Una masiva manifestación recorre Bilbo en defensa de los derechos democráticos para los presos políticos vascos

Una marea humana recorrió las calles de Bilbao este sábado 12 de enero. Más de 115.000 personas, soportando una lluvia intensa, se manifestaron contundentemente a favor de los derechos de los presos políticos vascos y contra la política represiva y reaccionaria que el gobierno de la derecha del PP está llevando a cabo también en materia penitenciaria.

Y es que la política de represión y de recortes de derechos sociales y políticos que se está dando en todo el Estado de forma durísima, se refleja en el terreno de los derechos democráticos nacionales de manera especialmente violenta y despótica. Tras 15 meses desde que ETA anunciara el fin de las acciones armadas, el gobierno de la derecha no mueve ni un dedo a favor de los derechos nacionales, empezando por restituir la “legalidad democrática” en el trato hacia los presos. De hecho, una de las grandes demandas, como es que los presos sean trasladados en un primer momento a cárceles vascas, cerca de sus familias, tan sólo se ha hecho con 7 de los 606 presos.

Esta actitud despótica y vengativa entra en contradicción directa con lo que demanda y siente una parte muy importante de la población vasca, de miles de jóvenes y trabajadores. A pesar de la ausencia oficial del PNV, del PSE y hasta de IU, una de las manifestaciones más grandes que se recuerde advertía que los presos no están solos, sino que miles están dispuestos a movilizarse para cambiar su situación, así como para conquistar derechos democráticos que históricamente nos han sido negados en Euskal Herria

Una política represiva y cruel

Entre la gran cantidad de medidas represivas que se han tomado para ahogar los derechos democráticos de Euskal Herria, con la Ley de Partidos como la más destacada, la política penitenciaria impuesta por la burguesía española y francesa, con la colaboración activa de la burguesía vasca, ha sido una pieza primordial. Las sucesivas modificaciones del código penal, para ampliar y endurecer las penas a los presos muestran la violación de la legalidad democrática, que el propio Estado español dice defender.

Todo el entramado legal antidemocrático, no es más que el reflejo reaccionario del Estado capitalista sea español, francés o vasco, pues no olvidemos que la burguesía vasca ha colaborado en su sostenimiento, y continúa haciéndolo sin ningún problema. A la política de dispersión mantenida desde hace más de 20 años, se le suman otras aberraciones antidemocráticas como mantener en prisión a quienes han cumplido su condena; no liberar a los presos políticos gravemente enfermos; la desaparición de la libertad condicional o que apenas se aplique la libertad provisional; el aislamiento o el chantaje constante. Una vulneración especialmente grave de los derechos fundamentales de los presos vascos ha sido la aplicación de facto de la Cadena Perpetua a través de diferentes vías.

Política de la dispersión

La crueldad en el trato a los presos vascos es permanente, tanto dentro de las cárceles utilizando frecuentemente el aislamiento como castigo, como fuera, en los traslados arbitrarios y en los tratos que se producen durante los traslados. Es necesario resaltar que al Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas se le aplica una política especial. La base de dicha diferenciación se encuentra en el carácter político del Colectivo, aunque no se acepte oficialmente. Actualmente no existe una política penitenciaria semejante en Europa —a excepción del caso de Turquía—.

La estrategia de la dispersión de los presos vascos se inició a finales de la década de los 80 y fue diseñada, entre otros, por dirigentes del PSOE como Múgica Herzog y representantes de la burguesía vasca como Joseba Azkarraga (ex secretario general de EA y ex consejero de Justicia del gobierno PNV-EA, ahora consejero delegado de una constructora). El sufrimiento que provoca esta política de dispersión se ceba también contra las familias de los presos. Hasta ahora han sido 16 los familiares y amigos que han muerto en las carreteras al ir a visitar a los presos. Además de las personas fallecidas, se contabilizan un total de 267 accidentes de tráfico de familiares y allegados, como consecuencia de las cuales más de un centenar han resultado con heridas de cierta consideración. Además, las pérdidas materiales, económicas y consecuencias derivadas de ello en el ámbito laboral, son incalculable. El gasto medio de cada familia para poder garantizar la comunicación con el familiar preso es de alrededor ¡de 20.000 euros al año!

La lucha por la amnistía de los presos y la lucha por el socialismo

Como no puede ser de otra manera, la lucha por la liberación nacional y social de Euskal Herria, es decir, la lucha por el socialismo, tiene que ir totalmente unida a la lucha por los derechos de los presos y la lucha por la amnistía.

En primer lugar se deben cumplir todos los derechos de los presos que actualmente existen, como que los presos que hayan cumplido su condena salgan a la calle, que los que han cumplido las tres cuartas partes también, los enfermos graves e incurables igual, así como acabar con las situaciones de aislamiento y soledad y la inmediata derogación de la doctrina que posibilita la aplicación de la cadena perpetua, la doctrina Parot.

La burguesía española se opone a esto diciendo que es necesario reparar el sufrimiento de las “victimas”, señalando sólo a una parte de ellas. Obviamente desde el aparato del Estado y la derecha hay una larga tradición de ocultar sus responsabilidades cuando se producen conflictos políticos en los que la violencia armada juega un papel destacado. Ellos, que fueron los promotores del golpe fascista del 18 de julio de 1936 que acabó con la legalidad republicana votada en las urnas y que significó una guerra civil que se extendió durante tres años, no han pedido ningún perdón, y una amnistía les salvó a todos de pagar por los más de 250.000 asesinatos políticos que tuvieron lugar en la retaguardia franquista durante la guerra civil y en la “España” conquistada después de 1939, justificando la ejecución de decenas de miles de activistas, sindicalistas y militantes de la izquierda a manos de los piquetes falangistas y requetés; ellos, que decidieron el exterminio de localidades enteras como la de Guernica y formaron parte, de manera entusiasta, de los tribunales militares … ellos, no tienen la intención de pedir ningún perdón. Ellos forman parte de una clase, la de los ricos, los propietarios, los banqueros y los terratenientes, para los que la palabra democracia es solo un término que apoyar siempre y cuando sus privilegios e intereses se mantengan garantizados y a buen recaudo.

Por tanto no podemos confiar que esos vayan a dar pasos a favor de los derechos democráticos. Es necesario utilizar las posiciones políticas que se tienen en las diputaciones y en los ayuntamientos, en las organizaciones sociales y sindicales, para defender los derechos de los presos y continuar con manifestaciones masivas como la del sábado. Y para ganar a la gran mayoría de la población explotada de Euskal Herria a esta lucha, es fundamental levantar una política auténticamente socialista y de izquierdas, defendiendo que los mismos que nos quitan el trabajo son los que nos arrebatan nuestros derechos democráticos, uniendo la lucha por el socialismo, por la nacionalización de la gran banca y de los monopolios, a la lucha por todos los derechos democrático nacionales que el capitalismo nos niega una y otra vez.