El TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión) es un tratado de libre comercio que se está negociando entre las élites económicas de EEUU y la UE, dos grandes zonas económicas y geoestratégicas, que va a dar más poder a las empresas multinacionales para que éstas puedan hacer negocios más fácilmente y obtener más beneficios, es decir para aumentar su tasa de ganancias.
El objetivo es ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países firmantes mediante la eliminación de aranceles e impuestos. Esta es la parte oficial. Realmente el propósito de este tratado no es tanto la reducción de los aranceles, ya bajos en la actualidad (3,5% en EEUU y 5% en la UE), si no rebajar las regulaciones existentes en materia medioambiental, laboral, salud pública, propiedad intelectual y un largo etcétera que afectarán de forma muy negativa a los derechos actuales de los ciudadanos, sobre todo en los países de la UE, donde existen este tipo de regulaciones que protegen estos derechos, pero no así en EEUU. Para que un tratado de estas características sea beneficioso para las partes firmantes todas tienen que tener las mismas normas y estándares. Las regulaciones existentes son un problema para las multinacionales, en su opinión es un gasto innecesario que les impide ganar más dinero del que ya obtienen.
Todo vale para conseguir más beneficios
El TTIP se empezó a negociar en secreto en 2009, aunque no hemos sabido nada de él hasta que EEUU y la UE anunciaron el inicio de las negociaciones en junio de 2013. Está pensado para frenar al grupo de países que conforman los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,), aunque el principal objetivo es parar el avance de China y Rusia. La actual crisis económica ha afectado más a los países desarrollados que a los emergentes, apartir de 2015 el 90% del comercio se realizará fuera de las fronteras de EEUU y la UE.La élite política y económica norteamericana y europea busca con este tratado obtener mucho más poder y mayor libertad de movimiento para las grandes empresas multinacionales, que son una de las armas que utiliza la clase dominante europea y estadounidense para imponer su modelo político y económico al resto del mundo.
De aprobarse este tratado, tendremos que competir con países en los que no existen estas regulaciones y los salarios son mucho más bajos. Para ver lo que nos jugamos con el TTIP, debemos saber que las regulaciones a las que nos referimos son, entre otras, las que actualmente protegen a los consumidores, como el principio de precaución, que obliga a las empresas a hacer pruebas antes de sacar un producto al mercado y así comprobar que no es perjudicial para la salud; la protección a los trabajadores mediante los convenios colectivos. Ya el gobierno del PP quiere acabar con ellos a través de la modificación de la Cláusula de Ultraactividad incluida en la Reforma Laboral; la tercera regulación en peligro es la propiedad intelectual, gracias a ésta, por ejemplo, la patente de un medicamento fabricado por una farmacéutica tiene fecha de caducidad, en la actualidad entre 8 y 10 años, a partir de esa fecha otras farmacéuticas pueden sacar el genérico más barato, el TTIP contempla subir ese período a 25 años. En la práctica elimina o deja sin definir el derecho a la protección de datos (LOPD), muy importante en la UE y no tanto en EEUU donde es habitual que las grandes compañías que gestionan datos, como Google, no tienen ningún problema en admitir que entregan los datos de sus usuarios al gobierno de EEUU; y en materia de protección del medioambiente, basta con ver las consecuencias que tiene el fracking.
Vía libre a las multinacionales
Los que están a favor del TTIP lo venden como una oportunidad para que a las empresas les vaya mejor porque si se eliminan todas estas regulaciones podrán abaratar sus productos, los consumidores tendremos la oportunidad de comprar más, por tanto las empresas obtendrán más beneficios y esto las hará crear empleo. Lo que no nos dicen es que el empleo que creará será de mala calidad y con salarios muy bajos, como hoy vemos en el Estado español después de la aplicación de la Reforma Laboral. Informes de la propia UE revelan que la aplicación del tratado implicaría la pérdida de entre 430.000 y 1,1 millones puestos de trabajo, otro estudio de la Universidad de Massachussets sitúa esta pérdida de empleos en 600.000 y una caída salarial para los trabajadores de 5.000 euros por persona y año. Es decir, el tratado sólo servirá para provocar una mayor caída de los salarios y el aumento de la precariedad. En palabras, de Marx, se trata de la tendencia a salarios de subsistencia.
Para muestra solo un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio (NAFTA) que firmaron en 1992 entre EEUU, Canadá y México, prometía la creación de 23 millones de puestos de trabajo. La realidad contrastada por diversos estudios es que se han perdido 1,1 millones de empleos. Los salarios han bajado y debido al cierre de muchas pequeñas empresas y a la deslocalización de otras, el paro ha aumentado. Como era de prever, el país más afectado ha sido México porque se encontraba en desigualdad de condiciones frente a sus socios porque su situación industrial era peor. Los más perjudicados con el TTIP serán los países del sur de Europa porque cuentan con una industria más pequeña que países como Alemania.
Para poder poner todo esto en práctica el tratado contempla la creación de tribunales internacionales privados dirigidos por las multinacionales, como el ISDS (solución de controversias inversor-Estado), al que se adhirió en 1994 el Estado español, con Felipe González como presidente del gobierno. Este paso significará la deslocalización de la justicia. A partir de la firma del TTIP, una empresa podrá denunciar a un gobierno por no obtener los beneficios que pensaba debido a un cambio en las leyes de ese país. Y las multinacionales tienen todas las de ganar como se ha demostrado durante el tiempo en el que el ISDS lleva “impartiendo justicia”.
Privatización de los servicios públicos
Pero este no es el único tratado que se está negociando. También se negocia el TISA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios) que afecta a la gestión de los servicios públicos, salud, educación, que se podrán ser gestionados por empresas privadas de otros países. En el Estado español ya tenemos experiencia de estos intentos de privatización, sólo hay que recordar las movilizaciones de la Marea Blanca contra la privatización de los servicios públicos de salud de hospitales en Madrid y la Marea Verde, con el Sindicato de Estudiantes a la cabeza, contra la privatización de la educación, que quiere imponernos el gobierno del PP con el Ministro Wert a la cabeza.
El objetivo es dejarlo todo atado y bien atado para que posibles gobiernos de izquierda, como el de Syriza en Grecia, que quieran actuar a favor de las necesidades de la mayoría de la población se queden sin margen de maniobra.
La firma de este tratado va a suponer el debilitamiento de la soberanía democrática de los países frente al poder económico, puesto que el principio que guía toda la negociación son los intereses de las multinacionales por encima de los intereses de los ciudadanos.
De aprobarse estos acuerdos supondrán un antes y un después en las políticas sociales, medioambientales o laborales a favor de los grandes lobbies económicos. Una de las consecuencias de la crisis económica es una guerra feroz entre las grandes potencias capitalistas por el control de los mercados. Una de las debilidades del capitalismo son las crisis de sobreproducción y la sobreacumulación de capitales, los grandes capitales buscan dónde invertir su dinero para obtener los mismos beneficios, o más, que conseguían antes del inicio de la crisis, lo que pone en evidencia que estamos ante una estrategia de clase aplicada por el Estado para reducir el valor de la fuerza de trabajo y apoderarse de una cantidad mayor de plusvalía.
Los jóvenes y trabajadores debemos oponernos con todas nuestras fuerzas al TTIP, TISA, ISDS y el largo etcétera de tratados, acuerdos comerciales y demás que sólo tienen como objetivo cargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores y enriquecer a las grandes multinacionales. Representan un peligro real para la clase trabajadora. La aprobación de leyes como la infame Ley Mordaza, la reforma del Código Penal, el Pacto anti-yihadista o la inversión masiva en material antidisturbios por parte del gobierno del PP no es una casualidad ni es un hecho aislado. Es un instrumento necesario para la clase capitalista para frenar y reprimir las movilizaciones y protestas que sin duda protagonizará la clase trabajadora tanto en Europa como en EEUU en defensa de sus derechos y contra las consecuencias de estos tratados.
