El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad repetir el juicio por el caso Bateragune (2012), por el cual Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la Izquierda Abertzale pasaron entre seis y seis años y medio en la cárcel, y fueron condenados a otros tantos años de inhabilitación política. Se trata de un auténtico escándalo que pone en evidencia con total crudeza el carácter franquista del aparato de Estado y del régimen del 78, que se une a los procesos judiciales contra el pueblo catalán, las declaraciones abiertamente golpistas de los militares y de la corrupción monárquica.
En 2018 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó que el proceso judicial “Bateragune” no fue imparcial y que se vulneró el derecho a juicio justo, por lo que en julio de este mismo año el mismo Tribunal Supremo anuló la sentencia. No hubo intención alguna de compensar de ninguna manera los cinco condenados que cumplieron sus penas íntegras en la cárcel. Al contrario. Los franquistas con toga sacan pecho ante los Tribunales Europeos y han decidido repetir los juicios.
El aparato de Estado franquista sopla las velas de la derecha y la oligarquía
Esta decisión judicial tiene un carácter y un objetivo claramente político. No es ninguna casualidad que se desarrolle al calor de la negociación de los presupuestos generales del Gobierno de PSOE-UP y EH Bildu, auspiciando la furiosa campaña de la derecha españolista. Claramente, es un puñetazo encima de la mesa de este sector de la clase dominante – heredero directo de la dictadura - contra la base social del conjunto de la izquierda. Un intento desesperado de pretender volver a los tiempos donde la manipulación mediática “antiterrorista” y la división en líneas nacionales les ofrecía la salvaguarda para sostener el corrupto régimen del 78. Y una advertencia muy clara de que no cederán un palmo sus privilegios y que usarán todas las fuerzas y posiciones en las instituciones para defenderlos.
La derecha españolista ha salido al galope para atacar al Gobierno, según ellos, “filoetarra”. Por su parte, los dirigentes del PSOE, lejos de mencionar o proponerse depurar el aparato de Estado de elementos fascistas que lo dirigen, arriman el hombro otra vez, le sigue la corriente con solemnidad y se justifican ante la derecha. En esta línea, el ministro José Luis Ábalos declaraba que la repetición del caso Bateragune es la muestra de la mayor claridad de que el acuerdo entre el Gobierno y Bildu para los Presupuestos no supone “ningún blanqueo". Pablo Iglesias, que ante los juicios de Bateragune en 2011 condenó la sentencia –“que escándalo que se condene a 10 años a dos de los artífices de la paz”-, guarda ahora un vergonzoso silencio y se comporta como un “hombre de Estado” que acepta las reglas del régimen.
El fin de ETA y la furia de la derecha
La derecha españolista y los Tribunales del régimen del 78 nunca han tenido nada que celebrar del fin de la actividad de ETA. Al revés, que desapareciera lo que durante tanto tiempo fue su principal baza para justificar la represión, les ha causado tal impotencia que una década después se agarran al mismo fantasma. Desde el anuncio de alto el fuego de ETA el 5 de septiembre de 2010, el aparato de Estado ha respondido multiplicando la represión.
El caso Bateragune fue el ejemplo más evidente en este sentido. No hay ningún ejemplo de otro Estado que, en vez de negociar un proceso de paz, se haya apresurado a encarcelar a políticos que estaban planteando que se pusiera fin unilateralmente a la actividad de una organización armada.
En octubre de 2009 por orden del Juez Baltasar Garzón fueron detenidos 10 miembros de la Izquierda Abertzale, en medio de una reunión. El objetivo de la reunión era precisamente poner fin a la lucha armada y apostar claramente por “la utilización de vías exclusivamente políticas y pacíficas”. El aparato de Estado y por supuesto el juez Garzón eran perfectamente consciente de ello y así lo declararon también claramente los encausados en las sesiones judiciales, a la vez que rechazaban públicamente la actividad armada de ETA.
A partir de allí, hasta el desarme y, después, la definitiva disolución de ETA el 3 de mayo de 2018, cada decisión y gesto de la Izquierda Abertzale para terminar con ETA ha sido respondida con más detenciones, juicios y cárcel contra jóvenes, activistas a favor de los derechos de los presos “herrira”, abogados, los propios presos y sus familiares… El montaje contra los jóvenes de Altsasu ha sido la muestra más clara de que aunque ETA ya no exista, la reacción seguirá invocándola una y otra vez.
La debilidad del régimen al desnudo
La deriva represiva del régimen del 78 representa su debilidad. Sus instituciones han sido y siguen siendo ampliamente cuestionadas en las calles con movilizaciones masivas. La única salida que puede encontrar es la más descarada represión y manipulación, que lejos de lograr el efecto perseguido, aumenta la determinación de lucha.
El 3 de diciembre se ha cumplido el 50 aniversario de “el proceso de Burgos”, la primera gran victoria contra el régimen de Franco. La espectacular lucha de masas con manifestaciones masivas, paros laborales, encierros, huelgas estudiantiles se extendían tanto en EH -llegando a convocar una huelga general- como en el resto del Estado e internacionalmente. Totalmente acorralado por todos los territorios, el régimen tuvo que decretar el 14 de diciembre Estado de excepción para todo el Estado español, pero el movimiento ya había conseguido con su fuerza en las calles eliminar las condenas a muerte del procesamiento.
La dictadura endurecía la represión a medida que se recrudecía su crisis. Se encontraba enfangado en la corrupción con el caso Matesa y tuvieron que elegir a Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco. Pero ni los fusilamientos, los asesinatos de militantes de la izquierda, las torturas y las masivas detenciones no pararon al movimiento, sino que fraguaron su determinación.
Hoy, el hecho de que ETA haya dejado de existir es una magnífica noticia para el desarrollo de la lucha revolucionaria de la clase trabajadora. Las instituciones del régimen del 78 se encuentran en una crisis generalizada y su credibilidad se resiente aún más cuando agitan el fantasma de ETA. La socialdemocracia ha demostrado completa sumisión ante estas instituciones al obedecer el mandato del IBEX 35, que sostiene todo el castillo de naipes. La única salida para quitar de en medio a los franquistas del aparato de Estado, es basándose en la lucha de masas, enfrentándose directamente a los intereses de la oligarquía con un programa revolucionario.
