¡Impulsar la movilización de masas con un programa socialista!
El 21 de noviembre Chile vivirá las elecciones legislativas y presidenciales más polarizadas de las últimas décadas. Las encuestas pronostican un resultado igualado en primera vuelta entre Gabriel Boric, de la coalición de izquierdas Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista), y el ultraderechista José Antonio Kast. Ambos candidatos rondan el 30% de intención de voto, aunque con un 30% de indecisos y una abstención que podría superar el 40%, el resultado final está muy abierto.
Yasna Provoste, candidata democristiana de la Concertación (coalición del Partido Socialista con la Democracia Cristiana), aún tendría opciones, mientras Sebastián Sichel, el candidato piñerista, parece perderlas lastrado por el rechazo masivo a la gestión del gobierno, el empeoramiento de la situación económica y la implicación del presidente Piñera en los “Pandora papers”.
Una mayoría de los sondeos dan la victoria a Boric en la segunda vuelta, confirmando que la correlación de fuerzas sigue siendo favorable a la izquierda. Sin embargo, el ascenso fulgurante de Kast —un político burgués con un discurso y un programa semejante al de Trump, Bolsonaro y Vox— representa una amenaza real. Su avance interpela al conjunto de la izquierda militante y los activistas sociales sobre lo ocurrido desde la insurrección del 18 de octubre de 2019: ¿Qué conclusión se puede sacar de las maniobras parlamentarias de la clase dominante y de la estrategia que aboga por una “reforma” progresista del capitalismo chileno?
A dos años del estallido revolucionario
El 18 de octubre de 2019 abrió una situación revolucionaria. La combatividad de los jóvenes contagió al conjunto de la clase trabajadora y los oprimidos, impulsando huelgas generales y manifestaciones masivas y arrastrando amplios sectores de las capas medias. El movimiento desarrolló embriones de poder obrero: asambleas y “cabildos abiertos”, que dieron fuerza a la movilización desde abajo y enfrentaron una represión brutal del gobierno de Piñera, saldada con decenas de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Si los dirigentes del PCCh y la CUT hubiesen convocado a la huelga general indefinida, llamando a extender y unificar estos organismos de doble poder, no solo Piñera habría sido depuesto y juzgado por los crímenes contra el pueblo, habrían abierto enormes posibilidades para la transformación socialista de Chile.
Pero esa estrategia fue descartada por los dirigentes reformistas de la izquierda. La firma del Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución entre los dirigentes del PS y el FA con Piñera y sus secuaces, y la posterior aceptación que hizo el PCCh de este pacto, supuso frenar la lucha en la calle, salvar al asesino Piñera y permitir que la clase dominante ganase tiempo para reorganizarse. Así, la acción de las masas fue encarrilada al terreno parlamentario mediante el proceso constituyente y la crisis revolucionaria entró en otra fase mucho más controlada, aunque no se detuvo.
La clase trabajadora y la juventud volvieron a expresar su anhelo de cambio en el referéndum de octubre de 2020, que aprobó elaborar una nueva constitución, y en las elecciones a la Convención Constitucional (CC) en mayo de este año. Las candidaturas a la izquierda del PS, representadas por Apruebo Dignidad y la Lista del Pueblo (candidatos independientes designados por asambleas populares, colectivos feministas e indígenas, movimientos sociales...) sumaron más del 35% de votos y el 40% de escaños.
Con Daniel Jadue (PCCh) liderando la carrera presidencial al frente de Apruebo Dignidad, la burguesía desató una virulenta campaña del miedo identificando esta opción con la llegada de una “dictadura comunista” y agitando el espantajo de la crisis que sufren Cuba y Venezuela. Los dirigentes del PCCh renunciaron a contrarrestar esta ofensiva del único modo posible: defendiendo de manera clara y decidida un programa socialista que recoja todas las aspiraciones populares.
El resultado fue que Daniel Jadue perdió las primarias de Apruebo Dignidad, mientras Boric, presentándose como paladín de una izquierda “realista” e “inclusiva”, se alzó con el triunfo. Obviamente lejos de apaciguar a la reacción, la derecha insiste en esa misma campaña del miedo contra Boric.
La burguesía al ataque
Antes de la pandemia del Covid-19, Chile era ya uno de los países más desiguales del mundo. Según el Ministerio de Desarrollo, durante la pandemia el 10% más rico ingresó 416,6 veces más que el 10% más pobre. Además, se destruyeron dos millones de empleos (de los que se han recuperado solamente un millón) y la pobreza, según datos oficiales, alcanza el 10,8%, pero estudios independientes la elevan al 26% y alguno al 39%. La inflación ha subido del 3 al 4,4% y podría superar el 5% a fin de año.
Intentando evitar un nuevo estallido social, la burguesía ha tenido que aprobar en el parlamento tres retiradas del 10% de los fondos de pensiones privados (AFP) y el congreso debate una cuarta. La profundidad de la crisis hace que 10 millones de trabajadores (de una población de 19 millones) hayan recurrido a estos anticipos, que serán descontados de sus pensiones futuras, por un monto de 50.000 millones de dólares.
Kast utiliza demagógicamente la crisis económica para distanciarse de Piñera, a cuyo partido perteneció, y sintonizar con la desesperación de amplios sectores de las capas medias. También recurre a la xenofobia contra los inmigrantes, y al machismo y LGTBIfobia típicos de la ultraderecha, buscando el apoyo de la jerarquía católica y las iglesias evangélicas para aumentar su penetración en capas populares. Hace bandera de la “inacción” de la Convención Constitucional, para agrupar a sectores desmoralizados que ven como los debates en la constituyente se suceden y sus problemas no se resuelven.
Como explicamos en otros artículos, la Convención Constitucional (el nombre que se le ha dado a la Asamblea Constituyente) ha dejado intacto el poder de los capitalistas y su control sobre la economía, la judicatura, la policía y el ejército. Además, la burguesía ha establecido un mínimo de 2/3 de los votos en la Convención para validar cualquier votación, lo que le permite frenar medidas contrarias a sus intereses sumando los diputados de la derecha piñerista, la DC y el PS.
Lo importante a subrayar del momento actual es la escisión que también está registrando la clase dominante. Hay sectores que no se fían de que la Convención sirva para atar en corto a las masas. Por eso están apoyando a Kast preparándose para una salida represiva que aplaste definitivamente el movimiento popular. Por supuesto, hay otro sector que, compartiendo que hay que acabar de raíz con el proceso revolucionario, teme que optar prematuramente por la ultraderecha provoque una reacción explosiva, y sigue apostando por la alianza entre DC y PS que tan buenos resultados les ha proporcionado desde el final de la dictadura.
Este sector trata a toda costa de meter a la candidata de la Concertación en la segunda vuelta, haciendo bandera de la paz social y la reconciliación para impedir una victoria de Boric que, pese a las limitaciones de su programa reformista, piensan que estimularía la movilización de las masas. Si no lo consiguen, intentarán asegurar escaños suficientes para controlar el nuevo parlamento, como hacen con la Convención, y condicionar a Boric en caso de que gane.
Y la táctica del candidato de la izquierda abona este planteamiento. Boric no hace más que moderar su programa buscando “el voto de centro” para contrarrestar a Kast. Pero en las condiciones de una polarización tan extrema y una crisis social tan aguda, esta política de la conciliación solo puede, antes o después, fortalecer a la reacción de derechas.
¡Por un gobierno de los trabajadores con un programa socialista!
Mientras los capitalistas mantengan bajo su férreo control los bancos, las grandes empresas, la tierra y el aparato estatal, utilizarán este enorme poder para sabotear cualquier parlamento o Gobierno de izquierda. Ningún tipo de Asamblea Constituyente, por más “libre” y “soberana” que se quiera etiquetar, puede desafíar este poder mediante el juego parlamentario tutelado por la burguesía.
Lo que está en juego es mucho. La izquierda revolucionaria chilena tiene la obligación de participar en el terreno electoral, ya sea en las elecciones a la Convención Constituyente, al Parlamento o en las presidenciales para llegar a los sectores más amplios de la clase obrera y la juventud. Pero debe hacerlo presentando un programa de clase, con reivindicaciones socialistas que eleven el nivel de conciencia y organización de los oprimidos, que no limite su horizonte a un capitalismo de rostro humano utópico.
El freno de los dirigentes reformistas ha limitado la acción directa de las masas durante los dos últimos años, pero los últimos meses muestran una recuperación en las luchas y un terreno más fértil para que las ideas del marxismo revolucionario tengan más audiencia. Evidentemente la experiencia vivida con la Convención Constitucional no está pasando en balde.
El movimiento de las mujeres por el derecho al aborto obligó al congreso a votar la despenalización durante los primeros 14 meses de embarazo. La presión por abajo también forzó los retiros de pensiones. Además, numerosas movilizaciones han exigido la amnistía para los centenares de presos políticos encarcelados desde 2019. Estas exigencias confluían el pasado 18 de octubre, coincidiendo con el segundo aniversario de la insurrección, en una jornada de lucha violentamente reprimida por el Gobierno. Paralelamente, la movilización masiva del pueblo mapuche por la tierra y el respeto a sus derechos ha sido respondida por Piñera declarando el estado de emergencia en varias regiones.
Estos acontecimientos demuestran que todavía es posible derrotar la estrategia capitalista de desgastar al movimiento y desmoralizarlo para mejor aplastarlo. Pero la izquierda revolucionaria y militante debe dar un giro de 180º en su agitación pública, y abandonar de una vez la concepción etapista que antepone la “Asamblea Constituyente libre y soberana” a la defensa de un programa socialista.
Levantando un plan de acción contra la ofensiva capitalista, organizando asambleas populares, comités, cabildos y extendiéndolos para luchar por un gobierno de los trabajadores que nacionalice la banca, los grandes monopolios, la tierra, y destruya el aparato represivo del Estado, podremos hacer realidad las reivindicaciones democráticas y sociales por las que el pueblo chileno ha peleado heroicamente.
