"Las asociaciones de familiares han evitado que el PP relegue al olvido estos hechos".
El pasado 27 de junio, en el marco de las actividades programadas en el Espacio Rosa Luxemburgo, tuvo lugar la presentación del libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, un exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo por el periodista Manuel Rico.
Este texto es una condena de lo ocurrido con las residencias de mayores durante la pandemia del Covid-19. Murieron más de 20.000 residentes en todo el Estado durante la primera ola. De estos, en Madrid tuvimos la dramáticamente conocida cifra de 7.291, personas que fallecieron en las residencias sin recibir atención hospitalaria como consecuencia de los “protocolos de la vergüenza” y otras decisiones políticas adoptadas por el Gobierno del PP madrileño. En definitiva, una condena a las políticas privatizadoras y clasistas del PP de Ayuso.
Por otro lado, como hemos explicado en numerosas ocasiones desde Izquierda Revolucionaria consideramos que el papel del Gobierno central, entonces formado por el PSOE y UP, tampoco estuvo a la altura. Dejó hacer, sin intervenir, escudándose en que las competencias estaban en manos de las autonomías. No solo eso, sino que cuando se produjeron en Madrid los confinamientos clasistas y las movilizaciones en los barrios contra esta política segregadora, Pedro Sánchez acudió raudo a la Puerta del Sol para echar un capote a Ayuso y lanzar un claro mensaje de respaldo y en la práctica legitimar sus políticas.
Antes del acto de presentación de su libro tuvimos la oportunidad de entrevistar a Manuel Rico y tener una interesante charla con él.
Izquierda Revolucionaria.- ¿Qué te motivó a sacar adelante este libro? ¿En qué consistió el tristemente conocido protocolo de Ayuso? ¿Qué opinión te merecen su gestión y la posición que ha mantenido durante todo este tiempo?
Manuel Rico.- Lo que se produjo en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia fue la mayor violación masiva de derechos humanos que se ha producido en España desde la recuperación de la democracia. En marzo y abril de 2020 fallecieron más de 20.000 personas en residencias de mayores en todo el Estado. Es indudable que una parte de ellas murieron por su propia situación clínica y por las características del Covid-19, que tenía especial incidencia entre las personas mayores. Pero hay más de 11.000 residentes en todo el Estado que murieron sin recibir atención hospitalaria. Además de los muchos que estuvieron encerrados durante meses con el consiguiente deterioro físico y cognitivo que sufrieron.
Esta violación de derechos se produce principalmente en Madrid, aunque también se dieron muchos casos en Catalunya, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Entre estas cuatro comunidades suman más del 75% de los fallecidos en el periodo citado. Madrid se lleva la palma con 7.291 fallecidos en residencias sin recibir asistencia hospitalaria.
El protocolo consistió básicamente en que se decidió no derivar a los hospitales a los residentes que tuvieran un deterioro cognitivo alto, por ejemplo Alzheimer, o una dependencia física que les limitase la movilidad, por ejemplo si iban en silla de ruedas. La inmensa mayoría de las personas que viven en residencias tienen este tipo de dependencia física o cognitiva, por lo que no derivarles al hospital supuso para muchos una condena de muerte.
El llamado Protocolo de la Vergüenza fue algo muy grave, pero el hecho de que los gobernantes madrileños tuvieran otras tres vías para intentar salvar a estas personas y no utilizaran ninguna de ellas, empeora todavía más la nefasta gestión que llevaron a cabo.
La primera vía era medicalizar las residencias. “Si el residente no va al hospital, que el hospital vaya a la residencia”, en palabras del entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. La Comunidad de Madrid no solo no las medicalizó, sino que allí donde hubo resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenando medicalizarlas, como en Leganés y Alcorcón, el Gobierno de Ayuso combatió esas resoluciones judiciales y no las medicalizó.
La segunda vía era el hospital de campaña de IFEMA. Un hospital de campaña, que el Gobierno madrileño anunció que tendría 5.000 camas y que estuvo abierto seis semanas. En ese lapso de tiempo murieron en residencias sin recibir atención hospitalaria más de 5.000 personas. Ni una de ellas fue trasladada a IFEMA. Aquí fueron trasladados solo 23 residentes con síntomas leves. IFEMA fue una gran operación de propaganda mientras miles de personas mayores morían solas y sin atención digna.
A ese hospital de campaña fueron destinados 621 médicos y 800 enfermeras procedentes básicamente de los centros de atención primaria cerrados por el estado de alarma. A los profesionales sanitarios no los enviaron a las residencias, que era lo lógico, y tampoco enviaron a los residentes adonde estaban los profesionales sanitarios, es decir, a IFEMA.
La última vía eran los hospitales privados, que quedaron sometidos al mando único de la Consejería de Sanidad. Ni un solo residente fue a un hospital privado, salvo los que tenían un seguro privado. Con esto introdujeron una nueva discriminación, esta vez de carácter económico.
Los residentes fueron abandonados a su suerte. Los fallecimientos es lo más grave, pero a ello hay que sumar las secuelas que esta actuación ha dejado a los que sobrevivieron. De los 350.000 mayores que residían en España en estos centros, es prácticamente imposible encontrar a un superviviente que no haya sufrido algún tipo de deterioro físico o cognitivo. Hay mayores que estuvieron encerrados tres meses en sus habitaciones, que vieron cómo sus familiares dejaron de visitarlos sin entender por qué…
IR.- El actual modelo de residencias, consecuencia del proceso de privatización sostenida que sufre la sanidad, está detrás de esta gestión criminal. La pandemia puso en evidencia que las políticas de recortes, la falta de personal y sus condiciones laborales precarias..., causan estragos. Estos servicios deberían ser 100% públicos. En tu libro denuncias el papel de los fondos de inversión… ¿Qué piensas al respecto?
MR.- El modelo residencial fue, sin duda, uno de los factores que influyeron en lo que ocurrió. Pero no el único. También hay que tener en cuenta que el virus atacaba con más virulencia a las personas mayores y no había vacunas; déficits estructurales previos a la pandemia, como los recortes sanitarios; decisiones empresariales erróneas en ciertos casos, o decisiones políticas nefastas como las que acabo de mencionar.
Pero el modelo residencial casi totalmente privatizado influyó en cuestiones como el déficit de personal en los centros, en su mayoría mal pagado y en precario; la preferencia por las habitaciones dobles o la apuesta por las macrorresidencias, todo ello cuestiones cuyo objetivo principal es obtener el máximo beneficio con la menor inversión.
Personalmente pienso que los servicios públicos deberían ser 100% públicos, pero creo que eso no es posible conseguirlo a corto plazo. Cualquier Gobierno que pretendiese hacer públicas las residencias se enfrentaría al marco jurídico europeo y español, tendría que pleitear durante diez años con todas las papeletas para perder esa batalla. Eso no quiere decir que abogue por la resignación; planteo que hay vías alternativas que deberían explorarse: tener servicios de inspección sólidos, un régimen sancionador serio o establecer un tope legal para el beneficio empresarial en el sector, ha habido algún país nórdico que lo ha tenido. Las empresas que aspiren a hacerse con la gestión del servicio deberían desvelar quiénes son sus dueños. La opacidad actual es tal que, en el caso de los fondos, no sabemos si uno de los que adjudica es inversor en el fondo que controla la empresa adjudicataria.
Con estas medidas, que es más difícil que los tribunales puedan tumbar, aunque no imposible claro, los fondos de inversión no entrarían en el sector ya que el margen de beneficios se reduciría y ya no sería un negocio tan enorme.
IR.- Respecto a esta cuestión, organizar la movilización social para vencer las resistencias del sistema judicial y del aparato del Estado en su conjunto es la clave. Estos tienen un carácter de clase muy concreto y su labor principal es la de defender los intereses de los capitalistas. La lucha ha sido y es el vehículo a través del cual se consiguen las conquistas sociales, ese es el aspecto fundamental de la ecuación.
En otro orden de cosas, en nuestra opinión el Gobierno central, entonces PSOE-UP, no estuvo a la altura. Escudándose en que las competencias estaban en manos de las autonomías, no intervino ni siquiera en una situación límite como la que se dio en Madrid. Tampoco la Fiscalía General del Estado, que tras abrir diligencias para investigar responsabilidades penales por las muertes en las residencias, las cerraron porque no veían delito de ningún tipo. ¿Qué piensas al respecto?
MR.- En primer lugar quiero insistir en que las comunidades autónomas mantuvieron en todo momento las competencias en materia de sanidad. Eso fue así, a pesar de la campaña propagandística del PP culpando a Pablo Iglesias. La crítica posible al Gobierno central es, desde mi punto de vista, por omisión. Por ejemplo, el Gobierno central podría haber otorgado a las residencias la misma consideración de lugares esenciales que a los hospitales. En definitiva, para mí la responsabilidad del Gobierno es muy diferente a la de las comunidades autónomas, responsables directas de la gestión sanitaria en todo momento.
Otro tema muy diferente es la actuación de la Fiscalía General y de las fiscalías territoriales, entre las que destaca en negativo la fiscal superior de Madrid, Adriana Lastra. Esta no solo no investigó de oficio como era su obligación, sino que hizo todo lo contrario. Las fiscalías han archivado denuncias sin investigar lo más mínimo, especialmente en Madrid y Barcelona, y mantenido una actitud totalmente pasiva en aquellos pocos procedimientos que han seguido adelante. No ha pedido actuaciones judiciales, ni pruebas, ni siquiera ha asistido a la mayoría de las testificales que se han producido.
La fiscal superior de Madrid miente sin ruborizarse cuando en la memoria anual de 2020 dice que los protocolos no tuvieron impacto en las derivaciones a hospitales o insiste en que en las residencias las personas recibían una atención médica similar a la de un hospital. Cuando, sin ir más lejos, en Madrid las residencias de menos de 50 camas no tienen la obligación legal de tener un médico.
La fiscalía es un órgano jerárquico, de forma que tanto la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como el actual, Álvaro García Ortiz, ambos nombrados por el PSOE, tendrían que haber dado órdenes para investigar de oficio y tenía que haber destituido a fiscales como la de Madrid. No lo hicieron.
Por el contrario, es fundamental el papel que están jugando y la fortaleza que están mostrando las asociaciones de familiares de víctimas que llevan cuatro años luchando para que el tema no lo consigan enterrar.
IR.- Ese es el siguiente punto que queríamos tratar. Frente al intento de dar carpetazo al asunto por parte sobre todo del Gobierno de Ayuso, surgió un movimiento de familiares que tuvo como punto de inflexión en su desarrollo con la constitución en abril de 2023 de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias. ¿Qué valoración haces de esta experiencia y de su labor?
MR.- Lo primero que hay que decir es que la Comisión Ciudadana se crea porque el PP impide, tras las elecciones adelantadas de mayo de 2021, que siga funcionado la comisión de investigación que se había creado unos meses antes en la Asamblea de Madrid.
Después de esto, dos asociaciones de familiares, Marea de Residencias y Verdad y Justicia, plantearon crear la Comisión Ciudadana. Tras numerosas entrevistas a trabajadoras, familiares de víctimas, residentes, periodistas, al exconsejero de Políticas Sociales de la CAM, Alberto Reyero, y de recoger abundante documentación oficial, la Comisión presentó un demoledor informe en marzo de 2024. En él se denuncia el deterioro de las residencias y su mala situación antes de la pandemia, los recortes sanitarios, el protocolo de la vergüenza, el nefasto papel de la Fiscalía, etc.
En el informe insisten en que se podrían haber salvado en torno a 4.000 residentes si no se les hubiese negado el traslado a hospitales. Esta cifra no es aleatoria. De las personas mayores con las mismas patologías previas, limitaciones motoras y cognitivas, que sí fueron trasladadas a hospitales sobrevivieron entre el 60% y el 70%. Por ello, razona la Comisión, se podrían haber salvado un porcentaje similar de los 7.291 que murieron en las residencias sin atención hospitalaria.
Esto es una prueba contundente que confirma el cinismo y la falsedad de Ayuso cuando afirma que “iban a morir de todas formas”. Ayuso y el PP no pueden desmentir el informe, porque está basado en datos oficiales de la propia Comunidad, así que se limitan a descalificarlo como una maniobra de la izquierda, tachando a los integrantes de la comisión de “chavistas”.
El Gobierno de Ayuso ha mentido desde el minuto uno, mostrando un cinismo inhumano durante todo este tiempo. Hasta tal punto es así que el actual presidente de la Asamblea de Madrid se atrevió a afirmar que las familias ya habían superado el dolor por la muerte de esas personas mayores.
IR.- Hace poco el Tribunal Supremo no ha admitido una denuncia penal contra Ayuso, denuncia que aportaba, entre otros materiales, el informe de la Comisión Ciudadana. ¿Qué opinión te merece esta cuestión?
MR.- Para mí lo más grave del auto del Tribunal Supremo es una frase que define muy bien el papel que la Justicia está jugando en todo este asunto. El Alto Tribunal sostiene que no sabemos “en qué medida los protocolos llegaron a aplicarse realmente”. Esto es escandaloso. Si no lo saben es porque llevan cuatro años inhibiéndose sin investigar nada. Los fiscales, como denuncia Amnistía Internacional en su informe, le piden a los familiares que aporten las pruebas de los posibles delitos cuando son ellos los que deben hacer la labor de investigación. Es esta dejadez, esta inacción, la que avala el Tribunal Supremo con ese lamentable argumento.
IR.- Muchas gracias por atendernos y por esta charla. Si quieres añadir algo más…
MR.- Gracias a vosotros. Me gustaría acabar insistiendo en un punto. Los familiares ya han conseguido una victoria. Han evitado que el Gobierno del PP madrileño haya logrado enterrar y relegar al olvido estos acontecimientos. El aparato de propaganda, en el que han jugado un nefasto papel central los medios de comunicación financiados por el PP, no lo ha conseguido. Esto es ya de por sí un gran logro.
