El pasado 3 de octubre el Gobierno cerró un acuerdo de subida salarial del 9,5% para los empleados públicos en la Mesa General de las Administraciones Públicas para el periodo 2022-2024. Este acuerdo ha sido ratificado de buen grado tanto por CCOO como por UGT, que prácticamente lo considera un regalo.
La propaganda y mentiras desde las cúpulas de CCOO y UGT y desde el Gobierno no pueden ocultar que nos encontramos ante otro brutal zarpazo al poder adquisitivo de los trabajadores públicos. Intentar taparlo difundiendo a los cuatro vientos como si fuera un gran logro, un incremento del 9,5% para tres años, es un desesperado ejercicio de prestidigitación.
Una estrategia sindical que consiste en negociar la pérdida de poder adquisitivo
Este acuerdo es un ejemplo más del sindicalismo de migajas. Más aún, plantear esta subida sin ponerla en relación con la inflación real es ser cómplice de la campaña de propaganda y mentiras con la que Gobierno y empresarios intentan engañar a la clase obrera. Y es que esta subida salarial se queda muy lejos de compensar la inflación y representa en términos netos una nueva pérdida de poder adquisitivo.
Si seguimos la subida año a año tenemos lo siguiente:
Para 2022 se fija un incremento del 3.5%. Sin embargo, la inflación prevista para final de año según la OCDE es del 8,5%, aunque ya está cercana al 10%. Es decir, que para este primer año, las grandes centrales sindicales han negociado una pérdida de poder adquisitivo de al menos el -5%. A esto hay que sumar que en 2021 la inflación ya cerró en un 6,5%.
Para el año 2023 la parte fija de la subida será del 2.5%. Si el IPC del 2023 supera el 6% se añadiría un 0.5% más. Y otro 0.5% más si el PIB supera un crecimiento del 5.9%. Sin embargo, desde al año 2008 el crecimiento del PIB nunca ha llegado al 4% y en 5 ocasiones incluso ha decrecido. Se puede afirmar con seguridad que esta parte del fragmento variable es simplemente papel mojado.
Pero si se cumpliera el mejor de los supuestos, los salarios de los empleados públicos crecería un 3.5% en 2023. En este caso, la inflación prevista por la OCDE es del 4.8% para el Estado español. Es decir, que para el año 2023 la mayoría sindical ha acordado una pérdida de poder adquisitivo del -1.3% o más.
Para el año 2024 la subida fija es del 2%, que puede llegar al 2.5% si el periodo 2022-2024 acaba con una inflación acumulada del 8%. Para el año 2024 la inflación que se proyecta es del 2.2%. Es decir, que en el mejor de los casos habrá una subida del 0.3%, y si no se aplicara la parte variable del incremento salarial la pérdida sería del -0.2%.
Globalmente, y siguiendo la misma lógica anterior y en el mejor de los casos, para el periodo 2022-2024 los empleados públicos tendremos una pérdida de poder adquisitivo del -6.1%. Pero la realidad, con la inflación al alza y unas perspectivas económicas nefastas será mucho peor, pudiendo perderse fácilmente más de 10 puntos de poder adquisitivo.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la inflación real de nuestra economía doméstica es muy superior a lo que refleja el IPC dado que la inflación de los artículos básicos que más consumimos está muy por encima del IPC medio.
Así, por ejemplo, el IPC revisado a fecha de agosto alcanzó el 10.5%. Sin embargo, la inflación correspondiente a los alimentos elaborados, como el pan y el queso, fue del 12.5%. Por otro lado, alimentos no elaborados como frutas, verduras o el pescado, alcanzaron una subida del 12.9 %. En el caso de la energía, el cómputo global de alza de precio fue del 37.4%.
En resumen, que debe ser uno muy iluso para realmente creer que de aquí al 2024 los empleados públicos solo habremos perdido un -6.1% de poder adquisitivo.
¡Basta de sindicalismo de migajas! Hace falta una huelga general
Esta política sindical, coordinada entre el Gobierno PSOE-UP y los dirigentes de CCOO y UGT, cuyo eje es mantener a toda costa la paz social a pesar del hundimiento de nuestros salarios y condiciones de vida, tiene grandes consecuencias para los empleados públicos y para todos los trabajadores en general. Con esta actitud solo se incentiva, refuerza y legitima la apuesta de la CEOE de subir los salarios muy por debajo del IPC. Tras la firma de este acuerdo, queda en evidencia que todos los discursos del Gobierno, la ministra de Trabajo y los dirigentes de CCOO y UGT en los que hablan de la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los salarios, no son más que palabras y brindis al sol. La realidad es que este acuerdo asfalta el camino a las pretensiones de la CEOE.
Por otro lado esta política por parte de CCOO y UGT y del Gobierno, no hace más que dar alas a la derecha. Prueba de ello es que el sindicato CSIF, una organización sindical corporativa y poco sospechosa de izquierdista, se ha desmarcado de CCOO y UGT y se ha negado a firmar el acuerdo.
Un movimiento de CSIF que tiene un carácter completamente oportunista con el objetivo de diferenciarse de las grandes centrales y golpear al Gobierno PSOE-UP, en un tema tan sensible como son los salarios, apoyándose en el ambiente real de malestar existente entre los empleados públicos.
CSIF pone en evidencia que la supuesta subida es puro humo y propaganda, pero esto no oculta la esencia demagógica de esta posición. No hay que olvidar que este sindicato amarillo fue una de las organizaciones que se posicionó de forma más beligerante contra la estabilización inmediata de los trabajadores interinos tras años en su puesto de trabajo en fraude de ley, abandonando al sector más precario y vulnerable.
Frente a la claudicación de CCOO y UGT y frente a la demagogia de la derecha, es necesario levantar una política sindical combativa, de clase y democrática. Para ello, las y los trabajadores, los sindicatos combativos de clase y los movimientos sociales, como hizo el movimiento pensionista este pasado sábado 15 de octubre, tenemos que levantar una bandera de lucha, mediante la acción directa, impulsando movilizaciones masivas y combativas y dando pasos firmes en la organización independiente de la clase trabajadora.
