El viernes 3 de enero, un día antes de que comenzará el debate de investidura en el Parlamento estatal, la Junta Electoral Central (JEC) decidía inhabilitar a Quim Torra como President de la Generalitat de Catalunya y arrebatarle su acta de diputado, con el voto a favor de siete de sus 13 miembros. El delito por el que se le inhabilita no es otro que haber colgado del balcón de la Generalitat, en la Plaza de Sant Jaume, una pancarta exigiendo libertad para los presos políticos. Esta decisión autoritaria y franquista, representa un golpe de aparato del Estado contra los derechos del pueblo de Catalunya y contra la democracia.

Una actuación propia de regímenes dictatoriales

Un organismo electoral integrado por un puñado de jueces designados a dedo por el Tribunal Supremo y por juristas elegidos por los grandes partidos, con un claro predominio de elementos vinculados a la derecha y extrema derecha, decide nada más y nada menos que destituir a un Presidente electo democráticamente por los diputados del Parlament que han sido votados por millones de catalanes.

Una vez más, el aparato del Estado y el régimen del 78 plagado de franquistas pisotean los derechos de todo un pueblo, como ya hicieron con el juicio farsa al referéndum del 1 de octubre de 2017, que sentenció a penas de más de 100 años a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y el resto de los encausados, y con los procesos que han empujado a decenas de personas al exilio y afectan a más de 2.500 personas por haberse manifestado a favor de la república y del derecho a la autodeterminación.

Por si no fuera suficiente con anular de un plumazo las decisiones del Parlament, la  JEC que no es ningún tribunal de justicia sino un órgano electoral, también decide tirar a la basura los resultados de las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019 en Catalunya, impidiendo ejercer como eurodiputado a Oriol Junqueras. Con ello, ignoran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que  sentenciaba el pasado 19 de diciembre a favor de  la inmunidad de Junqueras. En un chanchullo jurídico que mide las taras autoritarias del Estado, la JEC declara esa inmunidad sin validez en el Estado español, despojando al dirigente de ERC de su escaño como eurodiputado, anulando de ese modo el derecho a sufragio de quienes le votaron.  Como efecto derivado, también deja sin validez en el Estado español la inmunidad de Puigdemont y Toni Comín.

La actuación de la Junta Electoral Central es un completo escándalo. Además de una violación  flagrante de las normas más elementales de la democracia, tiene el objetivo nada disimulado  de sabotear la investidura del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y servir a los intereses del bloque de derecha y ultraderecha. Mediante el golpe de Estado judicial perpetrado por la JEC, los dirigentes de PP, Vox y Cs, pretenden imponer lo que no han podido lograr con los votos y deja claro cual va a ser su estrategia en la nueva legislatura: una ofensiva sin cuartel para impedir cualquier medida que rompa con la deriva autoritaria del Estado y la política de recortes.

Responder al ataque con la movilización: ¡Por los derechos democráticos y la república catalana de los trabajadores y la juventud!

Es urgente dar una respuesta a la altura de la gravedad de este ataque. La decisión de la JEC sienta un precedente peligroso que podría ser utilizado para inhabilitar a cualquier cargo elegido democráticamente por ejercer su libertad de expresión, o cuya actuación pueda desafiar el orden establecido y vigilado por este puñado de magistrados nostálgicos del franquismo. 

Los dirigentes de ANC, Omnium, la CUP. CSC, IAC, los CDR, la base militante de ERC junto al resto de organizaciones de la izquierda combativa y los movimientos sociales debemos convocar de manera inmediata movilizaciones masivas en la calle. Hay que preparar y organizar una huelga general que paralice Catalunya, exigiendo al gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos la anulación de esta decisión y la disolución de un organismo antidemocrático como la JEC.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, denunciaba la “maniobra de la derecha y ultraderecha para intentar impedir la investidura” y decía que “la JEC no es un tribunal, es un órgano administrativo”. Pero, en lugar de comprometerse de manera clara a defender los derechos democráticos y frenar la actuación golpista de estos jueces franquistas, exigía que sea el Tribunal Supremo quien lo haga. En el mismo sentido se manifestaban los dirigentes del PSC mediante su cuenta de Twitter: “esperamos que el Tribunal Supremo responda a esta cuestión lo antes posible”

Ni una palabra denunciando este golpe contra la democracia, defendiendo el derecho del Parlament y el pueblo de Catalunya a decidir quien preside la Generalitat  y comprometiéndose a garantizar el cumplimiento de las sentencias de la justicia europea concediendo la inmunidad y las actas de eurodiputados a que tienen derecho a Junqueras, Puigdemont y Comin. La posición de los dirigentes del PSOE es... ¡dejarlo en manos del Supremo! Es decir, de los organizadores del juicio-farsa contra el referéndum del 1-O, de la sentencia del 14 de octubre y de los ataques más graves contra los derechos democráticos de los últimos años.

Si quieren que tenga alguna credibilidad su discurso “progresista”, los  dirigentes de Unidas Podemos y del PSOE deben poner sobre la mesa hechos, empezando por posicionarse claramente contra esta actuación golpista de la judicatura reaccionaria y españolista, organizar movilizaciones contra la misma en el conjunto del Estado y comprometerse a que su primera decisión desde el gobierno será anularla.

Todo lo que está ocurriendo confirma la necesidad de continuar la movilización masiva en las calles por una república que una la lucha por la liberación nacional a un programa revolucionario: una república catalana socialista. Frente a nuestros enemigos de clase, la burguesía (española y catalana), su régimen monárquico del 78, su aparato estatal y sus jueces reaccionarios, debemos buscar el apoyo de los únicos aliados en quienes podemos confiar para luchar juntos por la causa de la república y del socialismo: los jóvenes y trabajadores del resto del Estado.