Los líderes del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), encabezados por Joe Biden, anunciaban en su última reunión un supuesto acuerdo histórico de cara a gravar los beneficios de las grandes multinacionales capitalistas y “poner en jaque” a los paraísos fiscales.
Inmediatamente se iniciaba una estruendosa campaña propagandística para señalar que nos encontramos ante un punto de inflexión del capitalismo que traerá prosperidad, igualdad y justicia social a todos los rincones del planeta. Grandes titulares afirmando sin rubor que los ricos por fin van a pagar impuestos, abrían telediarios y copaban las portadas de la prensa.
A esta campaña se sumaron rápidamente los dirigentes reformistas de la izquierda, desde Pedro Sánchez, que calificó el acuerdo de “histórico”, hasta Unidas Podemos, cuyos portavoces no se han cansado de alabar al G7 por tomar estas "valientes decisiones".
En consonancia con el grado de asimilación e integración en la política del sistema, los dirigentes de la "nueva izquierda", desde Unidas Podemos hasta Die Linke, Syriza, Bernie Sanders y Ocasio Cortez, están contribuyendo a intentar dar un barniz de legitimidad a esta mascarada impulsada por los mismos poderes fácticos responsables de la catástrofe social que padecemos.
Nos quieren tomar por idiotas otra vez
Es muy significativo que ninguna de las multinacionales, bancos y grandes consultoras afectadas por estas supuestas medidas hayan puesto el grito en el cielo. Facebook, que se caracteriza por su habilidad para no pagar impuestos, se ha felicitado por el acuerdo. Goldman Sachs, uno de los principales grupos de inversión norteamericanos, tranquilizaba a sus clientes señalando que, en el caso de que llegase a materializarse, solo restaría entre un 1% y un 2% a los beneficios estratosféricos de las multinacionales del S&P 500[1].
¿Cómo es posible que los grandes evasores fiscales estén tan tranquilos?
Basta analizar lo sustancial de la propuesta planteada. Aplicar un impuesto del 20% sobre los beneficios de las “empresas multinacionales más grandes y rentables” en base a los ingresos obtenidos en el país correspondiente, siempre que su margen de beneficios sea superior al 10%, excluirá a numerosos gigantes del capitalismo global. Es el caso de Amazon, cuyo margen de ganancias en 2020 alcanzó el 6,3% (o eso dicen ellos), y de muchos otros monopolios que tienen en nómina a una legión de consultores y ex altos cargos de las administraciones y de los Gobiernos precisamente para urdir todo tipo de artimañas y no pagar impuestos.[2]
La segunda medida estrella es poner en marcha un impuesto mínimo global del 15% para las grandes multinacionales. Sin embargo, de los 36 países que conforman la OCDE, sólo 3 tienen tipos inferiores al 15% (Irlanda, 12,5%; Hungría, 9% y Suiza, 8,5%). Por tanto, este "impuesto mínimo global" lo que realmente provocará es una disminución real en los tipos impositivos, ya que la media oficial de los países de la OCDE se sitúa en el 21,5%.
Y ni siquiera han pasado unos días desde estos anuncios mentirosos, cuando ya se están planteando numerosas excepciones. El Gobierno británico de Boris Johnson, anfitrión de la reunión, ya ha planteado que se excluya a todo su sector financiero, que actúa en la práctica como un auténtico paraíso fiscal[3]. También la OCDE pide que los “fondos de inversión, fondos de pensiones, [y] fondos soberanos”, no se sometan al acuerdo y que se hagan excepciones con los beneficios procedentes de recursos naturales, servicios financieros, construcción, propiedad residencial, aerolíneas internacionales o la industria naviera.
El Gobierno chino quiere que se excluyan sus zonas económicas especiales, con impuestos empresariales muy bajos de cara a atraer la inversión extranjera.[4] Es decir, el catálogo de excepciones y exclusiones en los sectores donde operan los grandes monopolios capitalistas es tan amplio, que este acuerdo nace muerto.
Obviamente una maniobra de este tipo no podría dejar de tener una letra pequeña, apenas mencionada, pero de gran trascendencia: Joe Biden logra eliminar las llamadas "tasas digitales" aprobadas por diversos países europeos, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Italia y España, de tal manera que las grandes tecnológicas norteamericanas (Facebook, Google, Microsoft…) ya no tienen que preocuparse y podrán evadir impuestos masivamente como hasta ahora.
¿El fin de los paraísos fiscales?
Pensar que bajo la economía de mercado se puede acabar con los paraísos fiscales, y que además van a hacerlo los mismos Gobiernos que los promueven, protegen y utilizan, resulta sencillamente ridículo. Los paraísos fiscales son una pieza clave de la economía capitalista mundial.
El propio Biden ha ejercido como senador durante más de 30 años por el Estado de Delaware, un paraíso fiscal en el corazón mismo de los EE.UU. con más empresas que habitantes[5]. A día de hoy, el 67,8% de las 500 mayores compañías de la revista Fortune tienen su sede en este Estado. Por otro lado, Biden no plantea acabar con la llamada tasa GILTI, introducida por Trump y que situó a EE.UU a la altura de un paraíso fiscal.[6]
Joe Biden no es más que el representante de Wall Street, a pesar de que toda la izquierda reformista intente blanquear su política y lo presente como un justiciero impositivo.
La supuesta lucha contra los paraísos fiscales ha sido siempre un auténtico timo, un mero truco publicitario para hacer creer que algo se hace frente a la obscena acumulación de beneficios de la clase dominante en una época de desigualdad estructural.
No hace mucho la OCDE elaboró una lista de países con una “fiscalidad nociva”, de la que quedaron excluidos los países “responsables del 98% de los riesgos del abuso fiscal”. Mientras en estos últimos la evasión de impuestos corporativos ascendía a 239.000 millones, aquellos calificados como “nocivos”, es decir, como paraísos fiscales stricto sensu, solo eran responsables de la evasión de 5.000 millones.[7]
Y lo mismo podemos decir respecto a la UE, cuya "lista negra" de paraísos fiscales tan solo es responsable del 2% de las pérdidas fiscales que registran sus países miembros. Tan grandes son los escrúpulos de la UE, que las Islas Caimán, el segundo mayor paraíso fiscal del mundo, fue eliminado de esa lista negra en el año 2020.
¡Es el capitalismo! ¡Los ricos ni pagan, ni pagarán!
Los paraísos fiscales son parte fundamental del entramado capitalista para que los multimillonarios del mundo puedan tener a buen recaudo sus fortunas, contando para ello con el pleno apoyo y complicidad de sus respectivos Gobiernos.
No es cierto que los Estados se hayan vuelto impotentes frente a las grandes multinacionales, tal y como afirman algunos desde la izquierda. Lo que ocurre es que el Estado no es neutral, es un instrumento de los propios capitalistas, les sirve a pies juntillas, garantizando sus intereses y sus beneficios, aunque sea a costa del empobrecimiento generalizado de la sociedad. Así ha sido siempre, y así esta siendo ahora.
Por eso durante décadas los Gobiernos capitalistas no han dejado de reducir la presión fiscal hacia las grandes fortunas. La tasa media del impuesto de sociedades de los países de la OCDE ha pasado del 45% en 1980 al 32,2% en el año 2000, cayendo hasta el 23,3% en la actualidad. Una deriva que ha venido acompañada de recortes, privatizaciones, destrucción del estado de bienestar, y hundimiento de los salarios y condiciones de vida de la clase trabajadora. No es un error, ni consecuencia de una mala gestión, sino parte de la dinámica natural de funcionamiento del sistema capitalista.
La reciente filtración de los datos fiscales de numerosos magnates norteamericanos ha puesto en evidencia lo lejos que se ha llegado. Los 25 norteamericanos más ricos del mundo, según Forbes, incrementaron su riqueza entre 2014 y 2018 en 401.000 millones de dólares, pero pagaron tan solo 13.600 millones de dólares, un 3,4%. Warren Buffet pagó un 0,10% en impuestos; Jeff Bezos un 0,98%; y Michael Bloomberg un 1,10%.
Nos encontramos ante una campaña de propaganda para intentar hacernos creer que es posible reformar el capitalismo, y que los grandes capitalistas y las multinacionales asumirán perder parte de sus estratosfericos beneficios por el bien común. Que desde el Gobierno “progresista”, y especialmente desde Unidas Podemos, se de pábulo a este auténtico cuento chino es sencillamente lamentable.
Es público y notorio que los grandes magnates españoles evaden miles de millones de euros en impuestos y aquí no se hace nada. Solo 6 grandes empresas del Ibex35 (Iberdrola, Telefónica, Grupo ACS, Repsol, BBVA y Santander) evadieron al menos 2.140 millones de euros en los últimos años. ¿Por qué no se actúa con contundencia contra estos plutócratas? ¿Por qué no se nacionaliza la riqueza que atesoran ilegítimamente en sus manos? ¿No sería este el mejor ejemplo para demostrar que sí hay alternativa frente al capitalismo y sus miserias?
La obligación de aquellos que aspiramos a transformar la sociedad es decir la verdad y hacer avanzar la conciencia de los oprimidos. Encubrir a elementos como Biden o a los líderes del G7, responsables de la miseria que padecen millones de trabajadores y jóvenes en todo el mundo, no solo es un error sino un obstáculo para conseguir la transformación de la sociedad que muchos de esos dirigentes reformistas predican de palabra. Es hora de señalar con contundencia a los responsables de la catástrofe capitalista y acabar definitivamente con sus privilegios.
[1] Índice bursátil que agrupa a las 500 mayores compañías de los EE.UU.
[2] KPMG report: Analysis and observations about tax measures in G7 communique
[3] Los 3 paraísos fiscales más importantes del mundo son territorios británicos (Islas Vírgenes, Islas Caimán y Bermudas), que juegan un papel central en el funcionamientos de la City londinense.
[4] Exception to the rule? G7 deal on tax triggers carve-out talk
[5] 1.500.000 empresas frente a 1.000.000 de habitantes del Estado.
[6] Se establecen tipos de entre el 10,5% y el 13% a los beneficios obtenidos por las grandes multinacionales norteamericanas en otros países que sean retornados a los EE.UU.
[7] La clasificación de paraísos fiscales muestra que los países que establecen las normas fiscales mundiales hacen lo posible para ayudar a las empresas a ignoralas
