Se nos ha dicho desde la dirección del PSOE y de IU que este Estatuto es "avanzado, progresista, social y de máximos en el marco de la Constitución", usando palabras de Diego Valderas, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Pensar de esta manera puede llevar a declaraciones como las que el mismo Diego Valderas ha hecho sobre el apoyo del PP al nuevo Estatuto andaluz, y es que con tal de no quedarse fuera del Estatuto "a cambio de sacarse la espina del 28F* se han tragado un Estatuto con educación laica, muerte digna, derechos sociales, reforma agraria, deuda histórica, Guadalquivir andaluz, realidad nacional, empleo de calidad, red pública de servicios sociales, política medioambiental, lucha contra la corrupción, contra la violencia de género, etc.".

Pero seamos claros, el PP no apoyaría nunca un Estatuto que fuera más allá de declaraciones generales que no les obligaran a nada. La razón no es moral, sino económica. Por ejemplo, las vinculaciones del PP con la Iglesia católica les imposibilitan apoyar esa supuesta laicidad de la educación (supuesta, porque como veremos más abajo no es tal). Una reforma agraria que atentara contra la propiedad terrateniente (la única reforma verdaderamente progresista) sería satanizada por la derecha y jamás sería sentenciada con una firma por parte del PP. La pregunta a los dirigentes de la izquierda que apoyan este estatuto es: ¿qué estatuto quieren que traguemos los jóvenes y los trabajadores andaluces?

El preámbulo del Estatuto

Basta con el preámbulo para encontrarnos con algunas joyas como esta "... Hoy la Constitución, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española". Es escandaloso que desde el Estatuto de autonomía de Andalucía se nieguen los derechos democráticos nacionales de otras nacionalidades. Si aceptamos que la "nación española" es indisoluble, ¿dónde cabe el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskal Herria o Galiza? En el debate televisivo sobre el Estatuto han utilizado el tema "nacional" para desviar la atención, centrándolo en si Andalucía era o no una nacionalidad, una nación o una realidad nacional, etc. Esta cortina de humo se ha utilizado para ocultar los puntos más significativos que tienen que ver con cuestiones sociales, ya que para la mayoría de la población andaluza no es en absoluto prioritario la caracterización de Andalucía como nacionalidad, entre otras cosas porque no hay un sentimiento de opresión nacional, sino más bien de opresión social.

Título preliminar. Asumir
los valores de la Unión Europea

En el Artículo 1.4 nos encontramos con otra prenda: "La Unión Europea es ámbito de referencia de la Comunidad Autónoma, que asume sus valores y vela por el cumplimiento de sus objetivos y por el respeto de los derechos de los ciudadanos europeos". ¿Qué significa asumir los valores de la UE? ¿Y velar por que se cumplan sus objetivos? En la Constitución Europea, que por cierto IU pidió correctamente el voto en contra, algunos de los valores y los objetivos son: seguir privatizando los sectores públicos que queden, utilizar mano de obra inmigrante para su mejor explotación, restricciones al derecho de reunión y asociación para el personal de administración pública, el Banco Central Europeo adoptará decisiones que serán de obligado cumplimiento (las subidas de tipos de interés por ejemplo). La política militar queda subordinada a la OTAN, el ejército es la única inversión pública garantizada por la Constitución y de obligado cumplimiento, etc. ¡Y así es como empieza en el Artículo 1 del Título Preliminar del nuevo Estatuto de Andalucía! Todo un progreso, eso sí, para los explotadores.

La educación, supuestamente laica

El tema de la laicidad ha sido uno de los más utilizados por los dirigentes como una conquista, pero la palabra "laica" que sale en el Estatuto está vacía de contenido. Según el Artículo 21: "Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica. Los poderes públicos de la Comunidad tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza". No tiene desperdicio. Justamente cuando la Comunidad Educativa de los centros públicos ha estado llevando campañas, constantemente, contra la religión en los centros y los estudiantes salieron a luchar contra esto, el estatuto nos impone en las aulas la religión.
La supuesta gratuidad de la educación es otro escándalo, pues lo que hay detrás de esto es la financiación pública de centros concertados, o sea, la privatización de la educación.

La famosa Reforma Agraria

Uno de los males que aquejan históricamente a Andalucía, como es el tema de la tierra, se abre y se cierra con el pequeño apartado nº 13 (¿habrá habido mala suerte?) del Artículo 10: "La modernización, la planificación y el desarrollo integral del medio rural en el marco de una política de reforma agraria, favorecedora del crecimiento, el pleno empleo, el desarrollo de las estructuras agrarias y la corrección de los desequilibrios territoriales, en el marco de la política agraria comunitaria y que impulse la competitividad de nuestra agricultura en el ámbito europeo e internacional". Esto es una muestra de que con pocas palabras se pueden decir muchas cosas. La primera es que la duquesa de Alba no tendría el menor reparo en firmar esto, ya que está siendo una de las grandes beneficiadas por la Política Agraria Comunitaria (PAC), en la cual según el Estatuto hay que desarrollar la reforma agraria.
La PAC está llevando a la ruina a miles de pequeñas explotaciones, aproximadamente 34.000 al año en todo el Estado. Mientras, se financia a los terratenientes con suculentas subvenciones que se las conceden por la superficie de tierra que detentan, aunque no produzcan, o por la cantidad de siembra, aunque no recojan los cultivos. A los jornaleros, en cambio, en el 2006 se les da el vergonzoso subsidio de 383,28 euros durante seis meses.
Con esta política lo que se beneficia es una mayor concentración de la tierra. Para el capitalismo la tierra no es más que una mercancía con la que sacar provecho a través de su explotación y de la gente que la trabaja.
La única reforma con la que se solucionaría el problema de la tierra en Andalucía es a través de la expropiación sin indemnización de los terratenientes. Las tierras deben ser del Estado, pero controladas y gestionadas democráticamente por los trabajadores del campo y sus organizaciones. Algunos nos dirán que esto es imposible, que no somos realistas. Pero aquel que nos quiera convencer de que con la UE y la PAC se puede acabar con el problema de los centenares de campesinos arruinados y de los miles de jornaleros explotados (500.000 sólo en Andalucía), tiene un problema de falta de ubicación de la realidad y más cuando quieren vender como una reforma lo que en realidad es una contrarreforma.
¿Qué pasa con la vivienda?

Artículo 25. "Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda...". Artículo 37.22. "El uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas".
Como vemos el Estatuto no es nada nuevo bajo el sol, pues pone lo mismo que la Constitución y todos conocemos la terrible situación por la que pasan millones de personas, unos sin casa, otros con hipotecas para toda la vida.
Sólo con la nacionalización de las grandes empresas constructoras, la prohibición de las recalificaciones de suelo rústico (donde están haciendo el agosto los terratenientes) y la construcción de miles de viviendas en régimen de alquiler con un máximo del 10% del salario, así como la expropiación de los millones, centenares de miles en el caso de Andalucía, de viviendas vacías, sólo así sería posible que el problema de la vivienda se atajara.

Y muchas vergüenzas más

El Estatuto ata de pies y manos en una larga lista de cuestiones fundamentales. Se podrá privatizar en nombre del Estatuto, se podrá rebajar las condiciones laborales en nombre del Estatuto, se podrá poner excusas sobre el mantenimiento de las bases militares en nombre del Estatuto, se podrá seguir manteniendo a los inmigrantes en condiciones aberrantes en nombre del Estatuto.
Es por todo eso por lo que en el referéndum del 18 de febrero los marxistas sólo podemos votar no.