Manifestación en defensa de la sanidad pública sábado 22 de enero 12h en Plaza de la Constitución
La llegada del COVID ha sido la excusa perfecta para que la Junta de Andalucía, en manos del PP y Ciudadanos, haya profundizado la política de destrucción de la sanidad pública que lleva décadas produciéndose. El objetivo es continuar privatizándola y hacer de oro a los empresarios a costa de los recursos públicos.
En medio del colapso sanitario, el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, ha despedido a los 8.000 sanitarios que fueron contratados en las primeras olas de la pandemia, 1.500 de ellos en Málaga. De hecho, los únicos contratos nuevos son temporales, para cubrir vacaciones o bajas, y en pésimas condiciones laborales.
La situación de emergencia de la sanidad pública en Andalucía ha llegado al punto de situarla a la cola en el número de profesionales por cada 100 mil habitantes, siendo Málaga la penúltima provincia en el Estado. Además la falta de personal y de medidas preventivas contra la COVID ha obligado a limitar el horario de los centros de atención primaria y a suprimir las consultas presenciales para sustituirlas por la “atención” telefónica.
Lamentablemente la situación dramática que vive la sanidad pública no es exclusiva de Andalucía o de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. De hecho, la propia política del Gobierno central, especialmente durante la pandemia, ha favorecido la continuidad de las políticas de recortes y privatizaciones en lugar de cortarlas de raíz.
Las consecuencias de esta nefasta gestión han sido que la patronal de la sanidad privada ha incrementado sus multimillonarios beneficios aprovechándose del colapso de los centros de atención primaria y de la desesperación de los millones que necesitamos diagnósticos y atención médica inmediata.
Los datos en Andalucía lo dejan meridianamente claro; mientras la pública se hunde, la Junta ha aumentado el presupuesto derivado directamente a la privada en un 43% (200 millones de euros más) para 2022. A la vez, las subvenciones a estas empresas crecen un 32%.
Es urgente frenar la destrucción de la sanidad pública y garantizar unos servicios de calidad, y la única manera es a través de la movilización y la lucha en las calles para conseguir la nacionalización de las grandes empresas privadas del sector y poner todos sus recursos al servicio del conjunto de la población.
Quieren convertir nuestra salud en un negocio: ¡y no se lo permitiremos! Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes, Libres y Combativas, Izquierda Revolucionaria y Sindicalistas de Izquierda llamamos a acudir masivamente a la manifestación convocada por la Marea Blanca el próximo sábado 22 de enero en la Plaza de la Constitución a las 12 horas en defensa de la Sanidad Pública.
Exigimos:
- Plan de choque para recuperar la sanidad pública y dedicar el 7% del PIB para financiarla.
- Contratación de los miles sanitarios que se necesitan con condiciones laborales dignas. Refuerzo de personal en la Atención Primaria para asegurar un servicio de calidad y las consultas presenciales.
- Garantizar un servicio psicológico y psiquiátrico público y de calidad a través de la contratación masiva de profesionales. ¡La salud mental no puede seguir siendo un privilegio de clase ni un negocio!
- Recuperar y ampliar el servicio en las áreas rurales y dotar a los hospitales comarcales de los medios y el personal necesario.
- Nacionalizar bajo el control de las y los trabajadores la sanidad privada y la industria farmacéutica. ¡Por una sanidad 100% pública! Todos los recursos médicos y farmacéuticos, materiales y humanos, deben ser públicos para garantizar la vida y la salud como un derecho.
