La sentencia condenatoria que la Audiencia Nacional ejecutó la semana pasada por el caso Bateragune es un nuevo golpe contra los derechos democráticos en Euskal Herria. En esta ocasión, el Estado burgués condena a Arnaldo Otegi y a Rafa Díez de Usabiaga a diez años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cargo público acusados de ser dirigentes de ETA, y a Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto a ocho años de cárcel, acusados de pertenecer a la organización armada.
A la gravedad de la sentencia hay que añadirle la celeridad con que se ejecutó, pues a Otegi, a Arkaitz Rodríguez y a Miren Zabaleta se les comunicó en el calabozo, sin presencia de sus abogados y a Rafa Díez a través de una vista urgente que concluyó con el encarcelamiento.
Estos dirigentes de la izquierda abertzale, a los que se les acusa de dirigir y pertenecer a ETA, habían sido los promotores del documento de debate que, a la postre, llevó a la militancia de la izquierda abertzale a apostar por vías exclusivamente políticas. De hecho, Otegi, durante el juicio, llegó a declarar ante el tribunal que la estrategia militar de ETA “sobra y estorba”.
La sentencia del supremo viene a demostrar nuevamente que la justicia dictamina en base a los postulados políticos de la derecha y de aquellos que claudican ante ella, como han vuelto a hacer en este caso los responsables estatales del PSOE. De hecho ha sido la presión del fiscal la que ha llevado a Rafa Díez a la cárcel inmediata, a pesar de que todavía existe derecho a recurso y éste podía haber estado en libertad hasta que finalizara todo el proceso.
Esta nueva vulneración de los derechos democráticos, en la línea de todas las medidas judiciales de excepción que han cercenado en estos años las libertades democráticas con la excusa de la lucha antiterrorista, con el eslogan arbitrario de que todo es un montaje de ETA, intenta dinamitar el paso dado por la izquierda abertzale apostando por las vías políticas. Y muy probablemente esta seguirá siendo la estrategia de un futuro gobierno del PP tras las elecciones del 20N. La derecha quiere desviar la atención azuzando el problema nacional y apostando por la represión, en una época de ataques salvajes a las condiciones de vida y laborales de la clase trabajadora.
Los marxistas nos oponemos frontalmente a esta nueva sentencia y defendemos consecuentemente los derechos democráticos, porque gracias a ellos los trabajadores, la juventud, podemos expresarnos y actuar en mejores condiciones contra la opresión del estado capitalista. Como la experiencia ha demostrado, el recorte de estos derechos con la excusa de “luchar contra el terrorismo” se ha convertido, en la práctica, en un ariete contra la libertad de expresión, de huelga, de organización y manifestación, y es utilizada recurrentemente contra la izquierda combativa.
Desde la Corriente Marxista El Militante defendemos la inmediata absolución de Otegi, Rafa Díez y los condenados por el Caso Bateragune. Así mismo condenamos todos los juicios trampa y todas las medidas de excepción judicial como la doctrina Parot o la dispersión de los presos, las prácticas de torturas en comisarías y cuartelillos y la ilegalización de la izquierda abertzale.
En este sentido consideramos necesario que las organizaciones sindicales en Euskal Herria unan la lucha contra los recortes sociales a la lucha por los derechos democráticos, vinculando así a todos los sectores oprimidos de la sociedad. Los derechos democráticos de Euskal Herria y de las nacionalidades históricas del Estado español, como el derecho a la autodeterminación, sólo pueden verse satisfechos como parte de la lucha unida de la clase trabajadora por transformar la sociedad. En esta nueva época habrá grandes posibilidades para que esa lucha se lleve con éxito y por fin el pueblo vasco pueda realizar plenamente sus derechos democráticos.
Basta de represión contra los derechos democráticos
Libertad para los cinco del Caso Bateragune
No a la ley de partidos. Por el derecho de autodeterminación para Euskal Herria
