El PNV que hace unos meses juró y rejuró que el pueblo vasco sería consultado, el 25 de octubre, sobre su derecho a decidir, ya ha renunciado a hacerlo. A pesar de que logró la mayoría en el parlamento vasco con el apoyo de uno de los votos del grupo Ezker Abertzaleak (formado con los 9 diputados obtenidos por el Partido Comunista de las Tierras Vascas) no quieren un enfrentamiento con el gobierno central si el Tribunal Constitucional lo rechaza. Por el contrario, se han postulado a favor de apoyar los presupuestos de Madrid y buscar el apoyo del PSOE para los presupuestos del gobierno vasco.
El PNV que hace unos meses juró y rejuró que el pueblo vasco sería consultado, el 25 de octubre, sobre su derecho a decidir, ya ha renunciado a hacerlo. A pesar de que logró la mayoría en el parlamento vasco con el apoyo de uno de los votos del grupo Ezker Abertzaleak (formado con los 9 diputados obtenidos por el Partido Comunista de las Tierras Vascas) no quieren un enfrentamiento con el gobierno central si el Tribunal Constitucional lo rechaza. Por el contrario, se han postulado a favor de apoyar los presupuestos de Madrid y buscar el apoyo del PSOE para los presupuestos del gobierno vasco.
El autoproclamado "realismo" del PNV demuestra una vez más que el nacionalismo de la burguesía vasca acaba donde empieza su bolsillo. Toda la pantomima montada alrededor de la consulta, como en su día ocurrió con el Plan Ibarretxe, no pretendía sino crear una cortina de humo para desviar la atención de la política de derechas ortodoxa que el PNV ha practicado durante treinta años, privatizando y recortando los servicios públicos en sanidad, educación, etc., y machacando a la clase obrera vasca. Esta cortina de humo también pretendía ocultar el recorte salvaje de los derechos democráticos que el PNV denunciaba de boquilla pero que en la práctica lo aplicaba con esmero. La consejería de Interior ha sido el brazo ejecutor del cierre de sedes, prohibición y represión de manifestaciones, etc.
El PNV ahora quiere agotar la legislatura, hasta marzo del 2009, sin celebrar elecciones autonómicas anticipadas porque teme un nuevo varapalo electoral y ser desplazados del gobierno vasco si el PSE resulta ser el partido más votado.
El gobierno del PSOE se apoya en la derecha
El PP ha criticado duramente a Ramón Jáuregui por sugerir que en las próximas elecciones autonómicas pudiera presentarse una lista "blanca" del mundo "abertzale no violento" para captar los votos de la izquierda abertzale. El problema es que se está empujando a un sector cada vez más amplio a la ilegalidad, lo cual lejos de resolver un problema político como es la cuestión nacional vasca lo enquista cada vez más.
El gobierno del PSOE se apoya en el PP y en el PNV para llevar a cabo esta política. Pero la derecha quiere aún más. No le basta la Ley de Partidos y la ilegalización a ultranza de las organizaciones de la izquierda abertzale. El PP quiere comprometer al gobierno de Zapatero para que bajo ninguna circunstancia deje abierta una puerta a la salida negociada del conflicto vasco, a pesar de que esta vía sea apoyada por la mayoría de la población vasca.
Todos los recortes de derechos democráticos en la legislación, aprobados con la excusa de la lucha contra el terrorismo, tienen en el punto de mira a las organizaciones de izquierda y combativas y al conjunto del movimiento obrero, más en una situación de crisis económica, aumento del paro y una mayor contestación social.
Como advertimos en estas páginas, todo el peso del Estado se ha volcado contra la izquierda abertzale tras la ruptura del "alto el fuego permanente" de ETA hace 15 meses. Los procesos pendientes contra Udalbiltza -Batasuna, la nueva Mesa Nacional, la ilegalización de ANV, y de EHAK y las múltiples detenciones de jóvenes este verano son una muestra de ello. El número de presos políticos vascos alcanza ya los 750 entre Francia y el Estado español, se suceden las denuncias de torturas y malos tratos que apenas tienen eco en la opinión pública y se ilegalizan actos y manifestaciones de forma permanente por parte de los jueces y del consejero de interior del gobierno vasco.
En esta situación, los atentados de ETA en las playas de Laredo, Noja y en Málaga son la mejor excusa para el discurso del PP. Un auténtico regalo para que sus líderes puedan dirigirse a la opinión pública nacional e internacional con su discurso reaccionario y presionen al gobierno de Zapatero para nuevos recortes de derechos democráticos.
Tras la puesta en libertad este verano de Juana Chaos y de Arnaldo Otegi, el PP exige un mayor endurecimiento del Código Penal. Pretenden que los presos por terrorismo que salgan de la cárcel después de 40 años -algo que en las actuales condiciones carcelarias es como decir cadena perpetua- sean sometidos a seguimiento durante otros diez años más si previamente no han mostrado su arrepentimiento. Incluso la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha considerado "compleja y de dudosa constitucionalidad" esta medida, y Jueces para la Democracia del País Vasco y otras asociaciones se han pronunciado en contra.
Las acciones de ETA, un obstáculo absoluto
No es casualidad que, en este contexto, surjan cada vez más voces críticas en el seno de la izquierda abertzale con la autodenominada "lucha armada" de ETA. El Colectivo de Refugiados Vascos de México se ha solidarizado con la carta que los ex dirigentes de ETA José Luis Álvarez Santacritina (Txelis) y Kepa Picabea dirigieron desde la cárcel de Logroño a la dirección de ETA: "no consideramos que una estrategia armada vaya a ofrecer una solución al conflicto político que vive Euskal Herria. Estamos de acuerdo en que como consecuencia de la estrategia armada se ha originado muchas víctimas de todas las partes constituyéndose en un problema para conseguir una mayor unidad entre los abertzales para remar a favor de la autodeterminación".
Sin embargo la negociación a corto y medio plazo está descartada y en el momento en que llegue a darse volverá a ponerse en la mesa la misma ecuación de presos por armas que se ha venido rechazando una y otra vez sin solución de continuidad.
Por la insistencia de Otegi en la necesidad de sacar a los presos de las cárceles podría pensarse que se esté interiorizando la idea de que es necesario dar un giro brusco y apostar por la lucha política decididamente. Sin embargo, esto no es suficiente. El problema de que esta dirección no convenza a quienes practican la lucha armada es un problema político. Con una política reformista y claudicante como la practicada en Irlanda y Suráfrica por parte de los dirigentes del Sinn Fein y el Congreso Nacional Africano no es posible convencer de las ventajas de la lucha política a los sectores más radicales de la juventud vasca. Entregarse a los brazos del PNV no es una salida para lograr los derechos democráticos de Euskal Herria cuando la experiencia ha demostrado hasta la saciedad que el PNV es el partido de la burguesía vasca que vela por sus intereses de clase.
Sólo una política auténticamente socialista y revolucionaria ofrecerá una salida si se apoya en el movimiento de masas de la clase trabajadora que, como vemos en América Latina, es la única que puede de verdad cambiar profundamente la sociedad.
Durante muchos años distintas alas de la izquierda abertzale han coincidido en negar el papel hegemónico de la clase obrera en cualquier lucha de transformación social buscando otros sectores como el indigenismo, el campesinado pobre o colectivos pequeño-burgueses radicalizados de todo tipo. La tozuda experiencia de la revolución acaba demostrando que la llave la tiene el movimiento obrero que, una vez que entra en acción, demuestra ser la clase determinante, con mayor conciencia social, más organizada y que juega un papel clave en la producción capitalista y en la lucha política.
