivar los grandes problemas y centrándose en debates personalistas sobre los candidatos y en recordar sus logros del pasado. Sólo el  BE y la CDU (coalición del Partido Comunista con los Verdes e Intervención Democrática) se vieron libres para plantear una oposición abierta al rescate financiero y sus planes asociados aunque basando esa oposición en unos programas electorales fundamentados en medidas de corte puramente reformista.

Altísima abstención

Con todo este panorama no es de extrañar la elevada abstención que se produjo el domingo 5 de junio, reflejo del descontento generalizado, la falta de confianza en la clase política y la ausencia de una alternativa clara desde la izquierda. La abstención bate su récord en la legislativas desde 1974 con un 41% (2 puntos más que en las últimas legislativas de 2009) y que supone que casi 4 millones de portugueses decidieron no ir a votar, a lo que hay que sumar más de un 3% de voto blanco y nulo, afectando principalmente a los partidos de izquierdas, al igual que en las presidenciales de enero (abstención del 53%), que dieron el triunfo al conservador Cavaco Silva.

El PSD gana estas elecciones con el 38,63% de los votos emitidos (2.145.780 votos) y el CDS (652.194) obtiene el 11,74% de los mismos, entre ambos obtienen el 50% de los votos. Pero, realmente el conjunto de voto a la derecha (PSD-CDS) representa un 30% del voto sobre los votantes potenciales, o lo que es lo mismo un 70% de los portugueses con derecho a voto no apoyaron a la derecha, dato que pone en entredicho la idea repetida por los medios de comunicación burgueses de que "Portugal gira a la derecha", o de que los "Portugueses eligen a la derecha para salir de la crisis".

El PS obtiene un pésimo resultado en estas elecciones, pierde en 17 de los 20 distritos electorales, baja de 96 a 73 diputados y se ve obligado a abandonar el gobierno 6 años después de haber ganado con una contundente mayoría absoluta, dilapidando a velocidad de crucero las expectativas de cambio. Al igual que el PSOE en el Estado español, el PS paga el hecho de gobernar a través de políticas propias de la derecha y contra los intereses y los deseos de su propia base social. Carente de una alternativa al capitalismo se puso a rebufo de los grandes poderes del capital; la llegada de la crisis dejó al PS sin márgenes de actuación  y a merced de los intereses especulativos de los mercados, obligado a lanzar un plan de ajuste tras otro y desencantando profundamente a su electorado, que ya en las elecciones presidenciales de enero había dado un serio aviso cuando el candidato socialista, Manuel Alegre, sólo obtuvo un 17% de votos.

El Bloco de Esquerdas es el otro gran damnificado dentro de la izquierda, pasando del casi 10% de votos en 2009 al 5,19% actualmente y perdiendo la mitad de sus votos (270.000) y de diputados (de 16 a 8). Este retroceso es consecuencia de la decepción provocada por su actuación en el último periodo. En estas elecciones presentaban un programa centrado en la reestructuración de la deuda, que no es ninguna alternativa a la crisis del capitalismo. En las pasadas presidenciales de enero apoyó a Manuel Alegre, miembro del PS, que se ha posicionado a favor de los PECs; en mayo de 2010 votó a favor del plan de ajuste de Grecia (que debía ser ratificado por todos los países europeos). Todo eso ha pasado factura y ya en las presidenciales de este año se calcula que se abstuvo un 67% de los votantes que apoyaron al BE en las legislativas de 2009.

La CDU mantiene sus resultados, en torno a los 440.000 votos (7,94%), incluso con un ligerísimo ascenso que le da un diputado más (16). El PCP tiene un gran arraigo en el movimiento obrero y ha mantenido, con la CGTP, el principal sindicato, una actitud combativa frente a las medidas de ataque, transmitiendo, por la vía de los hechos, una imagen de oposición clara e intransigente a los ataques a la clase obrera. Al igual que el Bloco presentaba una línea programática centrada en un plan para la reestructuración de la deuda, junto a una serie de propuestas (reforzar el sector público, cambios en la política fiscal…) que, si bien son claramente progresistas, no plantean una alternativa al capitalismo, lo que hubiera reforzado aún más su apoyo.

La movilización es el camino

Se presentan tiempos duros para Portugal; Passos Coelho, el nuevo primer ministro, ya ha advertido que irá todavía más lejos de lo que le exige la UE y el FMI. La burguesía ha conseguido su objetivo, un gobierno parlamentariamente más estable. Pero esto no va a impedir la respuesta en la calle según las políticas de ajuste se vayan implementando. En este aspecto Portugal ha vivido importantes movilizaciones en los últimos meses, tanto lanzadas desde el movimiento obrero como las promovidas por “Geracao á rasca”, la antesala portuguesa del 15-M, y que ha movilizado a decenas de miles de jóvenes. Al igual que en Grecia, en el Estado español y en otros países europeos, veremos una agudización de la lucha de clases en un contexto de gran polarización política. La clase obrera portuguesa tiene grandes tradiciones revolucionarias, como quedó en evidencia con la Revolución de 1974-75: este es el camino por el que podrá  revertir y echar abajo los recortes y el sombrío futuro que las políticas capitalistas de la UE y el FMI les deparan.