La crisis del COVID-19 ha puesto en evidencia años de recortes sangrantes y privatizaciones en la sanidad pública y los servicios sociales por parte de los Gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid.
Por mucho que Ayuso, presidenta de la Comunidad, y Almeida, alcalde de la capital, intenten ocultarlo, Madrid se ha convertido en la zona cero de la pandemia y encabeza, con diferencia, la cifra de fallecidos, que asciende ya a casi 16.000, cerca de 6.000 de ellos en residencias de ancianos y personas dependientes. En cuanto a los contagiados, a pesar de que los datos del Ministerio de Sanidad hablan de más de 70.000, la cifras reales están ya muy por encima de los 100.000.
Está tragedia no es fruto de la casualidad, sino de un modelo político y económico que ha hecho de Madrid un paraíso del pelotazo inmobiliario, la explotación y la corrupción. La patronal lleva muchos años llenándose los bolsillos a costa del erario público y el hundimiento de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Y ahora presionan duramente para que la situación vuelva a la "normalidad".
Esos explotadores que se manifiestan pidiendo “libertad”
Un modelo del que se benefician esos mismos elementos que ahora se manifiestan en el barrio de Salamanca o en Aravaca, instigados y organizados por Vox y el PP, blandiendo las banderas rojigualdas y la parafernalia fascista habitual.
Díaz Ayuso trata de esconder su responsabilidad y la del PP en la mayor matanza que ha vivido la ciudad de Madrid desde la Guerra Civil. De ahí que movilicen a su base social, a esos parásitos que viven de la especulación inmobiliaria y de desahuciar a familias trabajadoras, que se enriquecen gracias a pagar salarios de hambre, que desconocen las listas de espera de la sanidad pública madrileña ya que poseen lujosos seguros de salud privados, que mandan a sus hijos a colegios de élite, o que no saben lo que es la masificación del transporte público ya que nunca lo han utilizado.
En el barrio de Salamanca o Aravaca la renta media es de 89.000 € según el INE, aunque realmente es muy superior, ya que dicha cantidad es el tope establecido por el INE a nivel estadístico. Sus vecinos se encuentran entre el 1% más rico de todo el Estado; entre el 50 y el 75% de sus rentas e ingresos son por patrimonio, no por salarios; y menos de un 0,5% depende de una prestación por desempleo.
Esta crisis ha puesto en evidencia que la salud y la supervivencia es una cuestión de clase, de ricos y pobres. En los barrios ricos, como el de Salamanca en Madrid, el impacto del COVID ha sido mucho menor tanto en contagios como en mortalidad. En primer lugar, porque el confinamiento efectivo ha sido mayor, ya que muchos de los vecinos de estos barrios viven de las rentas, de negocios, son altos funcionarios de la burocracia estatal y regional o pueden acogerse al teletrabajo sin mayor problema. Mientras en barrios obreros como Usera o Villaverde la movilidad ha sido superior al 20%, ya que muchos trabajadores han tenido que acudir a sus empleos en supermercados, industrias, transporte o en la sanidad, en zonas como el barrio de Salamanca la movilidad se ha reducido hasta el 11%.
Por otro lado, el acceso a una sanidad privada de élite les ha evitado tener que vivir la dramática situación de miles de familias trabajadoras, el hacinamiento en las salas de espera de los hospitales públicos y estar confinados en casas de 40 y 60 metros cuadrados.
Esta mugre social, animada por el PP y VOX, sale a las calles sin importarles las consecuencias, los contagios o los muertos. Reflejan a la perfección lo que piensan y opinan individuos como Díaz Ayuso, Almeida o Pablo Casado: por encima de salud están siempre los negocios.
El propio Casado ha exigido todo tipo de rebajas de impuestos a los empresarios y la puesta en marcha inmediata de la actividad comercial y hostelera de la capital que es mucha, y sostenida por una legión de trabajadores precarios. Pablo Casado como Ayuso nos sermonean con que “hay que convivir con el virus”, pero ellos lo harán viviendo en hoteles y casas de lujo, en sus trabajos de lujo y con sus salarios de lujo.
Ninguna medida para afrontar la desescalada mejorando el sistema sanitario público.
La Comunidad de Madrid, fruto de los recortes y la privatización que ha sufrido el sistema sanitario público, ni estaba preparada para afrontar la pandemia, ni esta ahora preparada para la desescalada. Las cifras lo ponen en evidencia: 1.172 camas hospitalarias menos entre 2008 y 2018 en los 5 principales hospitales de la CAM; 2.264 trabajadores sanitarios menos; y 773.878 personas en listas de espera, de las cuales 217.293, el 28%, tienen que esperar por encima de 90 días.
Los centros de atención primaria tuvieron que ser cerrados durante la pandemia de cara a poder montar el hospital de IFEMA, y a día de hoy por lo menos el 70 por ciento de dichos centros sigue sin funcionar. Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) siguen igualmente cerrados desde el 22 de marzo, sin que haya urgencias de noche, fines de semana y festivos. Además, en torno a 15.000 sanitarios de la región se han visto contagiados por el coronavirus, y muchos se encuentran agotados tras dos meses de intenso trabajo. Se sigue sin garantizar la continuidad de aquellos que fueron contratados durante la pandemia, con contratos temporales de uno o tres meses, y se ha llegado a un acuerdo con Infojobs para que se encarguen de la selección de personal y profundizar aún más en la temporalidad y precariedad del personal sanitario.1
¿Cómo se puede decir que la Comunidad está preparada con estos datos? Esta realidad muestra la penosa situación de la sanidad pública madrileña, y como un rebrote podría implicar una nueva masacre, por supuesto, fundamentalmente entre las y los trabajadores.
El PP y sus aliados, Vox y Ciudadanos, se niegan en rotundo a incrementar los recursos para la sanidad pública, proteger a los trabajadores sanitarios, hacer test masivos, o contratar miles de médicos, enfermeras y enfermeros, celadores o personal de limpieza que son absolutamente necesarios. Hacer eso va en contra de toda su estrategia global, significaría atender las necesidades de los barrios obreros y dejar de utilizar los recursos públicos para engordar los negocios de la sanidad privada y de las multinacionales que han tomado el control sobre los servicios e infraestructuras imprescindibles para que funcione la sanidad y los servicios sociales.
Lucro y muerte en las residencias de mayores de Madrid
El mejor ejemplo de ello han sido las residencias de mayores y dependientes en la CAM, donde han fallecido más del 10% de los usuarios.
Un sector completamente privatizado y orientado al lucro, a costa de pagar salarios precarios y mantener a nuestros mayores en la indigencia. En Madrid solo 25 de 426 residencias de mayores son públicas, el resto son privadas y concertadas, bajo el control de grandes empresas, constructoras y fondos de inversión. (Más información en Residencias de mayores en Madrid: El lucro privado y los recortes del PP provocan una hecatombe)
Un buen ejemplo es Clece, filial de ACS, de Florentino Pérez, ejemplo acabado de empresario del pelotazo urbanístico, que controla 61 residencias, y que ahora tiene la cara dura de pedir a las administraciones públicas compensaciones por valor de 7,2 millones de euros por los gastos extraordinarios durante la crisis del COVID-19 en los centros de mayores que gestiona. ¿Quiere que se le compense por dejar morir a miles de ancianos? ¿Por la falta de medidas para evitar esta masacre? ¿Por haber conseguido que se contagien más del 40% de sus trabajadores?
Familias y trabajadores ya se están organizando y han presentado una querella contra la CAM y Díaz Ayuso. Esta última llegó a reconocer en una entrevista al diario El Mundo, que negaron la hospitalización a muchos mayores enfermos de coronavirus ya que si “te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí”2 . Este es el rasero moral de la derecha y la extrema derecha. A pesar de todo esto, la Fiscal General del Estado Dolores Delgado sigue negándose a actuar contra los empresarios y los dirigentes del PP responsables de la mayor matanza de mayores de nuestra historia.
A la derecha hay que combatirla, no proponerles acuerdos.
La derecha está envalentonada y seguirá a la ofensiva si no la paramos en seco. Pero eso exige confrontar tanto con el Gobierno de la CAM como con aquellos que salen a manifestarse en su apoyo.
La derecha y la extrema derecha agita y agitará las calles con un único objetivo, garantizar sus privilegios y prebendas y desgastar lo máximo posible al Gobierno PSOE – UP. Ya están contando para ello con el aparato represivo del Estado, plagado de fascistas, franquistas y reaccionarios, tal y como hemos comprobado durante estas protestas.
Mientras las multas y las intervenciones policiales han alcanzado cifras record durante el confinamiento en barrios obreros como Puente de Vallecas, la policía nacional actúa con guante de seda en el barrio de Salamanca, permitiendo a estos reaccionarios tomar la calle entre abrazos y guiños cómplices.
Tratar de llegar a acuerdos con estos elementos, como ha planteado el portavoz del PSOE en Madrid Ángel Gabilondo, resulta lamentable y políticamente es un grave error. También lo son los gestos y discursos de la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre, alabando la gestión de Almeida y brindándole todo su apoyo. Creerán que así los pueden amansar, o hacer más creíble sus llamados a la "unidad nacional". Pero sólo cosecharan más desprecio y arrogancia desde las filas de la reacción.
No, con esta política sólo se desarma a la izquierda y se asfalta el avance de Vox y del PP. Lo que necesitamos es echar a Ayuso del Gobierno de la CAM y revertir todos sus recortes y chanchullos, garantizando una sanidad y una educación 100% públicas y de calidad, y unos servicios sociales que acaben con el hambre y la miseria.
Si la CAM no es capaz de garantizar una sanidad pública de calidad que haga frente a la pandemia o que los alimentos y los servicios básicos cubran a todas las y los madrileños, el Gobierno del PSOE-UP debe intervenir y poner encima recursos y medios, que los hay, para hacerlo. Esta es la mejor de contestar a todos esos reaccionarios que están saliendo a la calle, y de ganarse el apoyo activo de esa inmensa mayoría que se enfrenta al paro, la incertidumbre y el hambre.
La Vicepresidencia Social de Pablo Iglesias debe actuar ya, y combatir a VOX y al PP no solo con palabras sino con hechos.
¡No a la unidad nacional! ¡Solo el pueblo salva al pueblo!
Si la sociedad ha seguido funcionando no ha sido por los pijos y fascistas del barrio de Salamanca o Aravaca, sino por el esfuerzo y el riesgo asumido por los cientos de miles de trabajadores que han seguido acudiendo a prestar servicios esenciales: desde trabajadoras de supermercados, limpiadoras y enfermeras, hasta trabajadores de la industria y del transporte, o miles de jornaleros que ahora VOX pide excepcionalmente contratar, aunque sean inmigrantes, para garantizar que los suyos sigan teniendo comida en sus neveras. Sin nosotros estos parásitos no sobrevivirían.
Basándose en esto, en la fuerza de la clase trabajadora, el Gobierno del PSOE-UP tiene la oportunidad de marcar la diferencia, pero solo rectificando su actual política, y dejando de hacer constantes llamamientos a la unidad con el PP. La unidad con estos reaccionarios del barrio de Salamanca ni es posible ni la queremos.
La política de desescalada debe atender únicamente a criterios sanitarios, cosa que no está ocurriendo, y deben rechazarse las más que evidentes presiones patronales para abrir ya la economía a cualquier coste.
El Gobierno, y especialmente UP, deben reflexionar y rectificar. Necesitamos un escudo social, pero eso pasa por una política que confronte con el IBEX 35 y los capitalistas.
En este momento millones de personas están siendo arrojadas a la miseria y al hambre, se enfrentan al desempleo y la incertidumbre, o no pueden pagar sus alquileres. Hemos visto como el Gobierno ha movilizado miles de millones de euros para los bancos y grandes empresarios, y una ínfima parte para la clase trabajadora. Hay que rectificar esto urgentemente. Necesitamos una política que resuelva de verdad los problemas que padecemos en los barrios obreros. No hacerlo permitirá a la derecha y la extrema derecha ampliar su apoyo e influencia. ¡Es la hora de los hechos!
