Las elecciones autonómicas aragonesas del 8 de febrero han deparado pocas sorpresas y confirmado bastantes certezas. En primer lugar, que la extrema derecha racista de Vox se dispara, duplicando sus escaños, de 7 a 14, e incrementando su voto en más de un 55% hasta rozar el 18% del total. Si a esto sumamos los 26 escaños del PP, que aun perdiendo 2 logra el 34,26% del voto, el bloque de las derechas extremas tiene la vía despejada para formar un Gobierno en Aragón todavía más reaccionario.
En segundo lugar, que el PSOE repite sus peores resultados en la comunidad, que IU-Sumar retienen a duras penas un escaño y que Podemos se queda fuera del Parlamento, con poco más de 6.000 votos, un 0,94%, y pierde en una década el 95% de su base electoral.
El PSOE se queda con 159.366 votos, perdiendo más de 38.000 votos respecto a 2023, y pasa de 23 a 18 diputados igualando los obtenidos por Lambán en 2015, pero con una gran diferencia: en esas elecciones Podemos obtuvo más de 130.000 votos, un 20,56%, y 14 escaños. En los siguientes comicios de 2019, Podemos pasó a 53.648 votos, una caída del 60,9%, y entró a formar parte de un Gobierno de Lambán, y en consecuencia a implicarse en todo tipo de pactos y trágalas con la socialdemocracia. De aquellos polvos, estos lodos.
Los dirigentes de la formación morada deberían preguntarse si la completa ausencia de autocrítica por su participación en el Gobierno estatal junto al PSOE, cubriendo por el flanco “izquierdo” sus políticas y ofreciendo un “Escudo Social” completamente insuficiente y que jamás supuso un contrapunto real frente a las regalías al Ibex 35, al imperialismo y al establishment del sistema, tiene algo que ver con esto.
La experiencia ministerialista de Podemos ha arrojado un balance catastrófico, erosionando su credibilidad y levantando una muralla con la nueva generación de jóvenes que desconfían de esta trayectoria.
El voto crítico por la izquierda se ha expresado en el crecimiento de la Chunta Aragonesista que, con 63.875 votos aumenta el 87 % respecto a 2023, dobla sus escaños, de 3 a 6, y conquista el 9,73%.
Las políticas de la socialdemocracia asfaltan el avance de la extrema derecha
Como ya ocurrió en Extremadura, y como muy probablemente se repetirá en Castilla y León el próximo 15 de marzo, el ascenso de Vox convierte a esta formación fascista, racista, sexista y homófoba en el imprescindible socio con el que el PP deberá contar, tanto para volver a formar Gobierno en estas comunidades autónomas como para convertir a Feijóo en el próximo inquilino de La Moncloa.
De momento, Vox espera a que finalice el ciclo electoral autonómico para sacar el mayor partido posible en las negociaciones con el PP, pero caben pocas dudas de que en el plazo de pocas semanas Aragón volverá a disponer de un Ejecutivo que atizará nuevos recortes en la sanidad y educación públicas y dará luz verde a más privatizaciones, que atacará los derechos democráticos criminalizando a la izquierda combativa, y que concederá mucho más poder a los caseros rentistas y a los empresarios agrarios que explotan con impunidad a los trabajadores inmigrantes.
Con PP y Vox los recursos naturales de Aragón se entregarán en bandeja a los grandes oligarcas del sector tecnológico, que han puesto sus ojos en el agua y la capacidad de generación eléctrica de la Comunidad. Amazon, Microsoft, ACS o Blackstone, entre otras grandes corporaciones y fondos de inversión, ya están iniciando sus proyectos y van a necesitar un Gobierno que haga la vista gorda ante la inevitable destrucción ambiental.
El PSOE era plenamente consciente de lo que estaba en juego en Aragón. Por eso, Pedro Sánchez eligió cabeza de cártel a un peso pesado de la Administración socialista, Pilar Alegría, que fue portavoz del Gobierno y una de sus caras más conocidas. Pero esta política de la imagen y los gestos publicitarios ha chocado de bruces con la realidad.
En las semanas previas, Sánchez también multiplicó sus guiños a la “izquierda”: criticó a Trump y denunció a los oligarcas de las grandes compañías tecnológicas. Todo esto, junto con sus advertencias contra el ascenso del “fascismo” fueron recogidas en la prensa internacional, que le elevó a la categoría de estandarte del “progresismo”.
Pero la retórica de Sánchez, a pesar de algunas medidas positivas como la regularización de inmigrantes, se ha vuelto a estrellar contra la falta de resultados en terrenos fundamentales para la vida de las familias trabajadoras, principalmente la pesadilla de acceder a una vivienda y lo que ello acarrea para la emancipación de la juventud. Las denuncias del poder excesivo de los tecno-oligarcas se quedan en papel mojado cuando desde el Gobierno de Sánchez se renuncia, en 8 años que se dice pronto, a construir un parque de vivienda pública universal, con cientos de miles de pisos a precios sociales para la clase obrera y sus jóvenes, y en cambio legislar siempre en beneficio de los caseros rentistas.
Lo mismo se puede decir respecto a los recortes sangrantes a los servicios públicos. ¿Qué hace el Gobierno central para impedir el deterioro de la sanidad y la educación públicas? Seamos concretos. No solo no cambia la dinámica, sino que la promueve con las leyes y privatizaciones que mantiene en pie.
¿Qué hace Pedro Sánchez y sus aliados para mejorar los salarios? Blindar la paz social junto a la burocracia de CCOO y UGT que, en medio de un chorro de beneficios empresariales sin precedentes, se niegan a convocar huelgas y firman convenios de vergüenza. Las subidas del SMI son bloqueadas por la patronal absorbiendo en esta subida los complementos de las nóminas de millones de trabajadores, que además soportamos una presión fiscal descomunal respecto a los ricos. Y estos magros incrementos se ven neutralizados inmediatamente por la inflación desbocada de los productos de primera necesidad y unos alquileres estratosféricos. Como se nota que sus señorías no tienen que vérselas para llegar a fin de mes.
Que no nos vengan con charlatanería. Cada mentira, cada media verdad que proyectan sobre asuntos vitales para millones de personas trabajadoras solo provoca más irritación, más cabreo y más furia. Esta es la realidad objetiva que permite a la extrema derecha avanzar electoralmente entre sectores desmovilizados y muy golpeados por esta situación crítica.
En estas circunstancias, nadie debería extrañarse de que la demagogia de Vox haga mella en sectores atrasados del voto tradicional socialista. Los resultados de Aragón, donde la abstención se ha reducido, no pueden entenderse sin un cierto trasvase de votantes desde el bloque de izquierdas al bloque PP-Vox-SALF. El ascenso de la Chunta Aragonesista, aunque es importante (casi 30.000 votos más) no llega a compensar los casi 61.000 votos perdidos por el bloque PSOE-IU-Podemos.
Siguiendo los pasos de Trump y la internacional reaccionaria, un elemento central en la demagogia de Vox es la campaña contra los inmigrantes, una baza de primer orden para dividir a la clase obrera con argumentos racistas y xenófobos. En Fraga (Huesca), un municipio gobernado durante décadas por el PSOE y que cuenta con el mayor porcentaje de población inmigrante de Aragón, Vox casi duplica sus votos y, con un 23,8%, supera a los socialistas y se convierte en segunda fuerza política. También en Teruel capital y en algunas de las mayores ciudades de la región, como Utebo, localidad industrial contigua a Zaragoza, Vox supera ampliamente al PSOE. En otras de las ciudades más pobladas, como Calatayud, Monzón o Alcañiz, el PSOE conserva la segunda posición, pero su ventaja sobre Vox se reduce a unas pocas décimas.
Por una izquierda que confronte con los capitalistas y luche en las calles
Al mismo tiempo que las fuerzas de la extrema derecha avanzan en todo el mundo, también crecen, se radicalizan y se extienden las movilizaciones y protestas antifascistas y en defensa de los derechos de la clase trabajadora.
La rebelión política contra el genocidio en Gaza que llenó las calles de movilizaciones inmensas, la resistencia contra las bandas paramilitares del ICE en EEUU que han desembocado en las dos huelgas generales de Minneapolis, o la ascendente oleada de luchas obreras en Italia, al margen de las grandes centrales sindicales, nos muestran el camino que hay que seguir.
Por eso mismo, la idea de que para enfrentar al fascismo basta con cambiar el nombre por enésima vez a coaliciones electorales de “izquierda”, cuyos partidos integrantes han blanqueado y justificado las políticas gubernamentales que hemos descrito anteriormente, merece una reflexión seria. Por supuesto, la abstención en unas próximas elecciones no puede ser la postura de los comunistas revolucionarios. Pero pensar que a la extrema derecha se la puede derrotar con una izquierda reformista parlamentaria, que ha demostrado en la práctica como se inclina ante la agenda de los capitalistas y del imperialismo, es de una completa ingenuidad y algo que la experiencia histórica, y la de estos últimos años, refuta claramente tanto en el Estado español como internacionalmente.
Solo la movilización de masas en las calles, solo las huelgas paralizando la actividad productiva, solo construyendo una poderosa izquierda clasista y revolucionaria se podrá levantar un sólido muro que frene el avance de la extrema derecha. El antifascismo consecuente solo puede ser anticapitalista y socialista, e implica acumular y organizar las fuerzas que destruyan el sistema que lo engendra.
