es un paso atrás en la solución de la cuestión nacional vasca

Los atentados de ETA sólo favorecen a la reacción

La Audiencia Nacional ha condenado a doscientos años de prisión a 21 dirigentes de Gestoras pro Amnistía y Askatasuna (las organizaciones de familiares de presos de ETA) por pertenecer a ETA, y pocos días después el Tribunal Supremo ha ilegalizado por unanimidad a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) exigiendo al Parlamento Vasco que decrete la disolución de su grupo parlamentario.

es un paso atrás en la solución de la cuestión nacional vasca

Los atentados de ETA sólo favorecen a la reacción

La Audiencia Nacional ha condenado a doscientos años de prisión a 21 dirigentes de Gestoras pro Amnistía y Askatasuna (las organizaciones de familiares de presos de ETA) por pertenecer a ETA, y pocos días después el Tribunal Supremo ha ilegalizado por unanimidad a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) exigiendo al Parlamento Vasco que decrete la disolución de su grupo parlamentario.

El gobierno del PSOE, a pesar de su seguidismo hacia la política del PP, no consigue contentar a la derecha, que ahora le recrimina no haber tomado estas medidas antes y haber permitido a ANV tener más de cuatrocientos concejales y a EHAK tener nueve diputados en el parlamento vasco. Estas sentencias, amparadas por la Ley de Partidos, representan un recorte drástico de los derechos democráticos de libre asociación, reunión, expresión y manifestación. Se ha imputado como "pertenecientes a banda terrorista" a decenas de personas simplemente por indicios creados por los cuerpos policiales, sin que se haya podido probar ninguna acción delictiva. La acción represiva del Estado avanza sentando precedentes cada vez más arbitrarios de actuación: cualquier organización puede pasar, abruptamente, de ser legal a ilegal y sus dirigentes son encarcelados a pesar de que durante el periodo en el que ejercieron su responsabilidad en la organización a la que pertenecen ésta fuese perfectamente legal.
Si se aceptase hasta las últimas consecuencias las tesis de Baltasar Garzón, según la cual ETA es, además de los comandos, todo lo que se denomina la izquierda abertzale, la cascada de ilegalizaciones no habría hecho más que empezar. Ya en el pasado hemos oído declaraciones del PP a favor de la ilegalización del movimiento estudiantil, de los movimientos a favor del euskera e incluso del sindicato obrero LAB. Con esta lógica hasta las personas que en algún momento han firmado ante notario el apoyo a las candidaturas de Aukera Guztiak (Todas las Opciones, agrupación electoral surgida en 2005 para presentarse a las elecciones autonómicas del 17 de abril) por poner un ejemplo, podrían ser citadas a declarar. El gobierno del PSOE con la excusa de la lucha contra ETA, está cortando a pedazos los derechos democráticos arrancados a la dictadura por la clase trabajadora con duras luchas.

A quién beneficia la espiral represión-acción-represión

La respuesta de ETA ha sido prácticamente inmediata, colocando tres coches bombas en Vitoria en las oficinas centrales de la Caja Vital, en la comisaría de la Ertzaintza de Ondárroa y contra el ejército en Santoña, con casi cien kilos de explosivos cada uno. Esto demuestra una vez más que, a pesar del triunfalismo del gobierno y la machacona insistencia del PP, el Estado es incapaz de acabar con ETA por la vía policial, de la misma forma que la organización armada vasca no sólo es incapaz de lograr sus objetivos con estas acciones, sino que consiguen precisamente lo contrario: fortalecer al aparato de represión estatal y debilitar fuertemente la lucha por los derechos democráticos de Euskal Herria.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuantificó en al menos un centenar el número de liberados de ETA, lo que le da una importante capacidad operativa. ¿Alguien puede creer que aumentando la represión, ilegalizando periódicos, asociaciones y partidos, mandando a centenares de personas a la cárcel y condenando a un movimiento que agrupa alrededor de 200.000 personas a la ilegalidad, como es la izquierda abertzale, se puede solucionar un problema de naturaleza política como es la cuestión nacional vasca?
La propaganda del gobierno y los medios de comunicación controlados por la derecha insisten en que esta política represiva pone a ETA contra las cuerdas y está creando una fractura interna como demuestran las cartas de distintos presos que expresan la inviabilidad de la lucha armada y la necesidad de la lucha política. Sin embargo la experiencia pasada demuestra que la represión obstaculiza el desarrollo del debate interno. Los presos políticos vascos, que se han expresado de forma crítica con la lucha armada, han denunciado que la dispersión ha sido una rémora para el debate en su colectivo. Mientras, en la izquierda abertzale, la ilegalización y persecución de los dirigentes les obliga a formar estructuras clandestinas para preservarse de la represión, lo que hará más difícil un amplio debate de ideas como se dio en el pasado, cuando emergieron distintas corrientes internas
Lo único que logra de forma segura la represión es alimentar la espiral represión-acción-represión sin solución de continuidad. Desde el punto de vista de la burguesía los atentados permiten desviar la atención de otro tipo de problemas de los que no quieren hablar. No es accidental que ellos mismos provoquen esta espiral de respuesta con las ilegalizaciones y encarcelamientos masivos la misma semana en que los titulares de la prensa burguesa hablan de la crisis del capitalismo y del crac más grande desde 1929. A la burguesía no le interesa que se hable de la crisis de su sistema y sí de los atentados que sirven de excusa para aumentar el aparato coercitivo del Estado.

Efecto reaccionario
de los atentados

Los atentados de ETA favorecen al Partido Popular, le han ayudado a crecer en el País Vasco y amplían el eco de su discurso reaccionario. Esa es nuestra crítica al terrorismo individual. Décadas de atentados han demostrado que lo único que se logra es el fortalecimiento del aparato del Estado burgués, que más tarde es empleado contra el conjunto del movimiento obrero y la juventud en todo el Estado. Es la comprensión de esta dinámica, unido a los efectos de la lucha de la juventud y los trabajadores de todo el Estado contra el gobierno del PP, durante su segunda legislatura, y la conformación de una situación revolucionaria en América Latina, lo que ha hecho crecer, dentro de la izquierda abertzale, la crítica a los métodos de ETA y el apoyo a un proceso negociador que sustituya la lucha armada por la lucha política y de masas.
La tregua y su posterior ruptura aumentaron las contradicciones internas en el conjunto de la izquierda abertzale al poner encima de la mesa los errores de método y políticos de su dirección. En cuanto al método, se hizo creer a la militancia que la negociación era producto de la acumulación de fuerzas lograda a través de la lucha armada. Se ofreció, en todo momento, un lenguaje absolutamente triunfalista que Otegi se resiste a abandonar. Así, en su última entrevista, tras pasar quince meses en la cárcel, llega a afirmar que "si Euskal Herria consigue una mayoría democrática a favor de la independencia recibirá el apoyo de Europa, su aprobación y respeto." (www.-deia.-com/es/digital/politica/-2008/09/20/500780.php).
Es un tremendo error pensar que la Unión Europea capitalista sea ningún modelo de democracia ni para sus ciudadanos ni para las múltiples naciones minoritarias encerradas en los diferentes estados que la componen. Igualmente, ha sido un tremendo error estratégico la búsqueda de acuerdos con la burguesía vasca, el PNV, en lugar de intentar ganar el apoyo del movimiento obrero de todo el Estado mediante la defensa de una alternativa genuinamente socialista, revolucionaria e internacionalista para transformar la sociedad.

Elecciones autonómicas
y la táctica del PNV

Ibarretxe, finalmente, no ha querido anticipar las elecciones y éstas probablemente se celebrarán en el mes de marzo. El PNV confía en que la crisis económica dañe al PSOE lo suficiente como para frenar su ascenso.
El PNV lanzó la consulta a la ciudadanía vasca del 25 de octubre, como en su momento el Plan Ibarretxe, a sabiendas de que para lo único que servirían ambas iniciativas era para crear ruido mediático y aparecer como víctimas, quitando protagonismo a una izquierda abertzale perseguida y machacada y también para tratar de ocultar el papel objetivo que ha jugado en el aumento de la represión. Pero la palabrería soberanista de Ibarretxe ha sido descalificada, incluso, por una mayoría de la dirección del PNV. Su política de continuo acercamiento al poder central para preservar los intereses de la burguesía vasca ha dejado en evidencia su política farsante. El PNV, con tal de no obstaculizar las negociaciones con Madrid sobre distintos proyectos económicos para el País Vasco, ni siquiera ha querido recurrir en el Tribunal de Estrasburgo la negativa del Tribunal Constitucional al referéndum sobre el derecho a decidir.
Mientras tanto, como ha denunciado ELA, el sindicato surgido de las filas del PNV, "en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) el desarrollo del estado del bienestar está a la cola de la Unión Europea. En la CAPV se destina a protección social el 18,96% del PIB, frente al 27,6% de media de la Unión Europea. Es decir, habría que aumentar el gasto social en 5.000 millones de euros anuales para llegar a la media europea". Contra esta política del tripartito se han producido en el último año grandes movilizaciones del sector de la sanidad y la educación y es inevitable que en el próximo periodo se extiendan al conjunto de la clase trabajadora.

Giro a la derecha del PSOE

El hartazgo con el gobierno del PNV, al igual que ocurrió en Cataluña con CIU, demanda ya un cambio profundo, aunque es evidente que la vía electoral es completamente insuficiente para que éste se produzca: Ezker Batua participa de este gobierno de la burguesía nacionalista de derechas; a la izquierda abertzale se le impide estar presente en las elecciones; y el PSOE profundiza su giro a la derecha.
El PSOE aspira a alcanzar la mayoría en las próximas elecciones autonómicas vascas después del avance espectacular que tuvo en las elecciones generales del pasado mes de marzo. Este avance representaba un apoyo a la búsqueda de una salida política al problema vasco. Igualmente representaba un voto de castigo a la derecha, tanto al PP, que propugna como alternativa la represión y la negación del pueblo vasco como nación, como al PNV, por haber utilizado el gobierno vasco para aplicar una genuina y ortodoxa política de derechas tanto en cuanto a recortes sociales como por la brutalidad de la Ertzain-tza contra las luchas obreras y por los derechos democrático-nacionales del pueblo vasco.
Sin embargo, Patxi López, en lugar de defender una política de izquierdas y más derechos democráticos, ha corrido a sacarse una foto con los representantes de la gran patronal vasca en los momentos en que ésta aplica mayor presión a la clase trabajadora con la excusa de la crisis. Y qué decir de lo que puede pensarse en los pueblos de Gipuzkoa o Bizkaia (donde creció el apoyo al PSOE) después de la escalada de detenciones e ilegalizaciones, y de los acuerdos con el PP para el endurecimiento del Código Penal, la aplicación de la Ley de Partidos y la persecución, incluso, del parlamento vasco si se niega a disolver el grupo parlamentario ilegalizado.
Sólo el movimiento obrero con sus métodos de lucha tradicionales está en condiciones de frenar el recorte drástico de los derechos democráticos que la derecha propugna y los dirigentes socialdemócratas aplican. Es necesario levantar un programa de independencia de clase, rechazando cualquier pacto entre las organizaciones obreras y de la izquierda con la burguesía española, vasca, catalana o gallega, defendiendo consecuentemente el derecho democrático de autodeterminación de las nacionalidades oprimidas como parte de la lucha por la transformación socialista de la sociedad.


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