La Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística a finales de febrero es muy elocuente de la dirección que marca la política de los Gobiernos del PSOE, primero con la participación de Unidas Podemos y ahora con la de Sumar, Izquierda Unida y PCE.
Según los datos del INE, a finales de 2023 un 26,5% de la población española estaba en “riesgo de exclusión social”, término oficial para referirse a la pobreza, medio punto más que al cierre de 2022. Y, peor todavía, el porcentaje de afectados por pobreza severa aumentó en más de un punto, hasta el 9% de la población.
La pobreza afecta muy duramente a las personas jubiladas o en situación de desempleo, pero no solo a ellas: casi el 17% de los trabajadores ocupados es pobre. Toda la triunfalista propaganda sobre el “escudo social”, el “nadie va a quedar atrás” o los ditirambos sobre los maravillosos resultados que nos traería la reforma laboral de Yolanda Díaz se vienen abajo con estruendo ante esta terrible realidad.
Pero mientras la gran mayoría de la clase trabajadora afronta un futuro lleno de privaciones, una minoría constituida por empresarios, financieros y rentistas de todo tipo amasan riquezas que son un insulto.
Tras la pandemia de 2020 los beneficios empresariales, obtenidos sobre la base de la explotación laboral, los bajos salarios, la especulación inmobiliaria y los alquileres abusivos, o la subida de precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad, han batido récords año tras año. Solo las empresas y bancos del IBEX 35 han acumulado en los tres últimos ejercicios un beneficio de 165.000 millones. ¡Luego nos hablarán del Gobierno social-comunista!
La reacción, más envalentonada que nunca
A nadie le puede extrañar que este deterioro de la situación social haya debilitado el apoyo popular al Gobierno y dé alas a la reacción.
El PP y Vox se preparan para desquitarse de su derrota electoral por la mínima en julio de 2023. La derecha con toga, la policía y la guardia civil, sus medios de comunicación y tertulianos se lanzan día sí y día también a la yugular del Gobierno. No solo es la amnistía. Por grotesco que pueda parecer, se está culpando de “terrorismo” a cualquier manifestación de apoyo al derecho a decidir del pueblo de Catalunya.
A la ofensiva reaccionaria se han unido también los agricultores acomodados, esos mismos que explotan sin misericordia a los jornaleros inmigrantes, esos privilegiados que se benefician de las ayudas de la Unión Europea y de un amplio surtido de exenciones y bonificaciones fiscales, que, desde sus tractores de 300.000 euros y bandera franquista en ristre, pretenden hacernos creer que la miseria les amenaza.
La explosión del caso de corrupción que afecta al exministro José Luis Ábalos y a otros altos cargos socialistas deteriora aún más el apoyo al Ejecutivo e impulsa la ofensiva derechista, como también la anima la hipocresía del Gobierno ante el genocidio de la población palestina en Gaza.
Todas las bellas palabras de Sánchez y sus ministros sobre la “paz”, o el teatrillo de sus “reprimendas” a Netanyahu, se demostraron una completa farsa cuando llegó el momento de convertir las palabras en hechos y votar en el Congreso una moción de Podemos sobre la ruptura de relaciones con Israel.
El peso de los negocios con Israel y la total subordinación del PSOE al imperialismo norteamericano y la OTAN se impusieron a cualquier otra consideración. Sánchez y otras fuerzas que integran el bloque de apoyo al Gobierno, como Junts o ERC, se negaron en rotundo a actuar contra las políticas criminales del sionismo.
Igual de lamentable fue que el segundo por la lista de Sumar y gran apuesta de Yolanda Díaz, Agustín Santos Maraver, votara en contra de su propio grupo parlamentario en los puntos principales de la propuesta de Podemos e incluso se abstuvo en la votación sobre la apertura de un corredor humanitario.
Un Gobierno que llena su política de gestos hipócritas y da constantemente la espalda a su base social y electoral no puede gozar de credibilidad ni estabilidad.
Solo la lucha frenará a la reacción
La experiencia de la gran lucha de clases que recorrió el Estado español de 2011-2015 y la amarga lección del hundimiento de Podemos, tras su abandono de la movilización y su deserción a la política institucional, no han pasado en balde.
Los motivos que provocaron el estallido del 15M y la ola que le siguió no solo no han desaparecido, sino que son hoy mucho más graves que en aquel momento. El muro levantado por el PSOE, los partidos que le apoyan y los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, unidos para imponer a toda costa una paz social completamente artificial, no es suficiente para contener el malestar y la polarización a derecha e izquierda.
Los síntomas de que ese muro se agrieta son visibles por todas partes. Las movilizaciones multitudinarias del feminismo combativo, la oleada huelguística en Euskal Herria impulsada por ELA y LAB, el formidable ascenso del BNG en las pasadas elecciones gallegas o la reciente lucha del profesorado de la Comunidad de Madrid, que mantuvo tres días de huelga, con asambleas y un grado de participación enorme a pesar de la oposición activa de CCOO y UGT, son señales de que desde abajo se empieza a romper una paz social que solo sirve para pavimentar el camino a la extrema derecha.
Impulsar estas luchas, agruparlas y, sobre todo, dotarlas de un programa revolucionario que les permita avanzar con audacia y energía es la tarea del momento.
