El día elegido lo dice todo. El 20 de noviembre, 50 años después de la muerte de Franco, el Tribunal Supremo hizo público un fallo histórico: condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y a pagar al delincuente confeso Alberto González Amador, pareja de Ayuso, la cantidad de 10.000 euros. Que el aparato del Estado español, su justicia, su policía y su ejército están dominados por una casta franquista que actúa con absoluta impunidad en la política nacional siguiendo las instrucciones de Vox y del PP, ahora parece incuestionable.
Ya lo señaló José María Aznar. “Quién pueda que haga”. Y vaya si están haciendo. Desde muchos sectores de la izquierda gubernamental se habla de golpismo judicial. Y por supuesto, esta inferencia del Tribunal Supremo convertido en ariete de Ayuso y Feijoo para forzar la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria electoral tiene mucho de golpe. Pero este comportamiento, que ha llegado con esta sentencia a un punto crítico, no empieza ahora. Viene de muy atrás.
Que la magistratura es un nido de reaccionarios consumados, que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional fueron el refugio de los jueces del Tribunal de Orden Público, que la justicia de clase franquista sigue viva y coleando al abrigo de los Pactos de la Transición es algo imposible de ocultar.
Lo sabe perfectamente el PSOE, el partido clave del régimen del 78, que cedió este poder omnímodo a la derecha en aras de la estabilidad y la gobernabilidad. Lo saben cuando utilizaron este aparato para activar la guerra sucia de los GAL, cuando no hicieron ascos a aprobar una legislación de excepción antidemocrática, mantener la infame Ley Mordaza, encarcelar activistas de la izquierda combativa y perseguir organizaciones como Podemos. Nunca alzaron la voz. Ahora recogen los lodos de aquellos polvos.
A pesar de la gravedad de lo ocurrido, la posición oficial del Gobierno a través de una declaración institucional de su portavoz Félix Bolaños, es que tienen “el deber legal de respetar el fallo” y que “la discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones, y particularmente, en la justicia”. Es decir, que aunque dicen no compartir la sentencia, y aunque desde sectores del Gobierno y del propio PSOE se habla de que el fiscal general del Estado es inocente, y que estamos ante un hecho “muy grave” y un “golpe blando”, en la práctica se acepta todo y se sigue allanando el terreno a la reacción.
¿Por qué el Gobierno y el PSOE siguen defendiendo a capa y espada la independencia de una justicia franquista que actúa como un grupo de choque de la extrema derecha?
La razón es clara. Cuestionar este axioma significaría enviar un obús a la legitimidad de este régimen, a unas instituciones que el PSOE siempre ha blanqueado. Significaría que este partido entraría en el terreno de la ruptura con el sistema. Y eso, obviamente, no parece que lo vayan a hacer. Mejor seguir simulando y no tomar medidas efectivas y contundentes para derrotar a la reacción.
Esta sentencia no es una excepción, sino la culminación de la regla. La historia judicial está llena de decisiones de este sesgo, que han tapado sin rubor los casos de corrupción del PP, que han dejado en la calle a Bárcenas, a Granados, a Esperanza Aguirre, a Camps, a ministros del Interior que han creado policías patriotas, o que han descargado golpes brutales contra los derechos democráticos encarcelando a dirigentes de EH Bildu como Otegi, a los líderes independentistas de Catalunya, procesando y condenando a Pablo Hasél y otros artistas por ejercer la libertad de expresión, a los seis jóvenes antifascistas de Zaragoza, a las seis sindicalistas de la Suiza…
La farsa de la justicia burguesa y la ofensiva de la reacción
Atendiendo al caso concreto el escandalo no puede ser mayor. Tras esta sentencia del Supremo, el primer condenado por el fraude fiscal de González Amador, 350.000 euros fruto de sus trapicheos en la gestión de contratos por mascarillas mientras morían cerca de 8.000 mayores en la Comunidad de Madrid, ha sido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El juicio ha sido un auténtico paripé, en el que todo estaba ya “atado y bien atado”, sin importar pruebas y testimonios. Los periodistas que dieron la noticia sobre un posible acuerdo entre la Fiscalía y González Amador para evitar el procesamiento por fraude fiscal, y que declararon que la conocieron mucho antes que la Fiscalía, han sido convidados de piedra. A ver si decir la verdad va a tener importancia en un juicio del Supremo.
Pero es que además toda la acusación se ha basado en la nota de prensa que la Fiscalía publicó de cara a responder al bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez, el cerebro detrás de Ayuso, de que era la Fiscalía quien había ofrecido el acuerdo, y no al revés, y que el propio Rodríguez ha reconocido en sede judicial que era mentira. Eso es, la mentira sí que es una prueba de verdad en un juicio del Supremo.
También ha jugado un papel de primer orden en esta farsa la famosa UCO de la Guardia Civil, suministrando una investigación ad hoc sin pruebas condenatorias y llena de insinuaciones indemostrables.
Es evidente que la pantomima del juicio era una pantalla necesaria para dar apariencia legal a una decisión política tomada de antemano y en otras instancias. Hay que acabar con este Gobierno, y los soldados con toga son una tropa fanática y disciplinada.
Entre los magistrados que han dictado este fallo está Manuel Marchena, del que el PP dijo en un chat de senadores, tras una acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ, que les permitiría controlar “la sala segunda desde atrás”, refiriéndose al control de la Sala Penal del Tribunal Supremo que trata todos los grandes casos de corrupción y penales en el Estado español.
Marchena fue el responsable de la ilegalización de ANV (Acción Nacionalista Vasca) y del PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) con la que se impidió que concurriera a las elecciones la Izquierda Abertzale; también condeno a Atutxa, presidente del Parlamento vasco, y a otros dos miembros de la Mesa por permitir tramitar el llamado Plan Ibarretxe, y archivo las causas contra Fernández Díaz por los casos de espionaje a los dirigentes independentistas al tiempo que presidía el juicio del Procés.
En 2014 fue sorprendido comiendo en un restaurante de lujo con el exministro del PP Ángel Acebes -con una botella de vino francés Petrus de 2.000 euros- y ha estado vinculado a la Fundación Wolters Kluwer, cuya delegación en el Estado español controlaba el exministro de Justicia de Aznar, José María Michavila.
Otro de los magistrados es Antonio del Moral, miembro activo del Opus Dei. Este personaje compartió en el Colegio Mayor Albayzín la conferencia “Referencias jurídicas en la vida y enseñanzas del beato José María [Escrivá de Balaguer]”, y absolvió a la alcaldesa de Jerez del PP, María José García Pelayo, por concesión de contratos a miembros de la trama Gürtel “ya que no sabía lo que firmaba”.
También forman parte de este panel de jueces Juan Ramón Berdugo, que confirmó la absolución de Camps por el caso de los trajes o que condenó a un año de cárcel al cantante Cesar Strawerry por unos tuits; y Carmen Lamela, que inició desde la Audiencia Nacional el proceso contra los Jordis por el Proces y fue la instructora del caso de Altsasu, que condenó con hasta 10 años de cárcel a unos jóvenes vascos por una pelea en un bar alegando que se trataba de terrorismo.
Por último, el presidente del Tribunal, que será ahora el ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, absolvió a cuatro guardias civiles de la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Guipuzkua por torturas a dos miembros de ETA, siendo posteriormente condenado el Estado español por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al reconocerse dichas torturas. Además fue el ponente de la sentencia que inhabilitó a Otegui hasta el año 2021.
Depurar el aparato del Estado. Derogar la Ley Mordaza. ¡Basta de palabrería!
El actual aparato judicial en el Estado español, igual que el policial o el ejército, ha sido heredado tal y como estaba, intacto, de la dictadura franquista.
El Tribunal de Orden Público pasó a denominarse Audiencia Nacional, y 10 de los 16 jueces del mismo pasaron directamente al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional tras la muerte del dictador. Gracias a la Ley de Amnistía del 77, cientos de jueces que habían sido pilares fundamentales de la maquinaria represiva de la dictadura se mantuvieron en sus puestos, igual que policías, guardia civiles y militares. Por otro lado, la práctica totalidad de los jueces del Supremo franquista continuaron en sus cargos o siguieron en la carrera judicial. Un aparato judicial donde padres, hijos y nietos han dado lugar a auténticos linajes de jueces y fiscales.
Pero la pregunta que surge es como puede ser que 50 años después de la muerte del dictador, y tras 29 años de Gobiernos del PSOE, aún podamos estar así. Y la respuesta es sencilla. Tanto el PSOE como la izquierda parlamentaria se han negado una y otra vez a llevar adelante cualquier tipo de depuración del aparato del Estado, permitiendo que los mecanismos principales de dicho aparato represivo estén plagados, como vemos en el TS, de derechistas y ultraderechistas, o de fanáticos religiosos del Opus Dei o de cualquier otra secta ultracatólica. En definitiva, de nostálgicos del franquismo que ahora muestran su verdadero rostro.
El propio Gobierno hace tan solo un año renovaba en un acuerdo con el PP el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado durante cinco años por la derecha, y lo presentaba como un primer paso para recuperar el consenso. Ahora se ven los magníficos resultados de ese paso.
Se quejan de esta condena, pero ahí sigue en su puesto el ministro Marlaska lanzando contra activistas, huelguistas y movimientos sociales a la policía, y aceptando montajes judiciales contra sindicalistas, jóvenes antifascistas y activistas que luchan contra los desahucios. Un ministro que protege a fascistas con placa, que no dice nada de esos policías que compadrean con fascistas en Torre Pacheco, con provocadores como Vito Quiles, y cuyos “sindicatos” llegan a acuerdos de “formación” con bandas neonazis como Desokupa.
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha cesado de aplicar la Ley Mordaza, negándose a derogarla tal y como prometieron tanto el PSOE como sus socios de Podemos antes, o ahora de Sumar y de IU. No basta ya con palabras y discursos, necesitamos hechos, hechos que golpeen a la reacción, y que frenen la peligrosísima deriva autoritaria hacia la que ya nos encaminamos.
Pedro Sánchez, el Gobierno y la Izquierda parlamentaria se echan las manos a la cabeza ante esta nueva barrabasada del aparato judicial, pero muestran completa impotencia de cara a enfrentar a estos reaccionarios con toga. Su alternativa, acudir al Tribunal Constitucional, y nombrar un nuevo fiscal general del Estado “solvente”. Pero la realidad es que el aparato del Estado continuará su batalla, preparando el terreno para que tarde o temprano lleguen a la Moncloa el PP de la mano de Vox, ¡o al revés!
Lo que vemos en el Estado español forma parte de un proceso global. El trumpismo también se está basando en las mismas fuerzas reaccionarias, contando con el Tribunal Supremo o con los cuerpos policiales y militares, plagados de elementos reaccionarios deseosos de instaurar una dictadura fascista. Es lo mismo que ocurrió con Hitler, cuando miles de policías, jueces y funcionarios, se pasaron con armas y bagajes de servir a la “democrática” República de Weimar a servir al Tercer Reich de Hitler.
La única posibilidad para enfrentar a estos reaccionarios, con toga o sin toga, es mediante la movilización de masas en las calles. Si la izquierda parlamentaria cree que estamos ante una decisión gravísima sin precedentes, y ante un golpe de Estado blando, como se está afirmando, la única alternativa es llamar a ocupar las calles seriamente, mediante la acción directa y manifestaciones de masas, levantando una campaña de resistencia que exija la completa depuración del aparato del Estado, la inmediata derogación de la Ley Mordaza, y la liberación de las decenas de presos políticos que cumplen condenas hoy en las cárceles del Estado español.
Pero sin duda, una movilización y una campaña de este tipo, pondría en el punto de mira los fundamentos del capitalismo español, como lo hizo la movilización de la clase obrera y la juventud durante los años de la Transición, que la izquierda institucional terminó canalizando en favor del aparato franquista.
Es hora de aprender del pasado y entender que este aparato del Estado seguirá sirviendo a sus amos, los grandes monopolios capitalistas. Si queremos un cambio, si queremos derrotar a la ultraderecha y a la reacción, hay que levantar la bandera de la revolución.
