El 23 de abril la gobernadora republicana del Estado de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB 1070 conocida también como la "ley antiinmigrante", que impide a los inmigrantes sin papeles solicitar trabajo ya que cualquier indocumentado será calificado de "criminal" y podrá ser encarcelado durante seis meses, pagará una multa de 2.500 dólares para, posteriormente, ser deportado a su país de origen. También califica como criminales a todos aquellos que les den empleo, refugio o apoyo de cualquier tipo; obliga a todos los empleados públicos a verificar la situación migratoria de cualquier persona que "parezca" inmigrante ilegal, permite a la policía detener sin orden de y castiga a quien "promueva" el ingreso de indocumentados a territorio de Arizona. Los funcionarios del gobierno que no cumplan con estas tareas también serán sancionados. Si no es vetada, la SB 1070, entrará en vigor en agosto. El miedo, la desesperación y la rabia de miles de inmigrantes se han combinado con movilizaciones y organización.
El 23 de abril la gobernadora republicana del Estado de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB 1070 conocida también como la "ley antiinmigrante", que impide a los inmigrantes sin papeles solicitar trabajo ya que cualquier indocumentado será calificado de "criminal" y podrá ser encarcelado durante seis meses, pagará una multa de 2.500 dólares para, posteriormente, ser deportado a su país de origen. También califica como criminales a todos aquellos que les den empleo, refugio o apoyo de cualquier tipo; obliga a todos los empleados públicos a verificar la situación migratoria de cualquier persona que "parezca" inmigrante ilegal, permite a la policía detener sin orden de y castiga a quien "promueva" el ingreso de indocumentados a territorio de Arizona. Los funcionarios del gobierno que no cumplan con estas tareas también serán sancionados. Si no es vetada, la SB 1070, entrará en vigor en agosto. El miedo, la desesperación y la rabia de miles de inmigrantes se han combinado con movilizaciones y organización.
Incluso permite que los extranjeros legales puedan ser encarcelados por el simple hecho de no portar sus acreditaciones en el momento de ser requeridas. Los policías y funcionarios que por error no encarcelen o denuncien a un posible indocumentado, pueden ser acusados de complicidad y sancionados. Esta situación ha llevado a que cuerpos policiales en Arizona se manifiesten en contra de dicha ley, incluso algunos funcionarios públicos estadounidense están promoviendo recursos legales personales contra la SB 1070.
¿Por qué en Arizona?
Las raíces de la SB 1070 están en la crisis económica que ha golpeado severamente a todo Estados Unidos y en particular al estado de Arizona.
De 1998 a 2006 la economía de Arizona creció un promedio del 5,6%. El empleo se desarrolló y atrajo a miles de inmigrantes indocumentados, en ese mismo periodo la tasa de indocumentados creció en 70%. Pero esos buenos tiempos de bonanza quedaron atrás. En 2007 la economía del estado creció un 1%, en 2008 cayó 0,6% y en 2009 toda la economía estadounidense cayó un 2,4%. El estallido de la burbuja especulativa en el sector inmobiliario sumió a Arizona en una situación sumamente complicada, hoy día junto con California y Florida concentran el 46% de los juicios hipotecarios de todo Estados Unidos. La industria registra un incremento del 77% en la tasa de empresas en quiebra. Y por si fuera poco, para 2011 se calcula que enfrentará un déficit público de 3.200 millones de dólares. Las finanzas públicas y privadas en Arizona están pendiendo de un hilo, cualquier recaída de la crisis económica nacional puede hacer saltar las cosas en mil pedazos. Ahora con la SB 1070 se está culpando a los inmigrantes indocumentados de ser los responsables de tan desastrosa situación.
La clase trabajadora estadounidense está pagando los costos de la crisis, pero los trabajadores inmigrantes se llevan por ahora la peor parte. En 2006 la cifra de desempleados en Arizona era de 3,9%, para el 2008 subió a 7,6% y en marzo de 2010 la cifra estatal llega a 9,6%; sin embargo en algunos condados como Yuma llega hasta el 28%. En los dos últimos años el salario de los trabajadores agrícolas ha caído hasta un 50% a nivel nacional, en Arizona el 80% de los trabajadores del campo son inmigrantes indocumentados. Antes de aprobarse la ley SB 1070 un trabajador indocumentado era ya muy vulnerable en términos legales y por ello mismo presas de salarios retenidos, horas extras no pagadas, despidos injustificados y demás abusos laborales.
Hoy, muchos defensores de la SB 1070 califican a los inmigrantes como una carga "injusta" para las finanzas locales, sin embargo lo que callan es que todos esos inmigrantes han tenido que soportar unas condiciones terribles de explotación. En 2003 el salario promedio estatal era 29.000 dólares al año, pero un trabajador indocumentado ganaba 13.000 dólares anuales. El año pasado en EEUU, 400.000 familias hispanas perdieron su hogar por embargo bancario y se calcula que a finales de este año 1,3 millones de familias hispanas acabarán en la calle por la misma razón. Los inmigrantes sin papeles radicados en Arizona y que están en riesgo de embargo no podrán hacer uso de recursos legales para renegociar su deuda o para beneficiarse de los programas de apoyo, la ley SB 1070 lo prohíbe.
Movilizaciones de rechazo
Durante la campaña presidencial, Obama planteó que impulsaría una reforma migratoria integral. Ese discurso fue clave para ganar la simpatía de miles de trabajadores latinoamericanos que votaron por él. Recientemente planteó que antes de terminar el presente año la reforma estaría lista. Lo cierto es que no ha dado ni un sólo paso real en esa dirección, todo han sido palabras. Y peor aún, Obama sólo ha rechazado de palabra la ley "antiinmigrantes".
La vida de un trabajador que ha migrado "ilegalmente" a Estados Unidos es particularmente dolorosa. El viaje desde Centroamérica implica cruzar dos o tres fronteras, exponerse a un sinfín de peligros. Los indocumentados latinoamericanos o asiáticos, caribeños o africanos no somos delincuentes sino trabajadores y exigimos que se nos otorgue la residencia estadounidense, el derecho a transitar libremente por todo el territorio estadounidense, el pleno acceso al trabajo y a los servicios públicos de salud, vivienda, educación y cultura. Exigimos que se eliminen las "redadas".
Desde 2005 las movilizaciones de los inmigrantes han venido en ascenso. En abril medio millón de trabajadores se manifestaron Washington, en Arizona ha habido una y otra vez marchas y campañas en contra de la SB 1070, estudiantes, amas de casa, trabajadores de la construcción, un mar de gente ha levantado sus voces. El Primero de Mayo, 70 ciudades estadounidenses tuvieron grandiosas concentraciones. Ha quedado claro que los inmigrantes son millones con una gran fuerza y con grandes simpatías entre los trabajadores estadounidenses, esta lucha puede tomar dimensiones nacionales contagiando a todos los trabajadores que han venido soportando sobre su espalda la crisis económica.
Incluso permite que los extranjeros legales puedan ser encarcelados por el simple hecho de no portar sus acreditaciones en el momento de ser requeridas. Los policías y funcionarios que por error no encarcelen o denuncien a un posible indocumentado, pueden ser acusados de complicidad y sancionados. Esta situación ha llevado a que cuerpos policiales en Arizona se manifiesten en contra de dicha ley, incluso algunos funcionarios públicos estadounidense están promoviendo recursos legales personales contra la SB 1070.
¿Por qué en Arizona?
Las raíces de la SB 1070 están en la crisis económica que ha golpeado severamente a todo Estados Unidos y en particular al estado de Arizona.
De 1998 a 2006 la economía de Arizona creció un promedio del 5,6%. El empleo se desarrolló y atrajo a miles de inmigrantes indocumentados, en ese mismo periodo la tasa de indocumentados creció en 70%. Pero esos buenos tiempos de bonanza quedaron atrás. En 2007 la economía del estado creció un 1%, en 2008 cayó 0,6% y en 2009 toda la economía estadounidense cayó un 2,4%. El estallido de la burbuja especulativa en el sector inmobiliario sumió a Arizona en una situación sumamente complicada, hoy día junto con California y Florida concentran el 46% de los juicios hipotecarios de todo Estados Unidos. La industria registra un incremento del 77% en la tasa de empresas en quiebra. Y por si fuera poco, para 2011 se calcula que enfrentará un déficit público de 3.200 millones de dólares. Las finanzas públicas y privadas en Arizona están pendiendo de un hilo, cualquier recaída de la crisis económica nacional puede hacer saltar las cosas en mil pedazos. Ahora con la SB 1070 se está culpando a los inmigrantes indocumentados de ser los responsables de tan desastrosa situación.
La clase trabajadora estadounidense está pagando los costos de la crisis, pero los trabajadores inmigrantes se llevan por ahora la peor parte. En 2006 la cifra de desempleados en Arizona era de 3,9%, para el 2008 subió a 7,6% y en marzo de 2010 la cifra estatal llega a 9,6%; sin embargo en algunos condados como Yuma llega hasta el 28%. En los dos últimos años el salario de los trabajadores agrícolas ha caído hasta un 50% a nivel nacional, en Arizona el 80% de los trabajadores del campo son inmigrantes indocumentados. Antes de aprobarse la ley SB 1070 un trabajador indocumentado era ya muy vulnerable en términos legales y por ello mismo presas de salarios retenidos, horas extras no pagadas, despidos injustificados y demás abusos laborales.
Hoy, muchos defensores de la SB 1070 califican a los inmigrantes como una carga "injusta" para las finanzas locales, sin embargo lo que callan es que todos esos inmigrantes han tenido que soportar unas condiciones terribles de explotación. En 2003 el salario promedio estatal era 29.000 dólares al año, pero un trabajador indocumentado ganaba 13.000 dólares anuales. El año pasado en EEUU, 400.000 familias hispanas perdieron su hogar por embargo bancario y se calcula que a finales de este año 1,3 millones de familias hispanas acabarán en la calle por la misma razón. Los inmigrantes sin papeles radicados en Arizona y que están en riesgo de embargo no podrán hacer uso de recursos legales para renegociar su deuda o para beneficiarse de los programas de apoyo, la ley SB 1070 lo prohíbe.
Movilizaciones de rechazo
Durante la campaña presidencial, Obama planteó que impulsaría una reforma migratoria integral. Ese discurso fue clave para ganar la simpatía de miles de trabajadores latinoamericanos que votaron por él. Recientemente planteó que antes de terminar el presente año la reforma estaría lista. Lo cierto es que no ha dado ni un sólo paso real en esa dirección, todo han sido palabras. Y peor aún, Obama sólo ha rechazado de palabra la ley "antiinmigrantes".
La vida de un trabajador que ha migrado "ilegalmente" a Estados Unidos es particularmente dolorosa. El viaje desde Centroamérica implica cruzar dos o tres fronteras, exponerse a un sinfín de peligros. Los indocumentados latinoamericanos o asiáticos, caribeños o africanos no somos delincuentes sino trabajadores y exigimos que se nos otorgue la residencia estadounidense, el derecho a transitar libremente por todo el territorio estadounidense, el pleno acceso al trabajo y a los servicios públicos de salud, vivienda, educación y cultura. Exigimos que se eliminen las "redadas".
Desde 2005 las movilizaciones de los inmigrantes han venido en ascenso. En abril medio millón de trabajadores se manifestaron Washington, en Arizona ha habido una y otra vez marchas y campañas en contra de la SB 1070, estudiantes, amas de casa, trabajadores de la construcción, un mar de gente ha levantado sus voces. El Primero de Mayo, 70 ciudades estadounidenses tuvieron grandiosas concentraciones. Ha quedado claro que los inmigrantes son millones con una gran fuerza y con grandes simpatías entre los trabajadores estadounidenses, esta lucha puede tomar dimensiones nacionales contagiando a todos los trabajadores que han venido soportando sobre su espalda la crisis económica.
