No a la imposición reaccionaria y antidemocrática del TSJC en el sistema educativo público
El viernes 2 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aprobó un auto por el que, en un plazo de dos meses, impone la instauración de una doble red educativa pública, una en catalán y otra en castellano, lo que supone un ataque gravísimo a los derechos democráticos del pueblo catalán en general y, muy en particular, de los intereses de la clase obrera catalana y del resto del estado.
Esta decisión del TSJC está en total armonía con la estrategia del PP y de otras asociaciones conservadores y abiertamente ultraderechistas, que han adoptado la bandera del españolismo y de los prejuicios anticatalanes y antivascos como uno de los ejes fundamentales de su estrategia política. El PP, en complicidad absoluta con los sectores más reaccionarios del aparato del Estado, ha hecho de la cuestión lingüística, concretamente de la supuesta (realmente inexistente) discriminación e incluso persecución del castellano en Catalunya, uno de sus principales ejes de agitación y aglutinantes políticos de su base de apoyo electoral.
El castellano no está en peligro en Catalunya. Nunca lo ha estado. Según todos los informes internacionales, los estudiantes catalanes conocen y manejan el castellano al mismo nivel que cualquier estudiante del resto del Estado. En la última evaluación que hace el gobierno sobre el conocimiento del castellano a los alumnos de 2º de la ESO, los estudiantes catalanes obtuvieron 502 puntos, dos por encima de la media estatal y más que en Madrid o Andalucía, por poner dos ejemplos.
A pesar de los sistemáticos intentos de la reacción, no han conseguido dividir a la clase obrera y a la juventud catalana en función del idioma. En este sentido, no existe un conflicto lingüístico en Catalunya, y hay una convivencia total entre la población que usa fundamentalmente el castellano y la que usa fundamentalmente el catalán. Los enfrentamientos que se han producido en Catalunya en los últimos meses, igual que en el resto del estado y en Europa, han sido entre ricos y pobres, es decir, entre la burguesía (catalana y española), que quiere destruir la sanidad y la educación pública, y los trabajadores y jóvenes (catalanoparlantes o castellanoparlantes, catalanes o inmigrantes). La unidad de la clase obrera catalana, por encima del idioma utilizado, es una conquista política tremenda que hay que preservar como una prioridad absoluta.
La reacción persiste en alentar la división en líneas lingüísticas
La decisión del TSJC, que a su vez se ampara en la escandalosa sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut en junio de 2010, no obedece, por lo tanto, al afán de justicia o a los intereses de una mayoría social. Ha sido alentada y promovida por una pequeña minoría política y social en Catalunya que, sin embargo, tiene poderosos vínculos con el aparato judicial y estatal, un aparato que, por cierto, no ha sido depurado desde la dictadura franquista. Si las exigencias del TSJC se llevaran a la práctica, con la instauración de una doble red educativa se estarían sentando las bases objetivas para una peligrosa división de la clase obrera y de la juventud en líneas lingüísticas, completamente injustificada desde el punto de vista del conocimiento y el aprendizaje del castellano en Catalunya.
Por supuesto, dicha medida también iría en detrimento del catalán, un idioma que, pese a no sufrir la brutal persecución que sufría en la dictadura franquista sigue siendo una lengua oprimida. Para los capitalistas, siempre será más rentable utilizar el castellano por su mayor número de hablantes, eso se nota en toda la producción capitalista, medios de comunicación, bienes de consumo, ocio... La mayoría de los medios de comunicación de masas en Catalunya utilizan el castellano, por no hablar del cine y publicación de libros, etc. La utilización del catalán como lengua vehicular apenas contrarresta el dominio que el castellano tiene. Además, y esto es fundamental, la utilización del catalán como idioma vehicular en la enseñanza es aceptado y defendido por una mayoría social abrumadora en Catalunya, por los sindicatos, por el profesorado, por las asociaciones de padres y estudiantes.
CiU, abanderada de los ataques sociales, la represión y el racismo
Nuestro rechazo rotundo a la decisión del TSJC no significa, en absoluto, apoyar a CiU, ni su política ni sus demagógicos gestos. Con el cinismo que caracteriza a la burguesía catalana, mientras clama contra la decisión del TSJC y trata de aparecer como la defensora del catalán, está imponiendo recortes salvajes en la educación pública (con el apoyo del PP y el diputado “independentista” Laporta), lo que constituye el peor ataque al aprendizaje del catalán y a la enseñanza en general. Mientras todo el proceso legal que finalmente desembocó en la decisión del TSJC ya estaba en marcha y era de conocimiento público, CiU no ha tenido ningún inconveniente en convertir al PP en su socio preferente para gobernar en la Generalitat. A pesar de reclamar derechos democráticos, CiU ha sido abanderada en la represión contra la juventud y en la aplicación de medidas racistas y discriminatorias contra los inmigrantes, como en el caso de la atención sanitaria. Incluso desde el punto de vista de la utilización del catalán como idioma vehicular en la enseñanza pública y la implantación de una red educativa pública única es necesario recordar que no fue una iniciativa de este partido sino de los sindicatos, asociaciones y partidos de la izquierda que se movilizaron en los años setenta y ochenta. CiU sólo usa el sentimiento nacional para su propio beneficio.
Los sindicatos llevan meses guardando silencio frente a los salvajes ataques que está sufriendo la clase obrera. Es una actitud imperdonable. Ante este nuevo ataque, urge que sean precisamente los representantes de los trabajadores los que se pongan al frente de la lucha y vinculen el rechazo a la imposición reaccionaria y antidemocrática del TSJC, con la defensa de la educación pública y los servicios públicos. De lo contrario, será CiU la que demagógicamente trate de situarse a la cabeza de la lucha en defensa del catalán, para manipularlo y descafeinarlo y mantenerlo al margen de las movilizaciones contra los recortes sociales. Es precisamente la clase obrera, aliada con las demás capas sociales oprimidas, la clase social más interesada en frenar los ataques de los capitalistas y del aparato del Estado reaccionario. El camino: movilizaciones, asambleas en barrios y fábricas, un sindicalismo combativo y democrático y la convocatoria urgente de la huelga general dentro de un plan de lucha y movilización.
La oposición a la decisión del TSJC no debe defenderse sólo en Catalunya. La izquierda política y los sindicatos deben iniciar una campaña de explicación de la realidad catalana, denunciando en Madrid, Andalucía, Castilla…, las mentiras y la demagogia de la derecha y vinculando la lucha por los derechos democráticos a la lucha contra los recortes sociales. Este es el único camino para unir por encima de las divisiones nacionales y combatir juntos contra el enemigo común: la burguesía y el sistema capitalista.
