El caso de Juana Rivas, y su negativa a entregar a sus hijos a su maltratador, yendo en contra de las resoluciones judiciales que la obligaban a ello, ha suscitado una oleada de solidaridad y simpatía sin precedentes ante un caso de estas características. La desobediencia a esta decisión judicial, y su posterior huida para proteger a sus hijos, ha sido apoyada por miles de personas, particularmente mujeres, reflejando el hartazgo cada vez mayor ante la violencia de género y sus consecuencias más dramáticas: el asesinato de mujeres y niños por parte de los maltratadores.
Esa misma presión social sin duda ha favorecido tanto la puesta en libertad sin fianza de Juana, tras presentarse en un juzgado de Granada el pasado 22 de agosto, como el hecho de que la fiscalía renuncie a recurrir tal decisión. Pocos días antes, la denuncia por malos tratos que Juana Rivas interpuso hace más de un año en un juzgado de Granada, por fin fue traducida y enviada a los tribunales italianos.
Aunque su calvario no ha terminado, pues continúa obligada a entregar a sus hijos y se enfrenta a una acusación de secuestro, sin duda los últimos acontecimientos suponen un respiro considerable de cara a continuar la lucha.
Un sistema judicial machista y la violencia institucional contra las mujeres
En todo caso, la insumisión de Juana a las decisiones judiciales ha abierto un nuevo frente en la lucha contra la violencia de género en el Estado español, al poner el acento, no sólo en el maltratador, sino en la propia violencia que el Estado ejerce contra las mujeres a través de las instituciones.
Ciertamente, la reacción social de apoyo a Juana revela una enorme crítica a la pasividad del aparato del Estado frente a la violencia de género. Frente a las formas "políticamente correctas" del gobierno del PP, que llora lágrimas de cocodrilo ante cada nuevo asesinato o de la Justicia, que trata de presentarse bajo un manto de imparcialidad, la realidad es muy concreta. Este gobierno que se lamenta públicamente es el mismo que ha reducido un 26% el presupuesto para las víctimas de la violencia de género. Esa misma Justicia es la que continúa subestimando la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones. Y el resultado de esta fórmula perversa es que el número de víctimas de la violencia de género no deja de aumentar.
En lo que va del 2017, 36 mujeres han sido asesinadas en episodios de violencia doméstica, 6 más que en el año anterior. Mientras escribimos estas líneas una mujer ha sido asesinada en Cáceres y otra se encuentra gravemente herida tras el ataque de su pareja en Madrid. En cuanto a los menores, tan sólo desde 2013, año en el que se empezó a llevar un registro de esto, 22 niños han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres y más de 160 han quedado huérfanos.
Sin embargo, frente a las decenas de casos que prueban que los maltratadores recurren a los hijos para dañar a las madres, los jueces continúan dictando sentencias donde, frente al interés del menor, priman el sacrosanto derecho de los maltratadores a “ejercer” de padres de sus víctimas. Porque nadie puede negar que el hijo de una victima de maltrato sea a su vez, él mismo, víctima de esa situación de violencia generada por el agresor en el entorno familiar.
De hecho, desde julio de 2015 la ley reconoce como víctimas directas también a los hijos. Concretamente la ley señala que, cuando los niños se encuentren bajo la patria potestad o la tutela de una víctima de violencia de género los poderes públicos garantizarán el apoyo preciso para que permanezcan con su madre, además de prestar atención especializada y ayudar en su recuperación. Aunque los jueces pueden incluso suspender para el inculpado la patria potestad o custodia, entre otras medidas, la realidad es que casi nunca lo hacen.
Un maltratador que es ¿buen padre?
Que un maltratador pueda ser un “buen padre” solo se sostiene desde una concepción machista de las relaciones personales que parte de la premisa de nada tienen que ver el maltrato a una mujer con el maltrato a los hijos, que deja entender que la víctima “algo habrá hecho” para ser maltratada y que cuestiona por sistema los testimonios de las mujeres y niños afectados. La entrega de niños a padres maltratadores amparándose en el inexistente “Síndrome de Alienación Parental” es la consecuencia de este “machismo judicial”.
Su consecuencia más dramática es el asesinato de los menores por la desprotección del Estado. Un ejemplo de esto es el caso de Ángela González Carreño. En el año 2003 una sentencia obligó a esta mujer a dejar a su hija de 7 años con su padre, para una visita sin vigilancia. Durante 3 años, Ángela había interpuesto más de 50 denuncias contra su expareja y advertido desesperadamente del riesgo que corría su hija. Estas advertencias venían avaladas por decenas de informes de los servicios sociales que desaconsejaron una y otra vez la entrega de la niña, tomando en consideración el propio testimonio de la niña. Pese a todas estas evidencias, la jueza consideró que no había motivo alguno para que el padre no pudiera disfrutar de su hija sin vigilancia. Aquella fue la única y última visita sin vigilancia, pues esa tarde el exmarido de Angola mató de un tiro a la hija de ambos.
A partir de aquel momento, Ángela inició una durísima batalla para que el Estado reconociera su responsabilidad en la muerte de su hija. Sin embargo, ni el Ministerio de Justicia, ni la Audiencia Nacional, ni tampoco el Tribunal Supremo o el tribunal Constitucional encontraron ninguna “anormalidad” en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Todo esto incluso después de que la propia ONU considerara al gobierno español responsable y lo instara a rectificar e indemnizar a Ángela. No estamos hablando pues de la actuación de un juez particularmente reaccionario o misógino, sino del funcionamiento lamentablemente habitual del sistema judicial en su conjunto.
Entre el asesinato de la hija de Ángela González y el caso de Juana Rivas median casi 15 años y todo un rosario de maltratos y violencias variables hacia las mujeres en grado e intensidad. Pero persiste una característica común. A la violencia que sufren muchas mujeres por parte de sus parejas han de sumar la indefensión a la que son sometidas por parte del aparato del Estado. La criminalización de las víctimas y la banalización de la violencia contra la mujer es una constante que subyace tras los discursos “políticamente correctos” y que se reproduce cada día a través de los grandes medios de comunicación. Si alguien lo duda debería reflexionar sobre el hecho de que en las últimas semanas Juana Rivas haya tenido que ocultarse para proteger a sus hijos mientras su maltratador se paseaba por platós de televisión dando su versión de los hechos, negando el maltrato y fomentando la imagen de “mala madre” de Juana.
Frente a la violencia machista movilización y lucha
Frente a esta violencia institucional cada vez más mujeres están reaccionando con la movilización y la lucha. En ese contexto, cuestionar las resoluciones judiciales, desafiar las leyes injustas o apoyar solidariamente a quienes lo hacen es el primer paso para lograr que éstas cambien.
Frente a quienes estos días defienden hipócritamente la legalidad por encima de todo (incluyendo organizaciones supuestamente progresistas como “jueces para la democracia”) y piden respeto para las decisiones judiciales como si estas se dictaran al margen de la realidad concreta, nosotros abogamos por la desobediencia civil y la lucha colectiva para defender los derechos de las mujeres. Puede que estas decisiones judiciales sean técnicamente impecables, pero son profundamente injustas. Exactamente igual reivindicamos la necesidad de luchar contra los desahucios, que también son legales, contra las contrarreformas laborales, el desmantelamiento de la educación pública, la ley mordaza o cualquier otro ataque a los derechos de las familias trabajadoras.
