La primera oleada de la Covid-19 puso de manifiesto las enormes carencias de servicios públicos básicos e indispensables. Las consecuencias de los recortes y privatizaciones llevados a cabo durante décadas provocaron una verdadera matanza en las residencias de ancianos, principal foco de muerte de personas mayores.
Ahora, cuando la segunda oleada de la pandemia amenaza con volver a repetir este mismo drama, usuarios, familiares y trabajadores de residencias se han levantado para denunciar su situación. El 26 de septiembre la Marea de Residencias sacó a miles de personas a las calles de Madrid y de otras 18 ciudades del Estado español. En estas protestas exigían una ley para las residencias de mayores y medidas para evitar un nuevo desastre.
Marea de Residencias —formada no solo por familiares de personas mayores residentes sino también por trabajadores y trabajadoras de residencias— ya venía denunciando la situación antes del estallido de la pandemia. En noviembre de 2019 hacían público un manifiesto1 en el que exponían la absoluta precariedad y falta de recursos que aquejaba el sistema de residencias en todo el Estado. Por desgracia, la situación atravesada en los últimos meses les ha dado la razón de una forma desgarradora.
Covid y un sistema de residencias privatizado: un infierno en la tierra que no se puede repetir
La situación sufrida por los ancianos en las Residencias de Mayores fue de abandono completo por parte de las autoridades de las CCAA y del Gobierno. En algunas comunidades como la de Madrid —siguiendo las directrices del protocolo establecido por Isabel Díaz Ayuso— se condenó a muerte directamente a miles, al no derivar a los mayores contagiados a los hospitales.
Entre marzo y mayo de 2020 las personas fallecidas en residencias —entre 27.000 y 33.000, según datos del Gobierno— equivaldrían a un 69% del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. De estas, el 44% murió en la residencia sin ser derivado al hospital, según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica2. Una verdadera masacre. Las residencias se convirtieron en la zona cero de la pandemia. Muchas de las personas fallecidas lo hicieron solas y aisladas sin que sus familiares pudieran acompañarles ni despedirse, hasta el punto de que, en algunos casos, se las encontró ya sin vida en sus habitaciones al cabo de varias horas o incluso días.
Todo esto fue denunciado a los tribunales por partidos, sindicatos y Marea de Residencias el pasado mayo con la interposición de una querella criminal —por el delito de denegación de auxilio— contra Díaz Ayuso, Ruiz-Escudero y los directores de diez residencias del municipio de Madrid. Pero a fecha de hoy la situación de las residencias no ha cambiado en lo más mínimo.
Un informe demoledor de Médicos Sin Fronteras3 enumera las dramáticas situaciones que sufrieron los internos: sin contacto con sus familiares y en algunas ocasiones encerrados bajo llave en sus habitaciones lo que les aisló no solo física sino también socialmente. Hay que tener en cuenta que son personas muy vulnerables, con muchas patologías y tienen que estar continuamente atendidas por personal cualificado. Haberles mantenido aislados supuso un agravamiento de sus enfermedades y en algunos casos, la muerte. Los enormes esfuerzos de los y las trabajadoras por cuidarlos no fue suficiente para evitarlo.
Lo cierto es que la degradación de las residencias no solo afecta a sus usuarios, sino también a los propios trabajadores. El personal con experiencia es escaso y con unas condiciones laborales muy precarias, que sufren unas trabajadoras en su mayoría migrantes. Ellas también se contagiaron debido a la desprotección a la que se tuvieron que enfrentarse, sin el material necesario. Las residencias no contaban con los recursos sanitarios ni asistenciales para hacer frente a esta situación lo que se tradujo en duras medidas de aislamiento de los mayores: una situación generalizada de caos y sufrimiento que podía haberse evitado.
Basta de hacer negocio con las vidas de nuestros mayores. ¡Las privatizaciones matan!
“Exigimos al Estado rigor y medios para estas residencias de personas mayores”, declaró a finales de marzo Cinta Pascual, presidenta de la patronal mayoritaria de la Dependencia, CEAPs. Unas declaraciones que son una verdadera vergüenza. Poner medios en las residencias de mayores para su cuidado es para lo que se les paga ingentes cantidades de dinero con las que engrosan sus cuentas bancarias empresarias como esta.
Y es que la explicación de esta matanza radica precisamente en que durante décadas las residencias se han convertido en un nicho de negocio en el que el sector privado se ha hecho de oro, acaparando este servicio bajo un único criterio: hacer el mayor negocio posible.
El modelo actual de residencias en el Estado español tiene más en cuenta la rentabilidad de determinadas empresas o fondos de inversión que garantizar que se cubran las necesidades sociales y sanitarias de las personas mayores. Los contratos que las empresas negocian directamente con las administraciones no cuentan con los sindicatos. Esto tiene consecuencias evidentes: ratios de personal de atención a los mayores bajísimo, tal y como denuncia el sindicato CGT, que ha pedido que los sindicatos estén presentes en la negociación de los contratos. Unas ratios que, según UGT, ni siquiera se cumplen porque en la mayoría de los centros se cuenta a trabajadores de limpieza y cocina como personal de asistencia a residentes.
Se trata de un inmenso negocio privado que se nutre de las arcas del Estado. En concreto, el 84,8% de todas las plazas están gestionadas por empresas privadas como DomusVi, líder del sector y que gestiona 140 residencias con 20.000 camas. En las residencias DomusVi es donde más ancianos han fallecido durante los meses críticos de la pandemia. Además, hay que señalar que de los 4.500 millones de euros de facturación del sector en 2018 —un 3,4% más que en 2017—, el 41% (1.370 millones) procedían de la gestión de plazas concertadas y otros 475 millones, de la gestión de plazas públicas. El resto, 2.655 millones, se obtuvo de la gestión de plazas privadas puras, que los usuarios pagan íntegramente de su bolsillo ante la ausencia de un sistema público con plazas suficientes y en condiciones.
Y este negocio seguirá creciendo si no se reduce el déficit de plazas públicas, algo que no parece que esté en los planes de las CCAA y del Gobierno. Prefieren dar el negocio a las empresas. Una vez más, traspaso de recursos públicos a empresas privadas.
La historia habría sido completamente distinta si estas cantidades ingentes de dinero recibidas por estos “emprendedores” hubieran ido a fortalecer un sistema 100% público de residencias en vez de para hacer negocio. Si estos recursos hubieran sido dedicados a dotar a las residencias de medios materiales, humanos y sanitarios decenas de miles de ancianos no habrían fallecido ni habrían sufrido una situación horrible en sus últimos días.
¡Por unas residencias 100% públicas!
Ahora estamos ante una segunda ola de la Covid-19. Desde el mes de junio expertos en salud han estado advirtiendo de lo que podría volver a ocurrir, pero prácticamente ninguna de las recomendaciones, incluidas las que hace Médicos sin Fronteras en su informe, se han tenido en cuenta durante estos meses, y nuevamente se extienden los contagios y las muertes en las residencias.
Exigimos un modelo de residencias de mayores 100% publicas y de calidad y que se deje de apostar por las residencias privadas o semiprivadas. La pandemia ha puesto en evidencia cuáles son las consecuencias de este modelo de negocio donde lo único que importa es el lucro de unos pocos. La presidenta de la CEAPs, Cinta Pascual, afirma que “los ratio de atención están bajos, pero están en función del importe económico de los conciertos y es insuficiente”. Es decir, sigue reclamando más dinero. Toda una declaración de intenciones.
La nuestra, la de los que hemos pagado las consecuencias con el fallecimiento de nuestros seres queridos, también es clara: le decimos al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos que la única medida posible para poner fin a esta catástrofe es tomar el control de todas las residencias, dotarlas de los medios sanitarios y humanos suficientes para poder atender en condiciones dignas a los residentes. Sí hay recursos, pero tienen que ponerse a disposición de quienes más lo necesitan, y no de banqueros y grandes multinacionales como está ocurriendo.
Es necesario nacionalizar todo el sector, todas las residencias privadas y concertadas, y los servicios asociados, y dotar a los centros públicos de los medios y recursos necesarios, con un personal con condiciones laborales y salariales dignas. Como se grita en los barrios de Madrid frente a los ambulatorios, como hemos defendido en la Marea Blanca y en tantas movilizaciones: ¡La lucha es el único camino!
1. Plataforma digital de la Marea de Residencias
2.Informe sobre la situación de COVID-19 en España
3.El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España
