Contra el régimen del 78 y la represión, el único camino es la movilización de masas y una política revolucionaria

El juicio del sumario 11/13 contra los 47 integrantes de los colectivos de apoyo a los presos vascos terminó el mismo 16 de septiembre con un acuerdo a la media hora de empezar la vista en la Audiencia Nacional. El acuerdo alcanzado de parte de la fiscalía junto con la acusación particular AVT y Dignidad y Justicia por un lado, y la defensa de los 47 imputados por la otra, rebaja drásticamente las penas solicitadas con tal de que los acusados reconozcan todos los cargos por los que eran procesados: “participación activa en organización terrorista”, “delito continuado de enaltecimiento del terrorismo” y “financiación del terrorismo”. De los 47, Arantza Zulueta y Jon Enparantza son los que deberán pasar 5 meses de cárcel por actuar como “dirigentes”. El resto recibe penas de cárcel de 2 o menos años por lo que no deberán ingresar en prisión, aunque sí sufren una inhabilitación absoluta para ocupar cargos o empleo público.

Este acuerdo es el producto de un auténtico chantaje por parte del aparato de Estado español que amenazaba a 47 personas con penas de cárcel de entre 8 y 20 años en una farsa judicial que, aun no pudiendo probar con hechos las acusaciones, se llevaría adelante hasta las últimas consecuencias. Las detenciones y los hechos por los que se celebraba este macro juicio se remontaban a 2013 y 2015, mucho después de que ETA dejara las armas en 2011. Y como en el caso de los jóvenes de Altsasu y muchos otros más, su objetivo era seguir criminalizando a la izquierda abertzale y a la juventud vasca para tener argumentos con los que fortalecer la represión general del Estado y dar oxígeno a la derecha para seguir atizando el nacionalismo españolista más rabioso.

Todo es ETA, el discurso de la reacción

Aunque COVITE se ha posicionado en contra, según ellos, por representar un pacto judicial con los terroristas, tanto AVT como Dignidad y Justicia han celebrado el acuerdo resaltando que se haya demostrado oficialmente por los propios imputados la veracidad de su relato de que “todo es ETA”.

Según AVT “Esta es una contribución más para el verdadero relato de la historia del terrorismo en España, por el que la AVT seguirá trabajando.” El vicepresidente de Dignidad y Justicia, Víctor Valentín Cotobal, afirmaba a su vez que “no van a parar y que van a seguir, muy diligentes, sobre todo en este nuevo fenómeno, del ETA desaparecido que no ha desaparecido, de la radicalización violenta que se espera que sea el nuevo terrorismo”. El PP por su parte ha arremetido contra EHBildu, resaltando que la Izquierda Abertzale ha quedado como un mentiroso al pretender hacer creer que la justicia persigue a personas inocentes, acusando a la concejala electa de Iruñea, Amaia Izco, de terrorista confiesa.

El ministro de Interior Grande Marlaska, representando al gobierno en funciones del PSOE, también hacia declaraciones en la misma línea, aplaudiendo la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y sumándose a la línea de que todo es ETA: “Han reconocido que eran parte de la organización terrorista y esto lo dice todo, y si lo han reconocido es porque había pruebas. Ya sólo les falta una cosa: hacer una autocrítica que ayude a la sociedad y sobre todo a las víctimas del terrorismo”.

El PNV desde Lakua tampoco se desmarca del argumentario del PSOE, del PP o de AVT. El Gobierno Vasco se refiere a los 47 encausados como “presos de ETA” o “miembros del frente de makos de ETA”. No es casualidad. Urkullu ha empezado el curso señalando que uno de sus objetivos principales será exigir a EHBildu “una reflexión crítica y una condena explícita” sobre la violencia de ETA, y lo hace después de todo lo que ha llovido y de la posición inequívoca al respecto de la izquierda abertzale. Su verdadera pretensión sigue siendo, igual que la del bloque reaccionario y el PSOE, ocultar sus políticas de ataque a las libertades democráticas, de recortes y austeridad, utilizando la cortina de humo de una pretendida lucha contra el terrorismo que es una burda falacia.

Es evidente que para el aparato de Estado español la tesis de “todo es ETA” no tiene por objetivo una lucha antiterrorista inexistente, sino la criminalización política. Por eso lo han exportado fuera de Euskal Herria, y lo han aplicado a los sectores más combativos de la izquierda independentista en Catalunya, y contra activistas sindicales y movimientos sociales de todo el Estado.

Dentro del contexto del juicio del Procès de Catalunya hay que recordar que numerosas voces de la derecha españolista han clamado por ilegalizar a partidos y organizaciones rescatando la ley de partidos. Esta es la razón por la que cada avance jurídico del aparato represivo del Estado es y será usado sistemáticamente contra el conjunto del movimiento de la clase trabajadora y la juventud que se atreva a desafiar al régimen del 78.

Así ha ocurrido con la ley de partidos, con el delito de odio, con el 155, la ley mordaza, y la extensión de la ley antiterrorista 2/2015 que en un principio fue añadida contra el terrorismo islamista y usada después en casos como la de Altsasu.

No hay salida en el marco del sistema: hay que levantar un programa revolucionario de lucha por el socialismo

El 14 de septiembre una movilización masiva de 50.000 personas recorrió las calles de Bilbao contra la represión y la criminalización que representaba este sumario. El movimiento que se ha levantado contra la represión, la dispersión de los presos vascos, por la libertad inmediata de los jóvenes de Altsasu, contra el fraude del juicio del Procès o contra la justicia patriarcal que ofrece impunidad a los violadores, refleja que tenemos la fuerza para doblegar a nuestros adversarios.

Ninguno de los que nos manifestamos el 14 de septiembre nos creemos las acusaciones que conlleva el pacto, exactamente igual que el Estado tampoco se las cree. Se entiende que la amenaza de las penas de cárcel ha actuado como un brutal chantaje para que los 47 imputados hayan decidido aceptar el acuerdo—como ya ha ocurrido en casos anteriores— después de un calvario ininterrumpido de redadas y macro juicios que han llevado a prisión a cientos de militantes de la izquierda abertzale, de los movimientos sociales o de las organizaciones juveniles vascas.

Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que este acuerdo, objetivamente, contribuye a sentar un precedente que la reacción utilizará. Por una parte, la condena de los abogados de la izquierda abertzale como miembros de ETA, ayuda a proteger al aparato judicial español en  su continuada arbitrariedad, por la que incluso el alto Tribunal de Estrasburgo ya ha llamado la atención anteriormente en los casos Egunkaria y Bateragune.

En cuanto a que la forma en que se ha resuelto este juicio facilite una posible vía para el acercamiento del resto de los presos vascos, la cuestión sigue estando en el mismo punto: el aparato de Estado y la reacción no están dispuestos a ceder en un aspecto semejante por los intereses políticos y propagandísticos que obtienen de mantener las medidas de dispersión y venganza contra los presos vascos. El único camino en el que debemos confiar es en conectar la defensa de los derechos de los presos y su amnistía con la movilización de masas frente a las políticas de la derecha, sea nacionalista o españolista, y de una socialdemocracia plegada al sistema.

Las lecciones de la historia sirven también para entender que estrategia sirve a la causa y cual es una garantía asegurada para más fracasos y frustraciones.

El acuerdo más sangrante de la historia del Estado español con los presos políticos fue la ley de Amnistía del 77. La ley sacó a muchos presos de la izquierda y militantes antifranquistas de las cárceles, pero en la práctica los herederos del régimen franquista lo diseñaron como una ley de punto final, con un objetivo estratégico muy evidente: todos los crímenes de franquismo quedarían impunes, a la cabeza del aparato de Estado al que nos enfrentamos hoy seguirían estando los mismos funcionarios del régimen de Franco, y los dirigentes del PSOE y el PCE aceptarían las reglas de juego de ese régimen. Un año más tarde, hicieron campaña para votar a favor de la Constitución.

No hay duda de que en el escenario futuro el Estado no dará tregua con la represión. La inestabilidad y debilidad del régimen del 78 junto con una nueva crisis económica en el horizonte van a agudizar la polarización social, la movilización de la clase trabajadora y por lo tanto la reacción contra ella. Montajes con castigos ejemplarizantes que hemos visto con el caso de los jóvenes de Altsasu en 2016 o el de Alfon en 2012, no van a ser los últimos. En los últimos meses hemos asistido a una dura represión contra delegados de LAB en Nafarroa, la campaña en este verano contra los Ongi Etorris (recibimientos a los presos vascos) a la que se sumó el Gobierno Vasco, contra el “Ospa Eguna” en Altsasu, la represión policial que cubren los actos provocadores del bloque reaccionario de Vox, Ciudadanos y el PP, los juicios por desalojo de los gaztetxes...

El próximo periodo al que nos enfrentamos representa una gran oportunidad para levantar una alternativa auténticamente revolucionaria, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado e internacionalmente. Los planteamientos de las direcciones de la izquierda reformista están fracasando estrepitosamente ante la guerra declarada por parte de los grandes capitalistas a la clase trabajadora, que controlan con mano de hierro las instituciones de la democracia burguesa. Pretender lograr un capitalismo de rostro humano a través de los parlamentos y mediante la política de colaboración de clases, es una empresa falsa que debilita nuestra fuerza y refuerza a nuestros adversarios. Llegar a acuerdos con partidos de la supuesta “derecha progresista”, o aplicar políticas del mal menor de las instituciones, son las que precisamente alimentan a la reacción. Renunciar a la lucha en las calles para defender nuestros derechos es el error más grande que puede cometer la izquierda.

La burguesía vasca, española y francesa persigue un fin estratégico: que la izquierda combativa se rinda y que las direcciones sean quienes se encarguen de desmoralizar a la clase trabajadora en lucha. Por eso pretenden asimilar a las organizaciones de la izquierda dentro de los límites que ofrece la legalidad y el sistema capitalista, para que sea respetuosa con quienes tienen el poder y la propiedad de las grandes empresas y los grandes bancos. Y para ello usan el chantaje y la amenaza constantemente en las empresas y en las instituciones jurídicas y políticas.

En este escenario que se abre, la disolución de ETA en Euskal Herria es una cuestión positiva en el proceso de toma de conciencia de la clase trabajadora. Pero hay que sacar las conclusiones de este hecho, no para mirar hacia el modelo fracasado de la socialdemocracia, sino para levantar un programa basado en el marxismo revolucionario, en el internacionalismo y en la lucha de masas, que no se doblegue ante la represión.

¡Únete a Ezker Iraultzailea para construir esta alternativa!