¡Derecho de autodeterminación SÍ, socialismo también!
En los últimos años la cuestión nacional catalana ha vuelto al primer plano de la situación política como no lo había hecho nunca desde la caída de la dictadura franquista. Las expresiones más evidentes y llamativas de este hecho han sido las masivas manifestaciones de la Diada de 2012 y 2013 y el altísimo porcentaje de población catalana favorable a una consulta sobre el derecho a la autodeterminación, así como el que simpatiza con la independencia.
Por supuesto que en estos últimos años Catalunya también ha sido escenario, como el resto del Estado, de movilizaciones masivas contra los recortes sociales, en los que el gobierno de CiU ha estado tan implicado como el gobierno del PP. De hecho, el auge de las movilizaciones de clase obrera y de la juventud, las huelgas generales, y las reiteradas expresiones de indignación social tienen bastante que ver, en muchos sentidos, con el agravamiento de la cuestión nacional. La agudización de la lucha de clases y la agudización de la cuestión nacional son dos factores entrelazados y que se interfieren en ambas direcciones, estableciendo una relación compleja y dinámica.
Es fundamental para cualquier trabajador o joven de izquierdas comprometido —de dentro y de fuera de Catalunya— comprender el fondo de lo que está ocurriendo, discernir qué agrupamientos políticos y con qué intereses intervienen en esta situación. La burguesía (española, catalana o vasca) pone todo su empeño en utilizar la cuestión nacional como una herramienta para apuntalar su dominación de clase contra los trabajadores y los oprimidos. La clase obrera, por su parte, tiene la posibilidad de hacer confluir el torrente de la lucha contra la opresión nacional con el de la lucha contra la opresión capitalista y por la transformación socialista de la sociedad; pero la condición necesaria para conseguirlo es que la izquierda adopte un programa y una estrategia revolucionaria, socialista e internacionalista.
Crisis general del capitalismo y la reacción españolista
El agravamiento de la cuestión nacional en Catalunya es importante situarlo, en primer lugar, en el marco de la profunda crisis mundial del capitalismo; una crisis económica pero también social, política, tanto de los partidos de derechas y socialdemócratas como del régimen del parlamentarismo burgués, que se está expresando de forma especialmente aguda en el Estado español. La crisis capitalista está teniendo un impacto psicológico muy profundo, que ha afectado a amplias capas sociales. El malestar afecta en primer lugar a la clase obrera, pero se extiende a las llamadas “capas medias” que perciben que se ha producido una ruptura abrupta con toda la situación anterior, que la relativa estabilidad de las décadas pasadas se ha esfumado por completo. Un segmento muy importante de estos sectores siente que está en el abismo de la precariedad y la pobreza. La crisis ha provocado un estado de efervescencia generalizado. En Catalunya, y en mayor o menor grado en las demás nacionalidades históricamente oprimidas en el Estado español, el malestar social en parte se expresa, especialmente en las capas medias, en forma de reivindicaciones democrático-nacionales azuzadas además por la actitud de los representantes del nacionalismo españolista.
El otro factor determinante ha sido el efecto acumulativo de la campaña reaccionaria de la derecha españolista contra los derechos democráticos y los sentimientos nacionales de una clara mayoría del pueblo catalán, particularmente desde la segunda legislatura de Aznar. Las provocaciones desde el PP, desde los medios de comunicación de la derecha y desde el aparato del Estado (militares, policías, judicatura) han sido continuas e intensas. En vísperas de la Diada de 2011 el coronel Francisco Alamán afirmó en una entrevista que la independencia de Catalunya solo se produciría “por encima de mi cadáver y el de muchos” y advirtió en referencia al papel de ejército: “aunque el león parezca dormido, que no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos”. Estas declaraciones, que tuvieron un gran impacto en Catalunya, no son una anécdota: muestran el estado de ánimo de amplios sectores del aparato del Estado, impregnados hasta la médula del nacionalismo español más rancio, exacerbado por el contexto de polarización e inestabilidad política creciente. Dos semanas después de la declaración del coronel Alamán, la Asociación de Militares Españoles (AME) alentaba al poder judicial y al gobierno a tomar “inmediatamente las medidas oportunas para suprimir cualquier atisbo de secesión” y que si el ejército tuviera que tomar cartas en el asunto no habría “la menor duda” de que quienes hayan “permitido, participado o colaborado” en la “amenaza de fractura de España” habrán de responder de “alta traición ante los tribunales en el ámbito de la jurisdicción castrense”. Son síntomas muy significativos de la “consolidación de la democracia” en el ejército.
Respetables “demócratas” como Aleix Vidal-Quadras, eurodiputado del PP y ex portavoz de este partido en Catalunya, han apelado públicamente a la intervención de la Guardia Civil en Catalunya; Rosa Díez, diputada de UPyD, sugirió la supresión de la Generalitat; el ministro de Educación, Wert, defendió la necesidad de “españolizar a los alumnos catalanes”. En septiembre de este año el economista Juan Velarde, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, en una entrevista que le hacían en Telemadrid, recordó que Azaña consideraba conveniente bombardear Catalunya cada 50 años. Sin ir más lejos, el presidente del Tribunal Constitucional y militante confeso del PP, Francisco Pérez de los Cobos, llamó onanistas a los catalanes y les tildó de peseteros e individualistas en su libro Parva Memoria publicado en junio de 2006. Los ejemplos ocuparían páginas y páginas de actitudes semejantes entre lo más florido de la derecha españolista.
Así, el agravamiento de la crisis y la arrogancia y la prepotencia de la burguesía españolista han actuado como un poderoso acicate movilizador en Catalunya, una nacionalidad histórica con fuertes sentimientos de comunidad, lengua y tradiciones culturales, y donde la dictadura franquista reprimió ferozmente cualquier tipo de manifestación en defensa de los derechos democrático nacionales catalanes. Por lo tanto, sería un error garrafal menospreciar el profundo calado de indignación social que se ha expresado en las últimas manifestaciones de la Diada. Los marxistas apoyamos y defendemos sin ninguna vacilación los derechos democráticos nacionales del pueblo de Catalunya, incluido el derecho de autodeterminación. Pero esta posición clara y rotunda, no nos impide ignorar la utilización que CiU está haciendo de este malestar y menospreciar los efectos políticos negativos que para los intereses de la clase obrera y para los propios derechos democráticos del pueblo catalán, implica el hecho de que la derecha catalana esté hegemonizando este movimiento.
La naturaleza reaccionaria de CiU
Hay que recordar, aunque sea someramente, cual era la situación de la derecha nacionalista catalana inmediatamente anterior a esta maniobra. CiU recupera la Generalitat en las elecciones de noviembre de 2010, un año antes de que el PP hiciera lo propio desde el gobierno central. Desde el primer minuto se lanzó a una ofensiva brutal contra la sanidad y educación pública. El gobierno de Mas fue pionera en cerrar quirófanos y centros de salud y aplicar el copago sanitario. El gobierno de CiU utilizó la represión como pocas veces se había visto en los últimos años: brutal desalojo por parte de los Mossos d’Esquadra de plaça Catalunya durante el movimiento 15-M; salvaje carga contra la manifestación de la huelga general del 29-M de 2012 (que acabó con 74 detenciones en toda Catalunya); una mujer pierde un ojo por el impacto de una pelota de goma lanzada por los Mossos d’Esquadra en la huelga general del 14-N de 2012; sistemática infiltración policial para organizar altercados que justifiquen la represión.
Al igual que el PP, CiU desarrolló una intensa campaña de criminalización contra las manifestaciones y grupos de izquierda. La derecha catalana es uno de los más vehementes partidarios de la restricción del derecho a huelga y manifestación, y lo defienden siempre que tienen su oportunidad. Para justificar los recortes, CiU hizo una utilización a fondo de toda la demagogia liberal clásica contra el llamado estado del bienestar. Basta recordar las palabras de Boí Ruiz, ex conseller de Sanidad, que afirmaba, hace apenas dos años que “la salud es un bien privado que depende de uno mismo, y no del Estado”. Al igual que la dimitida Esperanza Aguirre en Madrid, Mas-Colell, conseller de Economía, otro acérrimo liberal, proclamó que era necesario poner fin al “acceso gratuito universal” a las prestaciones sociales.
Al inicio de 2011, CiU situó al PP como su socio principal en el Parlament, estableciendo una colaboración política que nunca se había producido de forma tan descarada en Catalunya, justamente donde los “populares” tienen un perfil más marcadamente cavernícola y españolista. Tras las elecciones municipales, en mayo de 2011, esta alianza se reforzó con el apoyo del PP a CiU para que alcanzara la alcaldía de Barcelona y el apoyo de CiU al PP para que éste se hiciera con la alcaldía de Badalona, encabezada por un racista declarado. La colaboración se fortaleció aún más con la llegada al gobierno de Rajoy, tras las elecciones de noviembre de 2011; CiU ha apoyado en el congreso, por convicción propia y en compensación por el papel del PP en Catalunya, todas sus medidas antiobreras: la reforma laboral, la amnistía fiscal, la ley de estabilidad presupuestaria, los recortes en sanidad y educación. Las únicas críticas de CiU a la política del PP han sido para que este endurezca aún más sus medidas, así fue con la reforma laboral o con el recorte salarial de los funcionarios. Catalunya ha sido precisamente uno de los territorios de todo el Estado donde la movilización de la clase obrera y de la juventud contra los recortes y la represión ha sido más masiva y continuada. Desde las manifestaciones multitudinarias contra los recortes en sanidad, las grandes movilizaciones del 15-M, o el seguimiento masivo de la huelga general del 29-M y del 14-N de 2012 y de sus respectivas manifestaciones con más de un millón de personas en las calles. El seguimiento de las huelgas y movilizaciones impulsadas por el Sindicato de Estudiantes contra los recortes en educación fueron también multitudinarias.
Teniendo en cuenta toda esta trayectoria de CiU, por no hablar del periodo de Jordi Pujol, uno de los principales “hombres de Estado” con los que ha contado la monarquía y la oligarquía española y catalana, sería completamente estúpido pensar que su giro “independentista” persigue objetivos genuinamente democráticos o de mejoras sociales para el pueblo catalán. Se trata de una maniobra audaz que tiene objetivos políticos muy claros: eludir su responsabilidad en la política de recortes sociales y agresiones contra la clase obrera y la juventud; ocultar sus ataques a los derechos democráticos y su permanente recurso a la represión policial contra las protestas y movilizaciones sociales; tratar de borrar de la memoria colectiva su sistemática e intensa política de pactos con el PP y desviar la atención de los escandalosos casos de corrupción que implican a sus máximos dirigente. Por supuesto, sacar la mayor parte de tajada de los presupuestos estatales para beneficiar al empresariado catalán y crear ilusiones en un proyecto “independentista” como forma de salir de la crisis, dejando intacto el poder de la oligarquía financiera e industrial catalana.
El seguidismo socialdemócrata
La pregunta que hay que contestar es ¿cómo es posible que un partido en crisis, cuya política social ha sido tremendamente cuestionada, cuyos vínculos con el PP han sido tan descarados, siga marcando la pauta de la política catalana? La respuesta está en la política de los dirigentes de los partidos de la izquierda y de los sindicatos, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Este aspecto, que está completamente ausente de los análisis habituales sobre la situación en Catalunya, es absolutamente central.
Hay que recordar que las tensiones nacionales no siempre han favorecido a CiU en Catalunya. De hecho, en 2003 se había producido un espectacular giro electoral a la izquierda en Catalunya, que puso fin a 22 años de gobierno de CiU y anticipó la caída de Aznar al año siguiente. Sin embargo, el Tripartit (PSC, ERC e ICV), en vez de basarse en ese apoyo masivo para impulsar un cambio radical en la política social y en la defensa de los derechos democráticos, adoptó una política continuista que en poco se diferenciaba a la aplicada por la derecha: privatización de los servicios públicos, aceptación de los despidos de las multinacionales mientras estas seguían recibiendo subvenciones públicas a mansalva, uso de la represión contra el movimiento estudiantil, etc. Una de las medidas centrales del Tripartit fue la aprobación de la Ley de Educación Catalana (LEC), un verdadero manual de privatización de la educación pública, que contó con el respaldo entusiasta de la patronal y de CiU, y la oposición de la comunidad educativa, que protagonizó cuatro huelga generales exitosas. Cuando el gobierno Zapatero anunció el recorte salarial del 5% a los empleados públicos, el Tripartit se apresuró a anunciar un plan de ajuste de mayor calado, afectando en Catalunya a unas 260 empresas públicas o semipúblicas.
La vuelta de CiU a la Generalitat, en noviembre de 2010, no fue producto de su fortaleza sino de la abstención y la desmovilización electoral de la izquierda, provocada por la profunda decepción por la política del Tripartit, con el PSC a la cabeza, tras siete años en la Generalitat. Pero en la oposición los dirigentes tanto del PSC como de ICV-EUiA adoptaron una política de seguidismo escandalosa. Aunque se han opuesto de boquilla a los recortes, le han tendido la mano constantemente, haciendo un “frente común” en la cuestión del pacto fiscal. Este punto es muy importante porque durante dos años CiU ha agitado con diferente volumen, pero de forma constante, la cuestión del déficit fiscal (la diferencia entre lo que Catalunya aporta en recaudación de impuestos y lo que recibe de la caja común) utilizándolo como justificación de la dureza de los recortes sociales en Catalunya. Vergonzosamente, los dirigentes reformistas de la izquierda han bailado al ritmo marcado por CiU y la patronal, desde el PSC hasta ICV-EUiA pasando por los sindicatos. Los dirigentes de CCOO y UGT en Catalunya mantuvieron la misma táctica desmovilizadora que en el resto del Estado. Esa postura allanó el camino a la maniobra de Artur Mas, contribuyendo a crear ilusiones en que con un nuevo acuerdo de financiación o con la independencia las cosas podrían ir mejor para la mayoría de la población.
Después del revés que se llevó la burguesía catalana y CiU en las elecciones anticipadas del 25 de noviembre de 2012, Mas condicionó la convocatoria de una consulta sobre el “futuro de Catalunya” (con un contenido y unas implicaciones completamente difusas) al respaldo de ERC a su política de recortes sociales (bastante concretos). La maniobra fue muy clara y en la práctica los dirigentes de ERC la han aceptado, convirtiéndose en cómplices de la política antisocial de la derecha. A finales de verano el gobierno de CiU anunció la prorrogación de los presupuestos de 2012 con un recorte adicional de 2.000 millones de euros, lo que implicará un nuevo salto en el proceso de deterioro de la sanidad y la educación pública y otras prestaciones sociales. En cualquier momento, con cualquier excusa, incluso por la propia crisis interna que esta táctica les está provocando, CiU podrá abandonar su plan “independentista”, modificar el calendario previsto de la consulta o hacer cualquier otra maniobra. El anuncio de unas “elecciones plebiscitarias” para 2016 si Rajoy no permite la consulta, la insistencia de los dirigentes de Unió, como Duran Lleida, de llamar a la negociación con el gobierno e incluso de “abrir una tercera vía”, los pronunciamientos de cualificados representantes del capital catalán contra la independencia, confirma este análisis. Lo que seguirá siendo real y efectivo serán las dramáticas consecuencias sociales de la política económica de CiU.
La postura de los marxistas
¿Cuál es la posición de los marxistas ante la agudización del problema nacional en Catalunya? En primer lugar defendemos una política de independencia de clase e internacionalista frente a las maniobras reaccionarias de la burguesía española y de la burguesía catalana, sin hacer la más mínima concesión a ninguna de las dos. Combatimos con firmeza a la burguesía españolista, responsable de la opresión nacional y la represión de los derechos democráticos-nacionales de Catalunya, de Euskal Herria y Galiza. Los marxistas estamos en primera línea de la lucha contra todos los prejuicios ponzoñosos y reaccionarios que introduce el españolismo entre la población contra las aspiraciones democráticas de las nacionalidades históricas. Pero también es fundamental denunciar la utilización de estas aspiraciones por parte de la burguesía catalana o vasca para su propio beneficio, y como maniobra para salvaguardar sus intereses de clase. Precisamente, una de las grandes conquistas de la clase obrera catalana de las últimas décadas, a pesar de su diversidad en cuando a origen cultural o nacional, es haberse mantenido unida, adoptando una actitud de rechazo tanto al españolismo reaccionario como a la demagogia de CiU.
Oponernos a cualquier tipo de opresión nacional del Estado español contra las nacionalidades históricas, no significa que tengamos que compartir la opinión de que creando nuevos estados capitalistas se vayan a resolver los graves problemas que padece la mayoría. Una Catalunya independiente capitalista significaría que, para competir en el mercado mundial, la burguesía catalana tendría que adoptar medidas aún más drásticas, explotar aún más a la clase trabajadora catalana, recortar más nuestros derechos, salarios y conquistas sociales. Sí, ellos harían grandes beneficios, grandes negocios, pero la clase obrera y los oprimidos no mejoraríamos nuestra situación. Desde el punto de vista de los derechos democráticos, la cosa no sería mucho mejor. Como hemos señalado, CiU ha sido abanderada de la represión contra el movimiento obrero y estudiantil; muchos de sus máximos dirigentes han defendido tesis abiertamente racistas contra los inmigrantes o los trabajadores de otras comunidades autónomas.
Los marxistas defendemos el derecho de Catalunya, de Euskal Herria, de Galiza a la autodeterminación. Pero lo hacemos de una manera muy diferente a la burguesía catalana o vasca: ligamos la lucha por este derecho a la transformación socialista de la sociedad, a derrocar el poder de los capitalistas españoles, vascos y catalanes. Por eso, los marxistas defendemos la libertad de Catalunya, de Euskal Herria y de las naciones oprimidas de la única manera consecuente: la auténtica libertad sólo podrá alcanzarse con igualdad social, librando a la sociedad de todo tipo de opresión, comenzando por la opresión de clase y económica. Los marxistas entendemos que la lucha por los derechos democráticos nacionales de Catalunya forma parte de la lucha por el socialismo. Y nuestra alternativa es clara: una Federación Socialista de Catalunya, Euskal Herria, Galiza y del resto de los pueblos que componen la península Ibérica, en el marco de una República Socialista Federal que se vincule fraternalmente con una Federación Socialista Europea.
¡Unidad de la clase obrera contra las políticas reaccionarias
del PP y de CiU!
¡En defensa de un programa de independencia de clase, internacionalista y socialista!
¡Por el derecho de autodeterminación para Catalunya,
Euskal Herria y Galiza!
¡Por la República Socialista Federal!
