Los beneficios empresariales se disparan, pero la población se empobrece
En apenas un mes el discurso triunfalista con el que Pedro Sánchez abrió el curso político ha saltado por los aires. Lejos de “liderar las tasas de crecimiento económico europeo este año y el que viene”, como presumía hace unas semanas ante un grupo de grandes inversores norteamericanos, la revisión de los datos de la Contabilidad Nacional del segundo trimestre del año rebaja drásticamente el crecimiento económico y empeora las previsiones.
La clase trabajadora ya lo está sufriendo en carne propia. La subida desorbitada del precio de la electricidad provoca alzas generalizadas en todo tipo de productos básicos, especialmente en alimentación. La inflación ha escalado de golpe hasta una tasa interanual del 4%, anulando la ridícula limosna de 15 euros en el SMI, que el gobierno, y sobre todo la vicepresidenta Yolanda Díaz, pregonaban como una gran conquista social.
A medida que se acerca el invierno, y las alzas constantes de los precios del gas, el petróleo, de otras materias primas y de los derechos de emisión de CO2 se trasladen a la electricidad y a otros productos básicos, la situación de muchas familias de la clase trabajadora va a ser cada vez más difícil.
Además de soportar una especulación de la vivienda que dispara los alquileres, y de sufrir las consecuencias del deterioro continuado de los servicios públicos más básicos – sanidad, educación, cuidado de niños y mayores -, llenar la cesta de la compra va a ser cada día un poco más difícil. Los cerca de 2 millones de personas que a principios de año tenían que recurrir a la ayuda alimentaria proporcionada por ONGs van a ser muchos más ante la pasividad del Gobierno.
Los beneficios empresariales se disparan, mientras la inversión productiva se estanca
La clase obrera y la juventud sufren la devastación, pero los beneficios empresariales baten récords dejando en evidencia la palabrería del gobierno sobre la diferencia entre la recuperación que siguió a la crisis de 2007-8 y el momento actual.
Unidas Podemos y sus ministros se han precipitado a anunciar a bombo y platillo que estamos viviendo una “recuperación justa”, que se está trasladando “a los salarios, al empleo de nuestros jóvenes –con más oportunidades- y también a unas jubilaciones dignas para nuestros mayores”. La realidad desmiente esas falsa ilusiones y demuestra con toda crudeza que está ocurriendo exactamente todo lo contrario.
El resultado bruto de explotación de las empresas cotizadas ha crecido en el primer semestre del año un 230%, alrededor de 145 veces más de lo que ha subido el SMI. La reducción de beneficios empresariales a causa de la pandemia de 2020 fue de un 25% para las empresas cotizadas y de un 11,6% para el conjunto del sector privado. Solo en este primer trimestre las empresas han recuperado todo lo que habían dejado de ganar y, de propina, cuatro veces más.
Estos datos son la mejor demostración de quién es el auténtico beneficiario de las políticas del gobierno del PSOE y UP. La pasividad con la que el gobierno afronta la injustificada escalada de precios promovida por el oligopolio eléctrico que, aprovechando la subida del gas, sube en la misma proporción el precio de la energía hidroeléctrica y eólica, aunque sus costes de producción permanezcan estables, es solo una muestra de las facilidades otorgadas a los capitalistas para que engorden aún más sus cuentas de beneficios.
Bajo la retórica de la “unidad nacional” y el “diálogo social”, imponiendo con la inestimable ayuda de los dirigentes de CCOO y UGT la paz social y la tranquilidad en las calles a toda costa, intentando ahogar cualquier chispazo de protesta con limosnas como el Ingreso Mínimo Vital o la miserable subida del SMI, el gobierno aplica la agenda de la CEOE y del IBEX 35.
Un buen ejemplo de esto es el flamante acuerdo sobre “regulación” de los alquileres. De nuevo campanas al vuelo sin proporción alguna con los términos del acuerdo. De todo lo anunciado lo único mínimamente concreto son las bonificaciones fiscales a los propietarios de viviendas – que podrán llegar hasta el 90% - y la ayuda de 250 euros a jóvenes trabajadores de 18 a 35 años que perciban salarios inferiores a 23.725,8 euros al año, es decir, de menos de 1.435 euros netos al mes, y que vivan de alquiler. Este tipo de ayuda ya se aplicó en el pasado, y su resultado fue que los alquileres subieron en la misma cuantía que las ayudas.
El resto de las medidas no son más que buenas palabras. Los topes al alquiler para grandes propietarios o la penalización de viviendas vacías dependen de tantos condicionantes – definición de “área tensionada”, definición de lo que es una vivienda vacía “sin justificación”, etc. - que es más que dudoso que algún día lleguen a aplicarse.
La única medida que de verdad pondría fin a la orgía especulativa de los alquileres sería la construcción de un parque de cientos de miles de viviendas públicas, con alquileres asequibles y proporcionales al salario de los inquilinos. Pero de esto no se dice en el acuerdo ni una solo palabra, ya que afectaría directamente a los sacrosantos intereses de la banca, las inmobiliarias y los fondos buitre.
La justificación habitual con la que los reformistas de todo tipo – los de siempre, como el PSOE, y los de nuevo cuño, como Unidas Podemos – defienden sus políticas capitalistas es que los beneficios de los empresarios se convierten en inversión y nuevos puestos de trabajo, y al final la clase trabajadora saldrá beneficiada.
De nuevo, nada más lejos de la realidad. La subida récord de las ganancias ha venido acompañada de una caída de la inversión empresarial del 3,1% y una reducción del empleo del 0,9%
Con la inversión productiva bajo mínimos, sin mejorar el aparato productivo, la espectacular subida de los beneficios ha salido de unos mayores niveles de explotación y un incremento de la pobreza de la gran mayoría de la población.
Esperando las ayudas europeas, y preparándose para que paguemos su precio
La recepción de los primeros 9.000 millones de euros del Plan Europeo de Recuperación y la perspectiva de recibir 131.000 millones de euros más están actuando como un sólido estímulo para reforzar la “unidad nacional”.
El cierre de filas de la CEOE con el Gobierno es completo. Las patronales del sector energético, automovilístico, inmobiliario y de la construcción esperan con ansia la prometida lluvia de millones para sus sectores, que les permitirá acumular beneficios gigantescos sin arriesgar un solo euro.
Pero el Plan Europeo no es dinero caído del cielo. Para empezar, la mitad de esa ayuda, 70.000 millones, se realiza en forma de créditos que, antes o después, habrá que devolver. Además, la burguesía europea impone que a cambio de la ayuda se ejecuten una serie de contrarreformas legales que perjudicarán a la clase trabajadora.
La más relevante de esas contrarreformas es la que afecta a las pensiones. Detrás de la retórica gubernamental se está preparando un hachazo al importe de las futuras pensiones. Las escandalosas declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre la necesidad de un “cambio cultural” para trabajar más entre los 55 y los 75 años, no son una simple metedura de pata. En realidad, revelan la intención oculta tras el famoso “factor de equidad intergeneracional” que determinará la cuantía de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras que se jubilen en los próximos años.
Como ya lo indican las penalizaciones por anticipar la jubilación, que pueden llegar hasta un 30% en caso de trabajadores despedidos a los 60 años y que ya no encuentran otro puesto de trabajo, la estrategia del gobierno es ir atrasando en la práctica la edad en la que puede alcanzarse el 100% de la pensión que correspondería de acuerdo a los años de cotización, para así poder aplicar penalizaciones y descuentos que mantengan la cuantía de las pensiones en los límites acordados con la Unión Europea.
Aunque haya cambiado la terminología, el “factor de equidad intergeneracional” tiene el mismo objetivo que el “factor de sostenibilidad” que era una pieza clave en la contrarreforma de las pensiones aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. Como demostró el debate parlamentario sobre las pensiones de finales de septiembre, la política de pensiones de este gobierno continua, sin cambios significativos, las contrarreformas del PP.
¡Hay que exigir la nacionalización de las compañías eléctricas, ya!
Los hechos demuestran que poco podemos esperar de este Gobierno casi dos años después de haberse constituido. Unidas Podemos, dando la espalda a sus votantes, ha optado por convertirse en la coartada de izquierda del PSOE, blanqueando la política de la socialdemocracia con campañas de propaganda constantes y totalmente alejadas de la realidad.
Si se acepta la lógica del sistema estas son las consecuencias. A la clase trabajadora solo nos queda una opción para frenar esta ofensiva empresarial que tan gravemente amenaza nuestras condiciones de vida: organizarnos, movilizarnos, salir a las calles e imponer al gobierno las medidas necesarias para revertir esta situación.
La primera y más urgente de esas medidas es la nacionalización de todo el sector eléctrico, sin indemnización y bajo control obrero, para asegurar un suministro suficiente y asequible a los hogares. Una nacionalización que claramente plantea sobre la mesa la necesidad de intervenir enérgicamente también sobre el sector financiero expropiado la banca, para acometer un plan de rescate social que luche efectivamente contra la lacra del desempleo, que defienda la sanidad y la educación públicas y que permita a la población acceder a una vivienda digna.
Solo la movilización más contundente de la calle, exigiendo una completa ruptura con las políticas capitalistas que hasta ahora ha desplegado el Gobierno será capaz de enfrentar el desastre.
