El régimen del 78 nació de un indulto general a la dictadura franquista, y ha seguido indultando y amnistiando a los suyos
El anuncio por parte de Pedro Sánchez de la concesión de indultos a los 12 presos políticos del procés se ha encontrado con la reacción furibunda del aparto del Estado, del PP y Vox y, por supuesto, de la caverna mediática. Una crítica a la que rápidamente se ha unido esa vieja guardia podrida del PSOE que organizó el terrorismo de Estado de los GAL y que se hizo multimillonaria tras los servicios prestados al régimen del 78.
La decisión de Pedro Sánchez no puede desligarse de los acontecimientos de los últimos meses. El hundimiento electoral de Ciudadanos, y por tanto su desaparición como una opción con la que pactar en el Parlamento, no deja otra salida al aparato del PSOE que consolidar la alianza con UP y con los partidos del bloque de investidura. Para hacerlo es necesario reconducir la crisis catalana lo más definitivamente posible, contando para ello tanto con la colaboración de ERC como de Junts per Catalunya. El objetivo es cerrar un capítulo que se ha convertido en una auténtica pesadilla para la clase dominante tanto española como catalana.
Guante de seda con golpistas y torturadores
Hay que recordar que el régimen del 78 nació de una amnistía general que dejó impunes los crímenes del franquismo. Y si algo se ha vuelto a poner en evidencia con el debate actual, es el grado de impunidad que disfrutaron, disfrutan y disfrutarán todos aquellos que sirven y apuntalan a un aparato del Estado heredado de la dictadura que nunca fue depurado de represores y torturadores.
Estas son las cifras. Desde la muerte de Franco se han concedido más de 20.000 indultos, 5.944 durante los Gobiernos de Felipe González, incluyendo a los golpistas del 23-F, y 5.948 por parte de los Gobiernos de Aznar, incluyendo a los condenados por el terrorismo de Estado de los GAL.
El mejor ejemplo de este doble rasero es la mano ancha, anchísima, respecto a los delitos cometidos por las fuerzas represivas del Estado, ya sean militares, policías o guardias civiles. Al fin y al cabo, ¡hay que proteger a los que protegen nuestros privilegios! dirían Vox, Aznar, Felipe González o los magistrados del Tribunal Supremo.
De ahí que el primero en salir a la palestra contra los indultos a los presos catalanes haya sido el propio Tribunal Supremo (TS), que los ha definido como “una solución inaceptable”. Esta oposición frontal contrasta con el posicionamiento del alto tribunal en otros casos, como el de los militares golpistas del 23-F. El General Armada, cerebro del golpe según la propia sentencia del TS, y condenado a casi 27 años de prisión, resultó indultado con un informe favorable del TS aprobado por unanimidad. Cumplió menos de 6 años de reclusión, menos de un cuarto de su condena.
En el caso de Tejero, que siempre reivindicó su ideología fascista y la legitimidad del golpe, el TS recomendó el indulto solicitado en su nombre por la Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, por razones “extrajurídicas” y “de conveniencia pública” para contribuir “al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado”. Entre los argumentos favorables al indulto, el TS señalaba “que ha sido frecuente y periódico donador de sangre” poniendo de relieve también sus “producciones artísticas, en relación con la obra pictórica de 300 lienzos". El Gobierno en este caso no se lo concedió.
Un informe de la fundación Euskal Memoria de hace una década señalaba que de 62 agentes condenados por torturas contra ciudadanos vascos, más de la mitad (36), habían terminado siendo indultados. Además, muchos de estos agentes, a pesar de haber sido inhabilitados, fueron reasignados a nuevos puestos. Un buen ejemplo es el de Manuel Sánchez Corbí, jefe de Operaciones Antiterroristas de la Guardia Civil entre 1987 y 2013, y condenado a 4 años de prisión por torturas en 1997 (luego rebajada a 1 año por el TS). No llegó a pisar la prisión, ni a ser apartado de sus cargos, al ser indultado por el Gobierno de Aznar. Posteriormente fue ascendido a jefe de la UCO hasta el año 2018.
Cuando Felipe González y el PSOE exigían indultos para los cabecillas de los GAL
Sin duda, una de las situaciones más surrealistas vividas estos días con la campaña vomitiva de la reacción, ha sido escuchar a José Barrionuevo y Rafael Vera pronunciarse contra la concesión de los indultos. Ambos fueron condenados a 10 años de prisión por organizar y financiar el terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) desde sus puestos como número 1 y número 2 del Ministerio del Interior respectivamente. Los GAL cometieron 27 asesinatos políticos contra miembros y simpatizantes de ETA, refugiados y también contra ciudadanos vascos sin adscripción política, entre 1983 y 1897.
Barrionuevo y Vera solo cumplieron 3 meses de reclusión al ser indultados en tiempo record por el Gobierno de Aznar, de nuevo con el criterio favorable del TS. En esos meses la plana mayor del PSOE, empezando por su secretario general Joaquín Almunia[1], su portavoz Alfredo Pérez Rubalcaba, así como Felipe González o Alfonso Guerra, clamaron por su libertad exigiendo un indulto total y criticando al Gobierno de Aznar por conceder solo el indulto parcial. Otro que acudió a las puertas de la cárcel para exigir la libertad de estos criminales fue Emiliano García Paje, en ese momento Consejero en el Gobierno de Castilla La Mancha.
También fueron indultados junto a Barrionuevo y Vera otros tres altos cargos condenados como cabecillas de los GAL: el ex secretario general del PSE de Bizkaia, Ricardo García Damborenea, el ex gobernador civil, Julián Sancristóbal, y el ex jefe superior de la Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo.
Pero no solo se reserva este trato exquisito de la justicia a golpistas, torturadores o terroristas de Estado. Desde 1996 se han concedido 227 indultos a condenados por corrupción, la mayoría, 150, por parte de Gobiernos del PP, y los otros 62 por Gobiernos del PSOE. Algunos ejemplos notorios fueron los indultos parciales por el caso Filesa, los indultos a los condenados por las identificaciones falsas en el caso del accidente del Yak 42, o el indulto al Consejero Delegado del Banco Santander Alfredo Saenz. Y, por supuesto, esta el indulto de facto concedido al rey emérito, que ni siquiera, al igual que su hijo, puede ser sentados en un banquillo al gozar tanto legal como extralegalmente de completa impunidad.
¡La reacción y el poder judicial a la ofensiva!
Como siempre hemos explicado los marxistas, el aparato del Estado es una maquinaria al servicio de los intereses de la clase dominante, y un instrumento para reprimir cualquier lucha o movilización social que los ponga en cuestión.
El levantamiento de masas vivido en Catalunya hace cuatro años puso en evidencia la impotencia del aparato del Estado, incapaz de frenar la celebración de un referéndum por la república catalana en el que participaron más de dos millones de personas y que desembocó en una crisis revolucionaria. La reacción represiva y españolista posterior, fue proporcional al miedo y al vértigo que sintieron los capitalistas españoles, catalanes y todos sus servidores políticos.
Pedro Sánchez y el aparato del PSOE nunca ha dejado de justificar la represión generalizada contra el movimiento independentista: apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución que suprimió de facto la autonomía catalana; jamás cuestionaron el encarcelamiento y las condenas de los activistas y dirigentes independentistas, y no vacilaron en envolverse en la bandera rojigualda junto a la derecha. Tras conocerse la sentencia del procés, y a un mes de las elecciones de noviembre de 2019, Sánchez señaló que “como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento [de las penas]”.
Ahora, tras el hundimiento definitivo de Ciudadanos, y ante la necesidad de contar con el bloque de investidura (ERC y Junts) de cara a poder agotar la legislatura, ha dado un giro de 180 grados. Sin embargo, ni el PP, ni gran parte del aparato del Estado, comenzando por la propia judicatura, van a dar tregua al Gobierno de Sánchez en este punto. El hecho de que se estén planteando modificar el delito de sedición en el código penal para impedir que el TS pueda poner pegas a los indultos, es un claro ejemplo al respecto. Aquí se ve como ese supuesto poder judicial independiente, tan alabado por los dirigentes socialdemócratas, sirve sin fisuras a la reacción.
Amnistía y derogación de las leyes de excepción
En este contexto, Unidas Podemos se ha congratulado del cambio de criterio de Pedro Sánchez y el PSOE, señalando los indultos como una de las vías para comenzar a solucionar el llamado “conflicto catalán”.
Pero estos indultos, además de parciales, no resuelven nada para las casi 3.000 personas con causas pendientes, ni tampoco ponen en cuestión lo que ha sido una auténtica causa general contra el movimiento de liberación nacional de Catalunya. El propio Pablo Iglesias así lo reconocía en 2019 cuando señalaba que “el indulto no cuestiona los hechos juzgados, sino que el Gobierno entiende que por razones de concordia e interés general puede ser bueno ponerles en libertad.” ¡Ese es el problema! ¡Se legitima la represión del Estado, los juicios farsa y el atropello de los derechos democráticos!
Los presos políticos son eso, ¡presos políticos! No se puede jugar al escondite con esta realidad. Desde Izquierda Revolucionaria denunciamos todas estas maniobras que ocultan la violencia ejercida contra el pueblo de Catalunya, de Euskal Herria, contra los activistas y militantes combativos de la izquierda política y sindical, y exigimos la amnistía total para todos los presos políticos, la derogación de las leyes de excepción comenzando por la Ley Mordaza, y la depuración de un aparato del Estado plagado de franquistas y reaccionarios comenzando por el TS.
La deriva autoritaria del Estado no ha dejado de profundizarse, incluso con el llamado Gobierno más progresista de la historia. La causa general contra el movimiento independentista catalán es una seria advertencia, pero esa misma deriva represiva la vemos día tras día contra la PAH, en conflictos laborales y huelgas, o contra el movimiento feminista.
La clase dominante y el aparato del Estado se preparan para una intensa lucha de clases y para choques aún más virulentos. Afilan todas sus herramientas legales e incrementan la represión contra todas y todos los que luchamos. Y lo hacen contando con la colaboración activa de los dirigentes de la socialdemocracia tradicional y de la 2.0. La tarea de los revolucionarios no es esperar tiempos mejores, lamentarnos por las esquinas, o huir antes las dificultades, sino responder consecuentemente con una organización más conciente y una movilización más contundente. ¡Solo así tumbaremos el régimen del 78!
[1] Felipe González: "Queremos a Barrionuevo y Vera en libertad, ya"
