El gobierno de Pedro Sánchez ha terminado el mes de agosto sacando adelante en el Congreso la convalidación del Plan de Ahorro Energético aprobado en Consejo de Ministros a principios de mes. La convalidación fue apoyada por los partidos que votaron la investidura de Sánchez, incluyendo a ERC, EH Bildu y Más País. Del ámbito de la izquierda, solo la CUP, que votó en contra, y el BNG, que se abstuvo, se negaron a apoyar una medida que, de nuevo, derrama dinero a espuertas en los bolsillos de las eléctricas.
Aunque tanto el gobierno, PSOE, UP y el resto de las fuerzas de izquierda que apoyan el Plan intentan que el tema pase desapercibido, la disposición adicional segunda del Plan incluye un regalo a fondo perdido de 1.360 millones de euros para las grandes compañías eléctricas.
Tampoco el PP, que se apresuró a desatar una estruendosa polémica en torno al Plan, con la presidenta de la Comunidad de Madrid presumiendo de que lo incumpliría, mencionó esta milmillonaria ayuda a unas empresas que trimestre a trimestre baten nuevos récords de beneficios.
El eco que los medios han otorgado a esta polémica no debe hacernos perder de vista que ni el alcance real de las medidas ni la respuesta demagógica del PP afrontan, ni siquiera superficialmente, los problemas reales de la inmensa mayoría de la población con respecto a la energía, ni mucho menos las consecuencias catastróficas de la aceleración del cambio climático.
Brindis al sol
Siguiendo en su línea de magnificar hasta la caricatura el alcance real de este decreto, al gobierno del PSOE-UP ha lanzado una campaña propagandística para intentar difuminar lo fundamental: su decisión de no enfrentarse a los grandes monopolios del sector de la energía, sin lo cual es imposible ni resolver la pobreza energética que afecta a millones de familias trabajadoras ni actuar de forma consecuente para atajar los efectos del cambio climático.
Las olas de calor de este verano, con sus secuelas de muertes —más de 2.000 en el mes de julio—, incendios de dimensiones nunca vistas y sequías cada vez más duraderas, continuarán agravándose año tras año si no se ataca la raíz del problema, que reside en el propio sistema capitalista. Mientras la destrucción del medio ambiente siga siendo una fuente de negocios extraordinarios — cada vez mayores, como lo demuestran los récords de beneficios de las grandes empresas y conglomerados financieros que son los auténticos responsables del cambio climático— es imposible que un gobierno que evita enfrentarse y desafiar a los grandes poderes económicos pueda aplicar medidas efectivas en beneficio de la mayoría de la población.
Por supuesto, el PP no ataca el plan del gobierno por su insuficiencia. Su rechazo es pura pose que intenta aprovechar el creciente descontento social para mejorar sus resultados en las citas electorales de 2023. Las políticas del PP, su defensa implacable de las eléctricas y la banca, y su actitud durante los incendios de este verano en el caso de Castilla León, Murcia Andalucía es cristalina. La gestión medioambiental de la derecha se basa en la especulación inmobiliaria más desenfrenada, la destrucción del litoral, la privatización y el abandono de los servicios de vigilancia, limpieza y recuperación forestal, y el agotamiento de los acuíferos para mayor beneficio de las grandes empresas agroalimentarias y sus cultivos de regadío. Todo ello salpicado por las majaderías de turno con las que intentan criminalizar a las organizaciones ecologistas que luchan contra este desastre.
La cuestión es que cuando observamos la subordinación a las políticas imperialistas de Estados Unidos en la guerra de Ucrania y en las sanciones a Rusia, la protección incondicional los intereses de los grandes monopolios sin consideración a sus impactos climáticos o las facilidades a la agroindustria para consumir desaforadamente unos recursos hídricos cada vez más escasos, es muy difícil encontrar diferencias reales entre el PP y el PSOE.
Putin tiene la culpa de todo, faltaría más, pero son las multinacionales occidentales del petróleo y la electricidad las que se forran
Las medidas aprobadas por el gobierno para ahorrar energía responden a la decisión de la UE de reducir el consumo de gas ante la perspectiva de que sea Putin el que acabe cortando el suministro a los países europeos antes del próximo invierno. El boicot a las importaciones energéticas desde Rusia que Estados Unidos impuso a los países europeos ha tenido finalmente un único resultado real: aumentar las exportaciones de gas norteamericano, que se paga a un precio considerablemente mayor que el de origen ruso.
En el caso del Estado español, el gas norteamericano representó el 11% del consumo en los 5 primeros meses del año pero en el mes de junio escaló hasta el 35%, de manera que Estados Unidos es hoy el principal proveedor de gas a pesar de que su precio es un 40% más caro que el del gas ruso. Esa diferencia golpeará con especial dureza a los hogares con menos recursos y a la clase trabajadora, que ve como sus salarios crecen un miserable 2,5% mientras la inflación escala por encima del 10%.
¿Quiénes se benefician de esta situación? La verdad es concreta. En el primer semestre de este año las tres grandes compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy han disparado sus beneficios en un 24% respecto al mismo período de 2021, hasta obtener 3.548 millones de euros por hacer negocio con un servicio básico para la población. Mucho mejor, incluso, le fue a la petrolera Repsol, que en el primer semestre de 2022 obtuvo un beneficio neto de 2.539 millones de euros, ¡un incremento de más del 105%! Y estos aumentos no se limitan al energético. Las empresas de todos los sectores son las grandes beneficiarias de las escandalosas subidas de precios de los últimos meses y por eso en donde la inflación es más fuerte —la energía y los alimentos—los beneficios baten récord tras récord.
¡Una política de izquierdas pasa por la nacionalización inmediata de las eléctricas y petroleras!
El verdadero problema que sufrimos en el Estado español es el de la pobreza energética. Millones de familias no pueden calentar sus casas en invierno ni refrigerarlas en verano. La decisión del gobierno de apagar la iluminación de los escaparates y de restringir la temperatura del aire acondicionado de lugares públicos a 27º es una burla cuando más del 64% de las viviendas no disponen de aire acondicionado, y tienen que pagar unas facturas de luz estratosféricas.
La misma situación se puede aplicar a muchos países europeos o a los EEUU. En reciente artículo publicado en La Vanguardia con el título Millones de británicos no podrán pagar la electricidad y el gas en el invierno, se señalaba lo siguiente: “Los ingresos medios anuales de una persona con trabajo en el Reino Unido son 22.000 euros, lo cual significa que pronto el coste de la energía se zampará de una dentellada una tercera parte de lo que muchos ganan (…) Con 14,5 millones de británicos oficialmente “pobres” (de ellos, la mitad, a pesar de tener trabajo, cuatro millones niños y dos millones pensionistas), está claro que muchos no podrán afrontar las facturas, o tendrán que elegir entre comer o pasar frío (iglesias y centros comunitarios ya han ofrecido techo a quienes necesiten un lugar caliente para pasar la noche). Una campaña para no pagar a las compañías de gas y electricidad (Don't Pay UK) y cancelar los pagos domiciliados en el banco ha superado ya las cien mil firmas, a pesar de las amenazas de medidas legales, arruinar el crédito de las personas en cuestión, instalar contadores de prepago y enviar alguaciles para intentar cobrar.”[1]
El PP ruge demagógicamente contra las restricciones, pero miran hacia otro lado cuando en el transporte público o en los centros sanitarios que sus gobiernos autonómicos gestionan las temperaturas son insoportables y ponen en riesgo la salud de los usuarios. Las asociaciones empresariales también se rasgan las vestiduras por los límites a la iluminación nocturna de los escaparates, pero se despreocupan alegremente del fuerte incremento de muertes en el trabajo causadas directa o indirectamente por las temperaturas excesivas.
Ninguno de estos problemas afecta a la minoría adinerada. Empresarios, directivos y rentistas disfrutarán a tope de sus mansiones bien acondicionadas y se desplazarán cómodamente y bien fresquitos en sus vehículos de lujo. El supuesto “ahorro energético” no les afecta en lo más mínimo. Pero podemos apostar a que las restricciones al aire acondicionado en sus empresas recaerán sobre las condiciones de trabajo de sus asalariados y asalariadas, que tendrán que soportar temperaturas más altas y encima escuchar que es por culpa del gobierno del PSOE y UP.
Desde hace dos años los vecinos de la Cañada Real, en Madrid, viven sin electricidad después de que Naturgy (557 millones de beneficio en el primer semestre de 2022) decidiese cortársela. Y desde hace unos pocas semanas los vecinos de varios barrios obreros de Sevilla están en pie de guerra contra Endesa (916 millones de beneficio en el primer semestre de 2022) exigiendo el fin de los cortes de luz que sufren diariamente y que en plena ola de calor tienen consecuencias gravísimas para la salud e impiden la adecuada conservación de los alimentos. Los beneficios engordan los bolsillos de un puñado de parásitos, pero el dinero para invertir en la mejora de las infraestructuras de distribución de la electricidad siempre escasea.
Ante esta situación ¿sirven para algo las medidas energéticas aprobadas por el gobierno? En absoluto. Con impuesto especial o sin él, o con el aumento de las temperaturas del aire acondicionado en los espacios públicos pero manteniendo a la población en una pobreza energética creciente, las empresas del sector de la energía seguirán aprovechando su posición monopolista para incrementar sus beneficios todo lo que puedan.
Solo hay una solución para afrontar este gravísimo problema: la inmediata nacionalización de las empresas energéticas, sin indemnización y bajo control de la clase trabajadora, para que sus inmensos recursos sean utilizados para proporcionar a toda la población las condiciones necesarias para unas condiciones dignas de vida. Que no nos hablen de Putin o de la guerra de Ucrania, esto no es más que una cortina de humo para ocultar el problema de fondo. No solo los monopolios rusos se lucran, las multinacionales occidentales y españolas se llenan los bolsillos todos los días aumentando abusivamente los precios. Los inmensos beneficios de este puñado de grandes empresas, cuyos consejeros de administración reciben millones de euros anualmente en salarios y bonus, podrían invertirse en el desarrollo de formas sostenibles de generación de energía y en asegurar el suministro a quienes realmente lo necesitan.
La nacionalización del sector energético y la planificación democrática de su actividad sería el primer paso para revertir el proceso de cambio climático que la irracionalidad del sistema capitalista ha desencadenado. Hoy más que nunca, el socialismo es la única alternativa al horizonte de destrucción y barbarie que atenaza la vida humana y al planeta.
[1] Millones de británicos no podrán pagar la electricidad y el gas en el invierno. La Vanguardia (15/8/22)
